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De acuerdo a Naciones Unidas cada año se generan en el mundo más de 400 millones de toneladas de plástico y se considera que la mitad de este material tiene una vida útil de un solo uso, mismo que termina en lagos, ríos y mares, refirió la diputada Luz María García en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

La legisladora del Partido Encuentro Solidario Michoacán, promueve actualmente acciones legislativas con carácter urgente en materia medio ambiental, ya que es un tema que afecta directamente a la salud humana y la biodiversidad.

Luz García, recientemente presentó ante el Pleno de la 75 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a un medio ambiente sano.

“La conmemoración de esta fecha nos recuerda que para resolver esta crisis, es necesario que los gobiernos, el sector privado y demás partes interesadas amplifiquen e implementen medidas eficaces dirigidas al cuidado del medio ambiente”, comentó la diputada del PES.

Se trata de una situación de emergencia y el Grupo Parlamentario del PES ha instado a las diputadas y los diputados de Michoacán para hacer frente al problema de la contaminación.

“Se trata de tener constancia, conciencia y trabajo permanente, no es un tema menor. Hagamos historia como Legislatura y realmente vayamos de frente al tema medioambiental. Es por el bien de nuestras familias”, agregó.

El Congreso de Michoacán dará continuidad a la convocatoria correspondiente a la designación de un nuevo auditor local, a partir de que el Juzgado Séptimo de Distrito otorgó dicha posibilidad al ratificar la remoción de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

Así lo manifestó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Julieta García Zepeda, quien celebró que el Juzgado Séptimo de Distrito haya acompañado la decisión que tomó la 75 Legislatura.

“El Congreso de Michoacán actuó conforme a ley, y así lo demostró el Juzgado Séptimo de Distrito al ratificar la destitución de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, lo que nos permite dar continuidad a la convocatoria para designar a un nuevo auditor”, subrayó.

En tanto, la legisladora destacó el hecho de que también se haya avalado la designación provisional del auditor especial de Normatividad, Marco Bravo Pantoja, a fin de no afectar la operatividad de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), mientras se desahoga el proceso correspondiente.

“La resolución del Juzgado Séptimo de Distrito deja en claro una cosa: el Congreso de Michoacán actuó de forma legal al destituir a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda de su cargo”, finalizó.

Con la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobada el pasado jueves por el Congreso del Estado, se generan mejores condiciones de vialidad para la población de Michoacán y con ello se beneficia, sin lugar a dudas a la población, así lo aseguró la diputada Fanny Lyssette Arreola Pichardo.

La legisladora local por el distrito de Apatzingán, refirió que esta nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, tiene diversos ejes, entre los que destacan, generar una cultura vial inclusiva, que no vaya encaminada únicamente a quienes traen vehículos motorizados, sino para quienes usan medios de transporte ecológicos o para quienes transitan de manera peatonal.

“Nuestro compromiso es y será siempre con la ciudadanía, por ello destacó la apertura que se tuvo con la ciudadanía para la conformación y creación de esta Ley, en Apatzingán, se entregaron diversas propuestas por parte la población de esta región y todas se tomaron en cuenta, se analizaron con detenimiento y se buscó la forma en cómo incluirlas”, aseveró.

En este sentido, lamentó los hechos ocurridos el día de ayer en el Palacio Legislativo, en donde un grupo de transportistas evitó a toda costa que sesionaran las y los diputados en la sede oficial del Congreso del Estado, sin embargo dijo, el ímpetu y la responsabilidad para que esta Ley saliera a la brevedad de las y los legisladores, logró que se pudiera sesionar en una sede alterna, pues destacó que no pueden legislar bajo intereses de grupo, sino que deben hacerlo en favor de todas y todos los michoacanos.

“Vamos a promover y a dar a conocer esta nueva Ley en los municipios que comprende el distrito XXIII, al que orgullosamente represento, en estos municipios la ciudadanía afortunadamente aún usan mucho bicicletas, patines y otros medios de transporte no motorizados, vamos a generar mejores condiciones de seguridad vial y con ello de transporte para todas y todos”, finalizó.

Dando seguimiento a la propuesta que había presentado hace un año al Congreso de Michoacán, la Diputada Local del Partido del Trabajo, Belinda Hurtado Marín, presentó una reserva a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, para aplicar del 10 al 50 por ciento de descuento a personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes y docentes.

Esta propuesta de modificación tiene como finalidad, proteger la economía de las familias de estos sectores.

“Los descuentos en el transporte para personas con discapacidad, adultos mayores estudiantes y docentes no deben de quedar en el arbitrio de una autoridad, debe de ser un derecho que se cumpla; tomando en consideración que sus ingresos son muy precarios y que en su mayoría provienen de sus pensiones, pero ahora con esta reserva se propone un descuento del 10 al 50% que se haga efectivo para esas personas”.

Hurtado Marín señaló que esta acción significará una ayuda sustancial, además de responder a un compromiso y un reclamo de la ciudadanía.

La nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, que ordena la movilidad como un derecho humano, se construyó mediante un parlamento abierto donde todos los sectores involucrados tuvieron participación, sin excepción alguna, sostuvo la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Julieta García Zepeda.

En la antesala de la votación de la Ley de Movilidad, García Zepeda recordó que, previo a legislar en la materia, se realizaron más de 80 mesas de trabajo por parte de la comisión que preside, así como cinco foros de participación ciudadana en 9 cabeceras municipales, con la finalidad de diseñar un esquema de movilidad acorde a las necesidades del estado.

“Todos los sectores involucrados en la nueva Ley de Movilidad tuvieron participación, no existió exclusión alguna. El interés del Congreso siempre estuvo enfocado en atender las necesidades de todas y todos los michoacanos, mediante la creación de un sistema de movilidad incluyente”, remarcó.

Con respecto a las bondades de esta nueva Ley de Movilidad, Julieta García resaltó que se plantea la creación de un Fondo para el Mejoramiento del Transporte, a través del cual se pretende potenciar el servicio que ofrece el sector transportista con créditos ajustados a sus posibilidades.

De acuerdo con el dictamen de la Ley, dicho fondo se creará con el 1.5 por ciento del cobro que se recaudará por cada viaje que realicen las unidades adheridas a plataformas digitales, que también serían reguladas, en caso de que se establezca esta nueva legislación.

A su vez, se plantean nuevos sistemas de transporte masivo, como el Metrobus y el Cablebus, lo que permitirá facilitar la movilidad en urbes donde el tránsito vehicular comienza a ser un problema para la ciudadanía.

Bajo estos argumentos, la diputada presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes reiteró que esta nueva Ley busca hacer de la movilidad en el estado, un sistema incluyente donde todos los sectores de la población puedan ser considerados, es decir, reconocer la movilidad como un derecho humano.

Luego de que se aprobara por mayoría la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julieta García Zepeda, consideró que esta norma está legitimada al ser sometida a la participación democrática de diferentes sectores sociales por medio de un parlamento abierto, donde todas las voces fueron escuchadas y atendidas.

Explicó que durante el proceso de consulta para elaborar la citada ley, se atendieron propuestas, planteamientos, e incorporaron temas esenciales presentados por diputados, sociedad civil, transportistas, entre otros actores interesados,

Además, se realizaron más de 80 mesas de trabajo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes (cuya presidenta es la propia Julieta García), y los foros del Parlamento Abierto se llevaron a cabo en 9 cabeceras municipales, precisó la legisladora.

Con dicha ley, enfatizó, se establecen las bases para garantizar el derecho humano a la movilidad, en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, eficacia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Se trata de una ley centrada en los derechos de las personas peatonas y personas usuarias de transporte de acuerdo con la pirámide de la movilidad; y, para asegurar el derecho a la movilidad, promueve el uso de medios de transporte público masivos.

También, busca desincentivar el uso del vehículo privado, en su lugar se promueven mecanismos para crear o eficientar los sistemas de transporte que permitan mayor cobertura en menor tiempo de traslado, remarcó García Zepeda al ejemplificar las bondades de la ley aprobada.

El Pleno de la 75 Legislatura aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, documento construido a partir de un Parlamento Abierto, que da prioridad al desplazamiento de las personas con discapacidad, peatones, ciclistas y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

De esta forma, se establecen las bases para garantizar el derecho humano a la movilidad, en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, eficacia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Así, en el dictamen presentado por las y los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se hace énfasis en la necesidad de construir una propuesta integral, eficaz y acorde a las necesidades actuales de la ciudadanía, así como de establecer las directrices para la efectividad de su aplicación.

Con ese propósito, se realizó un importante ejercicio de Parlamento Abierto, organizando para ello una serie de foros, ponencias y consultas ciudadanas, en los que participaron con sus propuestas, representantes del Poder Ejecutivo, funcionarios municipales, integrantes del gremio transportista y de la sociedad civil.

De esta manera, el nuevo marco normativo concentra las propuestas presentadas por legisladores, transportistas y ciudadanos, para dar lugar a una ley integral, incluyente y transversal, en la cual, entre sus novedades, se contempla la generación de sistemas viales seguros, en los que se cuente con la participación de los sectores públicos, privados y sociales.

Asimismo, se busca fomentar una cultura de respeto hacia los peatones y usuarios del transporte, por parte de quienes intervienen en esta materia; además de generar las condiciones para reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales.

Prevé, además, el diseño vial de espacios seguros con el mejoramiento de intersecciones, calles y la pacificación de tránsito, bajo criterios de accesibilidad universal, así como de políticas públicas, que prioricen a las personas usuarias más vulnerables, a través de la multimodalidad y el uso cordial y responsable de la vía pública.

Establece también, que en la prestación de servicios de transporte público deberán observarse los principios de igualdad, accesibilidad, inclusión, igualdad de género y no discriminación; observando, además, normas de puntualidad, higiene, orden, seguridad, generalidad, uniformidad, continuidad, adaptabilidad, permanencia, oportunidad, eficacia y eficiencia.

De igual forma, se crean los requisitos, términos y condiciones para el otorgamiento, revocación y cancelación de las concesiones y permisos destinados a la prestación del servicio de transporte público y especializado en sus distintas modalidades y en la operación de servicios conexos.

A su vez, permitirá vincular las acciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano para garantizar que la movilidad y el transporte de las personas se realicen en condiciones que satisfagan la libertad de tránsito, la seguridad, el libre acceso, así como los requisitos de calidad apropiados para cada tipo de servicio.

El Pleno de la 75 Legislatura de Michoacán declaró como procedente la denuncia de Juicio Político en contra de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, extitular de la Auditoría Superior del Estado.

De acuerdo a la denuncia presentada, el exfuncionario incurrió en violaciones contempladas en la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado, en perjuicio de los intereses públicos y del buen despacho de sus funciones.

El dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales declaró procedente la denuncia presentada por Azucena Marín Correa, en contra del otrora auditor superior de Michoacán, acuerdo que fue turnado a la Comisión Jurisdiccional para los efectos legales procedentes.

Dentro de las acciones que violentan los intereses públicos, se encuentra la adjudicación de recursos públicos de la Auditoría Superior de Michoacán a personas relacionadas con él, tanto por vínculos de amistad, como laborales; ya que, al destinar recursos públicos a través de la compra directa a una persona con vínculos de amistad, por ser exsocia y hermana de una subordinada, perjudica al erario, demostrando la imparcialidad que la ley establece.

Asimismo, de acuerdo con la denuncia, se le atribuye al extitular de la ASM la omisión del cumplimiento del pago de contribuciones de las prestaciones laborales, como es el pago del Impuesto Sobre la Renta, y el pago del impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal.

Finalmente, las y los legisladores determinaron procedente la denuncia realizada en contra de Aguirre Abellaneda por no cumplir a cabalidad con las reglas de rendición de cuentas, toda vez que los informes de los estados financieros firmados por él como auditor, no reflejan la realidad financiera del órgano fiscalizador.

Con el propósito de tener mejores servicios para la ciudadanía y fortalecer la gobernanza digital, la Diputada Local Mayela Salas Saénz, presentó una iniciativa para que de forma periódica, el software, las medidas de seguridad y la eficiencia de las plataformas digitales del Gobierno de Michoacán, brinden servicios con calidad, rapidez y seguros para la ciudadanía que requiere de la modernización de trámites que eviten largas filas y perdida de tiempo.

La legisladora explicó que se debe de dar certeza a los usuarios de la información que se comparte, no sea utilizada para otras fines o corra el riesgo de ser robada por piratas cibernéticos, que aprovechan los avances tecnológicos para abusar de las personas, así como hacer mal uso de sus datos personales.

«Es importante seguir trabajando en el fortalecimiento de la gobernanza digital para mejorar la eficiencia y transparencia de la administración pública y brindar mejores servicios a los ciudadanos.

Esta reforma trata de la importancia de actualizar de forma general las plataformas del gobierno digital de manera periódica, para mejorar la eficiencia de los procesos y reducir el tiempo y los recursos necesarios para realizar trámites y servicios. Ella mejora la satisfacción del usuario y permite que los empleados del gobierno se
concentren en tareas más importantes.

Las actualizaciones generales de software y seguridad son fundamentales para mantener seguras las plataformas gubernamentales digitales y proteger los datos personales de los ciudadanos».

La representante del distrito local Uruapan Sur, destacó la importancia de las acciones que propone, pues dijo que, permite a los ciudadanos cumplir con la normatividad de sus obligaciones y permite una recaudación sin intermediarios, lo que trae consigo claros beneficios para la sociedad en su conjunto al verse reflejados en obras para la sociedad en su conjunto.

«La actualización regular de los portales electrónicos, que es lo que pretendemos con esta reforma, es esencial para mantenerlos útiles para los usuarios. Dado que las actualizaciones generales de los sitios web gubernamentales pueden incluir mejoras en la funcionalidad y en la interfaz del usuario, así como agregar nuevas funciones y servicios, y corregir errores, problemas existentes. También es importante para mantener la precisión de la información y para mantener la competitividad de la institución, ello además de los beneficios ya mencionados, nos permite cumplir con la normatividad en mejora regulatoria y trae consigo claros beneficios para la sociedad en su conjunto».

Finalmente, la congresista uruapense señaló que las plataformas digitales no solo permiten difundir las leyes, decretos e información, sino que es obligación del gobierno actualizar los contenidos para que sean accesibles a todo usuario.