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En Michoacán las autoridades deben hacer el mandato legal establecido por el Poder Legislativo dentro de la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad, para la instrumentación del llamado escalón universal, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial para las Personas con Discapacidad en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena recordó que en septiembre de 2022 la actual Legislatura aprobó la reforma que él planteó para garantizar la accesibilidad de personas de talla baja, por lo que ahora está en la cancha de las autoridades hacer valer las disposiciones normativas.

“En Michoacán, para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano en los espacios públicos y privados al uso público, por Ley ya se atienden los principios del diseño universal como ajustes razonables como lo es el escalón universal, ahora, lo que precisamos es que el mandato legal se convierta en realidad”.

Víctor Zurita recordó que en Michoacán como en México, las personas de talla baja se enfrentan en su vida diaria a considerables barreras arquitectónicas que hacen complicado su día a día.

“Es necesario que entendamos que uno de los problemas más frecuentes es la altura de las cosas, como es el caso de la altura de una ventanilla de atención en algunas dependencias gubernamentales, bancos o instituciones educativas, la altura de los lavamanos en los sanitarios, el acceso al transporte público, la altura de algunos escalones o banquetas; por tal motivo, se ve necesaria la implementación de escalones universales, como un apoyo para facilitar el acceso a las personas de talla baja a diversos espacios”.

En ese sentido recordó que el Escalón Universal busca que las personas de talla baja puedan tener alcance en ventanillas, en baños, oficinas, supermercados y en cualquier espacio público en donde exista una barrera que les impida desempeñarse en igualdad de condiciones.

“Este grupo poblacional representa una minoría, ya que es una condición poco común; sin embargo, se deben hacer visibles sus derechos humanos, sin importar su incidencia, para que tengan una vida digna en todos los ámbitos y en igualdad de condiciones”, subrayó.

La mujer embarazada debe conocer de manera libre e informada, la forma en que se llevará a cabo su parto, así como recibir una atención respetuosa, digna, segura, informada y de calidad, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora integrante de, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello la diputada por el Distrito de Puruándiro ha promovido ante el Pleno Legislativo una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado para que la mujer embarazada con signos de parto o en cualquier etapa de la gestación que se encuentre y que requiera atención médica de urgencia, debe recibirla de manera prioritaria, inmediata e impostergable por las instituciones que presten servicios de salud, privilegiando siempre la vida de la madre y de su hijo, sin que medie requerimiento económico como condicionante.

“Es necesario implementar acciones integrales de política pública con perspectiva de género diseñadas desde la interseccionalidad e interculturalidad, enfocadas a combatir la Violencia obstétrica, garantizando el respecto integro de los derechos humanos, en especial del derecho a la salud, de las niñas, adolescentes y mujeres, librándolas de los graves efectos de la violencia, a través de medidas que garanticen el acceso universal a los servicios de salud obstétrica”.

Julieta Gallardo destacó la necesidad de establecer un marco normativo que respete los derechos de las madres, los niños y niñas y sus familias en el momento del nacimiento, y promueva el respeto a las particularidades de cada familia, etnia, religión, nacionalidad, acompañándola a través de la toma de decisiones seguras e informadas.

“Con esta reforma se agrega en la Ley de Salud del Estado que la mujer embarazada conozca de manera libre e informada, la forma en que se llevará a cabo el parto, así como que reciba una atención respetuosa, digna, segura, informada y de calidad”.

Con miras a construir una Ley que responda a las necesidades de los habitantes de Michoacán, la diputada Julieta García Zepeda, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, encabezó el 5to foro de Parlamento Abierto para la “Nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial”, celebrado en el municipio de Sahuayo.

La legisladora, quien también preside la Comisión de Comunicaciones y Transporte, manifestó que la intención de este tipo de foros es generar entre todos una Ley que cumpla con las expectativas de todos los sectores.

Estableció que la nueva Ley que está en plena construcción entre todos, se enfoca en la importancia de brindar a las personas las mismas oportunidades de desplazamiento, transporte e infraestructura de vanguardia, eficiente, incluyente y multimodal, toda vez que son incluidas las personas con discapacidad o movilidad limitada, motociclistas, usuarios de transporte no motorizado, del transporte público y otros, agregó.

La legisladora local, refirió que en este tipo de foros se busca presentar los diversos aspectos de la nueva Ley, aclarar las dudas que surjan y afianzar cada uno de los conceptos que sobresalen en el derecho a transitar y a transportarse libre y eficientemente de un sitio a otro.

“La nueva Ley de Movilidad para el Estado de Michoacán brindará a peatones, personas con discapacidad, ciclistas, motociclistas, automovilistas, usuarios y conductores del servicio de transporte público, las condiciones óptimas de desplazamiento”, concluyó.

Preocupada por el medio ambiente, el cambio climático, la protección de bosques y una productividad agrícola sustentable, la Diputada del Distrito 14 de Uruapan Norte, Mayela Salas Saénz, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable de Michoacán, con el objetivo de impedir que los apoyos a productores agrícolas se utilicen para cambiar el uso de suelo.

La legisladora petista, denunció prácticas lamentables que han deteriorado los bosques del estado y por ende su ecosistema, con el único deseo que cambiar el uso de las superficies para explotación agrícola de productos de alta demanda como el aguacate, sin embargo, precisó que de las 8 mil huertas de aguacate que se tiene registro, solo mil cuentan con el uso de suelo adecuado, permisos ambientales y todos los requisitos para ser legales.

Por tal motivo resulta indispensable coordinar los esfuerzos para proteger el entorno natural de nuestro estado, donde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán y la Comisión Forestal del Estado, tengan comunicación y se evite que los recursos que entregue el Gobierno, de apoyo a los productores, no se usen para actividades agrícolas en zonas de recuperación de nuestros bosques.

“Actualmente, la Legislación, no obliga a la SADER a coordinarse con la COFOM, para evitar dar recursos públicos a personas o empresas que depredan y consumen nuestros bosques, porque a pesar de implementar medidas para el rescate de los bosques, no se tiene el cuidado en que todos los insumos, aditamentos y maquinaria, se utilicen para cambiar de manera ilegal el uso de suelo”.

Por estas razones, la congresista del PT afirmó que los beneficiarios de los programas y acciones que se implementen por la Secretaría, deberán de estar ubicados fuera de zonas deforestadas o de aquellos lugares que propicien el cambio de uso de suelo de terrenos forestales, para tal efecto la Secretaría, consultará con la COFOM, la situación de los predios del o de los solicitantes, de tal forma que con esta coordinación, quede totalmente prohibido entregar cualquier tipo de apoyo, estímulo o similar a personas que tengan terrenos agrícolas de manera parcial o total en terrenos de índole forestal, y que puedan propiciar el cambio de uso de suelo.

Con esta determinación se pretende contener la crisis de pérdida de bosques y otros hábitats por culpa de la ambición desmedida de distintos sectores de nuestra sociedad.

Con el compromiso de aportar con alternativas innovadoras la protección al medio ambiente y al entorno de Michoacán, el presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente en el Congreso del Estado, el Diputado Baltazar Gaona García, manifestó que con la aprobación del uso de materiales biodegradables en los procesos comerciales industriales y domésticos, así como el “Programa de Reinserción Canina”, se avanza de manera correcta en el cumplimiento de la Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible.

En el caso de los materiales biodegradables, Gaona García, explicó que se busca dar mayores atribuciones a la Comisión Estatal de Agua y Gestión, para que se cuide, con mayor vigilancia, el desazolve de aguas residuales, conforme a la Ley y además con sanciones para quienes no cumplan con esta normatividad.

“La Dictaminación de la presente iniciativa busca fortalecer un marco regulatorio donde se regulen los permisos para las descargas en los drenajes, estableciendo los límites máximos permisibles de cada contaminante y la aplicación de futuras sanciones ante el incumplimiento de estas. Dotar a la Comisión Estatal de Agua y Gestión de cuencas de atribuciones para que ellos promuevan la utilización de elementos biodegradables.”

De igual forma, el representante del Distrito 08 con cabecera en Tarímbaro, puntualizó los benéficos que pude traer el “Programa Estatal de Reinserción Canina”, que ayudará a encaminar, de mejor forma, la proliferación de perros callejeros, además de mejorar el paisaje urbano y rural, con un proyecto que además protege la vida, al impedir sacrificar a los perros callejeros o que son abandonados por las familias, y darles otra oportunidad.

“La propuesta tiene que ver con una forma de una forma más integral, busca alternativas para darle una segunda oportunidad a los perros que se encuentran en situación de calle, estos pueden ser clasificados en cuatro áreas, para actividades terapéuticas, fisiológicas, psicológicas y psicosociales. Este programa de reinserción canina, plantea la readaptación, cuidado y entrenamiento de los perros en situación de calle, con la finalidad de que estos puedan colaborar en actividades como asistencia de manera terapéutica, educativa, de seguridad pública e investigación, con la aprobación de este dictamen se logra que los animales sean vistos de una manera positiva”.

El congresista petista, felicitó a sus compañeros Juan Carlos Barragán Vélez y Ernesto Núñez Aguilar, quienes presentaron estas iniciativas, además de extender la disposición de la Comisión para seguir coadyuvando con acciones en favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible en el estado.

El Sistema Judicial del Estado sigue incumpliendo en la protección a las mujeres víctimas de violencia y es necesario actualizar el marco legal para que éste cumpla con la salvaguarda de la integridad de las víctimas, aseguró la diputada local Andrea Villanueva durante la presentación en el pleno legislativo de diversas reformas al Código Penal del Estado.

La representante del Distrito 11 de Morelia, señaló que actualmente el marco jurídico cuenta con diversos mecanismos que amparan a las víctimas en caso de violencia de género a través de una resolución judicial, en la cual el juez reconoce la existencia de un riesgo para la mujer y ordena su protección, acreditando la condición de víctima de violencia de género y reconociendo así los derechos de las mujeres.

Villanueva Cano consideró que si bien estas medidas buscan salvaguardar la integridad de las víctimas de violencia de género, en los hechos no han sido efectivas para proteger a las mujeres de sus agresores, pues de acuerdo a cifras de las Unidades de Medidas Cautelares reportadas a la fecha, el 27 por ciento de los casos no han cumplido con las condiciones impuestas.

“Con esta propuesta, se busca aumentar la pena para quien cometa feminicidio y haya violentado con anterioridad alguna medida cautelar impuesta por la autoridad competente, pues necesitamos brindar mayores herramientas al sistema judicial de la entidad para que pueda garantizar el acceso a la justicia para las víctimas del delito”, detalló.

Andrea Villanueva, expuso que las medidas cautelares que más son incumplidas son aquellas que se consignan en casos de violencia cometida por parejas, exparejas o familiares de las víctimas, que en varios de los casos han terminado en la comisión de feminicidios.

Finalmente, la legisladora local urgió implementar medidas más eficaces y contundentes que castiguen a los responsables y garanticen la seguridad y el bienestar de las víctimas de la violencia de género.

Desde el Parlamento de Mujeres 2023, la diputada Eréndira Isauro, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, reafirmó el compromiso del Congreso de Michoacán para contribuir a que las voces de las mujeres sean escuchadas, y sus aportaciones, transformadas en leyes que favorezcan la igualdad, la equidad y la inclusión.

La legisladora compartió con las integrantes del Parlamento su propia experiencia personal, destacando que enfrentó varias dificultades para llegar a ocupar un espacio en los lugares de la toma de decisiones, “fueron muchos años de lucha, primero por ser mujer, luego por ser indígena, por ser madre de familia y una mujer trabajadora”.

Agregó que, aún en la actualidad, las mujeres, por el simple hecho de serlo, enfrentan diversas dificultades atribuidas a prejuicios sociales que favorecen que el machismo siga presente en todos los espacios de la vida pública y privada del país.

“La violencia política en razón de género aún existe; por ello, hay que cambiar el paradigma e ir más allá de un discurso en favor de la mujer, es necesario hacernos presentes en este tipo de ejercicios, aportando nuestras experiencias para fortalecer la equidad y la inclusión”, apuntó.

De igual forma, Eréndira Isauro dijo que este es el momento de ocupar nuevos espacios en honor a la memoria de las mujeres que les antecedieron en la lucha, “hay que recordarlas con logros y resultados, para que, donde quiera que se encuentren, sepan que su trabajo no fue en vano, aquí estamos y seguiremos luchando”.

Añadió que aún existen muchos desafíos por enfrentar “pero estar hoy aquí, hará eco y dejará un recordatorio poderoso de que estamos haciendo progresos significativos; reconozco su valentía, dedicación, y todas las maneras en que han contribuido a hacer de Michoacán un lugar mejor”, agregó.

Les dijo finalmente que con el ejemplo de que “cuando nos apoyamos mutuamente y trabajamos juntas, podremos lograr nuestros objetivos, y hoy no es la excepción, pues vemos en este Recinto 40 parlamentarias demostrando que cuando las mujeres nos unimos, podemos cambiar las cosas”, concluyó.

Los adultos mayores son constantes víctimas del delito de despojo, ya que derivado de su vulnerabilidad, es común que personas se aprovechen de ellos para afectarlos en su derecho de usar y disfrutar la pertenencia legítima de sus propiedades o inmuebles, por lo cual, la diputada, Luz María García, del Partido Encuentro Solidario (PES) presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para que las personas que cometan este delito se les imponga una pena de 3 a 8 años de prisión.

En Michoacán durante 2022, se registraron 879 casos del delito de despojo, que de acuerdo con el Código Penal, se trata de una usurpación ilegal, en la que empleando la amenaza o el engaño, una persona ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho que no le pertenezca.

En este sentido, la diputada del PES, detalló que en esta práctica ilegal, se utiliza la violencia física o psicológica, para tomar posesión de un predio que no es de su propiedad.

”Es necesario actualizar el marco normativo para proteger el derecho patrimonial de las personas, en particular de nuestros adultos mayores, quienes por su edad, su fragilidad física, psicológica o emocional, son una presa fácil” afirmó.

Asimismo, refirió que problemas como la corrupción de funcionarios, la invasión de grupos delictivos y el demostrar evidencias ante las autoridades son elementos que atormentan a los afectados, además de revictimizarlos.

”No hay un castigo severo, por eso propongo aumentar la pena y la multa económica, para erradicar la práctica de este delito y proteger las casas, terrenos o pertenencias de todas las personas” reiteró.

La legisladora pesista precisó, que al atender el delito de despojo, también se previene otros delitos como el fraude, pues evita que los predios invadidos sean ofertados a otros ciudadanos y se ponga en riesgo su patrimonio.