Legislativo

Con el objetivo de generar un espacio participación para las niñas, niños y adolescentes, a fin de promover el ejercicio pleno de sus derechos, así como, impulsar propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones de la niñez y la adolescencia, el Congreso del Estado emitió la Convocatoria para el Parlamento Infantil Incluyente 2026.

Cuarenta niñas, niños y adolescentes de 9 a 12 años de edad, originarios o residentes de la entidad podrán hacer uso de la Tribuna del Poder Legislativo los días 23 y 24 de junio, en un ejercicio de aprendizaje, académico, libre expresión que fortalecerá su participación cívica y democrática.

Del viernes 22 de mayo y hasta el viernes 12 de junio del 2026, las y los interesados deberán presentar un manuscrito elaborado de su puño y letra, de manera impresa o digitalizada (en formato de imagen) y anexar una versión transcrita de su propuesta sobre temas como Derechos humanos y Cultura de la paz; Educación; Salud; Recreación; Deporte; Familia; Inclusión e igualdad; Medio ambiente; y, Uso de tecnología y redes sociales.

De acuerdo con la convocatoria, quienes deseen inscribirse, deberán enviar su trabajo y documentación digitalizada al correo electrónico parlamentoinfantil.2026@gmail.com, o de manera física en la oficina de la Diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez, ubicada en la Calle Francisco I. Madero No 97, Centro Histórico, Morelia Michoacán, en un horario de 09:00 a.m. a 17:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles.

La propuesta deberá ser acompañada por los documentos: copia de CURP de la niña, niño o adolescente; copia del Acta de Nacimiento vigente o copia certificada; Constancia de estudios o en su caso de inscripción; original y copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor legal.

Además, deberán presentar formatos de autorizaciones expedidos por las Comisiones Unidas, para que sea asistido dentro de los trabajos del Parlamento Infantil Incluyente, participar en los debates dentro de las instalaciones del Poder Legislativo, así como, el reconocimiento de autoría del proyecto presentado de la niña, niño o adolescente, asimismo, para la publicación del nombre e imagen exclusivamente para fines institucionales del evento;

Es importante que ningún menor haya sido seleccionada o seleccionado, en un evento del Parlamento Infantil Incluyente anterior, ni familiar de diputadas y diputados del Congreso del Estado o de las y los titulares de la Administración Pública Estatal hasta en segundo grado de parentesco.

Las Comisiones Unidas de Protección a la Niñez y Adolescencia, así como, de Educación, emitirán y publicarán el día martes 17 de junio del 2026, en el portal del Congreso del Estado www.congresomich.gob.mx la lista definitiva e inapelable de las niñas, niños y adolescentes que integrarán el «Parlamento Infantil Incluyente del Estado de Michoacán de Ocampo para el Año 2026».

La Convocatoria puede consultarse directamente en la dirección: https://congresomich.site/wp-content/uploads/2026/05/CONVOCATORIA-PARLAMENTO-INFANTIL-INCLUYENTE-2026.pdf

En el marco de la sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó un dictamen impulsado por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, que reconoce el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres menstruantes a no ser sancionadas académicamente cuando la dismenorrea (dolor menstrual severo) les impida asistir a clases, garantizando así condiciones de aprendizaje con dignidad y equidad.

Durante su intervención, la legisladora explicó que la iniciativa parte de una premisa fundamental: el derecho a la educación no puede ejercerse plenamente si se ignoran las condiciones reales de salud física, emocional y biológica de quienes estudian. «Educar no solamente es permitir el acceso al salón de clases, sino garantizar condiciones efectivas de aprendizaje, permanencia y desarrollo con dignidad», afirmó.

Arreola Ruiz señaló que la menstruación es un proceso biológico natural, pero para un número significativo de mujeres se acompaña de síntomas como dolor abdominal intenso, cólicos severos, fatiga, náuseas, cefaleas y limitaciones funcionales reales que dificultan o impiden la asistencia a clases y el desempeño académico. No obstante, la falta de reconocimiento normativo ha generado una omisión estructural, enfrentando a las estudiantes a una disyuntiva injusta: asistir en condiciones de malestar extremo o ausentarse y asumir consecuencias institucionales como faltas injustificadas, evaluaciones reprobatorias o sanciones.

La diputada respaldó su posicionamiento con datos contundentes: el 78.9 por ciento de las estudiantes universitarias mexicanas padecen dismenorrea, y el 37 por ciento ha faltado a clases al menos una vez como consecuencia del dolor menstrual. Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha reconocido que esta condición puede generar incapacidad funcional temporal por varios días.

«Ignorar la realidad que viven miles de estudiantes implica desconocer una condición de salud legítima, diagnosticable y verificable. De nada sirve reconocer el derecho a una menstruación digna si una niña sigue siendo sancionada por faltar a clases cuando su cuerpo le impide levantarse», expresó.

Subrayó que se busca construir un sistema educativo que abrace, entienda y acompañe a las mujeres, y que no mida la responsabilidad de una alumna únicamente por su asistencia, sino por su esfuerzo y su derecho a aprender en igualdad de condiciones.

Al anunciar su voto a favor, la diputada Arreola Ruiz concluyó: «Hoy queremos lograr que ninguna niña vuelva a sentir que su menstruación es motivo de castigo; que ninguna tenga que elegir entre cuidar su salud o cuidar sus calificaciones; y que ninguna estudiante vuelva a creer que su dolor debe soportarse en silencio para no tener consecuencias académicas. Legislar con perspectiva de género también significa reconocer las desigualdades que históricamente han sido normalizadas».

El dictamen aprobado fue turnado a las instancias correspondientes para su implementación en las instituciones educativas del estado.

La diputada local Nalleli Pedraza Huerta impulsó una propuesta para que el Congreso del Estado de Michoacán ejerza su facultad de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con el objetivo de reformar la Ley General de Salud y garantizar el acceso obligatorio, inmediato y gratuito a medicamentos huérfanos destinados al tratamiento de enfermedades raras infantiles y condiciones genéticas.

La propuesta fue presentada como resultado del histórico Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad del Estado de Michoacán, donde el parlamentario, José Francisco García Cruz expuso la urgente necesidad de legislar en favor de personas con acondroplasia, una condición genética que provoca displasia esquelética, talla baja y múltiples complicaciones médicas que comprometen seriamente la salud y calidad de vida de quienes la padecen.

Pedraza Huerta, explicó que la acondroplasia no solo representa una condición física visible, sino que está asociada a graves comorbilidades como apnea del sueño, estrechamiento de vías respiratorias, hidrocefalia, estenosis espinal, compresión medular y severas deformaciones ortopédicas.

Asimismo, se destacó que durante años los pacientes han tenido que recurrir a procedimientos altamente invasivos y dolorosos, como las elongaciones bilaterales de extremidades, que implican fracturas intencionales y largos procesos quirúrgicos con riesgos de infecciones, rechazo de material e incluso amputaciones.

En ese contexto, la legisladora se subrayó la importancia de la Vozoritida, primer medicamento huérfano aprobado para atender la causa molecular de la acondroplasia, permitiendo un crecimiento óseo más seguro y reduciendo el riesgo de complicaciones graves, además de favorecer la movilidad, autonomía y desarrollo integral de niñas y niños.

Sin embargo, se advirtió que la efectividad de este tratamiento depende de una ventana biológica limitada, ya que únicamente puede actuar mientras las placas de crecimiento permanecen abiertas. Por ello, cualquier retraso burocrático en la autorización o suministro del medicamento representa una pérdida irreversible para la salud y desarrollo de los pacientes pediátricos.

Ante esta problemática, la diputada Nalleli Pedraza planteó reformar el artículo 224 Bis 1 de la Ley General de Salud para establecer de manera expresa la obligación del Sistema Nacional de Salud de adquirir, abastecer y suministrar gratuitamente medicamentos huérfanos aprobados para enfermedades raras infantiles cuya eficacia dependa de etapas específicas del desarrollo biológico.

La legisladora señaló que esta reforma busca priorizar el interés superior de la niñez sobre las barreras administrativas y presupuestales, garantizando que ningún menor pierda la oportunidad de acceder oportunamente a tratamientos que pueden transformar su calidad y expectativa de vida.

Finalmente, la diputada Nalleli Pedraza, añadió que esta propuesta también contempla fortalecer las acciones de investigación y desarrollo de medicamentos huérfanos, así como establecer mecanismos que permitan asegurar su disponibilidad y acceso efectivo en las instituciones públicas de salud de todo el país.

Al considerar que sus ingresos son muy precarios y que en su mayoría provienen de sus pensiones, en sesión del Congreso del Estado, la diputada local Ana Belinda Hurtado Marín propuso que en Michoacán los adultos mayores gocen del beneficio de pagar sólo 50 por ciento en los viajes que realicen en el servicio de transporte público.

Previamente, en la tribuna y ante las y los legisladores, la legisladora presentó la iniciativa con proyecto de decreto para el que se reforma el inciso C de la fracción VII del artículo 31 de la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo.

Para respaldar su propuesta, Hurtado Marín hizo notar que los adultos mayores son un grupo importante de la población que continúan realizando actividades productivas y contribuyendo al desarrollo y bienestar de la sociedad, más allá de sobrepasar los 60 años de edad.

Asimismo, subrayó que el trabajo y la vejez no son realidades opuestas, a cuyo respecto subrayó que actualmente muchas personas de la tercera edad siguen siendo productivas y contribuyen a la economía familiar , y en algunos casos son el único sostén económico de muchas familias.

En ese sentido, destacó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH 2020, muchos adultos mayores depende en gran medida del esquema de pensiones por jubilación considerado como uno de ls pilares de seguridad económica buscando evitar situaciones de necesidad y pobreza.

Ana Belinda Hurtado citó también el estudio del Consejo Estatal de Población, el cual indica que el transporte es el segundo rubro más importante en gastos de las familias michoacanas después de alimentos.

«No quiero hablarles de familias que se van a formar ni de proyectos de vida futuros. Quiero hablarles de familias que ya existen, que llevan años funcionando, cuidando, amando y sosteniéndose, pero que la ley todavía no termina de ver», afirmó el diputado Abraham Espinoza Villa (PVEM) al presentar una iniciativa para incorporar el procedimiento especial de adopción intrafamiliar en la legislación de Michoacán.

El legislador explicó que en el estado hay miles de niñas, niños y adolescentes que no son criados por sus padres biológicos, sino por sus abuelos, tíos, hermanos mayores o familiares cercanos que, ante el abandono, fallecimiento, migración o ausencia prolongada de los padres, asumieron la responsabilidad de protegerlos.

«Son abuelos que dejaron atrás su descanso para volver a criar. Son tíos que trabajan todos los días para sostener un hogar que no planearon, pero que asumieron con amor. Son hermanos mayores que dejaron de ser únicamente hermanos para convertirse en ejemplo, protectores y responsables de una niña o un niño», señaló.

Espinoza Villa denunció que, aunque estas familias ya están consolidadas en la realidad, la ley actual las obliga a enfrentar procedimientos largos, complejos y burocráticos para obtener el reconocimiento jurídico de una relación familiar que desde hace años ya existe en los hechos.

«¿Es justo tratar igual a una adopción entre personas sin ningún vínculo previo que a un caso donde una niña o un niño ya ha vivido durante años bajo el cuidado de sus abuelos o familiares directos? La respuesta es no. No estamos hablando de crear una familia desde cero, estamos hablando de reconocer legalmente una familia que ya existe, que ya cuida, que ya protege y que ya ama», enfatizó.

La propuesta crea un procedimiento especial de adopción intrafamiliar con las siguientes características:

· Más ágil, prioritario y simplificado para casos donde exista parentesco directo, convivencia permanente, cuidado continuo y vínculo afectivo plenamente acreditado.

· No elimina filtros ni pone en riesgo la protección de la niñez; al contrario, fortalece el interés superior del menor al priorizar que el niño o niña permanezca dentro de su entorno familiar y comunitario.

· Busca evitar que la burocracia se convierta en un obstáculo: hoy los procesos pueden tardar meses o años, generando incertidumbre jurídica mientras la vida de los menores sigue su curso.

El diputado recordó que distintas entidades del país ya cuentan con mecanismos que priorizan la conservación del menor dentro de su familia extensa, y que la tendencia nacional e internacional es clara: fortalecer los vínculos familiares ya consolidados.

«Legislar también significa entender cómo viven realmente las familias de nuestro estado. En Michoacán hay miles de hogares donde los abuelos, los tíos o los hermanos mayores ya son, en la práctica, quienes ejercen el papel de madres y padres. A ellos no podemos seguir tratándolos como extraños frente a la ley. Ninguna niña o niño debería esperar años para que la ley reconozca la familia en la que ya creció. Es momento de que nuestra legislación avance al mismo ritmo que nuestra realidad social».

El diputado local de Morena, Juan Pablo Celis, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 156 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de garantizar que ningún funcionario estatal gane más que la Presidenta de la República.

La propuesta busca armonizar la legislación estatal con el mandato establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fortalecer los principios de austeridad republicana, equidad salarial y combate a los privilegios dentro del servicio público.

«En la Cuarta Transformación creemos que el poder es para servir, no para enriquecerse. Ya no puede existir una clase dorada de funcionarios con salarios ofensivos mientras el pueblo exige mejores servicios y más obras», expresó Celis.

La iniciativa establece que todas las personas servidoras públicas de elección popular, así como titulares de dependencias centralizadas, descentralizadas, órganos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, deberán percibir una remuneración proporcional a sus funciones, sin exceder el salario de la Presidencia de la República.

El legislador morenista destacó que esta reforma representa un paso importante para terminar con excesos burocráticos y consolidar un modelo de gobierno más austero, eficiente y cercano a la gente.

«Se trata de poner fin a los privilegios que durante muchos años ofendieron al pueblo de México. El dinero público debe regresar al pueblo convertido en bienestar, obras, programas sociales y mejores servicios», señaló.

Juan Pablo Celis subrayó que esta medida también fortalece el combate a la corrupción, ya que elimina esquemas de altos salarios y prestaciones desproporcionadas que durante décadas beneficiaron a una élite burocrática alejada de la realidad de las y los ciudadanos.

Asimismo, recordó que recientemente se aprobaron reformas constitucionales federales para endurecer controles en materia de remuneraciones, pensiones y sistemas de retiro de mandos de confianza, por lo que los estados tienen la responsabilidad de armonizar sus normas locales.

«La austeridad no es un discurso, es una convicción. Cada peso que se ahorre eliminando privilegios puede destinarse a atender las verdaderas necesidades de la población», afirmó.

Finalmente, el diputado de Morena reiteró que esta iniciativa forma parte del compromiso de la Cuarta Transformación de construir gobiernos honestos, transparentes y con salarios equitativos.

«No puede haber funcionarios ricos en un pueblo con necesidades. La política debe recuperar su esencia de servicio y responsabilidad social», concluyó.

Con el objetivo de brindar certeza jurídica, proteger el patrimonio de las y los michoacanos y agilizar la resolución de conflictos derivados del arrendamiento de vivienda, el diputado David Martínez Gowman presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley Inquilinaria del Estado de Michoacán.

El legislador propuso modificar el artículo 32 de dicha ley para que las acciones legales en la materia dejen de ser un proceso lento y costoso, y pasen a tramitarse mediante la vía sumarísima.

Martínez Gowman destacó que el arrendamiento es una herramienta social y económica indispensable para miles de familias que no cuentan con una propiedad. Sin embargo, lamentó que cuando un inquilino incumple con el pago de la renta o se niega a desocupar el inmueble, los propietarios se enfrentan a un calvario judicial.

«En la práctica, los juicios actuales se vuelven una pérdida de tiempo y dinero para los afectados. Muchos morosos no pagan ni desocupan el bien, generando un impacto severo en la economía y la seguridad de los dueños. Lo que buscamos es que los conflictos se resuelvan en menor tiempo, evitar litigios largos y otorgar justicia pronta», afirmó el diputado.

La vía sumarísima, sustentada en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, es un procedimiento judicial simplificado que se utiliza en asuntos urgentes o de menor complejidad probatoria. Con este cambio, se pretende recortar drásticamente los tiempos de espera para recuperar un inmueble o saldar adeudos.

Asimismo, la iniciativa contempla la adición de dos párrafos normativos para dotar de herramientas claras a los juzgadores. De este modo, si el Juez detecta que la demanda requiere una vía procesal distinta, tendrá la facultad y obligación de reconducir el asunto desde el primer auto, garantizando el debido proceso. Si el Juez no resultara competente por materia, cuantía o territorio, deberá remitir el caso de inmediato a la autoridad correspondiente para evitar rezagos.

Con esta propuesta, el diputado David Martínez Gowman reafirma su compromiso con la creación de leyes equilibradas que protejan tanto los derechos de los inquilinos responsables como el patrimonio legítimo de los propietarios en Michoacán.

El bienestar animal ha adquirido en los últimos años una relevancia creciente dentro de la agenda pública, no sólo como un tema ético, sino como un componente fundamental para la construcción de sociedades más justas, empáticas y respetuosas de la vida en todas sus formas. En este sentido, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales de Michoacán, con el objetivo de establecer de manera expresa y contundente la prohibición del envenenamiento de animales, particularmente cuando dicha conducta sea ordenada, ejecutada, permitida o tolerada por autoridades.

En su exposición, el diputado Magaña de la Mora señaló que, si bien Michoacán ha logrado avances importantes en materia de protección animal, persisten prácticas incompatibles con los principios de trato digno y humanitario. «Una de las más graves es el envenenamiento de animales, el cual no sólo constituye un acto de crueldad extrema, sino que además representa un riesgo para la salud pública, el equilibrio ambiental y la seguridad de las comunidades», advirtió.

El legislador puso como ejemplo los hechos registrados recientemente en el municipio de Paracho, así como en la comunidad de Janitzio, perteneciente al municipio de Pátzcuaro, donde el envenenamiento de animales generó indignación social y evidenció la ausencia de protocolos éticos y humanitarios para el manejo de la fauna.

«Estos hechos no son aislados», subrayó. «Reflejan una problemática más amplia presente en diversos municipios de Michoacán, donde ante la falta de políticas públicas integrales se recurre a prácticas que vulneran de manera grave los derechos de los animales».

La iniciativa destaca que el envenenamiento, además de provocar sufrimiento prolongado e innecesario, tiene efectos colaterales graves: las sustancias utilizadas pueden afectar a otros animales, incluyendo fauna silvestre, así como a personas, particularmente niñas y niños que pudieran entrar en contacto con estos agentes tóxicos. Asimismo, esta práctica contamina el suelo y el agua, generando impactos negativos en el entorno ambiental.

Si bien la ley vigente ya considera el envenenamiento como un acto de maltrato o crueldad, el diputado Magaña argumentó que resulta indispensable establecer de manera explícita la prohibición de estas conductas cuando son ordenadas o toleradas por autoridades, quienes deben actuar bajo los principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos.

Por ello, la iniciativa propone incorporar una prohibición clara y categórica del envenenamiento de animales por parte de autoridades estatales o municipales, independientemente de la finalidad con la que se pretenda justificar, incluyendo el control poblacional, razones de salubridad, festividades, usos y costumbres.

Asimismo, se busca fortalecer el marco normativo estatal para promover el empleo de los métodos y anestésicos adecuados que establecen las Normas Oficiales Mexicanas, así como alternativas éticas y efectivas en el control de la población animal, tales como la esterilización, la adopción responsable y la implementación de programas integrales de bienestar animal, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil.

Con la finalidad de reducir los accidentes en carreteras mediante la modernización de la infraestructura y el control preventivo, el Congreso del Estado por unanimidad aprobó un Punto de Acuerdo que será enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La Comisión de Puntos Constitucionales puso a consideración de las y los legisladores la propuesta de Acuerdo mediante el cual se envía al Congreso de la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 23 Bis y 70 Ter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por la Diputada Emma Rivera Camacho.

Cuyo objetivo es «ofrecer una solución integral que trasciende la simple vigilancia, transformando la seguridad vial en una política de Estado con soporte financiero y operativo. Al articular mecanismos de fiscalización técnica, protección patrimonial del usuario y garantías presupuestarias, la iniciativa se consolida como un instrumento jurídico que dota a la Federación de herramientas eficaces para reducir la mortalidad en carreteras», precisa el Punto de Acuerdo.

De igual forma, establece la obligación de realizar auditorías técnicas en zonas peligrosas, construir rampas de frenado cuando haya alta siniestralidad y crear zonas de detención gratuita para revisar las condiciones mecánicas de los vehículos de carga.

Además, fija topes económicos estrictos a los servicios de grúa y salvamento para evitar cobros excesivos tras un incidente, garantizando presupuesto específico para estas obras de seguridad.

Conforme a la propuesta, el Artículo 23 Bis establece que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realizará una auditoría técnica anual obligatoria en los tramos carreteros identificados con alta siniestralidad.

Y que cuando un tramo acumule tres accidentes graves en un periodo de doce meses, se procederá a la construcción inmediata de una rampa de frenado adicional o al rediseño de la infraestructura crítica.

En el Artículo 70 Ter se propone que en los tramos de pendiente pronunciada o de riesgo técnico, dicha Secretaría establecerá paraderos o zonas de detención obligatoria para vehículos de autotransporte de carga.

Los conductores deberán detenerse en dichos puntos para realizar la verificación de las condiciones físico-mecánicas de la unidad, de conformidad con el reglamento respectivo y las normas oficiales mexicanas.

«Las zonas de detención deberán estar equipadas con la infraestructura, herramientas básicas y personal técnico necesario para brindar apoyo necesario y de asistencia mecánica de emergencia. El acceso a estos servicios será gratuito para todos los usuarios, quedando estrictamente prohibido cualquier cobro por concepto de estancia o asistencia técnica básica en estos puntos», se precisa.

Dichas zonas tendrán un carácter inclusivo, permitiendo el ingreso y uso de sus instalaciones a los automovilistas en general que transiten por la vía y requieran realizar una pausa de seguridad o verificar las condiciones de su vehículo ante pendientes prolongadas.

Con el objetivo de reconocer y atender la desigualdad que enfrentan las mujeres indígenas artesanas, la diputada local Eréndira Isauro Hernández, representante del Distrito 05 de Paracho, presentó ante el Pleno del Congreso de Michoacán una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado.

La propuesta plantea reformar el artículo 19 de dicha legislación, a fin de que la Casa de las Artesanías de Michoacán declare Regiones de Atención Prioritaria, dirigidas especialmente a comunidades con alta presencia de mujeres indígenas artesanas, para garantizar que los apoyos, microcréditos, asesoría técnica y recursos públicos lleguen de manera directa a quienes sostienen esta actividad desde los talleres familiares.

Desde tribuna, la legisladora destacó que Michoacán presume ante México y el mundo la riqueza de sus guitarras, rebozos, maque, cobre, barro y demás expresiones artesanales; sin embargo, advirtió que detrás de esa belleza persisten condiciones de marginación, desigualdad, intermediarismo y falta de acceso a financiamiento para las mujeres creadoras.

«Michoacán presume al mundo sus colores. Presumimos en ferias nacionales e internacionales nuestras guitarras, nuestros rebozos, el maque, el cobre y el barro. Nos llena de orgullo decir que somos el alma de México. Pero hoy les pregunto: ¿cómo tratamos a las manos que crean esa alma?», expresó.

Eréndira Isauro señaló que las mujeres artesanas purépechas, nahuas, mazahuas y otomíes trabajan de sol a sol, combinando el cuidado del hogar con la elaboración de piezas que representan la identidad cultural del estado, pero muchas veces reciben pagos injustos, enfrentan a intermediarios y se encuentran con reglas institucionales que no comprenden su lengua, su contexto ni sus condiciones reales.

La diputada por Paracho subrayó que la iniciativa no busca otorgar apoyos asistencialistas, sino establecer un mecanismo legal para hacer justicia económica y distributiva a las comunidades originarias, particularmente a las mujeres que han preservado durante generaciones los saberes artesanales de Michoacán.

«No estamos pidiendo caridad ni dádivas. Estamos exigiendo justicia distributiva. Al aprobar esta reforma, garantizaremos que los recursos del Estado, los microcréditos y los apoyos no se queden solo en los intermediarios o en los talleres liderados por hombres en las grandes cabeceras», sostuvo.

La reforma también busca armonizar la legislación estatal con disposiciones federales que ya contemplan la definición de zonas prioritarias para otorgar estímulos mayores a comunidades indígenas, por lo que Michoacán, dijo la legisladora, no puede quedarse atrás en la protección de su patrimonio vivo.

Isauro Hernández afirmó que proteger la artesanía no significa únicamente preservar objetos, sino defender a las personas que les dan vida, especialmente a las mujeres que, desde sus comunidades, sostienen la economía familiar, transmiten conocimientos, fortalecen la identidad cultural y enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

«Proteger la artesanía no es proteger a un objeto; es proteger a la persona que le da vida. Ayudar a una mujer artesana indígena es evitar que tenga que migrar; es asegurar que sus hijos estudien; es garantizar que nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra identidad no mueran», enfatizó.

Finalmente, la diputada local llamó a las distintas fuerzas políticas del Congreso de Michoacán a respaldar esta iniciativa, al señalar que apoyar a las mujeres artesanas de Paracho, la Meseta Purépecha y las comunidades originarias del estado es una forma de garantizar justicia, dignidad y presupuesto para quienes sostienen la identidad cultural de Michoacán.