Legislativo

Ante la tribuna del Congreso del Estado, la diputada Giulianna Bugarini presentó una iniciativa crucial para promover una masculinidad sana y combatir la violencia de género.

“La violencia existe, y la mayoría de los homicidios dolosos son cometidos por hombres. Debemos cuestionar cómo se define ser hombre en nuestra sociedad”, afirmó la diputada.

Bugarini destacó que “la violencia no cambiará si solo trabajamos con las mujeres. Necesitamos hacer un trabajo conjunto con las autoridades para que brinden atención a los hombres, abordando los modelos de masculinidad que fomentan comportamientos destructivos”.

Su propuesta busca que las instituciones gubernamentales implementen políticas públicas que ofrezcan atención psicológica y recursos para transformar la masculinidad hegemónica.

“Ser masculino es una construcción social. No podemos ignorar el papel que juega la forma en que se educa a los hombres en nuestra cultura. Es hora de atender las causas y no solo las consecuencias de la violencia”, afirmó Bugarini con firmeza.

La diputada enfatizó la necesidad de que las instituciones reconozcan su responsabilidad en la creación de un entorno más seguro para todos, subrayando que “la educación y la salud mental son pilares fundamentales en este proceso”.

Con esta iniciativa, la diputada Giulianna Bugarini reafirma su compromiso con la igualdad de género y la seguridad de las mujeres en Michoacán, buscando un cambio cultural que beneficie a toda la sociedad.

Con el respaldo de diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas, el vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán Vélez, presentó la reforma para que se priorice el uso del agua para consumo humano y doméstico sobre cualquier otro tipo de uso, sea comercial, agrícola o industrial.

La iniciativa, además, se alinea con la propuesta de reforma constitucional planteada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual establece la preferencia del consumo personal y doméstico de agua sobre cualquier otro uso.

“El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental que debe ser prioritario en cualquier política pública, ya que en Michoacán más del 30 por ciento de los habitantes no tiene acceso regular al agua potable en sus hogares, según han reportado las autoridades”, mencionó Barragán.

Finalmente, recordó que en 2023 más del 60 por ciento del territorio michoacano se vio afectado por condiciones de sequía moderada a severa, según datos del Monitor de Sequía en México. Esto provocó una disminución significativa en la disponibilidad de agua tanto para uso humano como agrícola, amenazando la seguridad hídrica de millones de personas.

El diputado Octavio Ocampo Cordova, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa de decreto para crear la Comisión de Dictamen para la Atención y Protección de Periodistas y la Libertad de Expresión en el Congreso del Estado de Michoacán.

Esta Comisión, explicó, tendrá como objetivo reforzar la protección y apoyo hacia quienes ejercen el periodismo en el estado, una profesión esencial para la libertad de expresión y los derechos de la ciudadanía a recibir información.

Desde la máxima tribuna del estado, Ocampo expuso que la propuesta busca modificar la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado mediante la adición de la fracción I bis al artículo 62 y del artículo 67 bis, estableciendo así una instancia enfocada en atender y dictaminar sobre temas clave que afectan la libertad de expresión y la seguridad de periodistas en Michoacán.

El periodismo es el pilar principal de la libertad de pensamiento, y resulta imperativo proteger a quienes ejercen esta labor. Michoacán, lamentablemente, ocupa el segundo lugar en violencia contra periodistas en México, y nuestra entidad ha sido escenario de graves atentados contra ellos. “Necesitamos urgentemente acciones de prevención dirigidas a atacar las causas profundas de la violencia contra periodistas y de la impunidad por lo que resulta fundamental fundamental crear esta Comisión de dictamen «, destacó Ocampo Cordova.

El legisalador puntualizó que en Michoacán, de 2006 a 2022, al menos 18 periodistas han sido asesinados. De los 47 asesinatos de periodistas ocurridos entre 2018 y 2022 en México, el 89.37% permanecen impunes, generando un ambiente de temor y censura que afecta el derecho de la sociedad a informarse y la libertad de expresión.

La propuesta de creación de la Comisión tiene como objetivos primordiales:

– Atender iniciativas y acuerdos relacionados con la protección de periodistas y la libertad de expresión.
– Impulsar la implementación de mecanismos de prevención y protección.
– Coordinarse con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
– Proponer reformas y establecer prioridades en la agenda estatal en favor de la libertad de expresión.
– Dar seguimiento a los casos de violencia y agresiones contra periodistas en el estado.
– Acompañar y apoyar a periodistas en investigaciones y procesos de justicia, garantizando su derecho a una adecuada impartición de justicia.

La Comisión funcionará también como un enlace entre el Poder Legislativo, los periodistas y sus asociaciones, buscando asegurar que quienes ejercen esta profesión puedan trabajar en un entorno de respeto y libertad.

Garantizar el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres, la procuración de justicia con perspectiva de género, así como establecer los mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha salarial de género, forman parte de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso del Estado de Michoacán.

Lo anterior, luego de que las diputadas y los diputados de la Septuagésima Sexta Legislatura votaran a favor de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4°; 21; 41; 73; 116; 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género.

De acuerdo con el Dictamen sometido a consideración del Pleno, por la Comisión de Puntos Constitucionales, el enfoque sustancial de las modificaciones, radica en reducir los índices de violencia que históricamente han sido ejercidos hacia las mujeres en los sectores políticos, económicos, sociales, culturales, académicos, laborales y de acceso a la justicia.

Con las reformas, las autoridades federales tendrán que conocer de las medidas u órdenes de protección que deriven de violencias de género en contra de las mujeres o de delitos del fuero común relacionados con las violencias de género, en términos de las leyes correspondientes.

Para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres.

La reforma mandata que, a trabajo igual, corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad, y obliga a que las leyes establezcan los mecanismos tendientes a reducir, erradicar la brecha salarial de género.

Además, decreta que las instituciones de seguridad pública y los órganos jurisdiccionales deberán de regirse mediante el principio de perspectiva de género a fin de comprender de manera más eficaz los contextos sociales y culturales de socialización entre los seres humanos. Y que el principio de paridad de género, también deberá respetarse en lo conducente a los nombramientos de las personas titulares de la administración pública federal y estatal.

Con la aprobación de la minuta, se reconoce la importancia que tiene que el Estado mexicano y sus entidades federativas garanticen por todos los medios, la protección a los derechos humanos de las mujeres adultas, adolescentes y las niñas.

Luego de que fuera aprobada por unanimidad en el Congreso local la reforma al artículo 123 Constitucional, que garantiza el derecho de los trabajadores a acceder una vivienda digna en condiciones financieras accesibles, el diputado Reyes Galindo Pedraza afirmó que esto representa un acto de justicia para el pueblo de Michoacán.

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, destacó que con ello a nivel nacional se verán beneficiados más de 55 millones de trabajadores y sus familias, que por la falta de interés y voracidad de los gobiernos anteriores, no se pugnaba por privilegiar los derechos de aquellos que más lo necesitan.

«Este es otro gran paso de la 4T, la vivienda digna no debería ser un privilegio para unos cuantos, es un derecho y tengan la seguridad de que seguiremos trabajando en todas las reformas que abonen a que nuestra gente cada vez esté
en mejores condiciones», aseguró el legislador.

Explicó que con esta reforma se regresa al Infonavit la posibilidad de construir casas habitación y se facilitan las condiciones para que haya «un verdadero programa de vivienda, de construcción, de reparación y de arrendamiento social, que tiene como eje el Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) pero se propician también otras participaciones del sector privado.

«Al fortalecer las capacidades del Estado para garantizar el derecho a una vivienda adecuada se permitirá a los trabajadores acceder a créditos baratos y suficientes para adquirir o mejorar las viviendas, o en los casos permitidos por la ley, adquirir suelo y construir una vivienda», dijo.

Promover la conservación y el cuidado de las especies de tortugas que anidan en las costas michoacanas, el diputado Abraham Espinoza Villa, legislador distrito de Coalcomán presentara una iniciativa para formalizar los campamentos tortugueros y que se conviertan en espacios de generación de empleos.

“La propuesta es que sea una fuente de ingreso formal, que les genere un empleo a los cuidadores que, en su mayoría son de comunidades indígenas en toda la costa michoacana.

La idea es fortalecer la economía, en estas zonas donde hay pocas fuentes de empleo e ingresos, que en su mayoría dependen del turismo”, explicó.

Dijo que para hacer conciencia en este tema, que se trata de justicia social a las comunidades que, alejadas de la capital, carecen más carencias de servicios, puedan acceder a un poco de justicia social.

Espinoza Villa lamentó que continúen acciones como el robo de huevos de tortuga, que impacta de manera negativa en los esfuerzos de conservación y que no sea podido erradicar “mucha gente tiende a consumir este producto. Lo que hay que hacer es fortalecer jurídicamente la práctica del cuidad, para que la gente pueda tener una retroalimentación a su esfuerzo para tener más cuidado”.

Apeló a la voluntad y el interés de los legisladores, para concretar la reforma que derivaría en la incorporación administrativa de la operación de los campamentos al gobierno estatal y con ello dotar de recursos y generar empleos a esta incansable labor.

Con el firme compromiso de luchar por la defensa y los derechos de todas y todos, se instaló y arrancaron los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura Local que preside la diputada Xóchitl Ruiz González.

Durante el evento en el que estuvieron presentes las y los integrantes de la Comisión, así como el presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora, y el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez; Mario Alberto García Herrera, responsable de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión; Josué Alfonso Mejía Pineda, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Xiomara Trevizo Guízar subsecretaria de Derechos Humanos y Población, la diputada refrendó su compromiso de trabajar y sumar con todas y todos para cristalizar propuestas que se traduzcan en beneficio de la población.

Xóchitl Ruiz manifestó que desde la presidencia de la Comisión siempre se esta abierto a construir por los derechos humanos, por lo que el trabajo será orientado a defender las garantías de todas las personas.

«Estamos abiertos a sumar esfuerzos por la construcción de políticas y leyes que reflejen el sentir de todas y todos los ciudadanos, por un Michoacán más justo y con garantías, y desde esta comisión velaremos por los derechos humanos».

La diputada integrante de la bancada verde, llamó a trabajar unidos en beneficio de los derechos humanos de todas y todos y a la construcción de acuerdos que aporten a la defensa de los derechos de las personas.

Resaltó que se contará con toda la apertura desde la presidencia de la Comisión para atender cualquier tema o circunstancia que se presente, convencida de que, la justicia, la paz social y protección de los derechos humanos y apoyo a las víctimas debe ser en todo momento una prioridad.

«Desde la Comisión siempre se tendrá contacto con las instituciones encargadas de velar por derechos humanos y con las víctimas, a quienes siempre se escuchara para seguir fortaleciendo la legislación vigente».

En la reunión se dio a conocer que de los 183 expedientes, 74 ya están concluidos y que los 109 expedientes vigentes, se trata en su mayoría de iniciativas que no fueron dictaminadas por la Legislatura anterior, así como el tema de la designación de los consejeros esta también pendiente.

Por lo anterior se acordó instalar trabajo permanente para sacar los temas pendientes y definir la ruta de trabajo que se realizará en este primer año de labores legislativas.

El dotar de vivienda digna a familias michoacanas en pobreza y marginación es también un acto de justicia social, porque además es un derecho fundamental para el desarrollo y bienestar de las personas, señaló el diputado por el Distrito XIX de Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) se pronunció a favor del decreto para hacer modificaciones al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda para las personas trabajadoras, al considerar que es una demanda sentida de la población que requiere ser atendida.

Durante la Sesión Extraordinaria celebrada por la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, expuso un razonamiento a favor de esta propuesta, mencionando que la visión neoliberalista en la generación de políticas volvió a la vivienda cara e inaccesible para las personas de bajos recursos, obligándoles a establecerse en lugares no destinados para el asentamiento humano en donde se carecía de servicios públicos.

Dio a conocer que de acuerdo a las estadísticas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2020 del INEGI, indican que más de 126 millones de personas que fueron cuantificadas, más de 33 millones vivía en rezago habitacional, es decir, el 26.7%.

Al respecto la Comisión Nacional de Vivienda, define el rezago habitacional como el número de viviendas de materiales precarios en pisos, techos y muros; que no cuentan con excusado, o cuyos residentes viven en hacinamiento.

Gómez Núñez, destacó que durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el rezago habitacional en México disminuyó de 2 a 3 puntos porcentuales, de ahí la importancia de continuar atendiendo las causas de las personas y reinvindicar la vivienda para los que menos tienen; para seguir avanzando hacia el segundo piso de la 4T.

Con una iniciativa de reforma integral a las leyes de Salud, Educación y Migrantes del Estado de Michoacán, la diputada morenista Belinda Iturbide Díaz busca ampliar las oportunidades para los más de 40 mil niños y niñas jornaleras de la entidad, al asegurarles su derecho a la educación, atención médica y alimentación.

La legisladora señaló que el trabajo agrícola infantil es una realidad que no debe ser ignorada, pues ella misma acudió a campamentos en Huetamo, donde convivió con niños que acompañan a sus padres en el trabajo de campo y reafirmó la necesidad de acercarles más oportunidades educativas y de bienestar.

La propuesta contempla la creación de aulas móviles, jornadas de salud con vacunas y consultas, comedores infantiles y programas de apoyo para los padres, con el fin de brindar un entorno más digno para los menores y así no tengan que trabajar.

«Detrás de cada uno de esos pequeños rostros hay una historia de sacrificio, de sueños truncados por la pobreza, de manos pequeñas que en lugar de sostener un lápiz, cargan con el peso de un futuro incierto» , expresó Iturbide Díaz.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Protección a la Niñez y Adolescencia y Migración, contando con el respaldo de varios grupos parlamentarios, con el fin de dignificar las condiciones de vida de las niñas y niños jornaleros.

Desde la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, el Poder Legislativo trabajará para preservar el sistema electoral vigente, que muchos michoacanos han construido con gran esfuerzo, afirmó la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado.

En el marco de la instalación formal de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana y el arranque de los trabajos internos, Diana Espinoza, diputada presidenta de la misma, aseguró que la democracia en México y Michoacán “no solo es un régimen político, sino un sistema fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

En ese sentido, la legisladora local informó que la Comisión estará integrada por los diputados: Juan Carlos Barragán Vélez, Conrado Paz Torres y Víctor Manuel Manríquez González, quienes también estuvieron presentes en este arranque de trabajos.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, fue el encargado de declarar la instalación formal de dicha Comisión, y destacó la capacidad de la y los diputados que la integran, por lo que auguró éxito en los trabajos que se lleven a cabo.

A la instalación formal de la Comisión, asistieron: por parte del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), la magistrada presidenta, Alma Rosa Bahena Villalobos; en representación del Instituto Nacional Electoral (INE), el delegado en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo; y por parte del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el consejero presidente, Ignacio Hurtado Gómez.

El Pleno de la 76 Legislatura votó a favor de la obligación patronal de otorgar y garantizar el acceso a la adquisición o arrendamiento social de casa-habitación a las y los trabajadores a su servicio.

Por unanimidad, las y los legisladores del Congreso del Estado votaron a favor de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y actual segundo y, se adicionan los párrafos segundo, cuarto y quinto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, de la fracción XII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos en la materia.

Con las nuevas disposiciones, toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase, estará obligada a proporcionar a su personal viviendas adecuadas.

Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de las y los trabajadores contratados.

El fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes, que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir, en los términos que fije la ley.

La ley establecerá los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad. La mensualidad del arrendamiento social no podrá exceder del treinta por ciento del salario de las personas trabajadoras.

En cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia. La ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho.

El objeto de la Minuta propuesta, es que el fondo constituido con aportaciones patronales para cumplir con la obligación anterior, establezca un sistema de vivienda social que facilite el acceso de las personas trabajadoras a créditos baratos y suficientes para adquirir o mejorar la vivienda; o bien, para que esos recursos se destinen a construir vivienda que pueda ser adquirida y/o arrendada por las y los trabajadores.

Por unanimidad, el Pleno del Poder Legislativo votó a favor de elevar a rango constitucional el reducir de 68 a 65 años, el mínimo de la edad para tener acceso a la pensión del bienestar, a personas con discapacidad permanente, al pago de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos, y a la recepción de fertilizantes gratuitos.

Fue en Sesión Extraordinaria, donde las y los legisladores aprobaron la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4° y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Bienestar.

La Minuta tiene el objetivo de establecer que toda persona tiene derechos a disfrutar de una vivienda adecuada; la obligación de la Federación y las entidades federativas garanticen la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, así como determina que el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a las y los menores de 18 años de edad.

Otro objeto de la misma, es también reducir de 68 a 65 años la edad para tener acceso a la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; aunado a ello, se mandata al Estado destinar anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, estableciendo que el monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido en términos reales con el que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Asimismo, se propone establecer la obligación del Estado de la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas; apoyo anual directo de fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala; apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala; y mantener precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero.

Con la aprobación de la Minuta, se pretende reducir los índices de pobreza y la exclusión social de los grupos en situación de vulnerabilidad a través de la entrega de apoyos económicos de manera recurrente; así como reconocer su prerrogativa al acceso a servicios de rehabilitación, cuyos costos son elevados.