Legislativo

La simplificación orgánica permitirá reducir el gasto en la función pública y hacer más eficiente su operatividad, además de que rompe con un legado de corrupción orquestada a través de organismos presuntamente autónomos que durante décadas sólo sirvieron como cuota política, remarcó la diputada Fabiola Alanís Sámano.

En calidad de coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Alanís Sámano recordó que la reforma de simplificación orgánica recién aprobada por el Congreso de Michoacán generará un ahorro de 4 mil 534 millones de pesos que serán utilizados en fortalecimiento socioeconómico de sectores históricamente vulnerados.

“La lógica de los organismos autónomos está marcada por la desconfianza. Se piensa que los organismos autónomos vigilan al poder del Estado, pero su existencia es la confesión de que, en realidad, son instrumentos para detener la acción del Estado”, refirió la legisladora emanada de Morena al justificar su voto a favor de la reforma.

Bajo estos argumentos, refirió que los siete órganos presuntamente autónomos que dejarán de existir sirvieron para encubrir la concentración del ingreso y para negociar la información por parte de pseudo-periodistas, que encontraron en su actividad un negocio lucrativo.

Por último, Fabiola Alanís descartó que la simplificación orgánica vaya a alterar la transparencia y rendición de cuentas, luego de referir que la transformación que está viviendo la vida pública del país permitirá seguir combatiendo la corrupción e impulsando políticas públicas enfocadas en atender las necesidades más sentidas de las y los mexicanos.

La diputada Vanhe Caratachea aseguró que es un grave retroceso para la democracia y la transparencia en nuestro país, la desaparición de diversos órganos autónomos y que el Congreso local aprobó a primeras horas de la madrugada de este sábado.

De esta forma manifestó su rechazo a esta decisión, señalando que concentra el poder en el gobierno y elimina los contrapesos esenciales que garantizan la rendición de cuentas, la protección de derechos ciudadanos y el desarrollo eficiente de políticas públicas.

«Es sumamente claro que estos organismos representaban un obstáculo para un gobierno que no tolera críticas ni cuestionamientos. Hoy, al desaparecerlo, vulneran las herramientas que nos permiten conocer y mejorar la realidad social de nuestro país», expresó la diputada Vanhe Caratachea.

Vanhe Caratachea subrayó que el desmantelamiento del INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos) deja a los ciudadanos indefensos frente a la opacidad gubernamental.

Asimismo, criticó la extinción de órganos como la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) y el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones), y advirtió que la falta de regulación en mercados clave podría derivar en aumentos desproporcionados en servicios básicos como internet, electricidad y gas, con lo que se afectaría directamente a las familias mexicanas.

“Esta desaparición de órganos autonomos es un golpe directo a los contrapesos que deberían protegernos de los abusos de poder”, señaló Vanhe Caratachea.

La diputada albiazul también alertó sobre los riesgos ambientales que podrían derivarse de la eliminación de la CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos) y la CRE (Comisión Reguladora de Energía), pues la falta de regulación abre la puerta a prácticas irresponsables en el manejo de hidrocarburos y energías.

Además, Vanhe Caratachea lamentó la desaparición de Mejoredu (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación), asegurando que pone en riesgo la calidad de los programas educativos en el país, donde además se busca reducir el presupuesto en 2025 a la Educación, Salud, Medio Ambiente, Cultura y algunas otras áreas,

«Quizá para ustedes son simples siglas, pero para la nación son pilares de justicia, equilibrio y progreso. Este golpe no solo destruye instituciones, sino que también vulnera los derechos y la calidad de vida de las y los mexicanos», afirmó la legisladora local quien votó en contra de la reforma constitucional.

Con la finalidad de garantizar un trato digno y respetuoso a los derechos laborales de las y los juzgadores, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó la propuesta que permitirá el retiro anticipado para jueces y magistrados que estén próximos a jubilarse o decidan acogerse a este programa.

El diputado por Morena, Juan Pablo Celis Silva, destacó que esta iniciativa, impulsada como parte del Plan Morelos por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, refleja el compromiso de la transformación en Michoacán con la justicia laboral.

La reforma establece que los jueces y magistrados que manifiesten su interés en acogerse al retiro anticipado, antes de la emisión de las convocatorias extraordinarias para las elecciones de 2025 y 2027, podrán gozar de un haber por retiro en los términos que señale la ley.

«Con esta aprobación, aseguramos condiciones laborales justas para quienes han dedicado años de servicio al sistema de justicia de nuestro estado, mientras promovemos una renovación que fortalezca las instituciones judiciales», subrayó Juan Pablo Celis.

Esta iniciativa, incluida en el Plan Morelos busca construir el segundo piso de la transformación, con reformas que fortalezcan los derechos laborales, el desarrollo institucional y la confianza ciudadana en la justicia.

Celis Silva enfatizó que «éste programa no sólo garantiza estabilidad para nuestros juzgadores, sino que también impulsa una transición institucional ordenada y transparente, acorde a los principios de la Cuarta Transformación», concluyó.

En Sesión Extraordinaria celebrada la noche de este viernes, se aprobó por unanimidad reestructurar la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana de la 76 Legislatura del Congreso del Estado.

De esta forma, las y los legisladores locales aprobaron el ingreso de la diputada de MORENA, Fabiola Alanís Sámano, como integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana.

Dicha Comisión estará conformada por la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, como presidenta; los diputados Juan Carlos Barragán Vélez, Víctor Manuel Manríquez González y Octavio Ocampo Córdova, así como la legisladora Fabiola Alanís Sámano, estos últimos como integrantes.

Dicha reestructura se realizó con la finalidad de darle una mayor pluralidad, además para el buen desempeño de sus atribuciones legislativas, administrativas, de fiscalización e investigación del Congreso.

Bajo la premisa de evitar fuga de recursos públicos y optimización de atribuciones de organismos autónomos, la Septuagésima Sexta Legislatura de Michoacán aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica.

El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y avalada por el Pleno del Congreso local señala que la Minuta en mención reforma 14 artículos constitucionales por medio de los cuales se modifica, erradica o regresa atribuciones a organismos autónomos en materia de medición sobre pobreza, monitoreo de calidad de educación, protección de datos personales, promoción de competencia entre empresas y aprovechamiento de recursos energéticos en el país, entre otras funciones.

En este sentido, se habla de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y protección de Datos Personales (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y el organismo público descentralizado denominado Comisión Nacional para la mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).

Por lo anterior, las diputadas y diputados de la 76 Legislatura destacaron que el impacto que traería esta reforma, estaría en reducir la corrupción al suprimir estos órganos, para dotar lineamientos más claros, transparentes y dar las herramientas necesarias para el control y supervisión de los recursos del Estado, mismos que pudieran utilizarse en sectores prioritarios como educación, salud y desarrollo social.

Finalmente, el Pleno del Poder Legislativo local puntualizó que la optimización del erario público que traería con la simplificación orgánica federal; bajarían los costos y reducirían los trámites burocráticos a los que está sujeto el ciudadano.

Cabe destacar, que la reforma deberá ser aprobada por al menos 17 de los 32 congresos estatales para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación y posterior puesta en vigor.

Con la finalidad de dar continuidad a la implementación de la reforma judicial en Michoacán, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Programa de Retiro Anticipado para Juezas y Jueces del Poder Judicial que decidan no participar en la elección del año 2025, conforme a lo establecido en Transitorio Cuarto del Decreto Legislativo Número 03, publicado en el Periódico Oficial, el pasado 13 de noviembre.

En Sesión Extraordinaria, las y los legisladores votaron a favor de la Iniciativa con carácter de Dictamen mediante la cual definieron el Programa de Retiro Anticipado previsto como mecanismo de respeto a los derechos laborales de las personas juzgadoras que decidan no participar en la elección popular para la designación de los nuevos cargos para juezas y jueces.

Conforme a las reformas constitucionales, la totalidad de los cargos de juezas y jueces deberán renovarse a más tardar en el año 2027, por las personas que resulten favorecidas con el voto popular. Para seleccionar los cargos a renovar en la elección extraordinaria del año 2025, se considerará en primer término las vacancias, renuncias y retiros programados de las juezas y jueces.

Las personas juzgadoras que se encuentren en funciones, deberán ser incorporadas a las listas para ser postulados como candidatos a los cargos que actualmente desempeñan, con excepción de aquellos que manifiesten su declinación a la candidatura.

Conforme al dictamen aprobado, el Programa de Retiro Anticipado para Juezas y Jueces tiene el objetivo de establecer las disposiciones y procedimientos específicos para que las personas juzgadoras que decidan no participar en la elección del año 2025, y que no se encuentran en posibilidades de jubilarse o no estén próximos a jubilarse, reciban una retribución digna, justa y equitativa.

El Programa se desarrollará a través de acciones estratégicas, por lo que se refiere exclusivamente a la retribución que ha de otorgarse a quienes decidan no ser candidatos en la elección extraordinaria del año 2025, y que no se encuentren en proceso de jubilación o próximos a jubilarse, por lo tanto, no se consideran parte del Programa sus derechos laborales, incluidos los de jubilación, los cuales quedan a salvo para que puedan ejercerlos ante la instancia correspondiente.

Éste se llevará a cabo de manera coordinada, entre las áreas del Consejo del Poder Judicial, así como con la participación de las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal competentes; y operará con los recursos aprobados y asignados en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo del ejercicio fiscal correspondiente, con apego a las disposiciones normativas aplicables.

La presunción de inocencia es un principio fundamental que debe prevalecer, y la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, va en contra del mismo y en vez de apostar a la investigación, se recurre a encarcelar a los acusados antes de que se demuestre su culpabilidad, por lo que Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura no respalda dicho dictamen, subrayó Víctor Manuel Manríquez González.

En tribuna durante la sesión de este jueves, el diputado coordinador de la bancada naranja en el Congreso del Estado se pronunció en contra del dictamen, al referir que, si bien el objetivo es reducir la impunidad, en la práctica, esta reforma podría afectar principalmente a los más vulnerables, aquellos que no tienen acceso a una defensa adecuada, creando una desigualdad aún mayor en el acceso a la justicia.

Además, el argumento de que la prisión preventiva oficiosa será una solución para frenar la delincuencia organizada o el tráfico de fentanilo, como se plantea en esta reforma, no es más que una respuesta superficial que ignora las causas estructurales de estos problemas, dijo.

“En lugar de reforzar las herramientas de investigación, se recurre a la medida más fácil: encarcelar a los acusados antes de que se demuestre su culpabilidad. Esto solo genera un sistema punitivo que deshumaniza y que no garantiza la seguridad de la ciudadanía ni la justicia real”.

Víctor Manríquez subrayó que la historia nos ha demostrado que esta medida no ha sido eficaz, la expansión de delitos bajo prisión preventiva oficiosa en los últimos años no ha logrado reducir la criminalidad, y como bien advierten organizaciones de derechos humanos, esta medida afecta a quienes menos tienen y perpetúa la discriminación y el abuso del poder.

“No se trata de dar más poder al Estado para encarcelar, sino de crear un sistema judicial que funcione, que sea transparente, eficaz y justo, y que realmente combata la impunidad con investigaciones sólidas”.

Llamó a que se trabaje en por la creación de un sistema de justicia que respete la presunción de inocencia y que, en lugar de crear más cárceles, fortalezca nuestras instituciones para que los culpables realmente enfrenten las consecuencias de sus actos con procesos justos.

“Por la justicia, por los derechos humanos y por un México mejor para todas y todos, desde la Bancada Naranja nuestro voto es en contra”. Advirtió que, dicha reforma no aborda cómo resolver la ineficiencia en la investigación de delitos, la falta de recursos en las fiscalías y la saturación del sistema penitenciario, y que ello representa un riesgo y retroceso.

La iniciativa consiste en adicionar dentro de las funciones notariales, la facultad de que los notarios oficialicen matrimonios en el estado.

Con la finalidad de coadyuvar en el trabajo de las oficinas del Registro Civil del Estado de Michoacán, la Diputada Local, Nalleli Pedraza Huerta, presentó una iniciativa para adicionar en las facultades de los notarios en la entidad la posibilidad de efectuar matrimonios.

Mencionó que con esta propuesta no se pretende sustituir o suprimir al oficial del Registro Civil ni la importantísima función que tiene esta institución, como rector de la inscripción, control y expedición de los actos del estado civil de las personas; sino que pretende que el Notario Público coadyuve en el descargo del exceso de trámites, y la aglomeración de los usuarios en las Oficialías del Registro Civil.

“Debemos recordar que Congreso, en su momento ponderó los conocimientos, habilidades y destrezas que visten a un Notario Público para aprobar las reformas a la Ley del Notariado del 30 de junio del 2020 para dotarlo de la facultad para celebrar el divorcio; por lo cual esas mismas cualidades tienen el peso específico para que se produzcan nuevas reformas a la ley que faculten al notario para celebrar matrimonios”.

Pedraza Huerta, recordó que en la actualidad el acudir a las oficinas del Registro Civil es la única forma de contraer matrimonio, ya que esta es única dependencia del Gobierno del Estado que los celebra, por lo que esta iniciativa pretende que los notarios orienten a los contrayentes en derecho sucesorio, adquisición y formación del patrimonio de familia, y de cualquier tema jurídico afín, fortalezas que garantizan a los futuros consortes obtener asesoría, consejos e informes fidedignos para que opten por decisiones prudentes y benéficas tanto para ellos como para su familia.

«El autogobierno indígena no es una concesión, sino un derecho histórico y constitucional que garantiza la autonomía de los pueblos originarios», así lo afirmó la diputada local por Morena, Belinda Iturbide Díaz, al reconocer los avances de Michoacán en consolidar esta forma de gobierno, que permite a las comunidades recibir presupuesto directo.

La legisladora destacó que Michoacán se coloca a la vanguardia en el reconocimiento de este derecho, permitiendo a los pueblos originarios gestionar sus recursos y tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades.

Iturbide Díaz indicó que 38 comunidades ya ejercen este modelo de gobierno, lo que representa un paso significativo hacia la autonomía, y 12 más han manifestado interés en sumarse. Además, resaltó que los recursos destinados a los autogobiernos indígenas han sido gestionados de manera ética y transparente, con el apoyo del Gobierno del Estado, para asegurar su uso eficiente.

Iturbide Díaz subrayó que esta forma de gobierno no es asistencialismo, sino un reconocimiento de los derechos históricos de los pueblos originarios. También destacó la importancia de impulsar programas educativos que respeten sus tradiciones y fortalecer los sistemas de justicia comunitaria.

La Universidad Michoacana no solo desarrolla mentes, también cambia vidas, por lo que Movimiento Ciudadano respaldó de manera firme el dictamen de reforma al artículo 143 de la Constitución para otorgar autonomía plena a la Máxima Casa de Estudios y fortalecer su desarrollo de las y los jóvenes, afirmó el diputado Víctor Manríquez González.

Durante la sesión, el diputado líder de la bancada naranja hizo uso de la máxima tribuna del estado para pronunciarse a favor del dictamen en pro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y señaló que votar esta reforma es reconocer que la educación es la base de toda sociedad próspera y que, sin ella, no hay desarrollo ni progreso sostenible. “Es garantizar que la Universidad Michoacana siga siendo ese faro de esperanza para generaciones presentes y futuras”.

Con esta reforma al establecer asignar al menos el 4.5% del presupuesto estatal a la Universidad Michoacana, se reconoce el papel tan importante de la universidad y refrenda el también un compromiso con nuestra juventud, con su derecho a la educación y con el desarrollo integral de Michoacán.

Víctor Manríquez resaltó que con la aprobación de la reforma se democratiza el proceso de elección del rector, permitiendo que estudiantes, docentes y personal administrativo tengan una voz activa en esta decisión tan importante.

“Este paso fortalece la transparencia, la equidad y el sentido de pertenencia dentro de la comunidad universitaria”.

“Como egresado de la máxima casa de estudios, puedo hablar desde la experiencia, la Universidad Michoacana no solo desarrolla mentes, también cambia vidas. Es un lugar donde los valores éticos, el alto nivel académico y el compromiso social se unen para formar ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos del presente y construir el futuro”.

Recordó que la Universidad Michoacana es la única universidad pública del país que ostenta con orgullo el título de Benemérita y Centenaria, un reconocimiento a su invaluable legado académico y cultural.

“A través de sus más de 500 proyectos de investigación, distribuidos en áreas como la ingeniería, las ciencias sociales, la salud y las humanidades, la Universidad Michoacana no sólo genera conocimiento, sino que también ofrece soluciones a los problemas de nuestra sociedad”.

Pero más allá de las cifras y los logros, la Universidad Michoacana es un símbolo de inclusión, afirmó, y subrayó que es un espacio donde miles de jóvenes, especialmente aquellos con menos recursos, encuentran las herramientas para construir un mejor futuro para ellos, sus familias y nuestra comunidad. Garantizar su estabilidad presupuestal significa blindar ese derecho y esa esperanza.