Legislativo

Las comunidades indígenas han sido muestra de lucha constante por sus derechos y preservación de su cultura y tradiciones, por lo que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local respaldó la reforma constitucional en materia indígena, afirmó la diputada Adriana Campos Huirache.

La diputada local resaltó que la justicia no debe ser selectiva, debe llegar a todos, por lo que era urgente que se cristalizara esta reforma para establecer la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Celebró que con esta reforma aprobada en Michoacán se garanticen sus derechos relacionados con su autonomía, presupuesto directo, seguridad, derechos de las mujeres, salud, educación, cultura, obras públicas y preservación de lenguas originarias.

“Esta Legislatura marcará su sello al aprobar estas reformas, al reconocer y respetar sus derechos, su cultura y sus tradiciones. Estamos a favor de reconocerlos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, a favor de que sean consultados sobre las medidas legislativas o administrativas cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento”, dijo.

Adriana Campos manifestó su respeto a quienes han logrado que la medicina tradicional siga cobrando beneficios en favor de la vida, a quienes prestan servicios de atención del embarazo, parto y puerperio, a favor de su fortalecimiento.

“Las comunidades indígenas han sido muestra de lucha constante, son fuertes a pesar de todos los desafíos, les debemos mucho, de tanto que nos han dado, muestra de ello es su forma ejemplar de organización, donde han luchado unidos en busca de protección de sus derechos y preservación de su cultura y tradiciones, lucha que ha valido la pena”.

Consideró fundamental que acorde a los tiempos actuales, quedará garantizado el derecho de las mujeres indígenas a participar en los procesos de desarrollo de sus pueblos y comunidades. Además, que se reconozca a las kuarichas, a las K’uajpirichas, a las guardias comunales y a los rondines comunales en comunidades indígenas.

“Redefinir la relación del Estado con lo indígena es prioritario, toda vez que implica despojarnos de esa pretensión de homogeneidad que desconoce el hecho de que formamos parte de una sociedad plural en la que confluyen múltiples visiones e intereses”.

En un contexto donde los feminicidios y la violencia de género han dejado cicatrices profundas en las comunidades, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz presentó una iniciativa para que la Ley Orgánica de la Fiscalía de Michoacán integre más que un simple ajuste administrativo.

“La procuración de justicia no es un privilegio ni un favor, es un derecho inalienable que el Estado está obligado a garantizar a todas las personas, sin distinción. Michoacán ha sido testigo del incansable esfuerzo de sus mujeres por alzar la voz por la igualdad y la justicia, y resulta inconcebible que las mismas leyes que rigen nuestra Fiscalía apenas mencionen a las mujeres dos veces. Esa es toda la atención que reciben en un documento que debería ser el pilar para salvaguardar sus derechos y garantizar su protección”, declaró.

Señaló que tras un análisis de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado revela una alarmante carencia: las mujeres son mencionadas únicamente en dos ocasiones a lo largo de todo el documento. Este hecho no es menor, aseveró y dijo que esto refleja una desatención institucional que perpetúa la invisibilización de una problemática que no puede seguir siendo ignorada.

Y menos aún, añadió, «siendo la institución en la que se nos imparte justicia y debe atender la problemática de la violencia contra las mujeres. La justicia debe ser equitativa, accesible y efectiva para todas las personas, sin excepción, y especialmente para quienes históricamente hemos sido marginadas».

“No podemos darnos el lujo de ignorar la urgencia de capacitar a todo el personal de procuración de justicia en derechos humanos, perspectiva de género y sensibilidad hacia las realidades que enfrentan las mujeres. Cada caso no atendido, cada Alerta Amber o Alba no emitida así como cada agresor que queda impune es un agravio no solo contra las víctimas, sino contra todas las mujeres, niños y niñas de Michoacán y de la sociedad entera”, agregó.

Arreola Ruiz precisó que la Ley Orgánica de la Fiscalía debe convertirse en una herramienta viva, eficaz y comprometida, que no solo mencione a las mujeres en dos líneas, sino que las coloque en el centro de su misión de justicia.

Es por ello que propuso ante los integrantes de la LXXVI Legislatura que esta iniciativa pretende incluir en el artículo de las atribuciones del Fiscal General, la atribución de capacitar al personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos, tipos de violencia contra las mujeres, delitos que se cometen por razones de género, protocolos de actuación y atención a mujeres víctimas de violencia.

Así como también coordinar, con los tres órdenes de gobierno, la implementación de las Alertas Amber y Alba para la ejecución de los procedimientos para la rápida localización de toda persona con reporte de desaparición y celebrar convenios de colaboración con las compañías de comunicación móvil para la difusión, en tiempo real de la Alerta Amber y Alba para agilizar la búsqueda y localización especialmente a las niñas, niños y adolescentes.

“Esta reforma no es solo un paso hacia la seguridad; es nuestra forma de defendernos, de exigir justicia, de crear un sistema en el que se nos cuide y que sea verdaderamente para todas y todos. Porque en Michoacán, las mujeres no están solas, y esta Ley Orgánica, con su nuevo rostro, será el reflejo de un estado que se levanta, fuerte y decidido, a garantizarnos lo que tanto se nos ha arrebatado, la seguridad”, acotó.

Apoyo, financiamiento y capacitación constante a mujeres que deseen iniciar un emprendimiento, fue la propuesta que presentó la diputada local por Morena, Belinda Iturbide Díaz, para lograr la autonomía económica de las mujeres michoacanas.

La legisladora explicó que la iniciativa consiste en modificar la Ley para el Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia, para asegurar recursos permanentes a programas estatales como «Las Solidarias», de la Secretaría de la Mujer y la Igualdad Sustantiva (Seimujer), que actualmente apoya a más de 700 mujeres en la creación y fortalecimiento de sus emprendimientos.

Además, expuso que el proyecto incluye la creación de cursos y talleres de capacitación en colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán (ICATMI), para que las beneficiarias aprendan nuevos oficios y estrategias para incrementar sus ventas.

Dentro de la reforma también se plantea crear un comité ciudadano y técnico encargado de supervisar el uso de los recursos y evaluar el impacto del programa, garantizando así su eficiencia y transparencia.

Con esta propuesta, la diputada Belinda Iturbide dijo buscar ofrecer a las mujeres las herramientas necesarias para enfrentar la violencia económica, que afecta al 26.5% de las mujeres en el estado, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia para su estudio, análisis y dictamen, y contó con el respaldo de diputadas y diputados de diferentes fracciones parlamentarias, que dijeron estar a favor del desarrollo económico de las mujeres.

La diputada indígena por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, aseguró que la reforma a la Constitución de Michoacán en materia de autogobierno y presupuesto directo, garantiza plenamente los derechos de los pueblos indígenas en el estado.

En su intervención en la tribuna del Congreso de Michoacán para razonar su voto a favor de la propuesta enviada desde el Ejecutivo Estatal, la legisladora calificó la reforma como de gran calado que refleja la voluntad de los pueblos originarios, en sus necesidades reales y que son resultado de las consultas hechas a este sector.

Subrayó que este documento queda asentado en la Constitución del Estado, por fin harán justicia aquellos que a costa de su propia vida lucharon por ser escuchados.

Enfatizó que la propuesta del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla va de la mano de los pueblos originarios, y deja cimientos sólidos para soportar el andamiaje jurídico con las reformas necesarias para la conformación de la Cuarta República con el Plan Morelos.

«Una vez más queda de manifiesto la confianza del pueblo, al elegir a quienes lo representarían, quienes serían su voz para llevar a cabo la voluntad popular de legislar a favor de quienes menos tienen y aquí una pequeña muestra del poder del pueblo», expresó.

Sostuvo que se paga una deuda histórica a los pueblos originarios, al aseverar que quedaron atrás los gobiernos golpeadores y asesinos de indígenas, y queda en la historia el derecho de los pueblos originarios a acceder a sus recursos.

“Este día se marca un capítulo trascendental en la historia de Michoacán y de sus pueblos originarios”, remarcó el diputado Juan Pablo Celis Silva.

Resaltó que tras años de lucha y organización, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Reforma Constitucional en Materia Indígena, “un logro que cristaliza los derechos de autodeterminación, presupuesto directo y autonomía de nuestras comunidades indígenas”.

De esta manera celebró este avance histórico, destacando que es el fruto del esfuerzo y la resistencia incansable de los pueblos originarios, quienes han sido los verdaderos protagonistas de esta transformación.

«Este triunfo es de ellos, y solo de ellos. Desde el Congreso, hemos acompañado este proceso con profundo respeto a su autonomía, formas de organización y sistemas normativos. Hoy reconocemos el legado de su lucha y damos un paso decisivo hacia la justicia social», expresó el legislador.

La reforma establece importantes avances que consolidan los derechos de las comunidades indígenas:

-Reconocimiento como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
-Garantía de autodeterminación y ejercicio de formas de autogobierno.
-Administración directa del presupuesto y representación en los ayuntamientos con población indígena.
-Respeto a la elección de autoridades mediante «usos y costumbres».
-Fortalecimiento de las instituciones tradicionales como las faenas y las guardias comunales.

Juan Pablo Celis subrayó que la aprobación de esta reforma también refleja un compromiso con la preservación de la riqueza cultural y la diversidad que definen a Michoacán. «La Asamblea General de los habitantes será ahora reconocida como la máxima autoridad al interior de sus comunidades, reafirmando su capacidad para decidir y construir su propio destino.»

Indicó que este logro marca un antes y un después en la relación entre el Estado y los pueblos originarios, reafirmando la autonomía y dignidad de las comunidades indígenas de Michoacán.

«Hoy rendimos homenaje a generaciones de hombres y mujeres que han defendido su identidad y derechos. Este es un día de celebración, pero también de compromiso para seguir trabajando desde el Congreso para que estos derechos se traduzcan en hechos concretos que transformen vidas», concluyó Celis.

A fin de asegurar la dignidad y el bienestar de las personas con discapacidad en Michoacán, la Diputada Nalleli Pedraza Huerta, presentó un exhorto a los tres poderes en la entidad a cumplir con lo estipulado en el Artículo 42 de la Atención a Personas con Discapacidad en Michoacán, mismo que indica que que al menos el 5% de su plantilla laboral debe cumplir con la inclusión de personas con discapacidad.

“Los gobiernos municipales, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos, deben rendir cuentas de si están cumpliendo con este mandato constitucional. ¿Estamos cumpliendo como gobierno y sociedad con esta obligación? ¿los sujetos obligados que marca la ley, han cumplido?”.

Nalleli Pedraza, recordó que a partir del Censo de Población y Vivienda del año 2020, del Inegi, se dio a conocer que la cifra de personas con alguna discapacidad permanente es de más de seis millones de personas, casi el 5% de la población; pero en el caso de Michoacán el porcentaje está por encima de la media nacional, pues de acuerdo con el consejo estatal de población, el 8.6% vive con alguna discapacidad, mientras que el 18% vive alguna limitación física.

Por lo anterior, la Legisladora reiteró este llamado en el marco al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para que eliminar las barreras institucionales y sociales para ejercer a plenitud el derecho al trabajo a las personas con discapacidad.

Es de señalar que este punto de acuerdo elaborado de la mano con las diputadas Belinda Iturbide Díaz, Jaqueline Avilés Osorio, Giulianna Bugarini Torres, y Melba Edeyanira Albavera Padilla, fue aprobado de manera unánime por quienes integran la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán.

El Diputado Independiente Conrado Paz Torres, avaló la reforma constitucional que reivindica derechos fundamentales de las comunidades indígenas en Michoacán.

El representante del Distrito 14 de Uruapan, comentó que estas reformas a la Carta Máxima del estado, sientan un precedente para que las comunidades y pueblos originarios, ejerzan plenamente sus derechos de autogobierno, usos y costumbres, seguridad, ejercicio y aplicación de los recursos, así como la protección de sus territorios.

«Vengo representando no sólo a las comunidades indígenas de mi Distrito, sino que vengo para darle voz a todas y todos los pueblos originarios de Michoacán; para que todo lo que sea en beneficio de nuestros pueblos, sea una realidad y no quede en letra muerta en las leyes del Estado», detalló.

El legislador local reconoció que estas reformas constitucionales , forman parte de un conglomerado normativo de derechos que les habían sido no sólo negados, sino coartados por gobiernos y grupos de intereses ajenos al bienestar de los pueblos y comunidades indígenas del estado.

Finalmente, Conrado Paz aseguró que si bien aún falta mucho por hacer en la materia, él como representante popular, seguirá trabajando de la mano de las comunidades originarias para consolidar el desarrollo, bienestar y el pleno ejercicio de sus derechos y las conquistas ganadas por sus pobladores.

Durante la discusión y votación del dictamen para reformar diversas disposiciones de la Constitución del Estado en materia de derechos indígenas y afromexicanos, el diputado Hugo Ernesto Rangel Vargas señaló inconsistencias en el proceso que podrían comprometer la legitimidad jurídica de la reforma. A pesar de reconocer la relevancia del avance legislativo, enfatizó que las prisas del Congreso para aprobar esta reforma podrían abrir un flanco de vulnerabilidad.

“El Congreso del Estado, como autoridad que admite una reforma, está obligado por el artículo 6° del Convenio 169 de la OIT a realizar consultas formales, auténticas y adecuadas culturalmente. Sin embargo, este dictamen se limita a señalar vagamente que se recogieron comentarios y observaciones, lo cual no satisface el principio de buena fe ni garantiza la representatividad legítima de las comunidades indígenas,” afirmó Rangel Vargas desde su curul.

Durante la sesión, el diputado interrogó directamente a las comisiones responsables del dictamen sobre los mecanismos y metodologías empleados para realizar las consultas obligatorias, así como sobre la intervención de un árbitro imparcial que asegurara su legitimidad. “Lo pregunto para que esta reforma no quede vulnerable en términos jurídicos y para que represente legítimamente las aspiraciones de nuestras comunidades indígenas y pueblos originarios,” señaló. Advirtió que la falta de rigor en el proceso podría derivar en acciones de inconformidad legal que pongan en entredicho los objetivos progresistas de la reforma.

Rangel concluyó destacando el compromiso del Partido del Trabajo y del Congreso por robustecer cualquier iniciativa en favor de los pueblos originarios, pero insistió en la necesidad de respetar el debido proceso. “La reforma está bien, pero les ganó la urgencia, y eso la puede hacer vulnerable. Algo que pudo haber sido brillante hoy tiene un prietito en el arroz, una debilidad que debemos asumir con responsabilidad,” subrayó.

El diputado Alfonso Chávez, originario de Taretan, votó a favor de la Reforma a las Comunidades Indígenas y Afrodescendientes que les otorga el rango de sujetos de derecho público, permitiéndoles acceder a un presupuesto directo. Sin embargo, señaló que esta reforma aún deja pendientes importantes, como la atención a las desigualdades estructurales y la necesidad de escuchar a todas las comunidades involucradas.

El legislador panista enfatizó que en Michoacán, las comunidades indígenas enfrentan profundas carencias, particularmente en educación, salud y seguridad, servicios esenciales para mejorar sus condiciones de vida. “Reconocemos sus derechos, pero también su realidad; no basta con una reforma, necesitamos acciones concretas que atiendan estas desigualdades”, afirmó.

El congresista expresó su preocupación porque, pese a los avances legislativos, no se consultó de manera adecuada a todas las comunidades indígenas del estado, dejando fuera voces clave en el proceso. “El diálogo es fundamental, y este debe ser incluyente para garantizar que los derechos reconocidos en la ley se traduzcan en beneficios reales para quienes más lo necesitan”, señaló.

En el pleno, el legislador subrayó que la fracción parlamentaria del PAN se mantendrá firme en sus principios de solidaridad, respeto a la dignidad humana y justicia social, respaldando toda reforma que busque dignificar a los pueblos indígenas.

Asimismo, destacó la importancia de reconocer a los pueblos originarios como guardianes de la tierra y pilares de la identidad nacional. “Son el corazón vivo de nuestra nación, pero también los más olvidados. Es momento de que pasemos del reconocimiento simbólico a la acción efectiva”, puntualizó.

Finalmente, Alfonso Chávez hizo un llamado a la sociedad para reflexionar sobre la deuda histórica que se tiene con estas comunidades.

En un acto histórico para la justicia social en Michoacán, la Diputada Local y Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Emma Rivera Camacho, expresó su respaldo al dictamen que reforma la Constitución Política del Estado en materia de derechos indígenas y afroamericanos que fue aprobado por unanimidad en el pleno del Congreso del Estado.

Desde la máxima tribuna estatal, Emma Rivera destacó que esta reforma representa un paso crucial hacia la inclusión, el respeto y la protección de las comunidades originarias y afrodescendientes, pilares del México profundo.

La legisladora enfatizó que la iniciativa reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de garantizarles la administración directa de recursos públicos y el derecho a sus sistemas de autogobierno. “Hoy, desde esta legislatura, recogemos el espíritu del México profundo, ese que preserva nuestra riqueza cultural y nuestra raíz. Esta reforma es más que un acto legislativo; es un acto de justicia y dignidad”, declaró.

Emma Rivera subrayó que esta reforma no solo armoniza los principios federales con las necesidades locales, sino que además abre el camino para fortalecer la identidad, la autonomía y los derechos de las comunidades. “Promover una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad no solo es una obligación legal, sino un deber ético para combatir el racismo, la exclusión y la discriminación histórica”, señaló.

En su discurso, la Diputada Emma Rivera hizo un llamado a seguir trabajando por la integración y la equidad, reiterando que esta lucha es permanente. “La búsqueda de condiciones de mayor equidad social y de justicia para nuestros pueblos originarios no termina aquí; sigue siendo una prioridad para quienes creemos en la transformación verdadera”, concluyó.