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Con el principal objetivo de favorecer el desarrollo de las actividades económicas en el estado, las y los integrantes de la 76 Legislatura aprobaron la desincorporación de 38 predios del patrimonio estatal, para dar mejor aprovechamiento a los recursos económicos obtenidos por la enajenación de los inmuebles.

Con 29 votos a favor, el Pleno del Poder Legislativo avaló el dictamen presentado por Comisión de Hacienda y Deuda Pública, mediante el cual se autoriza la desincorporación de 18 inmuebles ubicados en la ciudad de Morelia; tres en el municipio de Hidalgo; dos en Lázaro Cárdenas; dos en Charo; y uno en los siguientes municipios: Tacámbaro, Mújica, Jacona, Coalcomán, La Piedad, Purépero, Zitácuaro, Tangancícuaro, Los Reyes, Marcos Castellanos, Peribán, Taretan y Sahuayo.

Cabe destacar, que se desincorporó para su posterior donación de cuatro inmuebles en los municipios de Jacona, Morelia, La Piedad y Lázaro Cárdenas en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el fin de que se construyan centros de educación y cuidado infantil; así como, para una unidad de medicina familiar y que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean efectivos.

Es así que se autorizó al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, para transmitir nueve de estos predios en forma de donación a los ayuntamientos correspondientes para su administración; y, en el caso del edificio donde actualmente albergan las oficinas centrales del Congreso del Estado, será donado de manera directa al Poder Legislativo.

“Las donaciones únicamente podrán realizarse a favor del Poder Legislativo del Estado, de los municipios o de organismos públicos, quedando prohibida cualquier donación a personas físicas o morales de carácter privado”, subraya el decreto aprobado en sesión extraordinaria.

Mediante una reserva, se especificó que el resto de dichos inmuebles se trasmitirá la titularidad fiduciaria al patrimonio del Fideicomiso del Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán (FIDEMICH), para que sean destinados para su administración y en su caso enajenación; especificando que la venta se realizará únicamente con el valor comercial de los inmuebles.

Cabe destacar, que quedó establecido en el decreto los recursos obtenidos con motivo de la enajenación de los bienes deberán destinarse exclusivamente a inversión pública productiva, para el financiamiento y ejecución de proyectos de infraestructura con impacto económico y social medible, y en ningún caso podrán destinarse a gasto corriente.

Asimismo, se especificó que ningún servidor público o por intermediario podrá adquirir los bienes inmuebles que forman parte del listado, esto incluye cónyuges, parientes consanguíneos, parientes por afinidad y para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, así como aquellos servidores públicos que hayan ocupado un cargo público dentro del Estado en los últimos 4 años.

Finalmente, las y los diputados locales establecieron que cada tres meses contados el FIDEMICH, y la Secretaría de Finanzas y Administración enviarán un informe detallado al Congreso del Estado, sobre el proceso de desincorporación y enajenación en su modalidad de venta o donación de los predios.

Con el propósito de brindar mayor protección a mujeres que enfrentan violencia familiar, el diputado local de Morena, Juan Pablo Celis, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para fortalecer las medidas de seguridad que el Estado puede otorgar a las víctimas y a sus hijas e hijos.

El legislador señaló que muchas veces la violencia no ocurre en las calles, sino dentro del hogar, por lo que es responsabilidad del Estado actuar con firmeza cuando una mujer decide denunciar y pedir ayuda.

“Cuando una mujer da el paso de denunciar violencia, el Estado debe garantizar que no esté sola y que tenga toda la protección necesaria para salvaguardar su seguridad y la de su familia”, expresó.

La propuesta busca fortalecer las órdenes de protección para que las autoridades puedan actuar con mayor rapidez y eficacia. Entre las medidas planteadas se encuentra que el agresor pueda ser retirado del domicilio donde vive la víctima, sin importar quién sea el propietario del inmueble, para que las mujeres y sus hijos puedan permanecer en un espacio seguro.

También se contempla que, en casos de riesgo, se pueda brindar acompañamiento o custodia a las víctimas para garantizar su seguridad mientras se resuelve su situación legal.

Otro punto importante de la iniciativa establece que, si la persona agresora pertenece a algún cuerpo de seguridad o institución armada, la autoridad deberá retirar el arma que tenga asignada, con el objetivo de evitar cualquier riesgo para la víctima o su familia.

Además, se propone que las medidas de protección se mantengan el tiempo que sea necesario, hasta que se tenga la certeza de que las víctimas ya no se encuentran en peligro.

Juan Pablo Celis destacó que la protección de las mujeres y de sus hijas e hijos debe ser una prioridad para las instituciones, por lo que desde el Congreso se deben impulsar leyes que realmente ayuden a garantizar su seguridad.

“Proteger a las mujeres es una responsabilidad del Estado y una tarea que debemos asumir con toda seriedad. Desde el Congreso seguiremos trabajando para que las mujeres puedan vivir con tranquilidad y sin miedo”, concluyó.

El diputado local del PRD, Octavio Ocampo, alertó que la operación territorial de grupos delictivos ha incorporado mecanismos de captación de adolescentes y jóvenes mediante privación de la libertad, extorsión, amenazas, trata, violencia física y psicológica, así como a través del engaño, ofertas económicas, supuesta protección, uso de redes sociales y el aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad. Indicó que estas prácticas incrementan la incidencia delictiva y vulneran derechos fundamentales.

Ante esta realidad que azota a la sociedad michoacana, Octavio Ocampo presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, con el propósito de tipificar como delitos el reclutamiento forzado y el reclutamiento no forzado por parte de organizaciones delictivas.

Desde la máxima tribuna del estado, precisó que es necesario incrementar hasta en una mitad la pena cuando las conductas se cometan en agravio de niñas, niños y adolescentes, se utilicen amenazas contra familiares, armas, medios digitales, o cuando el responsable sea servidor o exservidor público. También se sancionará a quien administre, financie, dirija o facilite sitios destinados al reclutamiento y entrenamiento de personas para colaborar con grupos delictivos.

Ocampo sostuvo que actualmente no existe una figura autónoma que sancione el acto previo de captar o inducir a personas a integrarse a estructuras criminales, lo que limita la intervención del Estado. Señaló que la reforma busca permitir una actuación penal desde la fase inicial del reclutamiento, reconocer la condición de víctima cuando exista coacción o vulnerabilidad, y fortalecer las herramientas de investigación para evitar que niñas, niños y adolescentes enfrenten cargos por delitos graves tras haber sido forzados o inducidos a participar en dichas dinámicas.

La propuesta presentada al Pleno de la 76 Legislatura plantea crear el Capítulo IV denominado “Reclutamiento Ilícito” e incorporar los artículos 163 Bis, 163 Ter, 163 Quáter y 163 Quinquies. El reclutamiento forzado se sancionaría con penas de diez a veinte años de prisión y multas de 800 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), mientras que el reclutamiento no forzado contemplaría penas de ocho a quince años de prisión y multas de 400 a 1,000 UMA. Ambos delitos serían perseguidos de oficio.

El Congreso del Estado inauguró un lactario en su edificio a fin de proporcionar un espacio higiénico y seguro para las madres trabajadoras, pero también para las mamás que transiten por el centro de Morelia y requieran de un espacio para alimentar a sus bebés.

El presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García señaló que desde el Congreso del Estado se reafirma el compromiso con la igualdad sustantiva y con la conciliación entre la vida laboral y familiar, por el respeto pleno a los derechos de las mujeres y con la protección superior de la niñez como mandata la Constitución.

“Este espacio simboliza sensibilidad institucional pero también responsabilidad; es un mensaje claro de que en Michoacán estamos avanzando hacia entornos laborales más dignos y empáticos. A las madres trabajadoras del Congreso les decimos que no están solas, este Poder Legislativo reconoce su esfuerzo, respalda su derecho y genera condiciones para que puedan ejercer su maternidad, sin obstáculo, ni estigma”, puntualizó.

Acompañado de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís, de las legisladoras Brissa Ireri Arroyo y Giulianna Bugarini, así como de la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Alma Bahena, aseguró que la inauguración del lactario representa un acto de congruencia entre lo que se legisla y lo que se practica.

Agregó que la lactancia materna no sólo es un acto biológico, sino un derecho, in vínculo y una protección. “La ciencia ha demostrado que tener espacios seguros donde los bebés puedan ser lactados, favorece el desarrollo integran de las niñas y los niños; la leche materna permite fortalecer su sistema inmunológico y los protege de enfermedades”.

Por su parte, la legisladora Brissa Arroyo se congratuló por la apertura del lactario ubicado en su cubículo legislativo, el que cedió porque “ningún ser humano debe ser alimentado en el baño, hay que dignificar la lactancia materna, es imperativo lo ejerzamos desde las instituciones como una política pública por los beneficios que conlleva a las generaciones venideras”.

También ante Edelmira Mendoza, representante del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, explicó que se deben garantizar espacios seguros para que las madres puedan lactar de manera segura, sin tener que ausentarse de sus actividades laborales, pero también para las madres que transitan por el centro de la capital michoacana.

Finalmente, agradeció la sensibilidad y el apoyo de sus compañeros legisladores, en especial a la JUCOPO y al Secretario de Finanzas, por impulsar y hacer equipo para concretar su propuesta legislativa.

Con el objetivo de blindar el patrimonio de las familias michoacanas y poner fin a la impunidad en la apropiación ilegal de inmuebles, el diputado local David Martínez Gowman presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal estatal en materia de despojo agravado.

La propuesta busca actualizar los artículos 226 y 227, además de adicionar el 227 bis, para endurecer las sanciones y proteger específicamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Con esta acción, se propone elevar el castigo actual (de 1 a 5 años) a un rango de 3 a 10 años de prisión para quien cometa el delito de despojo. Además, se establecen agravantes severas cuando las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad, integrantes de comunidades indígenas o adultos mayores que vivan solos.

Esta iniciativa tipifica y sanciona la participación dolosa o negligente de funcionarios notariales que faciliten estos actos ilícitos mediante la falsificación o validación indebida de documentos. En casos de despojo reiterado o perpetrado por grupos organizados, las penas podrían alcanzar hasta los 20 años de cárcel.

«No podemos permitir que el esfuerzo de toda una vida de los michoacanos se pierda por lagunas legales o actos de corrupción. Esta reforma es un paso firme hacia la seguridad jurídica y la justicia social», afirmó el legislador Martínez Gowman.

El legislador subrayó que el despojo no solo afecta la economía de las familias, sino que vulnera la paz social. Con esta reforma, se pretende que el sistema de justicia cuente con herramientas reales para castigar a los responsables y, sobre todo, para disuadir la comisión de este delito que ha crecido en diversas regiones del estado.

El Congreso del Estado abrió la convocatoria para que las personas con discapacidad en la entidad, participen en el Primer Parlamento con Perspectiva con Discapacidad que se llevará a cabo el 20 de marzo de presente año, en el recinto legislativo.

La diputada Nalleli Julieta Pedraza Huerta junto a representantes del colectivo Nada sobre Nosotros sin Nosotros, hicieron extensiva la invitación a los ciudadanos michoacanos con alguna discapacidad permanente, que cuenten con la credencial nacional que le acredita la misma, para que participen en Parlamento que tiene como objetivo crear un espacio de expresión y participación ciudadana para que éstos presenten propuestas legislativas, a fin de cumplir el mandato constitucional de no discriminación.

Salvador Díaz, persona con baja visión con tendencia a la ceguera explicó que el Parlamento tiene como objetivo conformar un diálogo directo entre las personas que tienen alguna discapacidad, con distintas organizaciones y el Poder Legislativo, a fin de que se escuchen las voces de quienes viven la experiencia cotidiana de una discapacidad, para orientar sobre reformas normativas y no se les pase por alto en las decisiones que los afectan.

Conforme a la convocatoria, en el parlamento podrán participar las y los ciudadanos mexicanos con residencia en Michoacán, que tengan alguna discapacidad permanente, y que presenten una propuesta de reforma o una iniciativa de nueva ley con los criterios estipulados en la misma convocatoria.

Las y los interesados deberán presentar sus propuestas de manera presencial o por correo electrónico, que deberá contener una exposición de motivos en la que explique la problemática actual, una fundamentación jurídica, una explicación de los artículos o leyes que se pretende modificar o crear y una explicación de cómo la propuesta impactará la problemática identificada.

Sobre las categorías en las que podrán participar se encuentran: accesibilidad y movilidad urbana (transporte público, infraestructura); inclusión laboral y emprendimiento (fomento al empleo en sector público y privado); educación inclusiva (acceso a materiales en formatos accesibles, capacitación docente e infraestructura adaptada), acceso a derechos y justicia (ejercicio pleno de los derechos, participación política y procesos judiciales); y, salud física, mental y acompañamiento (servicios de atención integral en salud y su acompañamiento).

Cabe resaltar que la convocatoria puede consultarse directamente en la página oficial de Congreso del Estado de Michoacán en el sitio https://congresomich.site/wp-content/uploads/2026/03/Convocatoria-Primer-Parlamento-con-perspectiva-de-discapacidad.pdf

El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, destacó que en los últimos años México ha vivido una transformación profunda en materia laboral, con reformas que han devuelto dignidad y derechos a millones de trabajadoras y trabajadores del país.

El legislador subrayó que uno de los cambios más relevantes ha sido el incremento histórico al salario mínimo, el cual durante décadas permaneció rezagado y perdió poder adquisitivo. “Hoy estamos viendo un cambio de rumbo claro: el salario mínimo ha recuperado su valor y eso significa mejores condiciones de vida para millones de familias mexicanas”, afirmó.

Asimismo, recordó que con la eliminación del outsourcing abusivo se corrigió una práctica que durante años permitió la evasión de responsabilidades patronales y afectó los derechos laborales. “Con esta decisión se logró que millones de trabajadores accedieran a seguridad social, estabilidad laboral y prestaciones que antes les eran negadas”, señaló.

Gaona García también destacó la aprobación de la llamada Ley Silla, una reforma que reconoce condiciones laborales más dignas para quienes laboran principalmente en el sector comercio y servicios.

El diputado resaltó además la importancia de la reforma que establece la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, al considerar que se trata de un paso importante para mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal de las y los trabajadores mexicanos. “México avanza hacia estándares laborales más justos y humanos, poniendo al centro el bienestar de la clase trabajadora”, puntualizó.

Finalmente, Baltazar Gaona afirmó que estas reformas reflejan el espíritu de la Cuarta Transformación, que ha colocado nuevamente a las y los trabajadores en el centro del desarrollo nacional.

Con el fin de modernizar el quehacer legislativo, fortalecer la transparencia y garantizar un acceso ágil y eficiente a la información pública, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, a fin de crear una Coordinación de Gobierno Digital en el Poder Legislativo.

La legisladora recordó que en septiembre de 2021 fue aprobada la Ley de Gobierno Digital del Estado de Michoacán, cuyo propósito es establecer políticas de inclusión digital universal y garantizar que los poderes públicos y los gobiernos municipales acerquen sus servicios e información a la ciudadanía de manera ágil, eficiente, accesible y transparente mediante el uso de tecnologías.

No obstante, reconoció de manera autocrítica que, a varios años de la entrada en vigor de dicha norma, en el Congreso Local es poco lo que se ha avanzado en su implementación.

Además de que actualmente no se cuenta con un área específica encargada de dar cumplimiento integral a esta legislación ni con una reglamentación interna que articule los esfuerzos en materia digital.

Adriana Campos Huirache precisó que esta omisión no representa un reproche al personal que ha atendido las tareas relacionadas con redes sociales, sitios web y soporte tecnológico, sino que constituye un reconocimiento a la necesidad de fortalecer institucionalmente esta área mediante la creación de una Coordinación especializada, como ocurre en otros congresos estatales del país.

En la iniciativa propone que dicha Coordinación concentre las facultades relacionadas con el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicación, así como la puesta en marcha de las disposiciones relativas al Gobierno Digital; entre sus atribuciones se contemplan la administración de plataformas digitales, la actualización permanente de la información legislativa y la implementación de lineamientos de seguridad informática.

Asimismo, plantea que esta instancia administre los bienes tecnológicos del Congreso, realice respaldos periódicos de bases de datos, implemente sistemas que agilicen procesos administrativos y parlamentarios, y garantice que el sitio web oficial mantenga actualizados decretos, acuerdos y normativa vigente, permitiendo gradualmente la consulta digital de expedientes legislativos.

Finalmente, la coordinadora parlamentaria del PRI subrayó que instrumentar el Gobierno Digital permitirá ahorrar tiempo, reducir costos, fomentar la participación ciudadana y fortalecer la rendición de cuentas, consolidando una nueva relación entre representantes y ciudadanía acorde a los tiempos actuales marcados por el uso de internet y la inteligencia artificial, con el objetivo de hacer del Congreso una herramienta verdaderamente al alcance de todas y todos.

El Pleno de la 76 Legislatura aprobó la adición del Capítulo Décimo a la Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán, relativo a la Prevención y Atención a la Violencia Letal entre Personas Jóvenes con Vínculos de Confianza, con la finalidad de fomentar acciones de prevención, orientación y atención temprana dirigidas a reducir factores de riesgo de violencia grave entre personas jóvenes que mantengan vínculos afectivos, sociales, escolares o de convivencia cotidiana.

La Comisión de Jóvenes y Deportes sometió a consideración de las y los legisladores el Dictamen elaborado sobre la iniciativa presentada por el Diputado Hugo Ernesto Rangel Vargas, también denominada como “Ley Oliver”, que surge luego del asesinato del joven Oliver Valle Cuadra, que forma parte de los homicidios gestados “en contextos de amistad, noviazgo, convivencia o aparente cercanía, lo que los hace particularmente difíciles de prever”.

El Pleno del Congreso del Estado votó a favor de la adición del Capítulo Décimo, así como los artículos 41, 42, 43, 44, 45 y 46, para establecer que el Instituto de la Juventud Michoacana deberá fomentar programas de educación emocional y resolución pacífica de conflictos; identificación de factores de riesgo psicosocial en relaciones interpersonales; mecanismos de orientación y canalización institucional; y campañas de cultura del respeto, empatía y prevención de la violencia.

En el Artículo 43 se definió que dicho instituto elaborará, con el apoyo de personal con perfil jurídico, psicológico y de trabajo social, lineamientos de actuación administrativa para la detección, orientación y canalización de situaciones de riesgo psicosocial entre personas jóvenes.

Con la aprobación del Dictamen, quedó establecido que instituciones educativas y dependencias, fomentarán la designación, conforme a su normativa interna, de una persona responsable de enlace institucional para efectos de orientación y canalización, sin que ello implique la creación de nuevas unidades administrativas ni obligaciones presupuestales adicionales.

De igual forma, el Instituto de la Juventud Michoacana fomentará la integración y análisis de información estadística, general y pública, proveniente de fuentes oficiales, con fines de diagnóstico y diseño de políticas públicas preventivas dirigidas a las juventudes, sin concentrar datos personales ni información reservada.

A través del Cuarto Transitorio, las y los legisladores michoacanos establecieron un plazo de 30 días hábiles para que el Ejecutivo del Estado establezca el “Día Estatal por la Prevención de la Violencia entre Jóvenes”, contemplado en el Artículo 46, donde se establece que éste se conmemorará anualmente, a través de actividades de concientización y memoria.

En respuesta a la reciente oleada de violencia que afectó a familias michoacanas durante los disturbios del pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, los diputados locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz y Alfredo Anaya Orozco, presentaron una iniciativa para reformar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado, con el objetivo de que este recurso pueda destinarse a la reparación de daños materiales sufridos por personas inocentes en contextos de violencia masiva.

Durante su exposición ante el Pleno, la diputada Sandra Arreola Ruiz enfatizó la urgencia de atender a las víctimas indirectas de estos actos delictivos. «Hay momentos en la vida pública en los que las cifras se quedan cortas para explicar lo que verdaderamente duele. Detrás de cada vehículo calcinado hay una madre que ya no tiene cómo llevar a sus hijos a la escuela, un trabajador que perdió su herramienta de trabajo o una familia que ve fracturada su estabilidad económica por hechos que nunca provocó», expresó.

La legisladora recordó que, tras los bloqueos y quema de vehículos en la región de Tapalpa, las autoridades de Michoacán han recibido al menos 31 querellas por robo o daño de vehículos vinculados a estos disturbios. «No es una cifra, son 31 historias de patrimonio perdido», subrayó.

Por su parte, el diputado Alfredo Anaya Orozco señaló que, si bien el marco jurídico actual contempla la reparación para víctimas directas de delitos, existe un vacío legal cuando se trata de daños materiales derivados de contextos de violencia masiva, donde no siempre hay una responsabilidad individual. «La violencia arrasa y el pueblo se queda solo frente a la deuda y la pérdida. El Estado tiene la obligación de voltear la mirada hacia los verdaderos afectados y garantizarles una reparación del daño», afirmó.

La iniciativa propone ampliar expresamente el objeto del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado para que destine recursos a la reparación o reposición de bienes dañados en contextos de vandalismo o violencia masiva; atender de manera inmediata a personas cuyos bienes (vehículos, viviendas o establecimientos comerciales) hayan sido dañados por hechos de esta naturaleza, sin que esto implique la creación de un gasto público nuevo, sino la optimización de un recurso ya existente, así como garantizar que las víctimas indirectas no queden desamparadas, otorgando apoyos económicos para la reparación de su patrimonio.

Los diputados ecologistas hicieron un llamado a sus compañeros legisladores para respaldar esta reforma, subrayando que «la paz no solo se construye con operativos de seguridad, sino también reparando, acompañando y respondiendo cuando la gente más lo necesita».

La iniciativa turnada a comisiones busca ser un parteaguas en la protección del patrimonio de las y los michoacanos que, sin tener responsabilidad alguna, resultan afectados por la violencia en el estado.