Legislativo

En virtud de los accidentes aparatosos de trascendencia mediática del último año registrados en la caseta de Zinapécuaro de la Autopista de Occidente, el diputado del PRI, Santiago Sánchez Bautista, presentó ante el Congreso del Estado un exhorto de urgente resolución a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y al organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) del Gobierno Federal, para que informen a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán, sobre los avances en la solicitud de su reubicación.

La Propuesta de Acuerdo que no se consideró de urgente resolución, contó con la simpatía de 11 diputados, incluidos algunos legisladores de la 4T; 12 más votaron en contra y hubo dos abstenciones; por ello, se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su estudio, análisis y dictamen.

Sánchez Bautista recordó que el tema no es un asunto nuevo, toda vez que el 9 de diciembre del año pasado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hizo público que su administración ya había presentado la solicitud a la SICT, para reubicar “la caseta de miedo”, sin que hasta la fecha se haya realizado, ni que se tenga conocimiento público sobre los avances, “mientras que los accidentes continúan”.

De igual manera, solicitó a las autoridades exhortadas, tomar en cuenta la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-033-SCT2-2024, Diseño de plazas de cobro en carreteras. Criterios de seguridad vial; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del año en curso, con posterioridad a la solicitud hecha por el gobernador, respecto a la velocidad de operación y a los nuevos parámetros de análisis de ubicación contenidos en dicha NOM.

Asimismo, destacó que el artículo 5º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece que es competencia de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos del caso.

Por otra parte, mencionó, que el Artículo Primero, fracción VI, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones del diverso que reestructura la organización y funcionamiento del organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, mandata que es objeto de dicho organismo construir, administrar, explotar, conservar, mantener y modernizar por sí o por terceros, las instalaciones complementarias que requiera para el cumplimiento de su objeto, incluyendo el uso, explotación y aprovechamiento del derecho de vía, en los caminos y puentes concesionados y, de ser el caso, en los que opere; así como en los que realice el mantenimiento o administre a través de contrato o convenio.

En su oportunidad, la diputada Ana Belinda Hurtado de la Representación Parlamentaria y el diputado Baltazar Gaona del PT, se pronunciaron por la urgente reubicación de la caseta de Zinapécuaro.

Las prestaciones sociales, tales como la inscripción al IMSS, el acceso a servicios médicos, pensiones y otros beneficios, son derechos irrenunciables de todo trabajador, especialmente de aquellos que se dedican a la seguridad pública, por lo que el diputado local, Alfredo Anaya Orozco propone que se tome en cuenta su garantía en los municipios para acceder a fondos en materia de seguridad.

Con la propuesta de acuerdo por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo del estado para que, a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública, modifique las reglas de operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz), se busca establecer como requisito para los municipios que deseen adherirse al programa, la comprobación de que sus elementos policiales están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cuentan con todas las prestaciones sociales previstas por la ley.

“La seguridad pública es uno de los pilares fundamentales para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de cualquier sociedad. En Michoacán, la labor de preservar el orden y la paz social enfrenta desafíos constantes, por lo que resulta imprescindible contar con instituciones de seguridad robustas y eficientes. Los cuerpos policiales son la primera línea de defensa en esta tarea, y para que puedan desempeñar su función de manera eficaz, es fundamental que cuenten con condiciones laborales dignas, que incluyan, además de un salario adecuado, el acceso a todas las prestaciones sociales que por ley les corresponden”, explicó el legislador al presentar su propuesta.

Anaya Orozco subrayó que en el más reciente informe del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se estima que en Michoacán hay aproximadamente 11 mil 508 policías entre estatales y municipales, de los cuales 6 mil 808 pertenecen al estado y la cantidad restante pertenecen a las corporaciones municipales, lo cuales “son quienes enfrentan, en gran medida, las demandas inmediatas de seguridad de nuestras comunidades. Sin embargo, a pesar de la importancia de su labor, es alarmante constatar que muchos de estos elementos carecen de las prestaciones sociales básicas, como el acceso al seguro social, lo que no solo pone en riesgo su bienestar y el de sus familias, sino que también compromete la efectividad de su labor en la seguridad pública”.

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, menos del 50% de los policías municipales de Michoacán cuenta con seguridad social. Esto significa que la mitad de aquellos que arriesgan sus vidas diariamente para proteger a la ciudadanía carece de acceso a servicios médicos, seguros de vida, pensiones y otras prestaciones fundamentales.

“Esta situación no solo es injusta desde un punto de vista laboral, sino que también mina la capacidad operativa y el compromiso de los policías con su misión. No podemos maltratar a quien le pedimos que nos cuide y al ser el Fortapaz un fondo destinado al fortalecimiento de las capacidades de seguridad en los municipios, debe ser una herramienta que no solo aporte recursos para el equipamiento y la capacitación de los policías, sino también para garantizar que los municipios cumplan con su obligación de ofrecer condiciones laborales dignas”, explicó.

En ese sentido, el diputado integrante de la LXXVI Legislatura afirma que es fundamental que se establezca como requisito para los municipios que deseen adherirse a este programa, que demuestren que sus elementos de seguridad están registrados en el IMSS y cuentan con todas las prestaciones sociales que les corresponden.

“Con este acuerdo, no solo buscamos fortalecer la seguridad pública, sino también dar pasos firmes hacia la justicia laboral y la dignificación del trabajo policial. Con mejores condiciones laborales, nuestras fuerzas de seguridad estarán más capacitadas y motivadas para proteger y servir a la ciudadanía de Michoacán. Evitando la violencia laboral contra nuestros policías pondremos el ejemplo y un paso importante para erradicar la violencia en general. En otras palabras, como coloquialmente se dice…. dejar de ser candil de la calle y oscuridad de tu casa”, acotó.

En defensa de la autonomía universitaria y en busca de fortalecer el vínculo democrático con la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el coordinador parlamentario del PRD Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, propuso garantizar que cualquier proyecto de decreto, iniciativa de ley o acción legislativa que implique cambios en el marco jurídico de la Universidad sea sometido previamente a un proceso de consulta con los tres sectores fundamentales de su comunidad: estudiantes, docentes y empleados administrativos.

Este jueves, en sesión extraordinaria de la 76 legislatura del estado, Ocampo explicó ante el pleno que la iniciativa presentada se deriva de que son, “Los docentes, los empleados administrativos y los alumnos quienes conocen de primera mano las necesidades de la Universidad Michoacana. Ellos deben opinar sobre la viabilidad de cualquier medida que afecte su marco normativo”, destacó.

El legislador señaló que, en congruencia con el respeto a la autonomía universitaria, es imprescindible implementar un mecanismo de consulta similar al realizado en las comunidades indígenas a través del Instituto Electoral de Michoacán, donde se garantizan procesos participativos.

En el marco de esta iniciativa, Octavio Ocampo expresó también su respaldo a la propuesta de reforma presentada por el titular del Poder Ejecutivo, que plantea cuatro aspectos clave: Establecer un presupuesto constitucional para la UMSNH; garantizar que su presupuesto cubra también jubilaciones y pensiones; reafirmar su autonomía universitaria en la Constitución y; asentar formalmente su nombre completo: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Así pues, la propuesta presentada por el coordinador parlamentario consiste en agregar un párrafo al artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, estableciendo la obligación de realizar consultas previas ante cualquier modificación legislativa que impacte a la UMSNH.

“Estoy a favor de estas reformas, ya que fortalecen a nuestra querida Máxima Casa de Estudios. Sin embargo, considero que también es momento de una real apertura a la Universidad Michoacana, para que su comunidad participe plenamente en estas decisiones trascendentales”, afirmó.

Con esta propuesta, el perredista reiteró su compromiso con el respeto a la autonomía universitaria, la democracia participativa y el fortalecimiento de las instituciones educativas en Michoacán.

La 76 Legislatura exhortó a la titular del Poder Ejecutivo Federal para que se generen los mecanismos necesarios que atiendan la problemática que enfrentan los usuarios de las autopistas en Michoacán, debido a la falta de cobertura de los gastos generados por siniestros, actos de vandalismo y daños en vehículos ocasionados por baches en tramos carreteros con peaje, por parte de los seguros empleados por las concesionarias.

Lo anterior, a propuesta del diputado Víctor Manuel Manríquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, quien desde la máxima tribuna del Estado, aseguró que el exhorto no busca entorpecer la operación de las concesionarias, sino más bien fortalecer los mecanismos de protección a los usuarios que confían en un servicio por el que ya han pagado.

“Al garantizar que los seguros contratados cumplan con sus obligaciones, estaremos asegurando que las autopistas de cuota en Michoacán sean verdaderamente seguras y confiables para todos los usuarios”, precisó.

El legislador subrayó que es imperativo que el Ejecutivo Federal tome cartas en el asunto, instruyendo a las autoridades competentes, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para que realicen una evaluación exhaustiva sobre el cumplimiento de las obligaciones de las aseguradoras y concesionarias en el Estado, y que, en su caso, implementen las sanciones y medidas correctivas necesarias.

Para concluir, el parlamentario reiteró que los peajes no solo deben cubrir el uso de la infraestructura, sino también garantizar un mínimo de seguridad y protección ante eventuales siniestros, “el hecho de que las aseguradoras, contratadas por las concesionarias, no cumplan con sus obligaciones representa una violación a los derechos de los usuarios, quienes ya han aportado una cuota económica esperando un nivel de seguridad superior al que ofrecen las carreteras libres”.

La diputada Vanhe Caratachea presentó una iniciativa con el objetivo de garantizar la protección de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

El abandono de adultos mayores, niñas, niños y adolescentes es un deber que la presente legislatura tiene que atender con el objetivo de garantizar la protección de estos grupos, es por ello que se requiere un marco más robusto que sancione de manera efectiva el abandono y la omisión de cuidados, enfatizó.

Vanhe Caratachea señaló que en nuestro estado, el abandono de adultos mayores es una realidad alarmante. Tan solo en México más de un millón 700 mil personas de este grupo poblacional viven en estás condiciones, enfrentando situaciones de vulnerabilidad que van desde el hambre hasta enfermedades crónicas y abusos. Asimismo, existen casos de niñas, niños y adolescentes que viven en la omisión de cuidados vitales por parte de sus padres o tutores legales quedando expuestos a peligros que comprometen su desarrollo integral y sus derechos fundamentales.

“La presente iniciativa responde a una necesidad urgente de brindar amparo a los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes”. Vanhe Caratachea

Esta problemática, prosiguió la legisladora Vanhe Caratachea, no solamente es un síntoma de la descomposición del tejido social que vivimos en la actualidad, sino también una señal de que nuestras leyes actuales no son suficientes para prevenir y sancionar este tipo de conductas, es por ello que proponemos tres instrumentos legales clave para atender esta problemática desde un enfoque integral.

En primer lugar, establecer penas de cuatro a siete años de prisión a quienes abandonen a menores o adultos mayores bajo su cuidado, considerando este acto como una violación grave a la dignidad humana. En segundo, reforzar la obligación legal y moral de cuidado hacia este grupo poblacional, al igual que establecer agravantes al abandono y omisión grave de cuidados que genere afectaciones severas a los derechos fundamentales de los menores.

Es momento, concluyó Vanhe Caratachea, de que como sociedad reafirmemos nuestro compromiso con los valores que nos unen, como la solidaridad y el respeto hacia la dignidad humana, fomentando no sólo el cumplimiento de las leyes, sino también una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar a quienes más lo necesitan. Esta propuesta no solo atiende un problema legal, sino que también sienta las bases para un cambio cultural que fortalezca nuestro tejido social.

En virtud de la era tecnológica actual, es imperativo que se realice una actualización a nuestra Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado, para incluir los nuevos formatos, señaló ante el pleno el diputado David Martínez Gowman.

En el marco de la sesión celebrada este jueves, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), precisó que desde 2008, no ha sido reformada la Ley de Fomento a la Lectura en ningún sentido, siendo necesario que se incluya en ella el reconocimiento de los libros digitales; así como de las plataformas diseñadas para la lectura a través de la vía electrónica, en consecuencia de que estas alternativas representan un almacén de patrimonio cultural digital y de que resultan en muchas ocasiones, vías de acercamiento más económicas y accesibles para la población lectora.

“Los libros además de servirnos como fuente pura e inmediata de información de diversos tópicos son una herramienta esencial del desarrollo y progreso social; pues a través de ella, se educa a los ciudadanos; se fomenta a la reflexión, al ejercicio de análisis y de concentración, a la actividad de recreación de manera sana y libre y a la transmisión de valores y enriquecimiento cultural”, precisó.

En su propuesta de Decreto, Martínez Gowman precisa la reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 2 de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Michoacán de Ocampo, para implementar las bases técnicas para la elaboración de los programas Estatal y Municipales para el Fomento a la Lectura, el Libro y los Libros Digitales, así como impulsar el desarrollo de sistemas integrales de información sobre el libro, su distribución, la lectura y los derechos de autor.

Mencionó que de acuerdo con el INEGI, a través del Módulo sobre la Lectura (MOLEC) en su estadística generada en 2024 señala que en México el 69.6% de la población alfabeta de 18 años y más indicaron haber leído algunos de los siguientes materiales: libros, revistas, periódicos, historietas o páginas de internet, foros o blogs, lo más leído fueron libros el 41.8%, páginas de internet, foros o blogs el 39.4%, revistas el 21.7%, periódicos el 17.8% e historietas el 4.6%. Lo anterior, permite observar que el dato disminuyo en 14.6 puntos porcentuales, con relación al MOLEC del año 2015, el cual fue de 84.2%.

“Atendiendo las cifras anteriores, uno de los objetivos principales de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es impulsar la lectura como herramienta para favorecer la igualdad en el acceso a la cultura, aprendizaje para el desarrollo intelectual y colectivo en aras de fortalecer la consolidación democrática, ponderando a la lectura como una pieza clave para el desarrollo sostenible”, finalizó.

Al considerar que no se advierte inconstitucionalidad alguna, el Pleno de la 76 Legislatura otorgó el Ha Lugar para admitir a discusión la iniciativa de reforma al artículo 143 constitucional que establece que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio.

Por unanimidad, en sesión extraordinaria las y los diputados aprobaron admitir a discusión dicha reforma a la Constitución Política del Estado, que tiene el objetivo de incorporar que toda Universidad o institución de educación superior que la ley le otorgue autonomía tendrá la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma.

Asimismo, establece que la Universidad Michoacana tendrá autonomía plena dedicada a la educación media superior, investigación; y, se le dará un presupuesto pleno para el desarrollo de sus funciones el cual deberá ser por lo menos el 4.5 por ciento del presupuesto de egresos del Estado y no podrá ser inferior al del año anterior.

De igual forma, se plantea que la elección del Rector sea con la participación de los tres sectores, estudiantes, alumnos y administrativos; así como, se contempla un sistema propio de pensiones y jubilaciones para el personal docente y administrativo.

Siguiendo con el proceso legislativo correspondiente, el presidente de la Mesa Directiva, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y dictamen.

El Pleno del Congreso del Estado, dio inicio con la aprobación de Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal del año 2025; a los ayuntamientos que ya se les aprobaron sus Leyes de Ingresos son: Arteaga, Chinicuila, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Morelos y Nocupétaro.

Estás 10 Leyes de Ingresos son las primeras que se aprueban en el Pleno del Congreso del Estado, dichas propuestas de estas Leyes de Ingresos Municipales fueron presentadas ante el Pleno por las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Deuda Pública.

Con la aprobación de estas Leyes de Ingresos se da certeza jurídica a los ayuntamientos michoacanos a fin de que tengan posibilidades de solventar las necesidades propias de sus municipios y de sus gobernados, pues se analizaron detenidamente y se realizaron las adecuaciones que las y los legisladores integrantes de las Comisiones Unidas consideraron necesarias para el buen manejo del recurso público.

De esta forma, el Poder Legislativo ratifica su compromiso con la sociedad michoacana y cumple a cabalidad con el calendario de trabajo estipulado por las Comisiones Unidas, por lo que se espera que en las próximas sesiones se continúe con la aprobación de más Leyes de Ingresos Municipales.

En congruencia con su compromiso de ser la voz de las mujeres, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, propuso la tipificación de delito la creación y difusión de imágenes sexuales modificadas con Inteligencia Artificial (IA).

La Congresista, – integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura-, junto con el ciudadano David Esau Rodríguez García, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 195 del Código Penal para el Estado de Michoacán; se modifica y adiciona la fracción VII del artículo 8, se adiciona el artículo 13 bis a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo.

En la máxima tribuna del estado, la diputada explicó que actualmente la Ley Olimpia sanciona la violencia digital, sin embargo, ante el avance de las nuevas tecnologías es importante advertir que la inteligencia artificial causa preocupación porque la protección y promoción a los derechos humanos puede verse afectada.

Actualmente el 70 por ciento de las personas víctimas de violencia digital son mujeres, los algoritmos y dispositivos tienen el potencial de difundir y reforzar acciones violentas, generando el riesgo de estigmatizar y marginar aún más a las mujeres a escala mundial.

“Hay un tema del que considero se debe tomar especial relevancia, el impacto por el uso nocivo de las nuevas tecnologías y su implementación para la difusión de contenido sexual que lesionan la libertad y la intimidad”, expuso Arroyo.

Es preocupante el aumento de casos de violencia digital sexual generada con inteligencia artificial, contenidos conocidos como “ Deepfakes”, complementó.

Un método de creación de imágenes o videos que se generan por medio de aplicaciones de edición audiovisual con inteligencia artificial que manipulan o alteran la apariencia para crear contenido sexual o erótico, que luego se distribuye impunemente, práctica de la que mujeres y niñas son las principales víctimas.

Esta práctica aún no tipificada penalmente como delito en Michoacán es cada vez más común, por lo que la Diputada exhortó a la Asamblea a legislar para enfrentar este tipo de violencia que es altamente condenable y que desafía los marcos legales tradicionales.

“Desde la máxima tribuna del estado de Michoacán, tengo la aspiración de que consolidemos un Parlamento Abierto, que funja como una red de apoyo, un lugar seguro. Hoy, no podemos permitir que la legislación de Michoacán se vea rebasada, debemos actualizar todos nuestros ordenamientos legales para fortalecer el respeto pleno a los derechos e integridad de las michoacanas”, afirmó.

La diputada local refirió que en el país existen casos que ejemplifican el uso de la inteligencia artificial en la alteración de imágenes, cómo ha sido el relacionado con un alumno del Instituto Politécnico Nacional que tenía en su posesión una tableta digital iPad que contenía la compilación, manipulación, venta y difusión de fotografías íntimas alteradas con inteligencia artificial de al menos mil mujeres.

Y otro ejemplo reciente es un hecho de violencia digital y sexual contra la legisladora Andrea Chávez, quien hizo una denuncia contra el caricaturista del diario El Financiero, Antonio Garci Nieto, quien publicó en sus redes sociales una imagen falsa de contenido sexual con el rostro de la política.

Esta iniciativa recibió el respaldo de las diputadas y diputados de la 76 Legislatura y fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis.

Para acompañar la prohibición de comida chatarra en el interior y exterior de las escuelas, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, el vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán Vélez, propone sanciones para quienes no cumplan con este ordenamiento en el Estado.

De acuerdo con las autoridades de salud en Michoacán, más del 50 por ciento de las niñas, niños y adolescentes enfrenta problemas de sobrepeso, una situación que no solo afecta su calidad de vida presente, sino que también los predispone a enfermedades como diabetes, hipertensión y otros padecimientos que podrían manifestarse en su vida adulta.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado la batalla contra la comida chatarra. A partir de marzo del próximo año, la Secretaría de Educación Pública prohibirá la venta de comida ultraprocesada y bebidas azucaradas dentro y fuera de las escuelas, pues en México es más fácil conseguir un refresco en una escuela que una botella de agua”, mencionó Barragán.

La iniciativa de Barragán busca prohibir la venta y el consumo de comida chatarra dentro y fuera de los centros educativos de nivel básico y media superior, bajo los siguientes puntos:

1. Prohibir, su venta dentro de las instalaciones de los planteles escolares y en sus inmediaciones.
2. Establecer que la Secretaría de Educación debe fomentar estilos de vida saludables entre los alumnos.
3. Obligar a los directivos y las autoridades escolares a aplicar esta normativa, vigilando su cumplimiento y sancionando a quienes la incumplan.
4. En el caso de instituciones educativas privadas, el incumplimiento resultará en la cancelación de su licencia.
5. Si las acciones u omisiones de incumplimiento ocurren en instituciones públicas, estas serán consideradas una falta administrativa grave.