Legislativo

El Pleno de la 76 Legislatura, respaldó la propuesta de la diputada Belinda Iturbide Díaz, para exhortar al Congreso de la Unión, en particular a la Cámara de Diputados, para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen los recursos suficientes para completar los apoyos aún pendientes de los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

Durante la sesión ordinaria de este día, la diputada Belinda Iturbide expuso ante sus homólogos que el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de corregir este pendiente, “cerrar un ciclo con altura y con humanidad. Reactivar el fideicomiso, asignar los recursos necesarios, transparentar los padrones y garantizar la entrega de los apoyos son pasos concretos que no admiten más demora”, señaló.

La legisladora recordó que entre 1942 y 1964, miles de hombres mexicanos cruzaron la frontera norte en busca de trabajo, firmaron contratos legales, trabajaron en campos agrícolas y ferrocarriles estadounidenses, “a los trabajadores braceros les fue retenido un porcentaje de su salario, supuestamente para ser devuelto como fondo de ahorro una vez regresaran a México, devolución que nunca llegó a la mayoría, a pesar de que existen documentos oficiales que acreditan esa retención”, informó.

Precisó que en 2005, el Gobierno de México reconoció parcialmente, esta deuda, y se creó el Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, “mismo que no sustituía el fondo de ahorro no devuelto, pero sí ofrecer un apoyo económico único como forma de reparación social, por un monto de 38 mil pesos por beneficiario”, señaló la parlamentaria.

De igual forma, precisó que de los más de 200 mil solicitantes registrados durante las primeras etapas del programa, solo una fracción logró recibir el apoyo, ya que otros fueron descartados por cuestiones técnicas, aunado a ello, se suma la desaparición del padrón elaborado por la Secretaría de Gobernación en 2003, la falta de continuidad administrativa y la ausencia de una política sostenida de atención y seguimiento.

Finalmente, Belinda Iturbide hizo un llamado a no hacer silencio institucional, y respaldar a los ex braceros que aún viven y tienen más de 80 años, “muchos enfrentan condiciones precarias, enfermedades crónicas, abandono o exclusión. Vieron a sus compañeros morir sin recibir nada. Y ahora miran cómo el país les da la espalda otra vez”, concluyó.

Ante el preocupante incremento de fraudes financieros que afectan a miles de familias en México y, en particular, en Michoacán, se hace urgente fortalecer el marco legal para proteger el patrimonio de la ciudadanía, afirmó el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alfredo Anaya Orozco.

Explicó que las prácticas fraudulentas, como el trading financiero no regulado, esquemas Ponzi y ofertas engañosas en criptomonedas, se disfrazan de actividades legales, lo que dificulta su persecución bajo figuras tradicionales de fraude.

“Es innegable la creciente presencia de este tipo de delitos que nos recuerdan la urgencia de recuperar la confianza ciudadana y por eso de propone la actualización del marco normativo, que no solo permitirá una persecución eficaz de estos delitos, sino que enviará un mensaje claro: en Michoacán, no habrá impunidad para quienes lucran con la esperanza y el esfuerzo de las familias”, dijo.

Y es que, según el Instituto Belisario Domínguez, en México se registran 15 mil fraudes diarios, incluyendo esquemas piramidales y estafas de inversión. El 45% de las empresas mexicanas reportaron intentos de fraude en 2024 (KPMG), destacándose conflictos de interés y robo de identidad y en 2024 se documentaron 113 mil 824 casos de fraude, muchos vinculados a esquemas como TruCapitals, Inverforx, FX Winin o las dos Cajas populares que defraudaron en la Ciénega de Chapala, la de San Nicolás de Bari y la Marcos Castellanos.

“Proteger el patrimonio de las michoacanas y michoacanos es un deber ético y legal. Hoy, más que nunca, necesitamos leyes a la altura de los desafíos que enfrentamos», Alfredo Anaya Orozco.

El diputado señaló que México ocupa el lugar 15 a nivel mundial en fraudes con criptomonedas, de acuerdo con el FBI, por lo que resulta necesario modificar el Artículo 218 del Código Penal de Michoacán para tipificar como delito específico el fraude financiero, con sanciones proporcionales al daño causado.

Desde las aulas, en las escuelas, los michoacanos deben conocer de los mecanismos básicos de Protección Civil, por lo que será tarea de los docentes y administrativos en cada institución educativa, pública y privada, someterse a las capacitaciones respectivas, indicó la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado.

Para ello, la legisladora integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona la fracción XIV al artículo 27 de la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la cual se busca dotar de mayores atribuciones al Consejo Estatal de Protección Civil.

Esto, para “promover, en coordinación con las autoridades educativas, que los docentes de educación básica del Sistema Educativo Estatal reciban, por lo menos, una vez al año, capacitación en materia de protección civil”.

“Un sistema de protección civil moderno se caracteriza por ser ágil, eficiente y estar basado en una gestión integral de riesgos. Esto implica contar con protocolos de actuación antes, durante y después de una emergencia, así como una coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno y sectores involucrados. Bajo este orden de ideas, fomentar la capacitación en materia de protección civil a la población tiene efectos desde la educación básica donde los docentes están día a día en la convivencia de los alumnos de los diversos niveles educativos”, expresó la diputada.

Espinoza Mercado consideró que es en los planteles educativos donde persiste la necesidad de incorporar las capacitaciones en materia de protección civil a fin de conocer todas las señales y avisos, colores, formas y símbolos, de conformidad con lo estipulado por la NOM- 003-SEGOB-2011.

Tomando en consideración los fenómenos naturales registrados en Michoacán y en el país, como sismos, huracanes y otros, la diputada resaltó la necesidad de la reforma presentada, que se suma a otros esquemas de prevención, y que, juntos, permitirán contar con una sociedad más capacitada, que les permita salvaguardar su integridad en caso de siniestros.

•⁠ ⁠Presenta

Regular el ruido excesivo que emiten los vehículos automotores para contribuir a combatir la contaminación sonora, fue la iniciativa presentada por el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

Durante la sesión ordinaria de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, expuso que, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación acústica es la segunda causa de enfermedades por motivos medioambientales, después de la contaminación atmosférica, de ahí la importancia de tomar acciones para evitar consecuencias graves para la salud física y mental de la ciudadanía.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), indicó que la propuesta está encaminada a regular el ruido que emiten los automotores, a consecuencia de la modificación de su sistema de escape, o bien por modificar el claxon, o por el uso de aditamentos reproductores de música y sonidos por arriba de lo permitido según las normas oficiales.

Dijo que se busca que las autoridades estatales y municipales tengan y cumplan con la obligación de hacer valer la normatividad respecto a la contaminación sonora, así como el cumplimiento de los instrumentos internacionales en la materia.

La iniciativa propone reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán, para regular la emisión de ruidos excesivos en vehículos automotores.

En ese sentido, reiteró su compromiso para, desde el legislativo, seguir impulsando y proponiendo acciones encaminadas a la protección y cuidado del medio ambiente, siempre con pleno acceso y respeto a los derechos de la ciudadanía.

Las y los diputados de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado resaltaron la importancia de la distribución gratuita de pulseras reactivas “centinela”, la implementación de una estrategia preventiva, la promoción de espacios seguros y la creación de campañas de sensibilización, con la finalidad de proteger la integridad de quienes asisten a bares y clubes nocturnos en el estado.

Con 25 votos a favor, el Pleno del Poder Legislativo votó a favor del exhorto presentado por los diputados Sandra María Arreola Ruiz y Juan Antonio Magaña de la Mora, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente un programa piloto de prevención contra la sumisión química, que contemple la distribución gratuita de pulseras reactivas tipo “Centinela” a bares y clubes nocturnos del estado.

Para ello, deberá asignar a cada establecimiento una cantidad equivalente al 15% de su aforo máximo permitido, conforme a la licencia municipal correspondiente, para su entrega gratuita durante los días jueves, viernes, sábado y fechas de alta afluencia.

De igual forma, a los ayuntamientos de los 112 municipios y el Concejo Mayor de Cherán, para que, a través de sus áreas correspondientes faciliten la implementación del programa piloto en sus demarcaciones, promuevan la participación de establecimientos de entretenimiento nocturno, verifiquen el cumplimiento del porcentaje de distribución de pulseras conforme al aforo autorizado y se sumen a la estrategia preventiva mediante la firma de convenios de colaboración y la difusión local de la campaña.

Con el acuerdo aprobado, se exhorta a la Secretaría de Turismo del Estado para que, en coordinación con la Secretaría de Salud y los ayuntamientos, otorgue un distintivo denominado “Sello Centinela” a aquellos bares y clubes nocturnos que acrediten la participación activa en el programa piloto y el cumplimiento de los requisitos establecidos, bajo la etiqueta de “Lugar Seguro”.

Finalmente, los legisladores exhortan a las universidades públicas y privadas con presencia en el estado, para que, en ejercicio de su compromiso social, participen en la estrategia preventiva mediante la organización de conferencias informativas, talleres y campañas de sensibilización sobre la sumisión química, dirigidas a sus comunidades estudiantiles y a la ciudadanía en general.

Cabe destacar que la pulsera Centinela es un dispositivo diseñado para detectar bebidas adulteradas y prevenir la sumisión química, que puede identificar hasta 22 tipos de drogas, incluyendo LSD, GHB y éxtasis. Al usar la pulsera, se toma una gota de la bebida y se realizan pruebas en los sensores; si se detecta la presencia de drogas, el panel cambia de color, indicando que la bebida ha sido alterada.

El Colegio de Notarios de Michoacán A.C., será el recipiendario de la Condecoración “Melchor Ocampo”, 2025, así fue aprobado por el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, durante la Sesión Ordinaria celebrada este miércoles.

A propuesta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado y por unanimidad del Pleno, las y los legisladores locales aprobaron el acuerdo para la entrega de la Condecoración “Melchor Ocampo”, 2025.

Dicha Condecoración, será impuesta por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en Sesión Solemne, en el Recinto del Palacio del Poder Legislativo, el próximo martes 03 de junio del presente año.

La designación del recipiendario, se hizo luego de que emitió la convocatoria correspondiente y concluyeron los plazos establecidos en la misma, para la recepción de propuestas, posteriormente se analizaron las propuestas recibidas y fue la JUCOPO quien determinó que fuera el Colegio de Notarios de Michoacán A.C., quien reciba esta condecoración por haberse distinguido en prestar servicios eminentes a Michoacán y a México.

En muchos municipios de Michoacán “la falta de recursos y estructura limita la posibilidad de contar con herramientas de planeación que les permitan a los Ayuntamientos tomar mejores decisiones y ofrecer mejores servicios”, refirió la diputada Itzé Camacho al presentar una iniciativa de reforma que busca hacer más accesible la creación y funcionamiento de los Institutos Municipales de Planeación (IMPLAN).

La iniciativa plantea que los Ayuntamientos puedan decidir, de acuerdo con sus capacidades, si este instituto opera como un organismo descentralizado, como actualmente lo exige la ley, o como una oficina integrada al gobierno municipal.

“Cada ayuntamiento tiene su propia realidad y la ley debe reconocer eso, si queremos avanzar parejo en todo el estado”, señaló la legisladora desde la tribuna del Congreso del Estado de Michoacán.

Itzé Camacho explicó que la iniciativa nace desde su experiencia desde la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas y responde a la necesidad urgente de facilitar herramientas de planeación adecuadas para todos los municipios, sin importar las condiciones de cada uno de ellos.

“Planear el futuro de un municipio no es un lujo, es una necesidad. Cuando hay buena planeación, hay mejores decisiones, mejores obras y mejores servicios”, afirmó.

La diputada morenista aclaró que no se propone eliminar la obligación de contar con un Instituto de Planeación, sino permitir su adecuación a la realidad de cada municipio, lo que permitirá una implementación viable sin comprometer el presupuesto ni la operación municipal.

“Lo que buscamos es simple, pero importante: que todos los municipios de Michoacán puedan crecer con orden, con rumbo y tomando las decisiones que le convengan a sus comunidades”, finalizó.

A fin de garantizar el respeto a los derechos humanos y erradicar la violencia, los y las integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura, tipificaron el acoso, el hostigamiento sexual, así como la violencia institucional, como conductas generadoras de responsabilidad administrativa contra funcionarios públicos que las cometan.

La Comisión de Justica, fue la encargada de dictaminar la propuesta presentada por la diputada Giulianna Bugarini, por la cual se reformó el primer párrafo del artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán.

En este sentido, en sesión ordinaria las y los legisladores aprobaron establecer que un servidor público en el desempeño de su cargo, comete abuso cuando por actos u omisiones, incurra a e efectuar, tolerar o propiciar, por sí mismo o a través de otra persona, conductas de acoso sexual, hostigamiento sexual o cualquier otra forma de violencia que atente contra la dignidad, derechos e integridad de las personas, incluyendo las previstas en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado.

Asimismo, generará responsabilidad administrativa cuando utilice su posición para menoscabar los derechos humanos o generar un ambiente hostil que vulnere el respeto, la igualdad y el desarrollo de las personas afectadas.

Finalmente, el Pleno de la 76 Legislatura coincidieron que al dejar claros los mecanismos para sancionar estas conductas, abonará a erradicar la violencia y desigualdad, dando a las víctimas protección correspondientes para que no enfrentan obstáculos para denunciar esas conductas indebidas, por el miedo a represalias y carencia de protocolos que las protejan.

El vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán, presentó una iniciativa de reforma para asegurar que todos los elementos policiales de Michoacán cuenten con seguros de vida dignos, homologados y obligatorios, sin importar la corporación a la que pertenezcan.

Acompañado por el ciudadano Rubén Bucio Márquez, impulsor de esta propuesta, Barragán señaló que “en Michoacán ser policía es un acto de valentía, pero también de abandono institucional”.

“No podemos hablar en serio de seguridad si seguimos dejando en la indefensión a quienes forman la primera línea de respuesta: nuestras y nuestros policías”, expresó.

El legislador refirió que, según la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (INEGI, 2017), Michoacán ocupó el primer lugar nacional en policías víctimas de delitos o conductas antisociales (40.9%), y el tercer lugar en número de policías asesinados en cumplimiento del deber.

Actualmente, explicó, “solo los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública cuentan con un seguro de vida claro y regulado, mientras que las policías municipales y otras corporaciones como la Fiscalía General del Estado, dependen del criterio y capacidad económica de cada ayuntamiento, “lo que ha generado una profunda desigualdad entre quienes desempeñan la misma labor”.

Dichos seguros, explicó, “deberán beneficiar a los familiares directos de los elementos caídos, o al propio policía afectado, y podrán ampliarse conforme a las posibilidades presupuestales o mediante convenios con aseguradoras”.

“No podemos seguir exigiendo heroísmo a quienes ni siquiera les garantizamos protección básica. El valor de la vida de un policía no puede depender del municipio en el que trabaja”, sostuvo Barragán.

El diputado subrayó que esta reforma busca hacer justicia, dignificar la labor policial, fortalecer la moral institucional y reconstruir la confianza entre ciudadanía y cuerpos de seguridad.

“Como lo dijo el presidente López Obrador: la paz es fruto de la justicia. Y hoy, la justicia comienza por proteger a quienes arriesgan todo por nuestra seguridad. En Michoacán, quien protege, también merece ser protegido”, concluyó.