Legislativo

Con la finalidad de dotar de mayor atención y acceso de los migrantes michoacanos principalmente de aquellos que retornan al Estado de manera voluntaria o forzosa, el Pleno del Congreso del Estado, reformó diversos artículos de la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado de Michoacán de Ocampo.

Con estas reformas se propone la implementación de acciones coordinadas entre las autoridades estatales y municipales e iniciativa privada para su reintegración a la vida laboral y social, a la educación, cultura y atención psicológica.

Además, para incluir en la ley el reconocimiento de la inscripción en el registro de migrantes como un derecho de carácter voluntario ya que resulta jurídicamente procedente, constitucionalmente obligada y funcionalmente necesaria.

Con estas reformas se busca también incorporar mecanismos específicos para la visibilidad, promoción y aprovechamiento del talento, habilidades, competencias laborales y conocimientos de los migrantes en retorno para su plena incorporación al ámbito laboral y económico en Michoacán.

De esta forma, las acciones que implemente la Secretaría del Migrante, deberán estar enfocadas a lograr la reintegración social, laboral, educativa, cultural y la atención psicológica de las personas migrantes michoacanas que retornen, priorizando a quienes hayan sido repatriados al estado de manera forzosa.

Para tales efectos se deberán considerar entre otras acciones la coordinación interinstitucional y la vinculación con la iniciativa privada para la promoción, reconocimiento y aprovechamiento de las habilidades, competencias, experiencia laboral y conocimientos adquiridos por las personas migrantes en el extranjero, a fin de favorecer su integración productiva y laboral.

A fin de fortalecer los procesos educativos y formativos, la 76 Legislatura incorporó en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, la obligación de las autoridades educativas de inculcar a las infancias y adolescencias la cultura de la paz y la educación cívica.

Lo anterior, al aprobar el dictamen presentado por la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia, mediante el cual se estudió y analizó la propuesta presentada por la diputada Eréndira Isauro Hernández para adicionar la fracción X Bis al artículo 5 y la fracción VIII Bis al artículo 38 de la ley en mención.

El principal objetivo de la adecuación legal es fortalecer el marco jurídico estatal mediante la incorporación del concepto de cultura de la paz como principio rector en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como establecer la obligación de las autoridades de promover e inculcar dichos valores a través de acciones educativas y formativas.

Es por ello, que se definió en la ley, el concepto de Cultura de la Paz como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos a través del diálogo y la negociación entre las personas y las naciones.

Las y los legisladores reconocieron que la formación en estos principios debe ser un esfuerzo coordinado entre el Estado, la familia y la sociedad. Con ello, se busca fortalecer los procesos educativos y formativos, promoviendo entornos que favorezcan la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la participación activa en la vida social.

A fin de que se fomenten programas de orientación y educación para una alimentación saludable y nutritiva que mejore la calidad de vida alimentaria de las niñas, niños y adolescentes; y promuevan programas de orientación y detección temprana en materia de salud visual, el Congreso del Estado reformó las disposiciones de la Ley de Educación del Estado.

En Sesión Extraordinaria, las y los integrantes de la 76 Legislatura aprobaron el Dictamen puesto a su consideración por parte de las comisiones de Educación y, Salud y Asistencia Social, sobre las propuestas hechas por los diputados Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa y Juan Carlos Barragán Vélez.

Conforme al reformado ordenamiento jurídico, la Secretaría de Educación fomentará estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, mediante la activación física, el deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales, hábitos de higiene personal, bucal y de salud visual, así como la educación en consumo responsable y prácticas agroecológicas responsables, entre otras.

Para ello, desarrollarán actividades de información y orientación para las familias, relacionadas con prácticas de alimentación saludable, prevención de la obesidad infantil, aprovechamiento de productos alimenticios locales y agroecológicos, así como con hábitos de higiene, hidratación saludable y actividad física.

Las y los integrantes de las comisiones de dictamen, coincidieron que la implementación de programas de orientación y detección temprana en materia de salud visual dirigidos a las y los estudiantes resulta fundamental, en tanto permite identificar oportunamente posibles afecciones que inciden directamente en su desempeño académico, bienestar integral y calidad de vida.

Mientras que la incorporación de acciones educativas orientadas al consumo responsable y la adopción de prácticas alimentarias saludables y agroecológicas responsables contribuye a la formación de hábitos sostenibles, prevención de la obesidad infantil, así como al fortalecimiento de la conciencia ambiental y al desarrollo de las y los educandos de manera informada y comprometida; además, favorece una alimentación equilibrada, impulsa la economía regional y promueve sistemas alimentarios más sostenibles, en beneficio de la comunidad educativa en su conjunto.

Con la reforma, se mandata que el Consejo de Participación Escolar, integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros, deberá promover cooperativas escolares y comunitarias con enfoque en el uso y promoción de productos agroecológico, que fomenten estilos de vida saludables y alimentación equilibrada.

En el Artículo 226 se consideran infracciones el realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel escolar que no fomente la promoción de estilos de vida saludables, así como permitir la comercialización de bienes o servicios contrarios a la alimentación nutritiva y sustentable.

Con el compromiso de impulsar acciones legislativas y políticas públicas que se promuevan los derechos a la salud y gestión menstrual, lo que contribuye, a su vez al desarrollo académico y la disminución de desigualdad y discriminación hacia las personas menstruantes, la 76 Legislatura aprobó por unanimidad, diversas reformas a la Ley de Educación y a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, ambas del estado de Michoacán.

El dictamen presentado por las Comisiones de Educación y de Salud y Asistencia Social, especifica que «los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, para ello tienen todo el derecho de justificar sus inasistencias por motivos de gestión menstrual, cuando ésta sea de grado incapacitante».

En ese sentido, quedó establecido que esas inasistencias, no deberán afectar su desempeño académico ni generar sanciones disciplinarias, siempre que exista valoración médica por persona profesional de la salud de cualquier institución pública o privada, que así lo justifique.

Además, esta reforma también prevé que en caso de que la inasistencia coincida con una evaluación o evento académico, la persona menstruante podrá solicitar su reprogramación, conforme a los lineamientos establecidos por la institución educativa de que se trate.

De la misma forma, la Secretaría de Educación, deberá diseñar y difundir materiales educativos con información sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a la gestión menstrual digna y accesible para niñas, mujeres y personas menstruantes que lo requieran, en las escuelas públicas pertenecientes al Sistema Educativo Estatal.

El incluir el concepto de Alfabetización Mediática e Informacional en la normativa educativa, fue la propuesta de iniciativa que presentó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro Vicente Gómez Núñez.

Lo anterior con la finalidad de que el alumnado pueda acceder, buscar, analizar y seleccionar la información que hay en la red con el conocimiento necesario para evaluar y verificar la veracidad y calidad de la misma.

En su exposición en tribuna, ante sus homólogos de la LXXVI legislatura del Congreso de Michoacán, expresó que la vorágine de información en la que está inmersa la ciudadanía, hace necesario, que desde las aulas, se eduque a los estudiantes sobre los riesgos que conlleva esta dinámica, de manera que se les enseñe a identificar los peligros del entorno virtual, a reconocer noticias falsas y a proteger los datos personales.

Dijo que la iniciativa contempla reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Michoacán y a la Ley Estatal de Educación en el Nivel Medio Superior y la Formación para el Trabajo del Estado.

Señaló que esta propuesta coadyuvará a formar ciudadanas y ciudadanos críticos, informados y capaces de enfrentar los desafíos del mundo virtual de la actualidad.

A través de una adición al artículo 106 Bis a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso local, Reyes Galindo Pedraza, planteó una iniciativa que tiene como propósito prohibir a los elementos de las instituciones de la policía estatal, la utilización de herramientas que atenten contra la integridad física de manifestantes durante protestas que se lleven a cabo de manera pacífica.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el líder de la bancada del PT expuso que el objetivo de este planteamiento es prohibir que policías del estado, utilicen balas de goma, aparatos de electrochoques o cualquier gas nocivo. Por lo que las actuaciones de los elementos de las corporaciones policiales de Michoacán y de cada municipio, deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.

«El pacto internacional de derechos civiles y políticos, establece el derecho a la reunión pacífica como un instrumento que permite a las personas expresarse colectivamente y participar en la configuración y reconfiguración de sus sociedades; las personas tienen el derecho humano a la manifestación de ideas de manera libre, esto incluye protestas para demandar condiciones de incumplimiento de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales», argumento el legislador del Partido del Trabajo.

Al exponer los motivos de su iniciativa, Reyes Galindo, refirió que de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el enfoque básico de los agentes de seguridad, debería ser facilitar las reuniones pacíficas, por lo que es necesario que los elementos de las corporaciones policiales nacionales y subnacionales tengan cero grado de tolerancia, incluso respecto a determinados comportamientos, para evitar una escalada innecesaria de tensiones, pues el deber es diminuir dichas acciones y proteger activamente frente a la violencia, a los propios manifestantes y a terceras personas.

«Michoacán, se caracteriza a nivel nacional por el alto grado de politización de su población, esto significa que por un lado las y los ciudadanos de nuestra entidad están dispuestos a dialogar y participar de manera propositva con todos los órdenes de gobierno, con el fin de dar solución a los problemas de la vida pública del estado; sin embargo, también se encuentran listos y dispuestos para hacer frente a las acciones y omisiones gubernamentales que vulneren sus derechos individuales y colectivos por medio de las protestas, marchas y manifestaciones públicas», agregó el congresista.

Asimismo, recordó que a lo largo de la historia política de nuestro estado, el ciclo de represión a las personas que se manifiestan, inician con la falta de sensibilidad de funcionarios públicos, que niegan el derecho de audiencia a personas o colectivos que intentan encontrar una solución a un problema público, que genera sucesivas acciones que escalan en tensiones y en complejidades para llevar a cabo un proceso de diálogo político.

«Garantizar la libre manifestación no es por ningún motivo una concesión del estado, es el corazón latente de nuestra democracia. Quienes participamos de las izquierdas en este país y en este estado, entendemos perfectamente que las calles han sido, son y serán las aulas de la dignidad popular; no podemos permitir que el miedo tape la boca de las causas justas, ni que la respuesta a una demanda que sea ciudadana, sea el estruendo de una bala de goma, la descarga de un aparato de electrochoque o el olor sofocante de los gases nocivos», señaló.

La diputada local Nalleli Pedraza, presentó ante Servicios Parlamentarios una iniciativa histórica para dignificar el sistema de salud pública y privada para las personas con discapacidad en Michoacán, proyecto es el resultado directo de un valioso ejercicio democrático, construido con las propuestas fundamentales de las y los parlamentarios que alzaron la voz en el primer Parlamento con Discapacidad del Estado de Michoacán.

La propuesta legislativa global plantea una reforma integral y coordinada que modifica simultáneamente la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley de Salud del Estado, la Ley de Asistencia Social y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, articulando soluciones transversales en cinco ejes prioritarios.

En materia de garantía y autonomía lingüística, se establece la obligatoriedad de contar con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) de forma presencial o remota en hospitales públicos. Asimismo, para salvaguardar el derecho a la privacidad y la validez legal del Consentimiento Informado en cirugías o tratamientos invasivos para pacientes sordos, se exigirá por ley explicarles los riesgos en su lengua natural y conservar un registro en video del acto.

En lo que refiere a la salud sexual inclusiva e interseccionalidad, la legisladora mencionó que se plantea dar atención a las demandas del Colectivo Sordo LGBT de Michoacán, al tipificar formalmente la «discriminación interseccional» y se crea el Programa Estatal de Salud Sexual Accesible para Personas Sordas, con materiales informativos adaptados a la LSM y consultas de planificación familiar libres de estigmas.

Nalleli Pedraza, comentó que otro de los ejes de esta iniciativa es la justicia social para cuidadoras primarias, donde se introduce formalmente la definición del «Síndrome del Cuidador» y se reconoce a las cuidadoras primarias, como sujetos de atención prioritaria, otorgándoles derecho a servicios gratuitos de salud mental, apoyos económicos mensuales de subsistencia y centros de descanso temporal para el relevo de cuidados.

Además, esta iniciativa impulsa el dar certeza diagnóstica contra la discrecionalidad, con el fin de eliminar cuellos de botella administrativos, y obligar a la Secretaría de Salud a homologar los criterios clínicos de validación y reconocer plenamente los dictámenes de especialistas externos certificados, facilitando un acceso ágil y sin trabas a la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, especialmente para condiciones del neurodesarrollo y el espectro autista.

La morenista comentó que la humanización hospitalaria y acompañamiento neonatal se contempla en dicha reforma que prohíbe el aislamiento forzado garantizando el acompañamiento familiar permanente de 24 horas para internos con discapacidad. Además, de fijar un plazo de 24 meses para hacer accesible la infraestructura médica de diagnóstico y mandata la aplicación obligatoria del «Protocolo Neonatal de Primera Noticia» para comunicar diagnósticos de forma empática y vincular de inmediato al recién nacido a rutas de estimulación temprana.

Finalmente, Nalleli Pedraza reiteró que la salud y la dignidad humana no pueden seguir dependiendo de la «buena voluntad» o la caridad de los gobiernos, ya que afirmó que «la inclusión real es un mandato obligatorio. Seguiremos recorriendo el territorio, escuchando de frente y legislando con paso firme para que el bienestar sea un derecho accesible para cada rincón de Michoacán», concluyó.

Es de señalar que esta propuesta fue construida de la mano con los parlamentarios Alberto Zúñiga López, Luis Antonio Flores Ramírez y las parlamentarias Daniela Ayala y Gemma Méndez Delgado.

En sesión extraordinaria, el Pleno de la 76 Legislatura aprobó la propuesta impulsada por la diputada Belinda Hurtado Marín, mediante la cual se fortalece los mecanismos de supervisión y seguimiento en materia de higiene dentro de los planteles educativos.

Es así, que con la reforma a fracción XV del artículo 163 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán, para incorporar como atribución de la autoridad educativa estatal la supervisión de las condiciones de higiene en los planteles educativos ubicados en el estado.

Las y los integrantes de la Comisión de Educación destacaron en el dictamen avalado con 31 votos, que dicha reforma tiene el objetivo de garantizar que las condiciones sanitarias se mantengan de manera permanente y conforme a los estándares establecidos por la autoridad competente.

«La revisión constante de la higiene en los planteles por parte de la autoridad educativa, prevendrá enfermedades y asegurará a los educandos un medio ambiente sano, en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, ético, cultural y social», precisa el documento aprobado.

Las y los diputados subrayaron que la adecuada vigilancia de estos aspectos contribuye manera directa en el aprovechamiento académico de las y los estudiantes, al propiciar entornos seguros, dignos y favorables para el aprendizaje.

«Asegurar espacios educativos en condiciones óptimas de higiene representa una acción integral que trasciende el ámbito físico, al fomentar hábitos de limpieza, autocuidado y responsabilidad colectiva entre las y los educandos, fortaleciendo así su formación integral», concluye la motivación de la reforma.

El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura reformó la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo para garantizar que las escuelas no condicionen la adquisición de uniformes, útiles escolares o materiales educativos, así como la contratación de actividades extraescolares.

Las y los diputados votaron a favor del Dictamen presentado por la Comisión de Educación, luego del estudio de la iniciativa presentada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, mediante la cual se prohíben prácticas que «aunque en ocasiones se presentan como acuerdos organizativos o medidas administrativas, en los hechos se traducen en una imposición que limita la libertad de elección y encarece de manera injustificada el costo de la educación».

Con la reforma a la fracción XXIV del artículo 226 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, se estableció que condicionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición de uniformes, útiles escolares o materiales educativos, así como a la contratación de actividades extraescolares.

De igual forma, obligar, inducir o presionar a las madres, padres de familia o tutores para adquirirlos o contratarlas en proveedores, marcas, establecimientos o distribuidores determinados, ya sea de manera directa o indirecta, incluyendo la imposición de listas exclusivas, convenios, recomendaciones obligatorias o cualquier otro mecanismo que limite la libre elección, o que genere beneficios económicos indebidos a favor de personas físicas o morales vinculadas con la comunidad escolar.

En las Consideraciones del Dictamen, la Comisión de Educación resaltó la importancia de garantizar condiciones de equidad y respeto a la economía familiar dentro del ámbito educativo, advirtiendo la necesidad de evitar prácticas mediante las cuales las autoridades de las instituciones educativas impongan, de manera obligatoria, proveedores específicos para la adquisición de útiles escolares, uniformes o materiales didácticos.

«Este tipo de prácticas limita la capacidad de decisión de madres, padres de familia y tutores, al restringirles la posibilidad de elegir libremente las opciones que mejor se ajusten a sus necesidades y condiciones económicas. En consecuencia, dichas imposiciones pueden traducirse en una carga financiera adicional e injustificada, afectando directamente la economía de las madres y/o de los padres de familia y contraviniendo principios de accesibilidad y equidad en la educación», precisaron.

Con la reforma, se busca proteger el derecho de las familias a decidir libremente sobre la adquisición de los insumos escolares, promover condiciones de transparencia y legalidad en la prestación de servicios educativos, y prevenir posibles conflictos de interés o prácticas que vulneren la economía familiar, contribuyendo así a un entorno educativo más justo e incluyente.