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La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, presentó ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al artículo 167 del Código Electoral de Michoacán, con el objetivo de prohibir la contratación de propaganda electoral por parte de terceros y garantizar condiciones de equidad en las contiendas.

En la iniciativa que fue acompañada por el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, la legisladora planteó que la propuesta busca cerrar vacíos legales que actualmente permiten que personas físicas o morales financien campañas paralelas a favor o en contra de candidaturas, particularmente a través de medios digitales.

La iniciativa establece una prohibición expresa para que cualquier tercero contrate propaganda electoral en medios impresos, redes sociales, plataformas digitales, páginas web, aplicaciones móviles o mediante creadores de contenido e “influencers”.

En su exposición, Eréndira Isauro Hernández subrayó que la democracia debe sostenerse en la equidad, evitando que el poder económico distorsione la competencia electoral mediante la inyección de recursos no fiscalizados.

Asimismo, advirtió que este tipo de prácticas genera opacidad en el origen del dinero, lo que abre la posibilidad de financiamiento ilícito o la intervención de intereses ajenos al proceso democrático.

La propuesta también contempla que, en caso de que un partido político, precandidato o candidato tenga conocimiento de la contratación de propaganda por parte de terceros y no se deslinde oportunamente, el gasto será sumado a sus topes de campaña, además de las sanciones correspondientes.

La diputada impulsora destacó que, aunque la ley ya regula la propaganda en radio y televisión, existe una brecha importante en el ámbito digital, donde actualmente no hay una restricción clara para este tipo de contrataciones.

Finalmente, la iniciativa establece que el Instituto Electoral de Michoacán deberá emitir lineamientos para identificar, monitorear y sancionar estas prácticas en un plazo no mayor a 90 días tras la entrada en vigor del decreto.

La diputada y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado respaldaron la desincorporación de 38 predios propiedad del Gobierno de Michoacán, al destacar que estos inmuebles tendrán un destino social enfocado al fortalecimiento de la salud, la educación y los servicios públicos municipales, además de brindar certeza jurídica a diversos proyectos que ya operan en beneficio de la población.

Durante la discusión del tema en tribuna, el diputado Hugo Rangel Vargas subrayó que este proceso también deberá abrir la puerta para avanzar en la regularización de predios en colonias que hasta hoy permanecen en condiciones de irregularidad, lo que representa una demanda histórica de muchas familias.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PT, Reyes Galindo Pedraza, destacó la desincorporación de un predio en el municipio de Múgica, que será destinado a la Universidad Rosario Castellanos, proyecto que permitirá ampliar las oportunidades de educación superior para las juventudes de la región de Tierra Caliente. El legislador enfatizó que fortalecer la infraestructura educativa es una apuesta directa por el desarrollo social.

Además, el diputado Vicente Gómez Núñez resaltó la importancia de la desincorporación de un predio en Tacámbaro, el cual permitirá otorgar certeza jurídica a una institución de educación media superior que brinda formación a jóvenes de la región. Señaló que garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento de las instituciones educativas es clave para seguir impulsando el acceso a la educación.

A su vez, la diputada Diana Espinoza Mercado destacó que diversos municipios resultaron beneficiados con este proceso, entre ellos Purépero, Charo, Tangancícuaro, Los Reyes, Marcos Castellanos, Hidalgo y Teretan, los cuales recibirán predios que permitirán brindar certeza jurídica a infraestructura cultural, oficinas municipales y espacios destinados a servicios públicos.

Finalmente, el diputado Baltazar Gaona García subrayó la relevancia de las desincorporaciones que permitirán donar cuatro predios al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que contribuirá al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y de atención médica en el estado. El legislador destacó que cuando los bienes públicos se destinan a la salud, la educación y el bienestar comunitario, se garantiza que el patrimonio del estado cumpla su función social en favor de las y los michoacanos.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada local y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Emma Rivera Camacho, destacó la importancia de consolidar el Sistema Nacional de Cuidados como un acto de justicia social para millones de familias. Señaló que el trabajo de cuidados —que implica atender a niñas, niños, personas adultas mayores, con discapacidad o enfermas— sostiene la vida diaria del país y, sin embargo, sigue siendo invisible y no remunerado. De acuerdo con la ENASIC, en México 31.7 millones de personas realizan estas labores y más del 75 por ciento son mujeres.

La legisladora explicó que el Sistema de Cuidados se fortalece con acciones como los Centros de Educación y Cuidado Infantil y los programas de bienestar dirigidos a mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, los cuales permiten aliviar la carga que históricamente han asumido las mujeres y abrir más oportunidades para su desarrollo. “En la Cuarta Transformación entendemos que el bienestar no es un privilegio, es un derecho, y por eso debemos reconocer y respaldar a quienes cuidan”, expresó.

Como parte de su propuesta, Emma Rivera impulsa reformas a la Ley de Salud y a la Ley de Obra Pública para que los nuevos hospitales incluyan espacios dignos para las personas cuidadoras, como áreas de descanso, higiene y acompañamiento. También se busca fortalecer la movilidad y el traslado de pacientes cuando no haya atención médica en su lugar de origen. “Es tiempo de humanizar nuestras leyes y nuestras instituciones. Cuidar a quien nos cuida es avanzar hacia una verdadera justicia social, donde nadie se quede atrás y nadie se quede fuera”, concluyó.

Con la aprobación del dictamen para la enajenación de diversos bienes inmuebles del patrimonio estatal, el Congreso del Estado avanza en una política responsable para transformar activos improductivos en infraestructura social que genere bienestar para las y los michoacanos, refirió el diputado de Morena, Juan Pablo Celis.

El legislador destacó que esta decisión permitirá convertir bienes que hoy se encuentran estancados o sin utilidad pública en proyectos que sí generan beneficios para la población.

“Con esta decisión vamos a transformar lo que no produce, lo que está estancado, en lo que sí produce bienestar para la gente”, expresó el legislador.

Celis explicó que parte de estos inmuebles serán destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que permitirá impulsar la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil, así como una Unidad de Medicina Familiar, ampliando el acceso a servicios de salud y apoyos para madres trabajadoras.

El diputado subrayó que el dictamen aprobado establece candados claros para garantizar transparencia y proteger el patrimonio público.

“Quien se confunda con este dictamen es porque se quiere confundir o de plano no quiere entender razones. El documento establece mecanismos muy claros que aseguran que el patrimonio público se administre con responsabilidad y siempre en beneficio de la gente”, señaló.

Entre estos mecanismos se contempla que toda operación deberá realizarse con avalúos formales a valor comercial, además de procedimientos administrativos específicos que garanticen transparencia y legalidad. Asimismo, los recursos que se obtengan estarán etiquetados exclusivamente para inversión pública productiva, por lo que no podrán destinarse a gasto corriente, y en caso de que alguna operación no se concrete los bienes deberán revertirse nuevamente al patrimonio del estado.

El legislador recordó que el contexto actual de Michoacán es distinto al de años anteriores, pues hoy el estado cuenta con finanzas ordenadas y una política de disciplina fiscal.

“No es lo mismo vender por desesperación que administrar con disciplina. Hoy en Michoacán no hay quiebra ni endeudamiento irresponsable. Los bienes del estado tienen un destino claro: impulsar infraestructura, salud y desarrollo para las familias michoacanas”, afirmó.

Finalmente, Celis destacó que administrar con responsabilidad el patrimonio público implica no solo protegerlo, sino también ponerlo al servicio de la sociedad.

“El patrimonio no se cuida dejándolo improductivo; se cuida poniéndolo a trabajar en favor de la gente. Esa es la diferencia de este tiempo y de un gobierno que piensa en el bienestar del pueblo”, concluyó.

En respuesta a la creciente devastación de los recursos naturales en la entidad, la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa para tipificar el «ecocidio» como delito autónomo en el Código Penal del Estado de Michoacán, con penas de 10 a 20 años de prisión para quienes destruyan ecosistemas completos o provoquen daños irreparables al medio ambiente.

Durante su exposición ante el Pleno, la legisladora advirtió que Michoacán enfrenta una crisis ambiental por la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, los incendios forestales provocados y la presión sobre los recursos hídricos.

«Cuando un ecosistema se pierde, se pierde también la captación de agua, la fertilidad del suelo, la biodiversidad y las bases para el desarrollo digno de nuestras comunidades. Una hectárea devastada puede tardar hasta 20 años en recuperar sus funciones ecológicas y medio siglo en recuperar su biodiversidad original», explicó.

Arreola Ruiz señaló que, si bien el marco penal actual sanciona los delitos ambientales con penas de 5 a 12 años de prisión, estas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. «No es lo mismo un daño ambiental puntual que la devastación masiva y prolongada de un ecosistema completo. Tratar realidades tan distintas bajo el mismo rango de sanción genera una desproporción que debilita la eficacia del derecho penal ambiental», afirmó.

La iniciativa define como ecocidio las siguientes conductas que provoquen la destrucción o pérdida total de un ecosistema de al menos 10 hectáreas, que causen un daño irreparable en esa misma dimensión y aquellas que generen una afectación cuyos impactos se prolonguen por al menos 4 meses.

Para estos casos se impondrán penas de 10 a 20 años de prisión y multas proporcionales al daño causado. La propuesta incluye además una agravante cuando el ecocidio ocurra en Áreas Naturales Protegidas o Zonas de Recarga Hídrica, por tratarse de «espacios estratégicos para la vida y la seguridad ambiental de nuestro estado».

La diputada ecologista enfatizó que esta propuesta no busca criminalizar el desarrollo ni obstaculizar las actividades productivas lícitas que caracterizan a Michoacán, sino establecer límites claros y dotar a las autoridades de mejores herramientas para castigar a quienes cometen este delito grave.

«Tipificar el ecocidio es un acto de justicia ambiental, pero también es un acto de amor por nuestra tierra. Hoy tenemos una responsabilidad con todos los michoacanos y con las futuras generaciones. Pongámonos a la altura del futuro que Michoacán merece», concluyó.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.

Con el objetivo de fortalecer la protección de las mujeres en el espacio público, la diputada Fabiola Alanís propone actualizar la ley para garantizar condiciones de seguridad, prevención y atención ante casos de acoso y violencia en el transporte público del estado.

“Las mujeres no tendrían que planear su ruta pensando en el miedo. El derecho a la movilidad debe ejercerse con libertad, no con temor.”

La legisladora señaló que miles de mujeres en Michoacán enfrentan diariamente situaciones de acoso, hostigamiento y agresiones mientras se trasladan, lo que limita su derecho a la educación, al trabajo y a la participación social.

“La violencia en el transporte no es un hecho aislado, es una expresión más de la violencia estructural que viven las mujeres. Y el Estado tiene la obligación de prevenirla y sancionarla.”

La iniciativa propone fortalecer el marco normativo estatal para incorporar protocolos obligatorios de prevención y atención a casos de acoso y violencia sexual en el transporte público, establecer capacitación con perspectiva de género para concesionarios, operadores y personal administrativo.

Además de implementar mecanismos de denuncia accesibles, ágiles y seguros para las usuarias, e impulsar medidas tecnológicas y operativas que incrementen la vigilancia y la reacción inmediata ante incidentes.

Fabiola Alanís destacó que garantizar la seguridad de las mujeres en el transporte no es un tema secundario, sino una condición indispensable para la igualdad sustantiva.

“Si una mujer no puede trasladarse con seguridad a su trabajo o a su escuela, entonces sus derechos están limitados. La movilidad segura es un derecho, no un privilegio.”

Subrayó que la iniciativa no busca únicamente sancionar, sino transformar la cultura institucional y social en torno al respeto y la prevención.

“No podemos normalizar el acoso. No podemos decirles a las mujeres que cambien de horario, de ruta o de forma de vestir. Lo que debe cambiar es el sistema que permite la violencia.”

La diputada enfatizó que la construcción de paz en Michoacán pasa por garantizar espacios públicos seguros para todas y sin duda, los operadores y concesionarios del transporte estarían dispuestos a ser parte de esta transformación en favor de las mujeres.

“Queremos un estado donde las niñas, las jóvenes y las mujeres adultas se suban al transporte con tranquilidad. La seguridad también es igualdad.”

Reiteró que esta propuesta forma parte de una agenda integral para erradicar la violencia de género y garantizar a las mujeres una vida libre de violencias.

Finalmente, destacó que la presentación del Morebús podría representar una alternativa de transporte eficiente y seguro para las mujeres.

En ejercicio del derecho constitucional y legal, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Antonio Magaña de la Mora, presentó ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones del Código Familiar y de la Ley de Adopción y Acogimiento Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de reconocer jurídicamente las relaciones familiares que se han consolidado en la práctica pero carecen de certeza legal.

La propuesta, que complementa y amplía la iniciativa presentada previamente por su compañero de bancada Abraham Espinoza Villa, busca permitir la adopción de personas mayores de dieciocho años en aquellos casos específicos donde existió un acogimiento previo durante la niñez o adolescencia, con cuidados, protección y lazos afectivos que generaron una relación similar a la filiación biológica.

Desde la tribuna, el legislador ecologista recordó que la familia constituye la base fundamental de cualquier sociedad y que, de acuerdo con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protección constitucional se proyecta a la familia como realidad social, cubriendo todas sus formas y manifestaciones.

«La familia nace o se origina con las relaciones humanas, correspondiendo a un diseño social que se presenta de forma distinta en cada cultura. Ante tales circunstancias, se instituye su protección legal, organización y desarrollo como una figura de interés público tutelada a la luz de la aspiración y la realidad social», expuso Magaña de la Mora.

En ese tenor, señaló que el legislador michoacano previó que la protección de la organización de la familia y el desarrollo integral de sus miembros se basa en el respeto a la dignidad, a los derechos humanos y a una perspectiva de familia, lo que obliga a todas las autoridades a tomar en cuenta la realidad familiar para adaptar medidas que salvaguarden la cohesión familiar.

El diputado del PVEM explicó que, si bien tradicionalmente la adopción ha sido concebida como una medida de protección para niñas, niños y adolescentes, en la realidad social existen múltiples situaciones de hecho que requieren una respuesta legal más amplia.

«Se dan casos, por ejemplo, cuando se integra a una persona a una familia y la convivencia se da desde la infancia, creándose un vínculo familiar de hecho, emocional y relacional que se prolonga más allá de los dieciocho años. También el caso específico de tíos, abuelos o parientes que acogieron a un sobrino o nieto ante dificultades económicas o ausencia de los progenitores, y que llegada la mayoría de edad se quiere adoptar. O aquellos casos en que se acogió a una persona siendo menor de edad, pero el trámite no se realizó por desconocimiento o factores económicos, y cuando se pretende formalizar la adopción, la persona ya es mayor de edad», detalló.

Magaña de la Mora destacó que, a diferencia de la legislación michoacana -que limita la adopción a personas menores de dieciocho años-, otros estados como Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora ya contemplan figuras similares que han demostrado viabilidad.

«La adopción de personas mayores de edad es una variante de los tipos tradicionales de adopción. El objetivo es reconocer jurídicamente vínculos basados en solidaridad, cuidados y afectos preexistentes en una familia que han formado su identidad, y con ello reconocer derechos inherentes a la persona humana», subrayó.

Recordó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abierto la puerta al reconocimiento de nuevas formas de filiación derivadas de realidades sociales, estableciendo que el Estado debe adoptar políticas para el desarrollo del vínculo familiar, prescindiendo de formalismos y ajustándose a la realidad social.

La iniciativa propone que el proceso se tramite directamente ante la autoridad judicial, quien controlará el cumplimiento de los requisitos y garantías, con pleno respeto a los derechos humanos de las partes.

La desincorporación de inmuebles del patrimonio estatal aprobada por el Congreso del Estado permitirá dar un mejor uso a diversos predios y generar beneficios directos para instituciones públicas, así como para el desarrollo de infraestructura en Michoacán, afirmó el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

El legislador explicó que el decreto aprobado por el Pleno contempla la desincorporación de 38 inmuebles ubicados en distintos municipios del estado, con el objetivo de que estos espacios puedan regularizarse, aprovecharse de mejor manera y contribuir al fortalecimiento del patrimonio público.

“Lo que se busca es que estos predios puedan regularizarse y tener un destino que beneficie al pueblo de Michoacán. Es importante dejar claro que ninguna de estas donaciones podrá realizarse a particulares, eso está totalmente prohibido en el decreto”, puntualizó.

Gaona García subrayó que entre los destinos contemplados se encuentra la donación de cuatro predios al Instituto Mexicano del Seguro Social, con el propósito de impulsar proyectos vinculados con servicios de salud y atención a la niñez, así como la entrega de otros inmuebles a ayuntamientos e instituciones públicas, lo que permitirá fortalecer las capacidades de los municipios.

“El decreto es muy claro: ninguna persona física, empresa privada o particular podrá ser beneficiaria de estas donaciones. Los inmuebles únicamente podrán destinarse a instituciones públicas o a los municipios, porque el objetivo es que el patrimonio del Estado se utilice para beneficio colectivo”, sostuvo.

Asimismo, explicó que los recursos que se obtengan de la posible venta de algunos de estos predios deberán destinarse exclusivamente a proyectos de infraestructura pública productiva con impacto económico y social, lo que permitirá impulsar obras y acciones que fortalezcan el desarrollo del estado.

El Pleno del Congreso del Estado, designó a Adriana Contreras Figueroa y a Juana Bravo Lázaro, como recipiendarias de la Condecoración: “La Mujer Michoacana” 2026.

En la sesión celebrada este miércoles, las y los legisladores locales aprobaron la propuesta de acuerdo, en donde se establece que dicha condecoración será entregada en Sesión Solemne del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el próximo 11 de marzo de 2026.

Para la celebración de dicha Sesión Solemne, serán invitados de honor los Titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Michoacán, a fin de que acompañen a la presidencia de este Poder Legislativo en la entrega de esta condecoración.

La Condecoración “La Mujer Michoacana” se entrega a persona, institución o asociación que trabaje a favor de las mujeres o que se hayan destacado por sus actividades en la lucha por alcanzar la igualdad sustantiva dentro de la sociedad michoacana, en la atención a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad o personas adultas mayores; en labor social con y para las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad; por los derechos y desarrollo integral de las mujeres, el fomento a la participación política, social, cultural y económica de las mujeres, la salud integral, o en cualquier ámbito donde se fomente la inclusión y participación de la mujer michoacana.

Es importante destacar que esta condecoración se entrega año con año para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en el mes de marzo.