Legislativo

El diputado local, Alfonso Chávez señaló que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) dijo estar comprometido en este segundo periodo del primer año de la 76 legislatura, en impulsar reformas que promuevan el desarrollo económico de Michoacán.

Entre las principales iniciativas que se impulsarán destaca la propuesta de una nueva legislación que fomente el Primer Empleo y la Primera Empresa Michoacana. Estas reformas buscan generar condiciones para que jóvenes y mujeres empresarias puedan integrarse de manera efectiva al mercado laboral, fortaleciendo la economía local y fomentando la creación de nuevas oportunidades.

“El desarrollo económico debe ir de la mano con políticas públicas que respondan a las necesidades de los sectores más dinámicos y vulnerables de nuestra sociedad. Es fundamental garantizar la inclusión de jóvenes y mujeres en el ámbito empresarial y laboral, pues son el motor de nuestra economía”, afirmó Alfonso Chávez.

El legislador panista también señaló que estas reformas tendrán como prioridad incentivar la apertura de empresas locales, con especial enfoque en proyectos liderados por mujeres y jóvenes, quienes muchas veces enfrentan barreras estructurales para acceder a financiamientos y empleos de calidad.

“Trabajaremos desde el Congreso para construir un marco normativo que impulse el emprendimiento y, al mismo tiempo, fomente la capacitación, el desarrollo de habilidades y la competitividad en el estado”, subrayó el diputado.

El diputado local, Guillermo Valencia Reyes, llamó a las autoridades estatales y federales a no abandonar a su suerte a los policías de los municipios, “porque son la autoridad más vulnerable y todos los días está en riesgo su vida”.

“Qué hay ahí, falta de atención, qué es lo que pasa, no les interesa dejar a merced de los delincuentes a nuestros policías o hay algún tipo de complicidad para que los delincuentes se arreglen entre ellos, no, no pueden dejar a los policías a merced de los delincuentes”, sentenció.

El también dirigente estatal del PRI, emplazó a los otros dos niveles de gobierno a no dejar solas a las autoridades locales.

“Yo exijo al gobierno del estado y el gobierno federal que sean ellos los que tomen el control de esa región de Queréndaro, Zinápecuaro y municipios cercanos, no puede ser posible que los maleantes, las bandas de criminales se disputen el control del territorio como si les perteneciera”, dijo.

Lamentó que ya se había registrado un ataque por parte de los criminales en este municipio en contra de las instalaciones del Ayuntamiento, los cuales volvieron este jueves 6 de febrero y consumaron la agresión con el homicidio de tres policías municipales, así como dejar uno más herido.

El legislador reiteró su apoyo y solidaridad a los elementos municipales de Queréndaro y el estado, a quienes insistió que “no están solos, aquí estamos y seguiremos alzando la voz por ustedes, justicia para los tres policías asesinados y todo el peso de la ley a los delincuentes”, mientras que a las autoridades estatales y federales les recordó que “el Contrato de Derecho es muy claro, para eso pagamos impuestos los ciudadanos, el monopolio de la fuerza pública lo debe tener el Estado y no los criminales”, finalizó.

El vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán Vélez llevó hasta la máxima tribuna, la exigencia de miles de ciudadanos, empleados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) y transportistas que exigen regrese el pago con efectivo a las ventanillas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado.

Barragán recordó, que en la Ley de Ingresos se aprobó un esquema de pago dual, permitiendo el uso de efectivo y tarjeta en las ventanillas de la Secretaría de Finanzas, disposición que no se está cumpliendo en la práctica.

El también líder social, lamentó el argumento del gobierno de que el 75 por ciento de los pagos del refrendo vehicular se realizaron digitalmente, pues dijo este es solo uno de más de mil trámites estatales. Además, justificar la prohibición del efectivo para combatir la corrupción es una falacia.

“Como bien dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la corrupción se limpia de arriba hacia abajo”, mencionó.

Barragán aseguró que el problema se agrava en municipios sin bancos, ni establecimientos de pago, obligando a los ciudadanos a recorrer grandes distancias para cumplir con sus obligaciones fiscales.

“Comunidades de la Meseta Purépecha, la Tierra Caliente y la Sierra-Costa enfrentan condiciones particularmente adversas. Una política excluyente e ineficiente”, expresó.

Finalmente dijo, que la obtención de la certificación ISO 37001 en materia antisoborno, que costó más de 50 mil dólares, tampoco garantiza transparencia en la recaudación, pues ese gasto contrasta con la falta de soluciones para facilitar los pagos de la ciudadanía.

El Grupo Parlamentario de Morena votará en contra de la reelección y el nepotismo una vez que ambas reformas, recién presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se hagan llegar al Congreso de Michoacán, remarcó la coordinadora de la bancada guinda, Fabiola Alanís Sámano, quien subrayó que dichas modificaciones constitucionales fortalecerán el esquema democrático del país.

La legisladora morenista remarcó la necesidad de volver a hacer efectivo el lema revolucionario maderista “sufragio efectivo no reelección”, a fin de diluir una figura que, desde su perspectiva, solo ha servido para dar continuidad a gobiernos ajenos a los intereses y necesidades del pueblo.

“En Michoacán se hará valer el sufragio efectivo no reelección, acabó la era de gobernantes y legisladores que se han valido de esta figura para buscar su bienestar y no el del pueblo”, enfatizó.

Del mismo modo, anticipó que la bancada morenista votará a favor de la reforma que busca combatir el nepotismo, luego de remarcar los altos índices de corrupción que giran en torno a la esfera pública nacional.

“Las y los familiares y allegados de funcionarias y funcionarios dejarán de verse beneficiados ocupando espacios públicos, la era del nepotismo también llegó a su fin”, finalizó.

A fin de atender las necesidades de las y los jóvenes en Michoacán, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Jóvenes del Estado, para que por norma se les garantice el acceso a proyectos empresariales y productivos, y con ello, generarles oportunidades laborales y de crecimiento.

Al hacer uso de la Máxima Tribuna del Estado en la sesión celebrada este jueves, la diputada presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte en la LXXVI Legislatura Local, resaltó que con esta reforma se garantiza que el titular del Ejecutivo Estatal y las diversas dependencias e instituciones fomenten la creación, desarrollo, asistencia, investigación, difusión y sustentabilidad de proyectos empresariales generados por la juventud, así como de políticas públicas que promuevan el espíritu emprendedor de los jóvenes.

Además con esta reforma a la Ley vigente se plantea que se deben promover estrategias orientadas al desarrollo de proyectos productivos de los jóvenes emprendedores, innovadores, creativos y competitivos que impulsen el desarrollo local y regional del estado, por ello, reiteró la importancia de que pueda ser dictaminada favorable en comisiones.

Grecia Aguilar expuso que esta iniciativa surge como respuesta a las necesidades de la juventud michoacana de ser integrados en las actividades económicas, cuyo objetivo primordial es proveer a los jóvenes emprendedores de las condiciones suficientes que faciliten su acceso al comercio, al brindar las herramientas para su capacitación, promoción y asistencia en la generación de proyectos productivos.

“Legislar en favor de los jóvenes es una prioridad para mí y mi partido, Movimiento Ciudadano; así como el garantizar a la juventud el pleno ejercicio de sus derechos, en un ambiente de bienestar que fomente su desarrollo integral, a partir de leyes que permitan su participación en la vida social, política y económica del país”.

Dejó claro que las y los jóvenes tienen la oportunidad de respaldar políticas que promuevan la igualdad, la educación de calidad y el acceso a oportunidades laborales justas, por ello, la necesidad de garantizar sus derechos desde la Ley, así como garantizar su cumplimiento.

La diputada naranja dijo que la juventud michoacana merece que la agenda gubernamental refleje sus intereses, preocupaciones y aspiraciones. “Esta Iniciativa pretende justamente que se fomente el espíritu juvenil emprendedor, y promover el desarrollo y acompañamiento de proyectos productivos que beneficien el desarrollo regional del Estado de Michoacán”.

Subrayó que la participación de la juventud no sólo es un derecho, es un deber cívico que tiene el potencial de transformar el Estado hacia un lugar de progreso, oportunidades, inclusión y equidad.

Recordó que la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI en México hay 4.4 millones de emprendimientos de los cuales el 35% son de jóvenes menores de 35 años, quienes han encontrado en el autoempleo un camino para cumplir sueños y metas personales. No obstante, las estadísticas oficiales revelan también que los jóvenes empleados no perciben ni siquiera un salario mínimo diario, lo que implica que no cuentan ni con un contrato escrito, servicios de salud, ni aguinaldo y vacaciones, es decir trabajan sin las prestaciones laborales mínimas legales bajo escenarios de informalidad y precariedad, por lo que es necesario apostar a otras alternativas que aporten a su pleno desarrollo y acceso a mejores oportunidades.

Con la finalidad de que haya las condiciones para el adecuado funcionamiento del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, el Congreso del Estado, aprobó diversas reformas al Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.

Es importante señalar que, con la extinción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, se pretende alcanzar una realidad en la que se incluyan mecanismos eficaces para combatir la corrupción, y evitar la impunidad, así como crear criterios más unificados de la resolución de procedimientos al interior del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán.

Entre estas reformas se encuentra la de homologar las facultades de las cinco salas que integran el Tribunal, con el propósito de que los mismos conozcan tanto de la materia administrativa, como para dar mayor relevancia y atención a la materia de responsabilidades administrativas y con ello, prevenir y combatir la corrupción.

De esta forma y en aras de garantizar la legalidad, imparcialidad, seguridad jurídica, agilidad, transparencia, eficiencia, eficacia y buena fe de los procedimientos y procesos jurisdiccionales administrativos, es que se presentó y aprobó la adecuación a las normas secundarias.

Esta iniciativa tiene el propósito de fortalecer y mejorar el funcionamiento, las atribuciones y de garantizar en todo momento a los justiciables su derecho humano de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El pleno de la 76 Legislatura del Congreso del Estado aprobó reducir la edad mínima requerida en el marco jurídico, a los ciudadanos michoacanos que cubran con los requisitos para ocupar el cargo de Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; pasando de 30 a 25 años.

En Sesión Ordinaria, las y los diputados michoacanos votaron a favor de la reforma al Artículo 10 del Decreto Legislativo Número 139, así como al artículo 22 de la Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán de Ocampo, para reducir la edad de quienes puedan asumir su titularidad.

Conforme al Dictamen puesto a consideración del Pleno por parte de la Comisión de Justicia, ambas reformas tienen por objeto optimizar la incorporación de nuevos talentos, jóvenes con visión innovadora y enfoques dinámicos en la gestión de políticas públicas sociales, particularmente de aquellas dirigidas a la infancia, las madres gestantes y las familias en situación vulnerable.

“La juventud, cuando se combina con la experiencia, puede ser un motor de cambio significativo, aportando nuevas perspectivas y energía”, establece el dictamen.

De igual forma, con el voto a favor, las y los legisladores michoacanos, al reducir la edad mínima, pretenden fomentar una mayor inclusión de jóvenes profesionales comprometidos con el bienestar social, promoviendo su participación activa en la toma de decisiones y en la implementación de programas sociales.

Con ello, se contribuirá a una gestión pública más ágil, moderna y adaptada a las necesidades de las nuevas generaciones, al mismo tiempo que se garantiza la continuidad y efectividad de los programas del Sistema DIF.

En el dictamen, también se establece que la incorporación de personal joven y capacitado permitirá fortalecer los servicios asistenciales, ampliar el alcance de los proyectos y asegurar que las políticas públicas sean más sensibles y cercanas a las realidades actuales del Estado.

Conforme a ello, el voto fue a favor de reformar la fracción II del Artículo 10 del Decreto Legislativo Número 139, mediante el cual se crea un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que se denomina Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; así como a la fracción II del artículo 22 de la Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán de Ocampo, para definir que para ser Director General se requiere tener 25 años cumplidos en la fecha de su nombramiento.

“Uno de los problemas más grandes que enfrentan las mamás y por consecuencia, las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado es el incumplimiento de las sentencias de pensión alimenticia”, destacó la diputada Sandra Arreola Ruíz al presentar una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 856 Bis, 856 Ter y 856 Quater al Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Al presentar la propuesta, la representante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán (PVEM), resaltó que “proteger el interés superior de los menores es deber del estado, y nosotros representantes del pueblo, los integrantes de la LXXVI Legislatura deben darles un efectivo acceso a la justicia a las víctimas de abandono parental”.

Las estadísticas acerca de esta situación son claras, aseveró, y dijo que “según un informe del Consejo Nacional de la Judicatura, más de 3 millones de niños en México no reciben pensión alimenticia de uno de sus padres, generalmente del padre, que es quien más comúnmente incumple con su obligación. Mientras que según informes del INEGI reportan que más del 50% de los padres obligados por ley a pagar pensiones alimenticias, no las cumplen regularmente”.

“El incumplimiento de las pensiones alimentarias tiene consecuencias devastadoras para los menores, se ve afectado su acceso a la educación, salud y alimentación. Además de comprometer el desarrollo físico y emocional de los niños, perpetuando ciclos de pobreza en las familias que dependen de estas pensiones. La pensión alimenticia no es un capricho, es la obligación que tienen los padres con sus hijos”, expuso la legisladora.

Areola Ruíz, agregó que “aunado al incumplimiento en el pago de la pensión, miles de deudores alimentarios despliegan intencionalmente conductas destinadas a evitar su llamamiento a juicio, proporcionando domicilios falsos, incluso frente a las autoridades ante quienes hacen trámites legales o incluso sirviéndose de que niegan conocer su paradero para evitar su llamamiento a juicio y terminan evadiendo sus obligaciones parentales”.

Por ello, la iniciativa que presentó tiene varios objetivos en el mismo sentido, primordialmente busca salvaguardar el interés superior de los menores y acabar con la evasión de responsabilidades por parte de los deudores alimentarios, además de que la carga de localización del demandado no caiga sobre el acreedor alimentario que en muchas ocasiones carece de medios para llevarlo a cabo y que tampoco recaiga únicamente en los jueces y actuarios, que si bien, es parte de sus funciones, llega a ser una carga desproporcionada que también deriva en el retardo de la administración de justicia.

“Esta reforma se instruye para que la Unidad de Medidas Cautelares coadyuve con las víctimas de violencia económica en la localización de los deudores, con el propósito de permitir a los justiciables que soliciten la intervención de dicha unidad especializada y para que dictamine si un deudor es localizable y el lugar donde debe ser notificado; o si bien, no es localizado, se inicie el juicio en su contra directamente con la citación por edictos, que, además, deberán ser pagados por las víctimas con arreglo a la posibilidad económica que arroje el propio dictamen de la Unidad de Medidas Cautelares, debiendo ser exceptuadas de dicha carga económica las personas en situación de precariedad”, agregó.

Hizo un llamado a los legisladores a avalar esta reforma que “constituirá un avance significativo en la tutela de los menores, que se convierten en las víctimas de los casos de incumplimiento y contribuirá al derecho de igualdad de todas las mujeres que asumen en soledad la condición de madres y padres de familia”.

En el marco del inicio del Segundo Periodo de Sesiones, el diputado local Juan Pablo Celis Silva dijo reafirmar su compromiso “de seguir legislando en favor del pueblo michoacano y en defensa de los principios de la Cuarta Transformación”.

«Hoy comenzamos una nueva etapa en la construcción de un Michoacán más justo, más fuerte y con más oportunidades para todas y todos. Como legislador de Morena, asumimos con responsabilidad el reto de seguir consolidando la Cuarta Transformación con leyes y acciones que realmente beneficien al pueblo», declaró Celis Silva.

En ese sentido, el legislador adelantó que “respaldará con firmeza las reformas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es garantizar que el poder sea del pueblo y para el pueblo”.

«Decimos no a la reelección y no al nepotismo, porque la política debe servir, no servirse», enfatizó.

A nivel estatal, el diputado local reiteró su compromiso “con la consolidación del Plan Morelos, una visión de transformación impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que traerá bienestar y desarrollo a Michoacán”.

Celis Silva destacó que “es un momento clave para el estado y el país, por lo que la labor legislativa estará enfocada en respaldar iniciativas que fortalezcan la democracia y combatan las malas prácticas en el ejercicio del poder”.

«Estamos comprometidos con las reformas que nos permitan consolidar un país más justo y democrático, insistió el diputado local.

Asimismo, reiteró su apoyo al Plan México, “una estrategia que busca consolidar el desarrollo y bienestar del país, en sintonía con las acciones emprendidas en Michoacán”.

Para concluir, el diputado enfatizó que este segundo periodo legislativo representará grandes retos, pero que está listo para enfrentarlos con responsabilidad y compromiso”, y refirió que legislará «obedeciendo al pueblo, con convicción y trabajo firme para responder a la confianza que han depositado en Morena y consolidar la Cuarta Transformación en Michoacán y en todo México».

Como un acto solidario y de humanidad hacia las víctimas de la desaparición forzada, la diputada local de extracción morenista, Belinda Iturbide Díaz, presentó la iniciativa de reforma al artículo 118 del Código Familiar para el Estado de Michoacán y al artículo 20 de la Ley Orgánica del Registro Civil de Michoacán, para que las familias de personas desaparecidas fallecidas, realicen el registro del Acta de Defunción de manera pronta y expedita sin traba alguna.

Y es que anteriormente, explicó, se imponía un plazo de seis meses, tras el fallecimiento de una persona, y este requisito resultaba inviable para los familiares de las personas desaparecidas, quienes, al localizar los restos de sus seres queridos, después de este periodo, debían enfrentar trámites burocráticos complejos y revictimizantes, incluyendo la necesidad de obtener una orden judicial para proceder.

En rueda de prensa, y acompañada del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez, Belinda Iturbide explicó que con esta reforma, se busca la dignidad póstuma de las personas, es por ello que el plazo de los seis meses ya no se tomará en cuenta, cuando se trate de cadáveres o restos humanos identificados, con el apoyo del Centro de Inteligencia en Salud (CIS) y Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), autoridades responsables del certificado de defunción, documento necesario para la tramitación del acta de defunción, ante el Registro Civil.

Con lo anterior se garantiza, añadió Iturbide Díaz, el derecho del registro de actas de defunción, cuando se trate de cadáveres o restos humanos identificados, identificados no reclamados y no identificados, de las personas que el Ministerio Público solicite la expedición del acta del Acta de Defunción al Registro Civil, con independencia de la fecha de fallecimiento que establezca el certificado de defunción que emita el médico de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

En la rueda de prensa estuvieron presentes los titulares de la Coepris y del CIS, Hebert Flores Leal e Hirepan Galván Quezada, quienes manifestaron que con la iniciativa los familiares puedan registrar el fallecimiento de manera ágil y digna, sin necesidad de recurrir a procedimientos judiciales adicionales.

“Hacemos un llamado urgente a las y los legisladores, así como a la sociedad en general, para que respalden esta reforma que representa un paso crucial hacia la justicia y el respeto a los derechos humanos en Michoacán”, finalizó Belinda Iturbide.