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La diputada María Guadalupe Díaz Chagolla, presentó una iniciativa para modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, para incluir el derecho a la alimentación en condiciones de dignidad, bajo los criterios de nutrición, suficiencia y calidad, esto con el objetivo de asegurar el correcto de desarrollo de la niñez y juventud michoacanas.

Durante la sesión realizada este día, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario el Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que en su iniciativa también busca el establecimiento de un sistema de indicadores de progresividad de derechos, esto con la intención de fijar metas en el presupuesto anual y tener las herramientas para evaluar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de nutrición infantil y juvenil.

María Guadalupe Díaz, quien es integrante de la Comisión de Protección a la Niñez y la Adolescencia, estableció que de acuerdo a cifras de la Unicef, una de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3, entre los 6 y 19 años, padece sobrepeso u obesidad, poniendo al país en uno de los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial. A manera de contraste, indicó que también en México, una de cada 8 niñas y niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. Ambas condiciones ponen en riesgo la salud de este sector de la población, por lo que es necesario legislar al respecto y establecer políticas públicas que combatan ambos flagelos.

La propuesta busca consignar el derecho a la alimentación nutritiva, lo suficientemente satisfactoria y con la mejor calidad, además de ordenar al Estado proporcionarla cuando los padres o tutores no puedan cumplir con este ordenamiento.

De igual forma, la iniciativa pretende dar atribuciones a la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán para establecer y operar un sistema de indicadores de progresividad de derechos; con esta herramienta se contará con datos que permitan conocer el avance, estancamiento o retroceso de los derechos de las niñas, niños y jóvenes michoacanos.

Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), propuso ante el pleno del Congreso de Michoacán que se incluya en la Ley de Educación estatal, una fracción en el artículo 163, en donde se plantee que a todos los estudiantes de nivel básico de escuelas públicas se les otorgue una póliza de gastos médicos.

“Brindar una póliza contra accidentes escolares a las y los educandos michoacanos, representaría una manera de cuidar la economía de las familias michoacanas, ya que este tipo de sucesos son generadores de gastos imprevistos a los que se les hace frente de manera muy diversa”, argumentó el congresista.

El legislador, refirió que la entrega de una póliza de gastos médicos a cada estudiante de educación básica de escuelas públicas como un instrumento de garantía de atención de forma gratuita en caso de sufrir un accidente escolar, es ya una realidad en otras entidades del país, como el caso de la Ciudad de México o el Estado de México, dónde las y los alumnos de educación básica en escuelas públicas cuentan con este esquema de protección como parte de su política educativa.

En este sentido, Reyes Galindo agregó que la aprobación de la presente iniciativa de ley se traducirá en la generación de mejores oportunidades de desarrollo para las y los alumnos de los programas de educación pública en el nivel básico, y destacó que contar con un Estado capaz y comprometido con ofrecer educación pública, laica y de calidad, ha sido una de las principales banderas que ha izado el Partido del Trabajo a lo largo de su vida institucional.

“Las y los legisladores del PT de la presente Legislatura en Michoacán, estamos a favor de la educación básica y la mejora permanente de las condiciones de los educandos y sus familias. Otorgar una póliza de gastos médicos a cada estudiante de educación básica en las escuelas públicas en Michoacán, no significa por sí misma una reducción de accidentes de nuestros educandos, pero sí representa una mejor forma de hacer frente a los estos”, puntualizó.

La falta de herramientas legales y de mayores recursos humanos y materiales impide a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) brindar la atención integral y el acompañamiento que merecen las víctimas en el estado, aseguró la diputada local del Distrito 11 de Morelia, Andrea Villanueva Cano.

Lo anterior, luego de reunirse con el titular de la CEAV, Josué Alfonso Mejía Pineda, quien acompañado de todo el personal que colabora en este importante organismo, agradeció a la diputada local esta reunión para conocer de primera voz, las necesidades y los retos a los que se enfrentan para garantizar los derechos de asistencia, protección, atención, a la verdad, a la justicia, a la debida diligencia y sobre todo, a la reparación para las víctimas.

En este sentido, Andrea Villanueva destacó los esfuerzos que realizan todos los que ahí trabajan y se consideró una aliada para construir los mecanismos legales necesarios a fin de otorgarles mayor presupuesto año con año, además de consignar las modificaciones oportunas a la legislación estatal y estar en condiciones de atender a todo el universo de víctimas que lamentablemente no ven salvaguardados sus derechos.

“Una de las mayores demandas es el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas. Hemos visto cómo el dolor ha consumido familias completas y necesitamos fortalecer a la Comisión para que cuenten con los mecanismos y los recursos necesarios para acompañar a las víctimas y a sus familias, y garantizarles el acceso real a la justicia”, detalló la legisladora.

Cabe señalar que en próximas fechas estará proponiendo ante el Pleno del Poder Legislativo diversas modificaciones a la ley estatal, con la finalidad de brindarle a la CEAV, mayores recursos humanos y materiales para que este organismo esté en condiciones de acompañar y garantizar el acceso y respeto a los derechos de las víctimas.

La 75 Legislatura de Michoacán ha impulsado el fortalecimiento del sistema educativo a través de reformas y leyes que garanticen calidad, inclusión y respeto para todos los estudiantes en el Estado, afirmó la diputada Daniela de los Santos Torres.

La legisladora local, representante del Congreso del Estado en la apertura del XXIV Coloquio de Educación Especial e Inclusión Educativa denominado “La inclusión en la nueva escuela mexicana, retos de intervención curricular”, reiteró que el Poder Legislativo de Michoacán siempre será un aliado en este tipo de actividades y desde luego, de la educación inclusiva e integral.

En el evento que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo en las instalaciones del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), también estuvo presente el diputado Víctor Hugo Zurita Ortíz, presidente de la Comisión Especial de Atención a personas con Discapacidad e integrante de la Comisión de Educación, quien refirió que para lograr una verdadera inclusión en este rubro, se debe garantizar equidad en el acceso, en los recursos, en la calidad de los procesos educativos y, por lo tanto, en los resultados de aprendizaje.

“Hablar de inclusión educativa no se trata solamente de darles acceso a las personas que vivimos con discapacidad, se trata también de garantizarle este derecho a los grupos y personas tradicionalmente excluidos, como población indígena, migrantes y refugiados, entre otros”, agregó.

Por último, enfatizó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible delinea nuevos retos para la política educativa del país y del Estado, entre los que se encuentra el garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje para todas las personas.

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, propondrá ante el pleno una reforma al artículo 27 de la Ley de Financiamiento Rural del Estado de Michoacán, para que se incluya a los cultivos hidropónicos como parte de las actividades agropecuarias que puedan obtener un crédito en la entidad.

El líder parlamentario petista, menciona que esta iniciativa busca dar mayor solvencia a quienes se dedican al sector agroalimentario en el estado, ya que para Michoacán esta actividad representa aproximadamente el 16% del Producto Interno Bruto de la economía, por lo tanto es el sostén de millones de michoacanas y michoacanos.

Reyes Galindo, destacó que apostar al financiamiento de la hidroponia como alternativa para la producción agroalimentaria, se relaciona con una tendencia global de mayor crecimiento de los centros urbanos y en el caso de esta entidad, el 50% de los suelos, cuenta con problemas de fertilidad, degradación por compactación y deterioro por pérdida de la capacidad nutritiva de la tierra cultivable.

Agregó que la propuesta de esta iniciativa señala que podrán ser sujetos de financiamiento las personas físicas o morales, legalmente constituidas con capacidad jurídica para contratar crédito dedicadas a actividades agropecuarias, hidropónicas, forestales, pesqueras o a cualquier otra actividad económica vinculada al sector agroalimentario, principalmente en los municipios con mayor emigración; que realicen aportaciones, cuenten con solvencia económica y moral, que aseguren la total recuperación del financiamiento con el aval de la representación regional a que correspondan.

Señaló además que las y los legisladores que integran el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la presente legislatura, se encuentran comprometidos con las causas de los productores agrícolas, “desde el Poder Legislativo estamos haciendo lo propio para generar las condiciones jurídicas que convertirán a Michoacán en el Campo de México”, puntualizó.

Por último, detalló que la presente iniciativa de ley pretende que los cultivos hidropónicos sean contemplados en la legislación a fin de que estos puedan acceder a los programas de financiamiento rural, “esta medida nos permitirá contar con una alternativa de cultivos más sustentables, eficientes en el sector agroalimentario de nuestro estado, y por supuesto, como una fuente de generación de empleos y cadenas de valor que Michoacán merece y necesita”, concluyó.

Con una participación diversa y amplia de los diferentes sectores sociales, continúan los trabajos del Parlamento Abierto para la Consulta Ciudadana de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán en diferentes municipios.

Al respecto, la diputada presidenta de la Mesa Directiva de la 75 Legislatura, Julieta García Zepeda, destacó que ayer martes dicho ejercicio democrático se llevó a cabo en la ciudad de Uruapan, donde, al igual que en Morelia, Lázaro Cárdenas y La Piedad, se recogieron propuestas sumamente valiosas para construir una norma jurídica acorde a las necesidades que la población tiene en materia de movilidad y seguridad vial.

García Zepeda se dijo complacida por el interés que han mostrado los diferentes sectores sociales en dicho parlamento, lo cual, enfatizó, permitirá elaborar una ley que garantice el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, inclusión e igualdad.

La también presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Poder Legislativo, subrayó que durante el desarrollo del Parlamento Abierto han participado autoridades federales, estatales y municipales, así como asociaciones civiles, transportistas y población en general, todos ellos con el interés de aportar para poder contar con un marco jurídico de vanguardia en la materia.

La diputada por el distrito de Lázaro Cárdenas puntualizó que los trabajos del parlamento continuarán el próximo viernes 17 en Sahuayo, el 21 de marzo, en Apatzingán, el 24 de marzo, en Zitácuaro, el 28 de marzo, en Zamora, y el 31 de marzo, en Morelia.

En la consulta también estuvieron presentes las diputadas Brenda Fraga Gutiérrez, Mayela Salas Saenz y Jesús Hernández Peña.

El Congreso del Estado dotará de recursos a la Auditoría Superior bajo condiciones de transparencia y comprobación del gasto, mismos que quedaron plasmados en los lineamientos que aprobaron los diferentes grupos parlamentarios.

La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política, Anabet Franco Carrizales, señaló que la construcción de estos lineamientos fue resultado de mucho trabajo y esfuerzo, pues además de la resistencia que hubo inicialmente por parte de la Auditoría Superior, existía la idea errónea de que se intentaba disminuir sus atribuciones.

Dijo que es obligación de los diputados cuidar y vigilar el funcionamiento de sus órganos, incluida la Auditoría Superior que no deja de ser parte del Congreso del Estado y por tanto debe ajustarse a los lineamientos administrativos que se le requieran.

“Estos lineamientos dan muestra de que nunca fue intención del Congreso del Estado lastimar a la Auditoría Superior, sino establecer un marco jurídico que nos permita ministrar recursos con plena transparencia para el seguimiento del gasto.”

Además, reconoció que a pesar de las diferencias que existen en los puntos de vista y opiniones de los diputados, el Congreso del Estado mantuvo una postura institucional y legal en todo momento, sobre todo para garantizar el pago de cada quincena a los trabajadores de la Auditoría.

Los lineamientos mencionados, contienen el procedimiento de operatividad y los requisitos que debe observar la auditoria, en su calidad de Unidad Responsable, para que el Congreso le ministre mes con mes los recursos que le fueron autorizados en el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023.

Entre ellos destacan la factura o CFDI que emitirá la Auditoría Superior por cada trasferencia que se le realice, misma que deberá corresponder al presupuesto calendarizado, por capítulo y partida, y que además deberá acompañarse de la información soporte para su verificación.

Cabe mencionar que los mismos fueron elaborados hasta esta fecha, pues fue apenas el 13 de marzo de 2023 cuando el Auditor Superior envió la información y documentación completa solicitada por las áreas correspondientes del Congreso del Estado.