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Las y los diputados de la 76 Legislatura aprobaron establecer un programa para la gestión adecuada de los residuos electrónicos o basura tecnológica generada en las instituciones públicas, como computadoras, impresoras, copiadoras y otros equipos que han llegado al final de su vida útil.

A través de una reforma al artículo 190 de la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado, el Poder Legislativo busca reducir el impacto ambiental que producen estos desechos, promoviendo su correcta recolección, manejo, reciclaje y disposición final dentro de las dependencias gubernamentales.

La Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente fue la encargada de dictaminar la propuesta por el diputado Vicente Gómez Núñez, para establecer que la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial coordinará e implementará programas permanentes con las instituciones públicas estatales, municipales y organismos constitucionales autónomos, para el manejo, reutilización y reciclaje de residuos tecnológicos.

Lo anterior, cuando los equipos de cómputo, dispositivos electrónicos y demás aparatos tecnológicos se encuentren caducos o en desuso y que sean generados en las oficinas gubernamentales, fomentando la economía circular y la educación ambiental tecnológica.

Para concluir, destacaron que existen tres problemas medioambientales relacionados con la fabricación de ordenadores: el uso de muchas substancias tóxicas en el proceso de producción, un consumo muy elevado de agua y energía, y el gran volumen de residuos (también tóxicos) que generan; siendo México el tercer generador de basura electrónica en el continente americano y segundo en Latinoamérica solamente debajo de Brasil.

 

Las y los diputados locales, aprobaron emitir un exhorto respetuoso al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría de Salud, fortalezca las acciones de difusión, promoción y sensibilización dirigidas a la población, con el objetivo de fomentar la cultura de la donación voluntaria de órganos y tejidos.

Además, la 76 Legislatura pidió el fortalecimiento de las campañas informativas y educativas que acerquen a la ciudadanía información clara y accesible sobre la importancia, los beneficios y los procedimientos relacionados con la donación de órganos y tejidos.

De la misma forma, se exhortó a la Secretaría de Salud del Estado, a través del Centro Estatal de Trasplantes, a promover mecanismos de orientación y acompañamiento que faciliten a las personas manifestar de manera libre e informada su voluntad de ser donadoras de órganos y tejidos, conforme al marco jurídico aplicable.

Esta 76 Legislatura consideró que con la emisión de este exhorto, se “contribuye de manera directa a fortalecer la cultura de la donación voluntaria de órganos y tejidos, mediante acciones de promoción, información y sensibilización que impactan positivamente en la salud pública del Estado”.

 

Con la premisa de fortalecer la identidad estatal y reconocer los procesos históricos que han dado forma a la sociedad michoacana actual, las y los diputados integrantes de la 76 Legislatura, aprobaron la inclusión de diferentes fechas y nombres de mujeres ilustres para ser conmemoradas formalmente en el Calendario Cívico del Estado de Michoacán.

Entre estas fechas y nombres se encuentran: el 15 de enero, Conmemoración de María de Jesús Romero («La Chucha»), líder agraria y defensora de los derechos de los campesinos e indígenas de la región lacustre de Zirahuén y Pátzcuaro.

El 15 de febrero, Conmemoración de Juana Guadalupe Arcos Barragán («La Barragana»), heroína insurgente de la Independencia de México y líder de tropas revolucionarias; el 27 de marzo: Conmemoración de Amparo Higuera Juárez e Imelda Higuera Juárez («Las Jilguerillas»), figuras icónicas de la música tradicional ranchera y guardianas del patrimonio cultural michoacano.

El 30 de marzo, Conmemoración de Lilia Amezcua Prado (Lilia Prado), actriz destacada de la Época de Oro del cine mexicano y referente de la identidad michoacana en el arte universal; el 29 de mayo: Conmemoración de Concepción «Concha» Michel, compositora, activista social y folklorista, defensora de las raíces indígenas y los derechos de los trabajadores.

10 de junio, Conmemoración de María Luisa Martínez, heroína de la Independencia de México y mártir de la lucha por la libertad nacional en Erongarícuaro; el 12 de junio: Conmemoración de Amalia Alejandra Solórzano Bravo, promotora del bienestar social, defensora de la soberanía nacional y protectora de la niñez y los refugiados.

El 15 de junio, Conmemoración de María Josefa Huerta y Escalante, informante y correo estratégico de las fuerzas insurgentes durante la Guerra de Independencia; el 27 de agosto: Conmemoración de María Rita de la Trinidad Pérez Jiménez, heroína insurgente y símbolo de la resiliencia femenina en la lucha por la soberanía.

Y, el 10 de noviembre: Conmemoración de Josefa Montero, educadora pionera del siglo XIX que abrió las puertas del conocimiento a las mujeres de Michoacán.

En ese mismo sentido, se instruyó a la Secretaría de Gobierno del Estado para que, en ejercicio de sus atribuciones, integre de manera permanente estas fechas en el Calendario Oficial Cívico que regirá en el Estado, debiendo vigilar que en cada aniversario se realicen los honores correspondientes conforme a protocolo.

Y se exhortó a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Educación en el Estado para que, en coordinación con los 112 Ayuntamientos y el Concejo Mayor de Cherán, promuevan la difusión de la vida y obra de estas mujeres a través de actividades académicas, festivales artísticos y material editorial, garantizando que su legado sea conocido por toda la ciudadanía michoacana.

 

En sesión extraordinaria, la 76 Legislatura aprobó reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, para establecer la Dirección de Medidas u Órdenes de Protección, Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso; y, señalar como obligación de las instituciones policiales, garantizar el derecho a una vida libre de violencias fundamentalmente de las mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas.

Fue la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado presentó el dictamen mediante el cual se reforman diversos artículos de la ley en mención; en el cual se modifica el término “banco de datos” por “base de datos”, el cual se indica que se integra por la información que las instituciones de Seguridad Pública generen en el ámbito de su competencia.

Al considerar que es fundamental que la Secretaría de Seguridad Pública encargada de evaluar las condiciones de los imputados de un proceso penal que dé protección a las mujeres, adolescentes, niñas y niños, las y los legisladores determinaron renombrar a la Dirección de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso, por Dirección de Medidas u Órdenes de Protección, Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso.

Asimismo, se estableció que tanto el Fiscal General del Estado como el Secretario de Seguridad Pública tendrán la atribución de garantizar, en el ámbito de su competencia el cumplimiento, monitoreo y ejecución de las Medidas u Órdenes de Protección.

De igual forma, quedó instituido que los elementos de las Instituciones policiales deberán prestar protección y auxilio inmediato a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos.

“Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho. Tratándose de las mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas, la atención, el auxilio, resguardo, protección y demás acciones se implementarán de conformidad a las leyes en la materia”, precisa el Decreto avalado con 27 votos a favor.

 

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Michoacán, que busca regular el ingreso y uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales en las instituciones de educación básica durante el horario escolar y señala que los educandos no podrán hacer uso de estos, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de aprendizaje, atención y convivencia escolar.

“El interés primordial son nuestras niñas, niños y adolescentes; garantizarles educación de calidad es nuestro deber, así como eliminar las distintas barreras que tienen para lograr contar con educación de excelencia que menciona nuestra constitución; por ello, esta iniciativa no tiene como finalidad restringir derechos de manera arbitraria, sino garantizar el derecho fundamental a la educación en condiciones óptimas, mediante el establecimiento de medidas razonables, proporcionales y justificadas”, explicó el líder de la bancada del PT.

Asimismo, el legislador hizo hincapié en que esta propuesta contempla excepciones en los casos en que el dispositivo sea requerido como apoyo pedagógico, previa autorización del personal docente: “las y los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales que requieran el uso de dispositivos como apoyo para su proceso de aprendizaje o comunicación; los casos en que el uso sea necesario por razones médicas debidamente acreditadas, situaciones de emergencia y los supuestos que determinen los lineamientos que emita la Secretaría”, indicó.

Y agregó que, si bien estas tecnologías pueden ofrecer beneficios educativos cuando se emplean de manera estructurada y con fines pedagógicos, existe evidencia internacional que indica que el uso constante de dispositivos móviles dentro del aula genera distracciones que interfieren con el aprendizaje e impactan directamente en el desarrollo cerebral de niñas y niños, generando riesgos como déficit de atención y sedentarismo; puede propiciar conductas contrarias a la disciplina escolar, como el acceso a contenidos inapropiados, uso de redes sociales durante las clases y actos de acoso escolar a través de medios digitales.

Reyes Galindo, recordó que la .UNESCO menciona en el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2023, que solo la tecnología que desempeña un papel claro en el apoyo al aprendizaje debería permitirse en la escuela, así mismo evidencia que “algunas tecnologías pueden favorecer el aprendizaje en algunos contextos, pero no cuando se usan en exceso o de forma inapropiada”.

Destacó que algunos países que ya implementan acciones para regular el uso de teléfonos celulares son Francia, Finlandia y Países bajos; quienes han obtenido resultados positivos en el rendimiento académico y la convivencia escolar, demostrando con ello la viabilidad y necesidad de implementar medidas similares en el Estado de Michoacán, como ya lo realizó el Estado de Querétaro.

“Brindarles educación y salud es lo mínimo que podemos hacer por nuestra niñez y por los padres de familia, quienes puedo asegurar sin temor a equivocarme, que buscan lo mejor para sus hijos. Por ello, esta iniciativa busca fortalecer el proceso educativo, mejorar la convivencia escolar y proteger el bienestar integral de los niñas, niños, y adolescentes», concluyó el legislador.

 

La diputada de Morelia, Giulianna Bugarini, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para cerrar vacíos legales que permitan evadir la pensión alimenticia y dejar desprotegidas a niñas y niños.

Desde tribuna, la legisladora señaló que en los últimos días se ha abierto un fuerte debate público por casos donde algunas personas buscan utilizar estrategias legales para evitar cumplir con sus responsabilidades familiares.

Ante esta situación, explicó que su propuesta busca dejar claro en la ley que las obligaciones con hijas e hijos no desaparecen ni cambian por trámites administrativos o modificaciones legales relacionadas con la identidad de las personas.

“La responsabilidad con nuestras hijas e hijos no depende de un trámite ni de un documento. Cuando hay niñas y niños de por medio, el Estado tiene que garantizar que sus derechos estén protegidos”, expresó.

Bugarini pidió la confianza del pleno para avanzar con esta reforma y cerrar cualquier vacío legal que permita evadir las obligaciones parentales.

La diputada subrayó que el objetivo de la iniciativa es proteger el interés superior de la niñez y evitar que niñas y niños queden en medio de interpretaciones legales que terminen dejándolos sin respaldo.

“Los derechos se respetan, pero las responsabilidades también se cumplen. Las niñas y los niños no pueden quedar desprotegidos”, concluyó.

 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral para Michoacán, alineada con la propuesta nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y reiteró el respaldo “irrestricto e incondicional” al proyecto democrático que el pueblo de México avaló en las urnas con el Plan C.

Fabiola Alanís afirmó que la Cuarta Transformación es un proceso histórico impulsado por la ciudadanía, cuyo objetivo es profundizar la democracia, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y fortalecer la participación política.

“La transformación de la vida pública del país es un mandato popular. El pueblo de México expresó con claridad su respaldo a este proyecto y a la necesidad de avanzar hacia un sistema electoral más democrático, más transparente y más cercano a la gente”, sostuvo.

La legisladora destacó que la propuesta presentada por la presidenta Sheinbaum responde a demandas ciudadanas ampliamente respaldadas, entre ellas una mayor supervisión del dinero utilizado en las campañas electorales, la regulación del uso de la inteligencia artificial en procesos políticos, y la ampliación de los derechos de participación para las y los mexicanos que viven en el extranjero.

“Las encuestas son claras: la gran mayoría de la población respalda esta reforma porque fortalece la democracia y protege los recursos del pueblo. Hoy lo que toca es armonizar ese esfuerzo también en los estados”, expresó.

En ese sentido, explicó que la iniciativa presentada en el Congreso del Estado contempla cinco ejes fundamentales para modernizar y fortalecer el sistema electoral en Michoacán:

Mayor transparencia en el financiamiento político, prohibiendo el uso de recursos provenientes de gobiernos extranjeros o de actividades ilícitas, y fortaleciendo el seguimiento del flujo de dinero en campañas.

Mayor inclusión y representación política para pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y otros sectores históricamente excluidos.

Fortalecimiento de la participación política de las y los migrantes michoacanos, para que su voz también se refleje en la integración del Poder Legislativo estatal.
Ampliación de los mecanismos de democracia directa, como consultas populares, referéndums y plebiscitos organizados por el Instituto Electoral de Michoacán.

Regulación del uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en procesos electorales, para evitar manipulación digital y garantizar campañas más transparentes.

Fabiola Alanís subrayó que el objetivo de esta propuesta es que Michoacán se mantenga a la vanguardia en materia democrática, fortaleciendo la participación ciudadana y garantizando procesos electorales más justos y transparentes.

“Queremos una democracia donde las representaciones populares estén cada vez más cerca del pueblo y donde las elecciones ya no signifiquen gastos excesivos que pague la ciudadanía”, afirmó.

Finalmente, la legisladora reiteró que desde Michoacán existe un compromiso firme con el proyecto democrático impulsado desde el gobierno federal.

“Que se escuche fuerte y claro: desde Michoacán respaldamos la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Porque este es un proyecto del pueblo y para el pueblo. Y en esta transformación seguimos sosteniendo un principio fundamental: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, concluyó.

Ante los casos de violencia contra animales que se registran en el estado y la falta de un mecanismo institucional que permita dar seguimiento a quienes cometen estos delitos, el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, presentó una iniciativa para crear el Registro Estatal de Agresores de Animales, una herramienta que concentrará información de personas con sentencia firme por maltrato o crueldad animal y que permitirá fortalecer la prevención de la reincidencia.

“La violencia contra los animales es una realidad que no podemos ignorar. Hoy el maltrato animal ya está tipificado como delito, pero necesitamos instrumentos que permitan dar seguimiento a quienes han sido sentenciados y evitar que estas conductas se repitan”, señaló el legislador durante la presentación de la iniciativa ante el Pleno de la 76 Legislatura.

La propuesta contempla adicionar diversas disposiciones a la Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales del Estado de Michoacán, para crear un capítulo específico donde se establezca el Registro Estatal de Agresores de Animales como un instrumento administrativo de prevención y control, el cual estaría a cargo de la Fiscalía General del Estado. El registro incluirá información básica como nombre del agresor, delito cometido, expediente, sanción impuesta y vigencia de la inscripción.

Asimismo, se plantea reformar el Código Penal del Estado para que en toda sentencia condenatoria por delitos de maltrato animal el juez ordene la inscripción del responsable en este registro, así como modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para facultar a esta institución a crearlo, administrarlo y coordinar su operación con ayuntamientos, centros de control animal, asociaciones protectoras y el Poder Judicial.

“No se trata de estigmatizar, sino de prevenir la reincidencia, proteger a los animales y contar con herramientas institucionales que ayuden a frenar la violencia desde sus primeras manifestaciones”, concluyó Octavio Ocampo.