Legislativo

Las diputadas Ana Vanessa Caratachea Sánchez y Grecia Jennifer Aguilar Mercado dieron a conocer la integración del Jurado Calificador del Mérito Infantil 2025 y la Convocatoria para el Parlamento Infantil Incluyente 2025, en cuyas acciones se refleja el compromiso del Poder Legislativo con la niñez en la construcción de espacios que reconozcan, escuchen y valoren su voz

Vanessa Caratachea, presidenta de la Comisión de Protección a la Niñez y a la Adolescencia, dio a conocer que fueron 45 los expedientes recibidos en las seis categorías, por lo que se darán a la tarea de deliberar para determinar a quién se le otorgará el reconocimiento el próximo 28 de abril en el patio del Poder Legislativo, con el que se reconocerá el esfuerzo, talento, liderazgo y compromiso social de las niñas y los niños michoacanos.

Anunció que junto con su compañera diputada Jennifer Aguilar, así como con la magistrada sustituta del Supremo Tribunal de Justicia, Magdalena Monserrat Pérez Marín; el Director de La Salle; y el Presidente de la comisión de Derechos Humanos, Dr. Marco Tinoco Álvarez revisarán cada uno de los expedientes recibidos de los municipios de Pátzcuaro, Morelia, La Piedad, Zacapu, Zitácuaro y Ciudad Hidalgo.

Respecto a la Convocatoria al Parlamento Infantil Incluyente, la legisladora explicó que éste se llevará a cabo el próximo 30 de abril, organizado por las comisiones de Educación, así como por la de Protección a la Niñez y la Adolescencia, en donde podrán participar 20 niñas y 20 niños michoacanos de entre 9 y 12 años de edad.

Los interesados en participar deberán presentar en forma impresa o digital, un manuscrito en puño y letra, en dos o tres cuartillas, que contenga su propuesta legislativa, posicionamiento o bien, una carta sobre temas como Derechos Humanos y Cultura de la Paz, Educación, Salud, Recreación, Deporte, Familia, inclusión e Igualdad, Medio Ambiente y Uso de las Tecnologías y Redes Sociales, teniendo como límite el día 21 de abril.

La diputada Grecia Jennifer Aguilar reconoció el compromiso que se tiene con la niñez, y destacó la responsabilidad que tienen para elegir a cada uno de los 40 niños que integrarán en Parlamento, con los mejores proyectos; instó a las diferentes autoridades, así como a los medios de comunicación para difundir la convocatoria, “para que esas voces de nuestros niños se escuchen, para que nos platiquen sus inquietudes y qué es lo que quieren cambiar en nuestro estado.

La diputada local Emma Rivera Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, presentó una iniciativa con alto sentido de justicia social para garantizar los derechos lingüísticos de la comunidad sorda en Michoacán.

Desde tribuna, la legisladora subrayó que su propuesta busca visibilizar y reconocer en la Constitución local a la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como un derecho fundamental para más de 36 mil personas sordas en el estado, conforme a datos documentados por el legislador Víctor Zurita.

“Proponemos un derecho lingüístico que implica mucho más: el derecho a la comunicación, al acceso a la información, a la enseñanza, a la inclusión y a la justicia”, afirmó.

Emma Rivera explicó que la LSM es una lengua con estructura propia, visual y manual, que permite a la comunidad sorda expresar ideas, emociones y conceptos, tal como cualquier lengua hablada. Recordó que desde 2005 la LSM es reconocida oficialmente en México, y que cada 10 de junio se celebra su día nacional.

La diputada destacó que su iniciativa no surge de improvisaciones, sino de la convicción de que es momento de dar un paso firme hacia la inclusión plena de todas las personas. “La diversidad no es obstáculo, es una riqueza. Pero una sociedad verdaderamente solidaria e incluyente sigue siendo un ideal que debemos alcanzar con leyes, con voluntad y con empatía”, sostuvo.

Emma Rivera concluyó su participación convocando al Congreso del Estado y a la sociedad a acompañar esta iniciativa que abre la puerta a un entorno más justo y accesible para todas y todos.

“Es tiempo de visibilizar a quienes históricamente han sido ignorados. Es tiempo de las mujeres, de los pueblos, de las personas con discapacidad. Es tiempo de todas las formas de lo diverso”.

Las y los legisladores de la Septuagésima Sexta Legislatura reconocieron la labor del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, STASPLE, por su entrega y asignación del espacio físico para la conformación de la Ludoteca; y definieron que ésta se llamará “Ludoteca María Rosaura Zapata Cano” en honor a la educadora mexicana quien promocionó la educación preescolar, donde destinó más de 50 años de su vida.

A propuesta de la Diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado, se votó a favor del exhorto mediante el cual se invita a que todas y todos los diputados, el personal administrativo, de confianza, de base y sindicalizados, durante el mes de abril del presente año, a hacer donaciones e especie a fin de mejorar la ludoteca.

Donaciones consistentes en la entrega directa en las instalaciones de la ludoteca en sus horarios de atención, todo lo referente a equipo y material didáctico, juguetes lúdicos, libros y audiolibros, mobiliario y equipo, enseres de limpieza y sanitización, colchonetas, cobijas y demás elementos que contribuyan a mejorar la estancia de la ludoteca y el servicio que se brinda.

De igual forma, las y los legisladores reconocieron la labor del STASPLE en favor de las niñas y niños, hijos de los trabajadores de este Congreso por el esfuerzo y entrega, al brindarles un espacio seguro y de recreación, en la prestación del servicio de la ludoteca.

De esta manera, el Pleno del Poder Legislativo reconoció al Sindicato de Trabajadores del Congreso del Estado, en su Comité Ejecutivo representado por: el Secretario General, Rogelio Andrade Vargas; la Secretaria de Trabajo y Conflicto, Edelmira Mendoza Moreno; el Secretario de Organización, Estadística y Propaganda, Raymundo Romero Monroy; el Secretario de Finanzas Héctor Alcántara Martínez; la Secretaria de Actas y Acuerdos, Ivonne Ruiz Chapina.

También por la Secretaria de Previsión Social, Seguridad e Higiene la Lic. Adriana Chávez Serna; la Secretaria de Escalafón y Capacitación, Vanessa de Jesús Guzmán Gutiérrez; al Secretario de Pensiones y Jubilaciones, Crédito y Vivienda, el Martín Jorge Munguía Vieyra; al Secretario de Acción Social, Fomento Cultural y Deportivo, Jaime Huante Silva, así como a las diversas comisiones que lo integran.

Con sus votos a favor, la Septuagésima Sexta Legislatura, acordó develar la placa el día 30 de abril del presente año, con el nombre de: “Ludoteca María Rosaura Zapata Cano” al espacio en el cual, se encuentra actualmente ubicada, en el interior de las instalaciones del edificio “General Lázaro Cárdenas del Río”, con domicilio en las calles de Morelos Norte No 82, esquina con Aquiles Serdán.

Cabe destacar que María Rosaura zapata fue la pionera en el país, de los primeros jardines de niñas y niños, a los cuales antes no se tenía ningún tipo de acceso o derecho. El Senado de la República le reconoció su gran entrega y valía a su profesión, con la Medalla Belisario Domínguez en el año de 1954; quien por su inteligencia, capacidad y profesionalismo, llegó a ocupar el cargo de Inspectora General de los Jardines de Niñas y Niños, de la Secretaría de Educación Pública.

A propuesta de la diputada Belinda Iturbide Díaz, el Congreso del Estado hizo un llamado a la unidad nacional de todos los sectores políticos, económicos y sociales derivados de la coyuntura global y fortalecer la economía mexicana ante posibles ajustes en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En Sesión ordinaria, el Pleno de la 76 Legislatura manifestó su compromiso con la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal, refrendando la importancia de continuar con políticas que estimulen la inversión, el empleo y el bienestar social.

Con este llamado, las y los legisladores dijeron enviar un mensaje de certeza y confianza a la ciudadanía, inversionistas y actores económicos, “destacando que las bases financieras de nuestro estado y nuestro país están firmemente asentadas para garantizar el crecimiento y desarrollo en los próximos años”, establece el acuerdo.

Al hacer uso de la máxima tribuna del Estado, la diputada Belinda Iturbide, destacó que la reciente imposición de aranceles por parte de EE.UU. y la respuesta de la presidenta de la República reflejan la importancia de la balanza de pagos y la destacada disciplina macroeconómica del país.

Subrayó la importancia de este llamado, ya que, la aplicación de aranceles puede generar un impacto negativo en la cuenta corriente al reducir las exportaciones netas de México, “por eso la presidenta de México, demuestra su enorme capacidad de gobierno y acelera el programa de respuesta que busca mitigar estos efectos mediante medidas de estímulo económico”, dijo.

Finalmente, el acuerdo señala que en Michoacán, gracias a una administración responsable y comprometida, se han logrado avances significativos en materia de disciplina financiera, digitalización gubernamental y aumento en la recaudación de ingresos propios, sentando las bases para un estado con finanzas sanas y sostenibles.

El diputado local Baltazar Gaona García, presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), informó que siete municipios del estado no presentaron en tiempo y forma su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024, por lo que serán sujetos a las sanciones que marca la legislación vigente.

El legislador puntualizó que la fecha límite para la entrega de estos informes fue el pasado 31 de marzo, y subrayó que la Comisión que encabeza no permitirá que se reciba documentación fuera de los plazos establecidos, a menos que se justifique de forma legal y transparente.

Gaona García enfatizó que la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos no deben tomarse a la ligera, y que las autoridades municipales tienen la obligación legal y moral de cumplir con sus responsabilidades administrativas en tiempo y forma.

“Desde la Comisión Inspectora seremos firmes: no se aceptarán cuentas públicas entregadas fuera del plazo legal si no se han solventado antes las sanciones administrativas correspondientes impuestas por la Auditoría Superior de Michoacán”, sostuvo el diputado por el Partido del Trabajo.

Asimismo, el legislador advirtió que los municipios faltantes pueden entregar su Cuenta Pública ante el congreso, pero tendrán que mostrar el pago correspondiente de las sanciones ante la Auditoría Superior de Michoacán

El diputado señaló que la ASM ya tiene conocimiento de los municipios omisos, y que en los próximos días se dará seguimiento puntual a cada caso, a fin de que se apliquen las sanciones previstas en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán.

Baltazar Gaona reiteró que la Comisión Inspectora será congruente con los principios que la rigen y que se mantendrá firme en su compromiso con la legalidad, la transparencia y el combate a la opacidad en el uso de los recursos públicos.

“Los tiempos de la impunidad y el desorden administrativo deben quedar atrás. Hoy, más que nunca, el pueblo exige cuentas claras y gobiernos responsables. Desde el Congreso de Michoacán seguiremos vigilando que así sea”, concluyó.

Con la finalidad de salvaguardar la identidad cultural y el patrimonio lingüístico de Michoacán, la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos, integrada por los diputados Eréndira Isauro y Conrado Paz, se reunió con representantes de las comunidades, así como de diversas instituciones académicas y gubernamentales para analizar el proyecto de iniciativa de Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Michoacán.

Lo anterior, ante la creciente preocupación entre las comunidades indígenas por la desaparición de las lenguas originarias y la pérdida de hablantes que durante los últimos años viene padeciendo Michoacán, olvidando así el sentido de identidad, diversidad y cohesión social de los pueblos originarios.

Al respecto, la presidenta de la Comisión, la diputada Eréndira Isauro Hernández, reconoció la importancia de celebrar estas reuniones para conocer e integrar todas las visiones a esta propuesta de ley, pues recordó que para realizar modificaciones a la legislación en materia de derechos indígenas y afromexicanos, es necesario consultar a las comunidades y respetar las determinaciones que tengan sus habitantes.

«Como representantes populares de los pueblos originarios de Michoacán, tenemos el compromiso de consultar a nuestras comunidades sobre cualquier modificación que se haga a la legislación local, a fin de que todo el conocimiento y la cosmovisión de nuestros pueblos sea plasmada en estas leyes y refleje el sentir y las necesidades reales de la población», afirmó Isauro Hernández.

En este tenor, también el diputado del Distrito 14 de Uruapan Conrado Paz Torres, destacó el importante número de comunidades indígenas que integran la entidad, por lo que refrendó su compromiso de proteger los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y reivindicar la deuda histórica y social que mantienen los gobiernos con las comunidades indígenas.

«Si queremos que este trabajo comunitario y legislativo llegue a buen fin, necesitamos sí o sí consultar a nuestros pueblos, escuchar lo que piensan y viven porque son realidades muy distintas a las que podemos plasmar aquí desde el Legislativo. Nosotros como comisión y como representantes de estas comunidades, queremos consolidar políticas públicas de recuperación y desarrollo de las lenguas de los pueblos originarios», afirmó Conrado Paz.

Durante la reunión celebrada con representantes y autoridades de los pueblos purépecha, náhua, mazahua, otomí y pirinda de la entidad, así como del Instituto de Lenguas Originarias del Estado y otras instituciones educativas, los diputados analizaron la propuesta y realizaron modificaciones oportunas a fin de que el proyecto cuente con los lineamientos necesarios y no violente derecho alguno de los pueblos indígenas o precepto constitucional.

En conclusión, Eréndira Isauro y Conrado Paz, reafirmaron su compromiso de legislar y contribuir a la preservación de la identidad cultural de los pueblos originarios, manteniendo viva la riqueza y la diversidad cultural de nuestra sociedad.

La Septuagésima Sexta Legislatura busca garantizar el derecho a estudiar de manera gratuita de las y los adolescentes bajo el resguardo del Sistema para el Desarrollo de la Familia (DIF) en edad de estudiar el nivel de bachillerato y licenciatura, para que lo pueda realizar en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Lo anterior, luego que el Pleno del Poder Legislativo aprobó exhortar a la Rectora de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realice un convenio con el Sistema para el Desarrollo de la Familia (DIF), para que las y los adolescentes que tengan edad de estudiar el nivel de bachillerato y licenciatura puedan acceder a estudiar en la máxima Casa de Estudios del Estado de forma gratuita.

La diputada Giulianna Bugarini, proponente del exhorto, al hacer uso de la voz, informó con datos del DIF estatal que hasta abril del 2024, había aproximadamente 400 niñas, niños y adolescentes se encuentran bajo el resguardo en dicho sistema.

Precisó que la educación de las niñas y niños se garantiza constitucionalmente, “sin embargo, las y los adolescentes que se encuentran en edad de estudiar los niveles medio superior y superior no se les garantizar el acceso a la educación, quedando al desamparo y sin que el Estado cumpla con el garantizar dicho derecho”, dijo.

Finalmente, la legisladora recordó que la Universidad Michoacana, nace con un espíritu humanista de brindar estudio a todo aquel que lo desea, así fue como Hidalgo como padre de la patria y padre de la Universidad Michoacana dio la libertad, la igualdad en las ideas y la acción establecida en el respeto a la dignidad de las personas y en la identidad nacional, a partir del movimiento independentista, entendido como valor, principio y norma para refundar a la sociedad en una Nación, basada en las leyes.

Con el objetivo de fortalecer la protección a la familia y a quienes han dedicado su vida a las labores del hogar y el cuidado de los hijos, el diputado de Morena, Juan Pablo Celis, presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado de Michoacán para reconocer el derecho a una compensación económica en los casos de disolución del vínculo familiar por causa de defunción, al igual que ya se contempla para divorcio o separación legal.

“La familia es el elemento fundamental de la sociedad, y su protección debe ser integral. Es tiempo de reconocer y compensar, también en la sucesión, el trabajo doméstico y de cuidado que ha sido históricamente invisibilizado”, expresó el legislador.

Actualmente, la ley michoacana no contempla la compensación económica en favor del cónyuge o concubina supérstite que se haya dedicado preponderantemente al cuidado del hogar o de los hijos si la relación concluye por fallecimiento. Esta omisión legal deja en desventaja económica a quienes, generalmente mujeres, sacrificaron su desarrollo profesional y patrimonial por el bienestar de la familia.

La iniciativa busca establecer un trato justo y equitativo en el reparto de la herencia familiar, proponiendo que el cónyuge o concubina supérstite pueda recibir hasta el 50% del patrimonio familiar cuando haya una evidente desigualdad económica derivada del rol asumido en la dinámica doméstica y de cuidado, sin haber recibido retribución por ello.

Esta propuesta parte de los principios de igualdad sustantiva y no discriminación, y responde a criterios de justicia distributiva ya reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido que la compensación económica puede y debe aplicarse incluso cuando el matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges.

“No es justo que las mujeres que entregaron su vida al hogar queden desprotegidas cuando fallece su pareja. Con esta reforma buscamos cerrar esa brecha de desigualdad histórica y reivindicar el valor de ese trabajo que también construyó el patrimonio familiar”, señaló Celis Silva.

Esta iniciativa reconoce todas las formas de familia y aboga por una legislación con perspectiva de género que garantice el acceso a la justicia en condiciones de equidad. El trabajo del hogar y de cuidado no puede seguir siendo invisible en los procesos sucesorios ni mucho menos ignorado por la ley.

Con esta reforma, Michoacán se colocaría a la vanguardia en la protección integral de las personas que han sostenido a sus familias con trabajo no remunerado, históricamente invisibilizado pero vital para la sociedad.

Para garantizar que los fondos estatales y federales se distribuyan de manera justa y legal a los municipios, la diputada Xóchitl Ruiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma con el objetivo de erradicar prácticas corruptas en la distribución de recursos públicos.

Ante la problemática que afecta directamente la gestión de los recursos públicos en Michoacán, la diputada local propone la adición al catálogo de faltas administrativas no graves y al artículo 254 del Código Penal, para combatir la corrupción y establecer sanciones.

Las sanciones propuestas por la diputada Xóchitl Ruiz incluyen prisión, multas, destitución e inhabilitación y también con esta reforma se busca proteger la autonomía municipal y promover la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Hizo mención que se busca evitar que servidores públicos condicionen la entrega de recursos a municipios a cambio de compromisos político-electorales o convenios no establecidos en la ley. Actualmente, se han identificado casos en los que se exige la suscripción de convenios, y acuerdos como condición para la entrega de recursos, lo cual contraviene las leyes, reglamentos y reglas de operación aplicables.

La diputada Xóchitl Ruiz González propone adicionar el catálogo de faltas administrativas no graves para sancionar a servidores públicos que impongan condiciones ilícitas. Además, se propone tipificar el delito de condicionamiento ilícito de recursos públicos, con sanciones que incluyen prisión de tres a nueve años, multas de 700 a 1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), destitución del cargo e inhabilitación para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de cinco a quince años.

«Se busca lograr una gestión más transparente de los recursos públicos, asegurando que su entrega a los municipios se realice sin condiciones ilícitas. También busca desincentivar a los servidores públicos de incurrir en prácticas que impliquen el condicionamiento ilícito de recursos, especialmente en contextos político-electorales».

Con esta reforma al aprobarse, se apuesta al desarrollo más equitativo en el estado, beneficiando a las comunidades que dependen de estos fondos para infraestructura, educación y salud.

La diputada Xóchitl Ruiz González afirmó que la iniciativa es un paso importante para garantizar la transparencia y la equidad en la distribución de recursos públicos en Michoacán. «Es fundamental que los servidores públicos actúen con integridad y que los recursos públicos se destinen a su propósito original, sin condiciones que vulneren la autonomía de los municipios», señaló.