Legislativo

La diputada local de Morena, Giulianna Bugarini, destacó que “con una firme convicción por proteger los derechos de las personas en el entorno digital”, presentó hoy en la tribuna del Congreso del Estado una iniciativa para tipificar el ciberacoso como un delito autónomo en el Código Penal de Michoacán.

Esta propuesta, dijo, “nace de la urgente necesidad de enfrentar una violencia que trasciende lo virtual, busca dar protección real a las víctimas y garantizar su derecho a vivir con seguridad y libertad”.

“El ciberacoso está destruyendo vidas. Las víctimas no solo enfrentan ataques virtuales, sino que se ven obligadas a cambiar su estilo de vida, abandonar redes sociales, y en muchos casos, hasta dejar su hogar para escapar de la persecución. Esta violencia digital afecta su derecho más fundamental: el derecho a vivir en paz”, declaró Giulianna Bugarini.

La diputada enfatizó que, aunque en México ya existen avances legislativos en cuanto a los delitos digitales, el ciberacoso sigue siendo una problemática sin regulación suficiente.

Con esta iniciativa, la diputada propone que el ciberacoso sea tipificado como un delito autónomo, con sanciones claras y proporcionales a la gravedad de los actos.

“El miedo a ser atacado en redes sociales ha inhibido a muchos de expresar sus opiniones o compartir sus ideas. Esto no es solo una agresión hacia las víctimas, es un atentado directo contra nuestra libertad de expresión, un derecho fundamental que no podemos permitir que se siga violando”, subrayó Giulianna Bugarini.

La iniciativa también propone un esfuerzo coordinado entre el gobierno, la sociedad civil y las plataformas digitales, para crear un sistema de prevención y respuesta al ciberacoso más eficaz.

Además de la sanción a los agresores, la iniciativa plantea la creación de unidades especializadas en atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento integral a las víctimas, porque, como expresó la diputada, “ninguna persona debería sentirse sola o desprotegida ante esta violencia. Debemos garantizar que las víctimas tengan el apoyo necesario para recuperar su bienestar y su vida”.

Con esta propuesta, Giulianna Bugarini dijo reafirmar su compromiso con la protección de los derechos humanos y la construcción de un entorno digital seguro, donde cada ciudadano pueda expresarse con libertad, sin miedo a ser acosado o perseguido.

En Michoacán es urgente la regulación del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación, pues su uso indiscriminado se convierte en un obstáculo en lugar de un apoyo para el desarrollo académico de los estudiantes; es por ello que la diputada de extracción morenista, Belinda Iturbide Díaz propone reformar la Ley de Educación de Michoacán, así como protocolos para su uso adecuado, implementados por las escuelas.

Y es que “si bien la IA puede ser una herramienta poderosa para mejorar el aprendizaje”, explicó Belinda Iturbide, también puede limitar el pensamiento humano, por ello debe ser utilizada como complemento de estudio, y no como sustituto del esfuerzo intelectual del estudiante, ya que desalienta el desarrollo de habilidades fundamentales como la escritura, el razonamiento lógico, la investigación y sobre todo el desarrollo del pensamiento crítico propio.

Es por ello que urgió a que se implementen protocolos de vigilancia en las escuelas, para el uso adecuado de la IA en las instituciones educativas de nivel medio superior y superior, para que sólo sea utilizada como uso complementario y no sustitutivo, con ética y responsabilidad.

Esta iniciativa propone que en la Ley de Educación Estatal se adicionen atribuciones a la Secretaría de Educación y a las instituciones de educación media superior y superior, para que la IA sea utilizada como un apoyo al aprendizaje y no como un sustituto de las habilidades analíticas, creativas y de investigación de los estudiantes y que se prohíba el uso no supervisado por el docente responsable, a fin de prevenir la deshonestidad académica y garantizar una formación integral.

Además, cada institución establecerá lineamientos claros sobre el uso permitido de la IA, así como mecanismos de detección y sanción ante el uso indebido en evaluaciones, trabajos escritos y demás actividades académicas, con una adición al artículo 83 bis de la Ley de Educación del Estado de Michoacán.

Cuando por causa del ejercicio de su profesión, una persona sea víctima de amenazas, lesiones o peor aún, de homicidio, se impondrán agravantes a las penas establecidas en el Código Penal para el Estado de Michoacán.

Así lo expuso el diputado Conrado Paz Torres al proponer reformas al artículo 135 bis del Código Penal para el Estado, quien a su vez, lamentó la escalada de violencia social que impera en México y Michoacán, vulnerando a una infinidad de personas que por su profesión, han sido amenazados, agredidos física y verbalmente, culminando este tipo de acoso en el homicidio de muchos y muchas profesionistas.

A decir del Diputado del Distrito 14 de Uruapan, Michoacán no puede permitirse más escenarios violentos y discursos de odio que exponen y vulneran a la sociedad, motivo por el cual consideró necesario presentar esta modificación con la finalidad de sancionar con mayor severidad a quienes cometan lesiones u homicidio en contra de las personas, a manera de venganza por el mero ejercicio de la profesión.

Conrado Paz argumentó que estas acciones no sólo transgreden a una persona o a una familia, sino que representan un ataque contra la libertad de pensamiento, de expresión y contra las libertades de toda una sociedad que se dice vivir en democracia.

«El caso del veterinario acosado y después víctima de homicidio, es ejemplo de como una profesión en apariencia segura, actualmente puede ser considerada una profesión de riesgo; pero los comunicadores, inspectores municipales, médicos y algunas otras profesiones, son y han sido blanco de todo tipo de ataques por el simple hecho de ejercer esa profesión», detalló.

Paz Torres resaltó que si bien el artículo 22 de la Constitución Federal precisa que «toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”, las lesiones o el homicidio calificado, agravado cuando se comete en contra de las personas como venganza o por el mero ejercicio de su profesión no existe, motivo por el cual consideró una prioridad establecerlo en el Código Penal de nuestra entidad.

Finalmente, Conrado Paz pidió a sus compañeros legisladores, respaldar esta propuesta para demostrarle a la sociedad michoacana que hay un compromiso genuino de crear leyes adecuadas a los problemas actuales, pero que además castigan con todo el peso de la Ley a quienes vulneran la paz y el bienestar de todas y todos.

Cabe señalar que esta iniciativa, fue presentada en conjunto con los diputados Eréndira Isauro Hernández, Marco Polo Chávez Aguirre y Anabet Franco Carrizales.

En sesión del Congreso del Estado de Michoacán, el diputado local de Morena, Juan Pablo Celis Silva, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades estatales a implementar políticas públicas que fomenten el uso del condón femenino o interno, como una estrategia para prevenir el embarazo adolescente y garantizar la salud sexual de las mujeres y la población en general, desde una perspectiva de derechos humanos, género y autonomía.

Durante su intervención, Juan Pablo Celis subrayó que el embarazo no planeado es una de las desigualdades más marcadas por razón de género, agravándose cuando ocurre en la adolescencia. «Las complicaciones de salud en mujeres adolescentes durante el embarazo ponen en riesgo no solo la vida del producto, sino también la de la madre. Además, las madres adolescentes en condiciones socioeconómicas desfavorecidas enfrentan mayores dificultades para continuar con sus estudios, lo que perpetúa la pobreza y amplía la brecha de desigualdad en nuestro país», expresó el legislador.

El diputado destacó que el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva es un derecho humano fundamental. Sin embargo, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, la estigmatización de la sexualidad en la juventud y la influencia de ideologías religiosas en las políticas públicas han limitado la implementación de estrategias efectivas para prevenir el embarazo adolescente.

«Es fundamental que el enfoque de la salud sexual y reproductiva de las adolescencias se aborde desde una perspectiva de derechos humanos, género y autonomía. Las y los jóvenes deben poder tomar decisiones informadas sobre su sexualidad sin coerción, discriminación ni violencia», enfatizó Juan Pablo Celis.

En este sentido, el diputado de Morena recalcó la importancia de promover el uso del condón femenino, un método anticonceptivo de barrera que otorga a las mujeres un mayor control sobre su protección y autonomía sexual. «A diferencia del condón masculino, el condón interno permite a las mujeres decidir de manera autónoma y segura sobre su salud sexual. No obstante, sigue siendo un método poco accesible y difundido, lo que genera una dependencia en las parejas para la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual», explicó.

Fomentar la disponibilidad y el uso del condón femenino, señaló Celis Silva, es una acción urgente para reducir la brecha de género en la salud sexual y garantizar que las mujeres jóvenes puedan ejercer su sexualidad de manera segura y autónoma. Asimismo, destacó que la educación sexual integral es una herramienta de empoderamiento que permite a las juventudes conocer su cuerpo, ejercer su sexualidad con responsabilidad y prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.

«Desde el Congreso de Michoacán, reitero mi compromiso con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, incluida la difusión y distribución del condón femenino, como parte de una política pública integral que ponga en el centro la dignidad, la libertad y la autonomía de las mujeres», concluyó Juan Pablo Celis.

El garantizar indemnizaciones y pensiones alimenticias a las personas que padecen enfermedades crónico degenerativas, es el objetivo de la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Familiar para el Estado de Michoacán que presentó el diputado por el Distrito XIX con cabecera en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

En la sesión extraordinaria del pleno del Congreso de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, el legislador expuso la necesidad de enunciar y salvaguardar la exigencia de los derechos de quienes padecen enfermedades conocidas como no transmisibles y que requieren del amparo de la ley para sobrellevar su enfermedad.

Durante su intervención en tribuna, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), recordó que recientemente presentó dos iniciativas encaminadas al reconocimiento de los derechos de las personas con enfermedades crónico degenerativas, por lo que con esta propuesta, estarían también en condiciones de acceder a pensiones alimenticias e indemnizaciones.

En la propuesta presentada, se especifica que las Enfermedades No Transmisibles (ENT), también conocidas como enfermedades crónicas, suelen ser de larga duración y son el resultado de una combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento; y requieren de una constante revisión médica, compra de medicamentos y diversos gastos; que a su vez, conllevan la reducción de la capacidad laboral y por ende la estabilidad económica de los pacientes y sus familias.

En el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, se contempla el derecho de los cónyuges, concubinos y convivientes, que carezcan de ingresos y bienes suficientes para su sostenimiento a solicitar una pensión alimenticia a su ex cónyuge, ex concubino y al ex conviviente, sin embargo; se hace necesario reconocer que existen situaciones en las que la exigibilidad de este derecho debe ponderarse frente a principios de equidad y justicia.

En tal sentido, la propuesta está encaminada garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo un trato justo y equitativo, para que mejoren la calidad de vida de quienes enfrentan condiciones de salud adversas.

Con el firme compromiso de proteger el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes migrantes, la diputada local Vanhe Caratachea, presidenta de la Comisión de la Protección a la Niñez y la Adolescencia, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación y a la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes, ambas del Estado de Michoacán.

Dicha propuesta busca garantizar que los menores de edad que lleguen a México, ya sea de manera voluntaria o por procesos de deportación, y que no cuenten con documentación oficial que certifique su educación previa, puedan acceder a la certificación o validación de sus estudios en Michoacán. Además, se pretende establecer una estrategia que permita a los niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos continuar con una educación binacional.

Esta iniciativa fue abordada en las reflexiones y acuerdos alcanzados en el reciente encuentro con académicos y autoridades educativas de los colegios de las principales ciudades de California, en el marco del Programa Binacional de Vinculación Académica y Cultural celebrado en el Congreso del Estado y encabezado por la diputada Caratachea, para trabajar en conjunto por el derecho a la educación de la niñez y adolescencia de Michoacán.

La propuesta legislativa contempla el garantizar que a las niñas, niños y adolescentes repatriados de Estados Unidos no se les exija documentación para su inscripción en escuelas de Michoacán; fortalecer la educación bilingüe (inglés-español) para los menores repatriados, asegurando su integración académica y cultural; permitir la revalidación de materias por parte de la Secretaría de Educación para que los estudiantes puedan continuar con su formación sin interrupciones e incluir en los planes educativos contenidos que destaquen la importancia histórica de la migración en México y el papel fundamental de la comunidad migrante en el desarrollo del país vecino.

Con estas acciones, la diputada Vanhe Caratachea dijo reafirmar su compromiso con la niñez y la adolescencia michoacana, asegurando que todos los menores migrantes tengan acceso a una educación digna y de calidad, sin importar su situación migratoria.

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de justicia y reparación integral para las mujeres víctimas de violencia de género, la diputada Sandra Arreola Ruiz del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa de reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo.

“La violencia de género es un problema grave y persistente en la sociedad, que afecta a miles de mujeres y niñas cada año.

La emisión de la alerta de violencia de género es un reconocimiento oficial de la gravedad de esta problemática y la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger a las víctimas y prevenir futuras violaciones de derechos humanos», dijo.

Arreola Ruiz señaló que, a nivel nacional, el porcentaje de impunidad en casos de homicidio doloso contra mujeres alcanza el 93%. En Michoacán, durante el año 2023, se registraron 14 casos de muertes violentas de mujeres, de los cuales solo uno fue investigado como feminicidio.

«Las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia nos han fallado a las mujeres.

Nos fallan cuando no atienden nuestras denuncias, no protegen a las víctimas y no garantizan procesos judiciales efectivos», denunció.

Subrayó que en algunos casos, la negligencia de las autoridades no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también debilita la confianza de la sociedad en las instituciones. «La omisión de sancionar a las autoridades responsables de garantizar la seguridad y justicia perpetúa un sistema de impunidad que legitima la violencia de género», agregó.

La iniciativa presentada por la diputada Arreola Ruiz busca adicionar una fracción VI al artículo 59 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, con el fin de establecer la obligación de garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.

Esta reparación no se limitará a compensaciones económicas, sino que incluirá la investigación y sanción de las autoridades omisas o negligentes, así como la implementación de políticas públicas para prevenir la repetición de estos delitos.

Además, la iniciativa propone la creación de políticas públicas enfocadas en la prevención y no repetición de la violencia de género, diseñadas desde la perspectiva y vivencias de las propias mujeres. «La verdadera reparación no solo está en las leyes, sino en cada acto que nos devuelva la certeza de que nuestra vida, nuestra dignidad y nuestra voz importan», expresó la diputada.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal, Fabiola Alanís Sámano, atendió las demandas de las comunidades académica y administrativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sobre la Reforma a la Ley Orgánica de la institución a la que pertenecen.

Por separado, tanto el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), como el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), dirigidos por Ramiro Silva Orozco y Eduardo Tena Flores, respectivamente, plantearon sus inquietudes y peticiones a la legisladora local de Morena, quien compartió que en los momentos de transformación que se viven, el Poder Legislativo tiene las puertas abiertas los siete días de la semana para escuchar a todas las partes.

Expuso que la Reforma a la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios de la entidad es un paso importante y necesario para lograr el objetivo de la reciente Reforma al artículo 143 de la Constitución de Michoacán, por lo que todos los sectores involucrados deberán caminar en el mismo sentido.

En este encuentro con profesores y administrativos también estuvieron presentes el presidente del Congreso estatal, Juan Antonio Magaña de la Mora, así como las legisladoras Teresita Herrera Maldonado, Sandra Arreola Ruiz y Adriana Campos Huirache, además del diputado Hugo Ernesto Rangel Vargas.

El diputado David Martínez Gowman, representante del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de mejorar los servicios de agua potable y garantizar el acceso transparente y equitativo a este recurso esencial para la población.

En su exposición de motivos, el legislador destacó que el agua es un derecho humano consagrado en el artículo 4º de la Constitución Mexicana y en el artículo 123 de la Constitución local, que establece la obligación de los ayuntamientos de proporcionar servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, señaló que en el municipio de Zamora, distrito al que representa, existe una problemática específica relacionada con los comprobantes de pago emitidos por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora (SAPAZ).

“Actualmente, los comprobantes de pago del SAPAZ se imprimen en papel térmico, un material que, si bien es económico, presenta serias desventajas. La impresión en este tipo de papel tiende a desvanecerse con el tiempo, lo que dificulta la preservación de los comprobantes y genera inconvenientes para los usuarios, especialmente cuando necesitan acreditar sus pagos. Además, el papel térmico no es resistente al agua ni a la humedad, lo que lo hace poco durable”, explicó.

Martínez Gowman dijo que esta situación afecta particularmente a los adultos mayores, quienes en su mayoría realizan sus pagos de manera tradicional y dependen de los comprobantes físicos. Aunque el SAPAZ cuenta con un portal digital para pagos en línea, no todos los usuarios tienen acceso o conocimiento para utilizar estas plataformas.

La iniciativa del diputado Martínez Gowman busca reformar la legislación estatal para obligar a los Organismos Operadores de Agua de cada municipio a emitir comprobantes de pago legibles y duraderos, con una vigencia mínima de cinco años. Además, la iniciativa contempla la implementación de programas de descuentos para adultos mayores, mediante acuerdos de los ayuntamientos, con el fin de apoyar su economía y garantizar su acceso a los servicios básicos.

El diputado también destacó la importancia de mejorar los sistemas de captación, conducción y tratamiento de aguas residuales para prevenir la contaminación de este recurso vital y finito. «El agua es esencial para la vida diaria, el medio ambiente y la biodiversidad. Debemos actuar urgentemente para protegerla y garantizar su acceso equitativo para todos los michoacanos», afirmó.

Hizo un llamado a sus compañeros legisladores a sumarse a esta iniciativa para mejorar los ordenamientos legales que regulan el servicio público del agua. «Garantizar el acceso al agua y la transparencia en su gestión no solo es una obligación legal, sino un compromiso con la salud, el bienestar y el futuro de nuestra sociedad», concluyó.

El vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán, en colaboración con la organización Artículo 19 México y Centroamérica, presentó una iniciativa para derogar los artículos 192 y 193 del Código Penal del Estado de Michoacán, eliminando el delito de ataques al honor, una figura legal que ha sido utilizada como herramienta de censura y persecución contra voces críticas.

“La libertad de expresión es un derecho humano fundamental. No podemos permitir que las leyes penales se utilicen para castigar la opinión y silenciar a quienes cuestionan el poder o visibilizan las injusticias”, expresó Barragán.

La propuesta también contempla una amnistía para todas las personas procesadas o condenadas por este delito, garantizando la extinción de su responsabilidad penal y la cancelación de sus antecedentes.

El legislador destacó la relevancia de esta reforma, subrayando que, de acuerdo con la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General del Estado, en 2024 se judicializaron 10 carpetas de investigación por ataques al honor, evidenciando el uso del derecho penal para coartar la libre expresión.

“Un gobierno que persigue la verdad es un gobierno que le teme a su pueblo. La censura disfrazada de leyes penales no tiene cabida en Michoacán”, afirmó.

Con esta iniciativa, Michoacán da un paso adelante para alinearse con las tendencias nacionales e internacionales que promueven la descriminalización de la expresión y el fortalecimiento de la democracia, siguiendo los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“En Michoacán, la verdad no se debe castigar, se debe proteger. Porque sin libertad de expresión, no hay democracia”, concluyó Barragán.