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Quedó integrada la terna de aspirantes a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), decisión que será tomada por el Pleno de la 75 Legislatura.

Previamente, las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos, escucharon y atendieron las comparecencias de siete aspirantes al cargo: Ignacio Adame Ascencio, Ruth Nohemí Espinoza Pérez, Roberto García Escobar, Ivonne Peraldi Rodríguez, José Guadalupe Guillen Rojas, Adán Avalos García y Eréndira Sarahí Pérez Ponce.

De entre estos siete aspirantes que se dieron cita en el Palacio Legislativo para exponer su plan, ejes y proyecto de trabajo, de ser elegidos para el cargo, las y los legisladores intercambiaron diversos puntos de vista, analizaron a fondo las propuestas y planes de trabajo de cada uno de ellos y discutieron a fin de designar una terna, que posteriormente será turnada al Pleno del Congreso del Estado para que sean las y los diputados quienes elijan al próximo Comisionado del IMAIP.

De esta forma, las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos, designaron la terna que está integrada por: Ruth Nohemí Espinoza Pérez, José Guadalupe Guillen Rojas y Roberto García Escobar; de entre estos tres aspirantes, el Pleno del Poder Legislativo elegirá a uno para que se desempeñe por los próximos tres años como Comisionado del IMAIP a partir de su toma de protesta.

En esta reunión estuvieron presentes las diputadas Mónica Lariza Pérez Campos, Julieta García Zepeda, Gloria del Carmen Tapia Reyes, Fanny Lissette Arreola Pichardo y Ana Belinda Hurtado Marín, presidenta de la Comisión de Gobernación e integrantes respectivamente; además de la legisladora Laura Ivonne Pantoja Abascal y el diputado Víctor Hugo Zurita Ortiz, presidenta e integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

En Michoacán resulta primordial garantizar por ley que todos los municipios del Estado cuenten con centros o unidades de atención fisioterapéutica equipados con los aparatos de atención especializados, así como dotados de los medicamentos de esta materia, subrayó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada del Distrito de Zacapu presentó este martes una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal, a fin de establecer la obligación de los Gobiernos Municipales por contar con este tipo de centros o unidades.

“El rol del fisioterapeuta en la prevención y tratamiento de diversas patologías más benignas, como pueden ser las epicondilitis, tendinitis, etc. y lesiones del deportista, donde el tratamiento precoz y especializado disminuye considerablemente los tiempos de recuperación”.

Mónica Valdez destacó que la fisioterapia no solo sirve para las personas que sufren discapacidades físicas o dolores musculares, también es una opción muy recomendable para la prevención de dolores, sobre todo en pacientes deportistas o con trabajos forzosos, incluso para personas sanas que busquen prevenir enfermedades degenerativas.

“La fisioterapia trata de forma integral todas las patologías que afectan a diversos aparatos y sistemas de nuestro cuerpo, pero en especial al sistema músculo esquelético, devolviéndoles la función parcial o totalmente, causada por cirugía o enfermedad”.

La legisladora refirió que, así como el cirujano repara la estructura dañada, el fisioterapeuta le devuelve la función a través de las técnicas y/o especialidades más avanzadas para ello siendo la terapia manual estructural, tratamiento facial y punción las más destacadas.

La expedición de licencias de conducir extemporáneas no debe partir de una visión inquisitiva, sino de un concepto más garante a los ciudadanos que busquen contar con ellas, apuntó el diputado Víctor Manríquez González, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Este martes el legislador presentó una iniciativa para reformar la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, con la intención de incentivar a la ciudadanía a poner en regla sus licencias de conducir, haciendo un contrapeso a la morosidad, y evitando que las personas se desplacen a otro estado a obtener este documento, producto de los altos costos que de por sí se generan por hacer este tipo de trámites en Michoacán.

“La ley de Tránsito y Vialidad del Estado establece que, para obtener la licencia de conducir de cualquier modalidad de las contempladas por dicho ordenamiento, se deben cumplir con requisitos como llenar la solicitud, saber conducir, contar con las condiciones físicas para ello, y conocer las disposiciones generales sobre reglamentos de tránsito”.

Víctor Manríquez recordó que al concluir la vigencia de una licencia de conducir la Ley no contempla y tampoco precisa un término dentro del cual debiera hacerse una renovación para estar en los tiempos permitidos para ello, y tampoco establece los plazos que actualizan estar ante una “renovación extemporánea” de dicho documento.

“No obstante en la Ley de Ingresos del Estado 2023, igual que en las de ejercicios anteriores, viene considerada de manera impositiva y careciendo de legalidad, una multa de derechos por concepto de “renovación extemporánea”, a todos quienes renueven en los términos que la misma contempla, violando el principio de buena fe de los solicitantes y poniéndolos en una situación de indefensión ante tal situación”.

En ese sentido el legislador refirió que la reforma que plantea pretende generar un precepto de ley más garante, menos inquisitivo, que permita garantizarles su derecho a obtener la renovación de sus licencias de conducir, a personas que desafortunadamente ante un hecho de tránsito, un robo de vehículo, o bien, a quienes tengan alguna incapacidad temporal, y durante ese periodo de tiempo en el que estando imposibilitados para conducir o sin la necesidad de renovar dicho documento, en ese lapso de tiempo, haya expirado su licencia de conducir.

Resulta primordial hoy día concientizar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión combatiendo la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre las gentes de diferentes culturas, recalcó la diputada Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, al emitir un posicionamiento en torno al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que se celebra el 21 de mayo de cada año, la legisladora destacó la diversidad de culturas como patrimonio que atesoran todas las naciones.

“Se trata de un concepto de cultura que hace referencia al modo de vida, tradiciones, lenguaje, creencias, gastronomía, etcétera, que caracterizan a un grupo de personas, tópico sobre el que la UNESCO destaca que la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos”.

La diputada por el Distrito de Zitácuaro destacó que la diversidad cultural es una parte importante como fuerza que impulsa el desarrollo, no solo económico, sino como forma de enriquecer la vida de las personas, además, es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible.

“Por ello, las diferencias cuentan con un potencial positivo y suponen un complemento único para crear soluciones que permitan convivir en los entornos naturales y sociales”.

Gloria Tapia enfatizó que la importancia no solo la riqueza de las culturas, sino también el papel esencial del diálogo intercultural para lograr la paz y el desarrollo sostenible, así como su valía económica y destacó que las tres cuartas partes de los mayores conflictos tienen una dimensión cultural.

“Superar la división entre las culturas es urgente y necesario para la paz, la estabilidad y el desarrollo. Y es que la cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz”.

Además, la legisladora resaltó que nuestro país en lo general, y el Estado de Michoacán, en lo particular, tienen una amplia y rica diversidad cultural, por lo que, para lograr el desarrollo y cumplimiento de los 17 objetivos que nos marca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es necesario escuchar y tomar en cuenta todas las voces.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, presentó una iniciativa para fortalecer la defensa de los derechos humanos en las políticas de seguridad pública con el fin de evitar abusos en la previsión, combate y persecución de los delitos en el estado.

Durante la exposición de motivos, comentó que para el Partido del Trabajo en Michoacán es fundamental recuperar la seguridad y la paz para restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de prevención y persecución del delito.

Reyes Galindo, se pronunció porque la procuración y administración de justicia se apegue a las leyes y el diseño de políticas públicas en donde la dignidad humana sea una prioridad institucional.

Ante esta situación, el legislador michoacano propuso reformar el artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, para que el Consejo Estatal de Seguridad Pública quede integrado por el titular del Poder Ejecutivo, el Secretario de Seguridad Pública, el Fiscal General del Estado, el Secretario de Gobierno, un Diputado electo por el Congreso, un Magistrado electo por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, un Consejero electo por el Pleno del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los Presidentes de los consejos intermunicipales y cuatro representantes del Consejo de Participación Ciudadana.

“En lo que concierne al diseño e implementación de la política criminal está debe basarse en buena medida en el análisis de experiencias anteriores donde la crítica y la autocrítica sean la columna vertebral de la integración de la estrategia para la recomposición de la paz y el orden público”, expuso.

Finalmente, consideró que el respeto a los derechos humanos, debe ser un principio rector en las actuaciones de las corporaciones policiacas, para ello los distintos órdenes de gobierno deben integrar sus cuerpos de seguridad pública con elementos debidamente profesionalizados, para desempeño de sus funciones sin vulnerar los derechos humanos.

Con la finalidad de suspender de manera cautelar o retirar definitivamente la patria potestad de los padres sospechosos o condenados por el delito de feminicidio de las madres, el diputado local, Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa para modificar el Código Familiar del Estado de Michoacán.

Al tomar en referencia a la “Ley Monzón”, aprobada en el estado de Puebla y publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el mes de marzo pasado, Núñez Aguilar busca que en Michoacán se reconozca que el delito de feminicidio sea una causa de pérdida de la patria potestad para quien lo cometa.

Recordó que tal legislación se presentó en justicia al asesinato de Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula, cuyo autor intelectual del delito se presumió fue su pareja y padre de su hijo menor de edad, a quien la activista y ex candidata al gobierno de ese municipio, había reclamado en litigio pensión alimenticia.

“De tal manera que el interés superior de las infancias esté por encima siempre”, puntualizó al recordar que, dada la decisión legislativa del Congreso de Puebla, en estados como Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas, y Guanajuato, se han presentado iniciativas para armonizar sus normativas civiles o familiares locales en dicho sentido.

Con su propuesta se adicionarán la fracción XII al Artículo 422 y la fracción V al Artículo 425 del Código Familiar del Estado de Michoacán, en donde se especifica la perdida de la patria potestad cuando exista una sentencia condenatoria en caso de feminicidio de la madre, al igual que será suspendida cuando haya un auto de vinculación a proceso dictado por dicho delito. Ambos casos en grado de tentativa.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta septiembre del 2022 se registraron 695 casos de feminicidio en Michoacán, cuyas víctimas fueron asesinadas por las parejas padres de sus hijos, en la mayoría de los casos.

Con el propósito de reformar el Código Familiar y Penal de Michoacán para suspender la patria potestad, guardia y custodia de los menores cuyo padre esté vinculado a proceso por un feminicidio o intento de feminicidio, y se confirme dicha sentencia, perdería de manera definitiva ese derecho, la Diputada Local del Partido del Trabajo, Brenda Fraga Gutiérrez, presentó la iniciativa para la aplicación de la denominada Ley Monzón en nuestro estado.

Esta propuesta fue aprobada en el Congreso de Puebla el pasado 2 de marzo de 2023 y fue impulsada por la legisladora local poblana del PT, Mónica Silva Ruiz, luego del asesinato de la abogada feminista Cecilia Monzón, de tal forma que este proyecto pretende ser el primer paso para cuidar y proteger el interés superior de la niñez en Michoacán, así lo expresó Fraga Gutiérrez, durante su exposición de motivos.

«El caso relevante del feminicidio en Puebla de la abogada penalista y activista defensora de los derechos de las
mujeres, Cecilia Monzón, el veinte de mayo de dos mil veintidós, la Diputada Mónica Silva Ruíz, integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se aprobó las reformas a los códigos correspondientes para aprobar el porqué se denomina Ley Monzón, este antecedente que nos hace enfatizar a un caso jurídico de la entidad estatal de Puebla. Por ende la importancia de ponderar el interés superior de la niñez, y velar por un desarrollo integral y una vida libre de violencia a la que tiene derechos».

Dicha iniciativa pretende también castigar al hombre o mujer que cometa el delito de feminicidio y este se haya cometido frente a las hijas, hijos y adolescentes de la víctima directa, se le impondrá una pena máxima de prisión y multa de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La representante de Uruapan Sur, aseguró que esta propuesta abona a la exigencia por parte de las mujeres a una vida libre de violencia, la cual se da de manera sistemática, además de ser un delito que constituye un grave problema de impacto en la salud pública, aspectos relacionados con la sexualidad, la reproducción y la conceptualización que ofrece el marco de los derechos humanos bajo un enfoque de género.

El diputado de Morena, Roberto Reyes Cosari, presentó una iniciativa mediante la cual se adicionan diversas disposiciones al Código Electoral del Estado de Michoacán, con la finalidad de que en las próximas elecciones del 2024, la población en prisión preventiva en los centros penitenciarios en la entidad pueda ejercer de manera libre y secreta su derecho a votar.

Ante el Pleno Legislativo, Reyes Cosari argumentó que, si bien, la privación de la libertad implica la supresión o delimitación de algunos derechos, lo cierto es que esto no implica que la totalidad de derechos deban ser limitados de manera definitiva, más allá de la perdida de la libertad, como lo es la restricción absoluta del derecho al voto.

Además, enfatizó Reyes Cosari, “el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, está amparado bajo la presunción de inocencia al ser un derecho del que goza toda persona a quien se le ha imputado la comisión de un hecho delictivo, en tanto no se le dicte sentencia condenatoria privativa de la libertad, así se establece en la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señalan y el artículo 20, de la Constitución Federal”.

El diputado destacó que, en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021, el Instituto Nacional Electoral (INE), llevó a cabo la primera etapa de prueba para garantizar el voto de las personas en situación de prisión preventiva en 5 estados de la República Mexicana.

También, en el proceso electoral local 2021-2022 se implementó el voto de las personas en prisión preventiva en el Estado de Hidalgo, debido a que, el 31 de mayo de 2021, el Congreso Local del Estado reformó el Código Electoral de la Entidad estableciendo que: “La ciudadana o el ciudadano que esté privada o privado de la libertad y no le hayan dictado sentencia condenatoria, podrá votar en los procesos electorales y en cualquier mecanismo local de participación ciudadana organizados en el Estado de Hidalgo”.