Legislativo

“Este día se marca un capítulo trascendental en la historia de Michoacán y de sus pueblos originarios”, remarcó el diputado Juan Pablo Celis Silva.

Resaltó que tras años de lucha y organización, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Reforma Constitucional en Materia Indígena, “un logro que cristaliza los derechos de autodeterminación, presupuesto directo y autonomía de nuestras comunidades indígenas”.

De esta manera celebró este avance histórico, destacando que es el fruto del esfuerzo y la resistencia incansable de los pueblos originarios, quienes han sido los verdaderos protagonistas de esta transformación.

«Este triunfo es de ellos, y solo de ellos. Desde el Congreso, hemos acompañado este proceso con profundo respeto a su autonomía, formas de organización y sistemas normativos. Hoy reconocemos el legado de su lucha y damos un paso decisivo hacia la justicia social», expresó el legislador.

La reforma establece importantes avances que consolidan los derechos de las comunidades indígenas:

-Reconocimiento como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
-Garantía de autodeterminación y ejercicio de formas de autogobierno.
-Administración directa del presupuesto y representación en los ayuntamientos con población indígena.
-Respeto a la elección de autoridades mediante «usos y costumbres».
-Fortalecimiento de las instituciones tradicionales como las faenas y las guardias comunales.

Juan Pablo Celis subrayó que la aprobación de esta reforma también refleja un compromiso con la preservación de la riqueza cultural y la diversidad que definen a Michoacán. «La Asamblea General de los habitantes será ahora reconocida como la máxima autoridad al interior de sus comunidades, reafirmando su capacidad para decidir y construir su propio destino.»

Indicó que este logro marca un antes y un después en la relación entre el Estado y los pueblos originarios, reafirmando la autonomía y dignidad de las comunidades indígenas de Michoacán.

«Hoy rendimos homenaje a generaciones de hombres y mujeres que han defendido su identidad y derechos. Este es un día de celebración, pero también de compromiso para seguir trabajando desde el Congreso para que estos derechos se traduzcan en hechos concretos que transformen vidas», concluyó Celis.

A fin de asegurar la dignidad y el bienestar de las personas con discapacidad en Michoacán, la Diputada Nalleli Pedraza Huerta, presentó un exhorto a los tres poderes en la entidad a cumplir con lo estipulado en el Artículo 42 de la Atención a Personas con Discapacidad en Michoacán, mismo que indica que que al menos el 5% de su plantilla laboral debe cumplir con la inclusión de personas con discapacidad.

“Los gobiernos municipales, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos, deben rendir cuentas de si están cumpliendo con este mandato constitucional. ¿Estamos cumpliendo como gobierno y sociedad con esta obligación? ¿los sujetos obligados que marca la ley, han cumplido?”.

Nalleli Pedraza, recordó que a partir del Censo de Población y Vivienda del año 2020, del Inegi, se dio a conocer que la cifra de personas con alguna discapacidad permanente es de más de seis millones de personas, casi el 5% de la población; pero en el caso de Michoacán el porcentaje está por encima de la media nacional, pues de acuerdo con el consejo estatal de población, el 8.6% vive con alguna discapacidad, mientras que el 18% vive alguna limitación física.

Por lo anterior, la Legisladora reiteró este llamado en el marco al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para que eliminar las barreras institucionales y sociales para ejercer a plenitud el derecho al trabajo a las personas con discapacidad.

Es de señalar que este punto de acuerdo elaborado de la mano con las diputadas Belinda Iturbide Díaz, Jaqueline Avilés Osorio, Giulianna Bugarini Torres, y Melba Edeyanira Albavera Padilla, fue aprobado de manera unánime por quienes integran la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán.

El Diputado Independiente Conrado Paz Torres, avaló la reforma constitucional que reivindica derechos fundamentales de las comunidades indígenas en Michoacán.

El representante del Distrito 14 de Uruapan, comentó que estas reformas a la Carta Máxima del estado, sientan un precedente para que las comunidades y pueblos originarios, ejerzan plenamente sus derechos de autogobierno, usos y costumbres, seguridad, ejercicio y aplicación de los recursos, así como la protección de sus territorios.

«Vengo representando no sólo a las comunidades indígenas de mi Distrito, sino que vengo para darle voz a todas y todos los pueblos originarios de Michoacán; para que todo lo que sea en beneficio de nuestros pueblos, sea una realidad y no quede en letra muerta en las leyes del Estado», detalló.

El legislador local reconoció que estas reformas constitucionales , forman parte de un conglomerado normativo de derechos que les habían sido no sólo negados, sino coartados por gobiernos y grupos de intereses ajenos al bienestar de los pueblos y comunidades indígenas del estado.

Finalmente, Conrado Paz aseguró que si bien aún falta mucho por hacer en la materia, él como representante popular, seguirá trabajando de la mano de las comunidades originarias para consolidar el desarrollo, bienestar y el pleno ejercicio de sus derechos y las conquistas ganadas por sus pobladores.

Durante la discusión y votación del dictamen para reformar diversas disposiciones de la Constitución del Estado en materia de derechos indígenas y afromexicanos, el diputado Hugo Ernesto Rangel Vargas señaló inconsistencias en el proceso que podrían comprometer la legitimidad jurídica de la reforma. A pesar de reconocer la relevancia del avance legislativo, enfatizó que las prisas del Congreso para aprobar esta reforma podrían abrir un flanco de vulnerabilidad.

“El Congreso del Estado, como autoridad que admite una reforma, está obligado por el artículo 6° del Convenio 169 de la OIT a realizar consultas formales, auténticas y adecuadas culturalmente. Sin embargo, este dictamen se limita a señalar vagamente que se recogieron comentarios y observaciones, lo cual no satisface el principio de buena fe ni garantiza la representatividad legítima de las comunidades indígenas,” afirmó Rangel Vargas desde su curul.

Durante la sesión, el diputado interrogó directamente a las comisiones responsables del dictamen sobre los mecanismos y metodologías empleados para realizar las consultas obligatorias, así como sobre la intervención de un árbitro imparcial que asegurara su legitimidad. “Lo pregunto para que esta reforma no quede vulnerable en términos jurídicos y para que represente legítimamente las aspiraciones de nuestras comunidades indígenas y pueblos originarios,” señaló. Advirtió que la falta de rigor en el proceso podría derivar en acciones de inconformidad legal que pongan en entredicho los objetivos progresistas de la reforma.

Rangel concluyó destacando el compromiso del Partido del Trabajo y del Congreso por robustecer cualquier iniciativa en favor de los pueblos originarios, pero insistió en la necesidad de respetar el debido proceso. “La reforma está bien, pero les ganó la urgencia, y eso la puede hacer vulnerable. Algo que pudo haber sido brillante hoy tiene un prietito en el arroz, una debilidad que debemos asumir con responsabilidad,” subrayó.

El diputado Alfonso Chávez, originario de Taretan, votó a favor de la Reforma a las Comunidades Indígenas y Afrodescendientes que les otorga el rango de sujetos de derecho público, permitiéndoles acceder a un presupuesto directo. Sin embargo, señaló que esta reforma aún deja pendientes importantes, como la atención a las desigualdades estructurales y la necesidad de escuchar a todas las comunidades involucradas.

El legislador panista enfatizó que en Michoacán, las comunidades indígenas enfrentan profundas carencias, particularmente en educación, salud y seguridad, servicios esenciales para mejorar sus condiciones de vida. “Reconocemos sus derechos, pero también su realidad; no basta con una reforma, necesitamos acciones concretas que atiendan estas desigualdades”, afirmó.

El congresista expresó su preocupación porque, pese a los avances legislativos, no se consultó de manera adecuada a todas las comunidades indígenas del estado, dejando fuera voces clave en el proceso. “El diálogo es fundamental, y este debe ser incluyente para garantizar que los derechos reconocidos en la ley se traduzcan en beneficios reales para quienes más lo necesitan”, señaló.

En el pleno, el legislador subrayó que la fracción parlamentaria del PAN se mantendrá firme en sus principios de solidaridad, respeto a la dignidad humana y justicia social, respaldando toda reforma que busque dignificar a los pueblos indígenas.

Asimismo, destacó la importancia de reconocer a los pueblos originarios como guardianes de la tierra y pilares de la identidad nacional. “Son el corazón vivo de nuestra nación, pero también los más olvidados. Es momento de que pasemos del reconocimiento simbólico a la acción efectiva”, puntualizó.

Finalmente, Alfonso Chávez hizo un llamado a la sociedad para reflexionar sobre la deuda histórica que se tiene con estas comunidades.

En un acto histórico para la justicia social en Michoacán, la Diputada Local y Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Emma Rivera Camacho, expresó su respaldo al dictamen que reforma la Constitución Política del Estado en materia de derechos indígenas y afroamericanos que fue aprobado por unanimidad en el pleno del Congreso del Estado.

Desde la máxima tribuna estatal, Emma Rivera destacó que esta reforma representa un paso crucial hacia la inclusión, el respeto y la protección de las comunidades originarias y afrodescendientes, pilares del México profundo.

La legisladora enfatizó que la iniciativa reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de garantizarles la administración directa de recursos públicos y el derecho a sus sistemas de autogobierno. “Hoy, desde esta legislatura, recogemos el espíritu del México profundo, ese que preserva nuestra riqueza cultural y nuestra raíz. Esta reforma es más que un acto legislativo; es un acto de justicia y dignidad”, declaró.

Emma Rivera subrayó que esta reforma no solo armoniza los principios federales con las necesidades locales, sino que además abre el camino para fortalecer la identidad, la autonomía y los derechos de las comunidades. “Promover una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad no solo es una obligación legal, sino un deber ético para combatir el racismo, la exclusión y la discriminación histórica”, señaló.

En su discurso, la Diputada Emma Rivera hizo un llamado a seguir trabajando por la integración y la equidad, reiterando que esta lucha es permanente. “La búsqueda de condiciones de mayor equidad social y de justicia para nuestros pueblos originarios no termina aquí; sigue siendo una prioridad para quienes creemos en la transformación verdadera”, concluyó.

La reforma en materia indígena que aprobó el Congreso de Michoacán garantiza la preservación de nuestras raíces, reconoce la autogestión de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas y salda una deuda histórica con un sector que durante décadas fue invisibilizado por gobiernos ajenos a sus intereses y necesidades, refirió la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Fabiola Alanís Sámano.

La legisladora morenista detalló que con esta reforma, promovida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas obtienen su reconocimiento pleno como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, lo que permite reconocer su derecho al autogobierno por consulta libre, previa e informada.

“Hoy saldamos una deuda histórica los pueblos originarios de Michoacán al impulsar una reforma histórica que promueve la autonomía indígena y marca un precedente a nivel nacional para trabajar en la preservación de nuestras raíces”, enfatizó.

Agregó que uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es que se reconocen las Faenas y los servicios comunales como instituciones, un valor y una práctica de fundamental importancia para la vida de las comunidades indígenas y para la demodiversidad de Michoacán.

Bajo estos argumentos, la diputada Fabiola Alanís sostuvo que el Grupo Parlamentario de Morena será un defensor permanente de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, tras resaltar que en el proceso de transformación que vive el estado y el país todos los sectores que durante décadas fueron ignorados y relegados, tendrán voz y voto en el ejercicio pleno de sus derechos.

El Congreso de Michoacán, exhortó respetuosamente al Congreso de la Unión, así como a congresos locales de las 31 entidades federativas, a que instalen un Punto Naranja, con el objetivo de prevenir y atender la violencia de género, garantizando la seguridad, protección, el derecho a la movilidad y tránsito seguro de las mujeres y niñas.

Lo anterior, luego que el Pleno de la 76 Legislatura aprobara la propuesta presentada por la diputadas Teresita de Jesús Herrera Maldonado y Sandra María Arreola Ruíz, quienes manifestaron el propósito de llevar al país y a todas las mujeres, un mensaje de apoyo, acompañamiento y sororidad, y trabajar por erradicar cualquier tipo de violencia, convirtiendo al Congreso del a Unión y todos los congresos locales, en Puntos Naranja, es decir, espacios seguros para las mujeres y niñas.

Desde la máxima tribuna del Estado, la diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado, reprochó que la violencia contra las mujeres en México ha sido una problemática persistente y alarmante, “de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 66% de las mujeres en México ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida”, ejemplificó.

Recordó que a propuesta de su homóloga y ella, fue aprobada en sesión anterior, por unanimidad por el Pleno, para que el Palacio Legislativo, fuera considerado en la instalación de un “Punto Naranja”, contribuyendo a que el Congreso sea percibido como un espacio seguro y comprometido con la lucha contra la violencia de género.

“El pasado 25 de noviembre, en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, conocido como el Día Naranja, la Septuagésima Sexta Legislatura, instaló dos “Punto Naranja”, lo cual, sentó un precedente histórico para nuestro Estado y para los congresos locales”, destacó.

Finalmente, precisó que previo a esta develación, se capacitó al personal Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado (STASPLE), del Congreso del Estado de Michoacán, así como al personal administrativo, de seguridad y personal asignado en las inmediaciones de las entradas, con la finalidad de sensibilizar y capacitar a los participantes sobre la prevención y atención de la violencia de género, en relación a estos puntos.

Con 34 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, el Pleno de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, aprobó el decreto por el que se reforman los artículos: 3, 36, 62, 113, 117, 123, 133, 164, y se adicionan párrafos a los artículos: 13, 36, 104, 112, 114, 123, 124, 134, 136, todos de la Constitución Política del Estado Libre Y Soberano De Michoacán De Ocampo, en materia de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Con ello se identifica la composición pluricultural del Estado y en consecuencia, la demodiversidad materializada en los diferentes sistemas, principios, normas, instituciones, prácticas democráticas y de gobierno de los pueblos y de las comunidades indígenas del Estado; así como se reconoce el autogobierno.

De esta forma el Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio; también enuncia que, derivado del autogobierno, se dará la administración directa del presupuesto y el ejercicio de funciones de gobierno por parte de comunidades indígenas con carácter de tenencias y encargaturas del orden independientes.

También se reconoce al Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, así como aquellos que logren dicha categoría, a los Concejos Comunales, a los Concejos de Autogobierno y a la Coordinación Comunal como expresiones de Gobierno Comunal y autoridades representativas investidas de personalidad jurídica y patrimonio propio; y se reconoce las faenas y servicios comunales como una institución.

El presupuesto anual del Gobierno del Estado relativo a programas establecidos de infraestructura social, educativa e hídrica deberá contemplar recursos para ser administrados por las comunidades indígenas de autogobierno y presupuesto directo; así como deberá de contemplar dentro de los programas de seguridad pública estatal un rubro en seguridad pública para garantizar sus prácticas de seguridad comunal..

En Sesión Ordinaria, la 76 Legislatura estableció que el año 2025 y la Biblioteca del Congreso del Estado sean denominados con el nombre de “Luis González y González”, en reconocimiento a la destacada trayectoria del historiador michoacano.

A propuesta del diputado Alfredo Anaya Orozco, se reconoció la aportación al estudio de la historia regional y nacional del destacado historiador y poeta mexicano, nacido en el 11 de octubre de 1925 en San José de Gracia, Michoacán, y falleció el 13 de diciembre de 2003, quien destacó por haber desarrollado el concepto de la «microhistoria».

Entre las obras más conocidas se encuentra «Pueblo en vilo» (1968), un estudio sobre su pueblo natal, donde aplicó la microhistoria para analizar cómo los grandes eventos históricos afectan la vida cotidiana de una comunidad pequeña, considerada una obra maestra y ha sido ampliamente elogiado tanto en México como en el extranjero.

Además de «Pueblo en vilo», otros de sus trabajos relevantes incluyen «Invitación a la microhistoria» y «El oficio de historiar». González fue uno de los fundadores y el primer director de El Colegio de Michoacán (Colmich), institución académica enfocada en las ciencias sociales y las humanidades.

Por lo anterior, las y los legisladores reconocieron su trayectoria y legado al designar que la Biblioteca del Poder Legislativo lleve su nombre, lo que, no solo honra su memoria, sino que sirve como un recordatorio constante del valor de la investigación, el estudio y el conocimiento en la vida pública y política del estado.

Con la declaración del año 2025 como «Año de Luis González y González», se conmemoran los 100 años de su nacimiento, a través de actividades culturales y académicas; ya que, el Pleno del Congreso instruyó a la Secretaría de Cultura del Estado a coordinar actividades conmemorativas a lo largo del año 2025 que promuevan el estudio, divulgación y reconocimiento de la obra y legado de Luis González y González.

Asimismo, las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como los ayuntamientos de Michoacán, deberán inscribir en su correspondencia oficial durante el año 2025 la leyenda «2025, Año de Luis González y González».

El Congreso del Estado emitió un exhorto a los Poderes del Estado, gobiernos municipales, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos para que garanticen como mínimo el 5% de su respectiva plantilla laboral para la inclusión de personas con discapacidad, en cumplimiento del artículo 42 de la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado de Michoacán.

En Sesión Ordinaria, el voto unánime se dio a favor de la propuesta de Acuerdo presentada por las diputadas Nalleli Julieta Pedraza Huerta, Belinda Iturbide Díaz, Giulianna Bugarini Torres, Jaqueline Avilés Osorio y Melba Edeyanira Albavera Padilla mediante la cual se insta a cumplir con la obligación establecida en la Ley para la inclusión de las personas con discapacidad.

De igual forma, presentar el informe anual al Consejo Michoacano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, donde se incluya, por lo menos, las convocatorias emitidas, así como, las contrataciones que derivadas de ellas o no, haya realizado, indicando el porcentaje que representan las personas con discapacidad contratadas en relación con el número total de empleados que se encuentren bajo su mando, independientemente de la modalidad laboral bajo la que se encuentren contratados.

El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura recordó que con fecha 24 de octubre de 2024 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el Decreto 691 del Congreso del Estado de Michoacán, en el que se reforma el artículo 42 de la Ley para la inclusión de personas con discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de incrementar de 3% a 5% el porcentaje mínimo de personas con discapacidad que deben ser empleadas en la estructura de los tres Poderes del Estado, gobiernos municipales, sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos.

En su exposición de motivos, las legisladoras expusieron que la condición de discapacidad es una de las condiciones que mayor prevalencia de actos de discriminación genera, y por otro, que en el lapso de solo un lustro la percepción de discriminación aumentó casi 10 puntos porcentuales cuando se trata de personas con discapacidad.

Ante ello, coincidieron es imperioso reforzar de manera institucional las acciones que permitan que las personas con discapacidad puedan gozar a plenitud de sus derechos, como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, el transporte, la justicia, la cultura y el turismo.

A fin de solucionar problemas de interpretación y operatividad derivados de la exigencia actual de que los elementos privativos cuenten con construcciones, el diputado Alfredo Anaya Orozco presentó proyecto de decreto para reformar el artículo 274, fracción VIII BIS, del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán.

En sesión celebrada este jueves en el Congreso del Estado, explicó que la propuesta está enfocada en darle orden al desarrollo urbano en la entidad, dado que actualmente “todos los desarrolladores privados tienen que presentar inconsistencias al registro público porque el código no permite comprar lotes en privado y tiene que decir que atan vendiendo una obra con cero por ciento avance”.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), detalló que el régimen de propiedad en condominio es una figura jurídica esencial en el desarrollo urbano y habitacional, que permite la coexistencia de derechos de propiedad privativos y comunes dentro de un mismo inmueble. En Michoacán, el Código de Desarrollo Urbano establece lineamientos que delimitan el alcance de esta figura, particularmente en su artículo 274, fracción VIII BIS.

Anaya Orozco precisó que la falta de armonización legislativa de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio reconoce áreas como elementos privativos, incluso si no cuentan con construcciones. Esta disparidad normativa genera incertidumbre jurídica para desarrolladores y propietarios, además de propiciar interpretaciones contradictorias por parte de las autoridades.

En este sentido, la propuesta de reforma al artículo 274, fracción VIII BIS, busca incluir de manera expresa las «áreas o lotes» como posibles elementos privativos en un régimen de propiedad en condominio. Esto permitiría resolver los problemas antes mencionados, al tiempo que se fomenta un desarrollo urbano más ordenado y flexible.

“Esta es una modificación que ya se aplica en Ciudad de México, Jalisco, Querétaro y Ciudad de México. Para nuestro estado la reforma busca alinear las disposiciones estatales con las mejores prácticas nacionales, eliminando restricciones normativas y fomentando el desarrollo urbano planificado en el estado, esto permitirá fomentar el desarrollo urbano planificado y beneficiar a las para autoridades y particulares al optimizar trámites administrativos”, explicó.

El clarificar en la norma la facultad de vender un lote, es un paso necesario para modernizar el marco jurídico de Michoacán, alineándolo con prácticas legislativas efectivas y fomentando un desarrollo urbano sostenible, afirmó el Legislador.