Legislativo

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, presentó una iniciativa para que la persona encargada de la operación y supervisión de los rastros municipales en el estado, posea título y cédula profesional de Médico Veterinario Zootecnista, expedidos por una institución educativa legalmente facultada.

“Adoptar este tipo de medidas fortalecerá la operación de los rastros municipales bajo los más altos estándares de calidad, contribuyendo significativamente a prevenir brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, mejorando la calidad de los productos cárnicos y generando confianza en los servicios municipales. Asimismo, representa un aliciente a la profesionalización de las administraciones públicas municipales, ya que de este modo procura la idoneidad de los funcionarios, brindando a los municipios herramientas técnicas para atender una de sus responsabilidades más sensibles como lo deben ser los procesos zoosanitarios, del sector alimentario”, argumentó el congresista.

Dicho proyecto de decreto se planteó a través de la adición de la fracción IX al artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de ocampo, donde se establece que deberá vigilarse el funcionamiento de los rastros municipales conforme a las normas, procesos y disposiciones zoosanitarias aplicables; para lo que la persona titular a cargo de esta labor deberá contar título y cédula profesional de Médico Veterinario Zootecnista, expedida por la autoridad o institución legalmente facultada para ello.

Con ello, el líder parlamentario petista busca transformar la gestión de los rastros municipales, para que cuenten con un manejo técnico profesional de los productos que ahí se distribuyen, y así, tener supervisión especializada en estos lugares y evitar prácticas inadecuadas que comprometan la inocuidad de los alimentos que pudieran poner en riesgo el cumplimiento normativo y, en casos graves, la seguridad sanitaria de la población.

“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tenemos el firme compromiso de cuidar cada aspecto del espectro de la seguridad alimentaria de las familias michoacanas, por lo que el vigilar el efectivo cumplimiento de las normas y procesos zoosanitarios de los rastros municipales resulta a todas luces una medida que blinda la salud de los consumidores productos cárnicos y sus derivados”, indicó Reyes Galindo

La diputada local Brissa Arroyo, Presidenta del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría en la 76 Legislatura, informó que se reforzará la coordinación con diferentes dependencias estatales y federales para dar atención a las demandas ciudadanas.

La Congresista , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), explicó que si bien no es función legal de las diputados hacer gestión, es una práctica implícita el atender las peticiones de la ciudadanía en diversos temas.

Por lo que en ese sentido recordó que cada jueves se estarán desarrollando las Jornadas de Atención Ciudadana y Gestoría en el patio central del Congreso del Estado con el objetivo de atender de cerca al pueblo de Michoacán.

“Porque de eso se trata el Parlamento abierto, de que quepamos todas y todos y que nadie se quede atrás, a través de la escucha activa, del diálogo que nos dirigen los caminos a soluciones efectivas para nuestra gente”, expresó.

Y para dar continuidad y revisar los avances de esta primera jornada que se realizó el pasado jueves, la Diputada Local y su equipo de trabajo atendieron una reunión de trabajo con la Coordinadora de Atención Ciudadana Martha Elena Vargas Moreno, en donde se hizo un balance de las demandas atendidas en aspecto social, jurídico, de salud y otros.

“Seguiremos tocando puertas con las instituciones gubernamentales estatales , federales y municipales porque es a través de ellos como se pueden resolver las demandas ciudadanas”, destacó Arroyo Martínez.

También estuvo presente el Secretario Técnico del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría, Edgar Castillo Salinas, y detalló que es necesario crear y fortalecer ese vínculo entre el Legislativo, la ciudadanía, las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil

A solicitud de la diputada Xóchitl Ruíz González, la 76 Legislatura exhortó al Titular del Poder Ejecutivo estatal para que convoque a los tres Poderes del Estado, Cámaras Empresariales y Clubes Migrantes, para la Creación del Consejo Michoacán te Abraza.

Lo anterior, con el objetivo de que dicho Consejo, a través de las dependencias de la administración pública centralizada y las entidades paraestatales competentes, implemente una estrategia permanente y efectiva para la recepción e integración de personas deportadas de los Estados Unidos.

Durante su intervención en la máxima tribuna del Estado, la legisladora señaló que la reciente llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha traído consigo una serie de políticas migratorias que amenazan con afectar gravemente a la comunidad migrante mexicana y, en particular, a los michoacanos.

“Ante este panorama, el poder público y el sector privado en Michoacán no podemos permanecer pasivos. Es urgente implementar estrategias que permitan atender, proteger e integrar a los migrantes deportados, garantizando que su retorno a México y Michoacán no sea sinónimo de abandono, desempleo o marginación”, puntualizó.

En este sentido, dicha estrategia deberá contemplar la implementación de elementos tales como: un Centro de Atención Integral al Migrante, mediante la instalación de módulos en aeropuertos, centrales de autobuses y puntos fronterizos; un programa de inserción laboral, que sea un enlace con empresas locales, incentivos fiscales a empleadores que contraten migrantes y acceso a financiamiento para emprendimientos.

Así como, capacitación y certificación de habilidades; asistencia psicológica y social tanto para migrantes como a sus familias para la adaptación y reintegración en la comunidad; vivienda y apoyo temporal, con la creación de albergues temporales; regularización de documentos e identidad; entre otros.

El Diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, David Martínez Gowman, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para adicionar un párrafo cuarto al artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de reconocer el derecho humano a vivir en una sociedad libre de corrupción y buena administración.

En su intervención, el legislador ecologista destacó que esta iniciativa busca fortalecer la lucha contra la corrupción desde la base social, reconociendo que la soberanía reside en el pueblo y que es fundamental garantizar su participación activa en la fiscalización y rendición de cuentas.

“La corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Michoacán y del país. Por ello, es necesario que nuestra Constitución local reconozca explícitamente el derecho de todas las personas a vivir en una sociedad libre de corrupción, a la fiscalización y al combate de este flagelo. Esto no solo es una deuda histórica con el pueblo, sino un paso fundamental para democratizar la lucha anticorrupción”, afirmó Martínez Gowman.

La iniciativa presentada por el Diputado del PVEM tiene dos objetivos principales Reconocer el derecho humano a una sociedad libre de corrupción y Democratizar el combate a la corrupción pues señaló que, en la actualidad, un ciudadano que desee denunciar un acto de corrupción se enfrenta a múltiples obstáculos, desde la falta de acceso a la información hasta la negativa de las autoridades para involucrarlo en el proceso.

“Hoy, si un ciudadano presenta una denuncia por corrupción, es común que las autoridades le cierren las puertas y le digan que no tiene derecho a ver el expediente o a participar en el proceso. Esto debe cambiar”, enfatizó.

El Diputado del PVEM hizo un llamado a sus compañeros legisladores para sumarse a esta iniciativa, destacando que, a pesar de las diferencias ideológicas, el objetivo común debe ser legislar a favor de las michoacanas y los michoacanos. “Esta iniciativa no es de un partido o de una corriente política; es una propuesta que busca beneficiar a toda la sociedad y fortalecer nuestro Estado de Derecho”, agregó.

Finalmente, el Diputado David Martínez Gowman reiteró su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y confió en que esta iniciativa será un paso importante para construir un Michoacán más justo y equitativo

El Pleno de la 76 Legislatura aprobó cuatro dictámenes de glosa con las conclusiones del estudio y análisis del Informe de Gobierno del Estado que Guarda la Administración Pública Estatal, correspondiente al tercer año de ejercicio 2024.

Las Comisiones de Turismo; Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación; y, Jurisdiccional, presentaron diversas observaciones y recomendaciones en sus respetivos rubros, y remitieron los dictámenes a la Auditoría Superior de Michoacán para su conocimiento, seguimiento y efectos conducente.

En este sentido, de acuerdo al dictamen presentado por la Comisión de Turismo, es indispensable que, a la Secretaría de Turismo, se le asigne el presupuesto suficiente para que realice de manera eficiente sus funciones de impulsar y desarrollar el potencial turístico que tiene la Entidad, para posicionarse como uno de los principales destinos turísticos del país.

Paralelamente, la Comisión de Educación exhortó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Educación, fortalezca los programas de atención a las necesidades socioeducativas, en un esquema más amplio e integral; además se informe sobre el resultado de las campañas orientadas a la prevención de la violencia de género, la violencia escolar, la atención a la salud física y mental de los alumnos, ya que no se mencionan dentro del Tercer Informe.

Finalmente, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación concluyó que se ejecutaron acciones en la materia que abonaran en favor de las y los michoacanos; y la Comisión Jurisdiccional determinó no emitir opinión al respecto, toda vez, que no contiene algún apartado que sea materia o competencia de dicha comisión legislativa

La diputada Local y Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Emma Rivera Camacho, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una propuesta de acuerdo para enviar al Congreso de la Unión una iniciativa con Proyecto de Decreto que busca reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en los artículos 115 y 116, con el fin de reforzar el principio de no reelección en los cargos públicos.

La diputada destacó que el principio de no reelección “es uno de los pilares fundamentales de la democracia mexicana”. Recordó que dicho principio surgió “de las luchas históricas en el país para evitar el abuso del poder y la permanencia de un solo individuo en el gobierno, lo que ha ocasionado en diversos momentos de la historia dictaduras y centralización del poder”.

“La historia de México ha sido testigo de cómo la reelección se convirtió en una práctica que atenta contra la alternancia democrática y el fortalecimiento de las instituciones”, indicó.

En este sentido, Rivera Camacho subrayó que la reforma de 2014, que permitió la reelección de legisladores y miembros de los ayuntamientos, “fue un retroceso en términos democráticos, ya que dio paso a un vínculo más estrecho entre representantes y representados, pero sin garantizar la equidad en la contienda electoral”.

La diputada recordó que, “históricamente, la reelección ha favorecido el caudillismo y el autoritarismo, lo que contrasta con los principios democráticos que deben prevalecer en el país”.

Remarcó que la propuesta presentada “busca fortalecer el principio de no reelección, estableciendo que no debe haber continuidad de una misma persona en el cargo, como un mecanismo para evitar que el poder se perpetúe de manera unipersonal y que las elecciones sigan siendo auténticas, libres y periódicas, respetando la voluntad popular y garantizando la alternancia en el poder”.

La diputada morenista, Belinda Iturbide Díaz, urgió a los ayuntamientos y Concejo Mayor de Cherán, para que refuercen las medidas de prevención de accidentes viales e implementen políticas públicas que promuevan el uso obligatorio del casco en motociclistas, “pues tan solo el año pasado, mil 004 personas fallecieron en Michoacán, por accidentes viales”, explicó.

Además, abundó la diputada, el Consejo Estatal de Trasplantes reporta que dieron seguimiento a 47 personas que fallecieron por accidentes en motocicletas, de los cuales, siete se convirtieron en donadores de órganos, permitiendo salvar varias vidas (todos por no portar casco).

Mediante propuesta de acuerdo, la diputada local conmina a los ayuntamientos a recordar, con señalizaciones adecuadas, que las velocidades en calles urbanas es de 30 km/h, y a mantener la presencia de agentes de tránsito que cumplan con su función de cercanía y seguridad, y a que se trabaje en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), para la atención de las emergencias

La diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa en el Congreso de Michoacán para reconocer legalmente los ataques con ácido como una forma extrema de violencia de género.

Su propuesta, inspirada en la “Ley Malena”, busca tipificar estos ataques como tentativa de feminicidio, imponiendo penas más severas y garantizando a las víctimas una reparación integral del daño, incluyendo atención médica, apoyo psicológico y reinserción social y laboral.

“Debemos ser la diferencia, Michoacán debe ser un estado de justicia para las mujeres víctimas. La Ley Ácida que propongo el día de hoy envía un mensaje claro: No se tolerará ni un ataque más.

Es importante entender que estos ataques no son simplemente lesiones físicas; son violencia ácida. Lo que no se nombra no existe, y la violencia ácida es una realidad que no podemos seguir ignorando. Es por eso, la urgencia de agregar este concepto en la legislación”, expuso ante los integrantes de la LXXVI Legislatura.

Arreola Ruiz destacó que los ataques con agentes químicos no solo provocan graves daños físicos, sino que también afectan la vida social, laboral y emocional de las sobrevivientes. Enfatizó la urgencia de modificar el Código Penal para definir la “violencia ácida” como un delito específico y aumentar las penas cuando el agresor tenga una relación cercana con la víctima o cuando el ataque cause daños irreversibles.

La legisladora recordó casos emblemáticos como el de María Elena Ríos, saxofonista y activista que logró la reclasificación de su agresión como intento de feminicidio, y el de Marlene Cortés Méndez, atacada con ácido en Michoacán. Resaltó que la mayoría de las víctimas son mujeres y que los agresores suelen ser hombres, lo que evidencia la dimensión de género de esta violencia.

“Identificar estos ataques como tentativa de feminicidio nos da la oportunidad de imponer castigos más severos y justos. Las mujeres sobrevivientes a estos ataques enfrentan un sufrimiento irreversible que se extiende más allá del daño físico, afectando su capacidad de tener una vida plena y digna. Esto no solo garantiza justicia, sino que también dignifica a las sobrevivientes, asegurándoles acceso a una reparación integral del daño.”, acotó.

La “Ley Malena” se fundamenta en tres pilares: tipificación del delito, acceso a la justicia y reparación del daño, así como prevención y visibilización. Además, propone la creación de un registro de mujeres víctimas de ataques con ácido. La diputada hizo un llamado a la acción, enfatizando que la legislación debe ser un mensaje claro contra la impunidad y un paso hacia un Michoacán más justo para las mujeres

Para garantizar desde la norma que el sistema de seguridad sea eficiente, ordenado, confiable y digno y promover desde la legislación el respeto mutuo entre las fuerzas de seguridad y el pueblo, la diputada Xóchitl Gabriela Ruíz González propuso reformar las Leyes del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la de Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado de Michoacán.

Al hacer uso de la Máxima Tribuna del Estado, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en la LXXVI Legislatura Local, expuso que dicha iniciativa busca adecuar el marco normativo a una visión moderna de la labor policial, basada en principios de confianza, empatía y dignificación de la función pública de seguridad.

Para ello, plantea reorientar la labor policial hacia la construcción de una relación de confianza con la ciudadanía y que el personal de seguridad esté plenamente identificado y visible, permitiendo a la población confirmar su pertenencia a las corporaciones policiales y generar un ambiente de confianza en sus servicios.

Xóchitl Ruiz propone regular y vigilar de manera estricta el uso de recursos y la identificación del personal para que los elementos policiales puedan desempeñar su labor en un entorno de respeto y transparencia.

Para ello, se incluye un sistema integral de registro y monitoreo de la información del personal, su trayectoria, equipo y vehículos asignados, permitiendo que los ciudadanos conozcan y reconozcan a quienes velan por su seguridad.

«Con esta reforma se establece como prioridad el registro adecuado de los vehículos asignados a la seguridad pública, así como la portación visible y actualizada de identificaciones oficiales por parte del personal. Además, impone sanciones a aquellos elementos que incumplan con los lineamientos de identificación o alteren la visibilidad de sus medios oficiales, garantizando así el uso transparente de los bienes públicos y la rendición de cuentas», dijo.

También con esta iniciativa se establece la implementación de controles administrativos sobre el uso de vehículos y el porte de identificaciones contribuye a mantener la integridad y la imagen de las instituciones ante la sociedad.

Al establecer normas claras sobre la asignación de recursos y el cumplimiento de las responsabilidades, esta reforma no solo da certeza jurídica a los elementos policiales, sino que les permite desempeñarse con mayor seguridad y apoyo de la sociedad, sostuvo la diputada

Con el objetivo de erradicar la normalización del delito y la violencia en la sociedad michoacana, este día el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Octavio Ocampo Cordova presentó ante el pleno de la 76 legislatura una iniciativa para establecer como delito la apología de la violencia.

La propuesta del diputado perredista se encamina a sancionar a quienes inciten o promuevan la comisión de delitos o el consumo de sustancias ilícitas a través de medios de comunicación, discursos, redes sociales y expresiones culturales. La iniciativa que se turnó a comisiones propone que los infractores enfrentarían de 10 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

Octavio Ocampo, subrayó que esta medida contribuye a combatir la apología del delito que normaliza la violencia en la sociedad, “la normalización de la delincuencia a través de las redes sociales representa una amenaza significativa para la construcción de una sociedad pacífica y justa”, expresó desde tribuna y agregó que “la glorificación de actos delictivos, ya sea en forma de discursos, imágenes o contenidos audiovisuales, contribuye a una cultura que tribaliza el crimen y mina los esfuerzos de prevención y combate a la delincuencia”.

De ahí que se proponga adecuar el Código Penal del Estado de Michoacán para tipificar la apología del delito y la incitación a la Comisión de Actos Ilícitos, toda vez que esta propuesta se fundamenta en la necesidad de fortalecer el marco legal para sancionar aquellas conductas que promuevan o justifiquen la violencia con el objetivo de frenar su impacto en las nuevas generaciones y en la percepci social de la criminalidad.

Y recordó que Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión, es clara al señalar que la programación dirigida a niñas, niños y adolescentes debe evitar la difusión de contenidos que afecten su desarrollo integral o que hagan apología del delito. Sin embargo, casos recientes evidencian la falta de regulación efectiva y el impacto negativo de ciertos contenidos en la percepción de la violencia.

Explicó que la apología del delito no sólo afecta a la percepción de la violencia, sino que también puede influir en la conducta de las nuevas generaciones generando una aceptación social de conductas delictivas. Esto contribuye a un ciclo de violencia y desconfianza en las instituciones dificultando así la lucha contra el crimen.

Además, expuso que esta relación entre la apología del delito y el aumento de la violencia tiene repercusiones sociales y morales, pero también económicas, porque de acuerdo con el INEGI, la violencia en México costó 282 mil millones de pesos en los últimos años, lo que representa un gasto de aproximadamente 6 mil 853 pesos por persona debido a la incidencia delictiva.

Por lo anterior, Octavio Ocampo pidió al pleno legislativo fortalecer de manera urgente el marco legal para combatir la apología del delito y mejorar la confianza en las instituciones de seguridad y de justicia en Michoacán.

La iniciativa que propone adicionar el artículo 163 quinquies al Código Penal del Estado de Michoacán busca contribuir con acciones firmes a frenar la violencia y contribuir a la construcción de una cultura de paz, “esta iniciativa es un paso fundamental para frenar la normalización de la violencia y fortalecer el Estado de Derecho en nuestra entidad”