Legislativo

La Diputada local, Brissa Arroyo y el Diputado local, Octavio Ocampo Córdova, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, atestiguaron la firma para la Promulgación y publicación de la Reforma Constitucional al Poder Judicial en Michoacán.

En el acto que se desarrolló en Palacio de Gobierno con la presencia del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se destacó la importancia de la modernización y democratización del Sistema judicial en el país, así como la trascendencia de que Michoacán va a la vanguardia al ser el primer estado del país en promulgar esta reforma a nivel estatal, una vez que fue aprobada por el Poder Legislativo y avalada por 59 Ayuntamientos.

El Coordinador del GPPRD, Octavio Ocampo Córdova, afirmó que el GPPRD es una oposición crítica, responsable y propositiva, por lo que en ese sentido acompañará aquellas iniciativas que representen un beneficio para la ciudadanía y la progresividad de sus derechos.

“Michoacán precisa de que actuemos con altura de miras, que vayamos más allá de ideologías o colores partidistas, y que hagamos un esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial para alcanzar su desarrollo, creo que el contenido del Plan Morelos en su esencia busca el beneficio colectivo”, expresó Ocampo.

De su parte, la Diputada Brissa Arroyo Martínez, refirió que se han dado pasos muy importantes porque se aprobó la despenalización del aborto y respecto al Poder Judicial, desde el GPPRD, se
propuso que quienes aspiren a ser jueces o magistrados en el Poder Judicial presenten la Ley 3 de 3, misma que prohíbe la participación de quienes hayan obtenido sentencia por ser deudores alimentarios, violencia familiar o delitos sexuales.

La Diputada Brissa Arroyo y el Diputado Octavio Ocampo, refrendaron su compromiso de seguir legislando con responsabilidad, con una visión ciudadana y progresista, por lo que, se comprometieron a revisar, analizar y hacer aportaciones a las iniciativas que están pendientes como la de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), además de las leyes secundarias de la reforma al Poder judicial.

El Congreso del Estado y esta Septuagésima Sexta Legislatura ha cumplido con su tarea, en cuanto a las reformas para modificar la Constitución Política del Estado de Michoacán y con ello generar mejores condiciones para las y los michoacanos, apegados al Plan Morelos, presentado por el Ejecutivo Estatal.

En el marco de la presentación de avances del Plan Morelos y de Promulgación y publicación de la Reforma Constitucional al Poder Judicial en Michoacán, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, refrendó el compromiso de la actual legislatura para trabajar en coordinación con los distintos poderes del Estado, siempre en pro de Michoacán.

El diputado presidente, manifestó que “la Septuagésima Sexta Legislatura, realiza un trabajo activo, responsable y comprometido en coadyuvancia con los Poderes y Órganos del Estado, en el ámbito de su competencia, lograr la garantía y ejercicio pleno de los derechos y el bienestar de las y los michoacanos.

Cabe destacar que Michoacán es el primer estado de la República en el que promulga y publica esta Reforma Constitucional al Poder Judicial local, esto con la finalidad de homologarlo con lo estipulado en la Constitución Federal.

En esta actividad estuvieron presentes diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios que integran la Septuagésima Sexta Legislatura, lo que demuestra un apoyo y respaldo total a las iniciativas que tengan como finalidad generar mejores condiciones de bienestar, democracia y vida a las y los michoacanos.

La diputada local, Giulianna Bugarini, destacó la importancia histórica de la firma de la promulgación y publicación de la reforma constitucional del Poder Judicial local, encabezada por el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Hoy, la justicia llegará a más municipios. Ya no será necesario que los ciudadanos viajen a Morelia para acceder a la justicia, lo que les permitirá reducir costos y tiempo. Con la creación de salas colegiadas en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, la justicia se acerca a las regiones más alejadas de nuestro estado”, aseguró la diputada.

Esta reforma, que ha sido aprobada por la mayoría de los cabildos del estado, representa un avance clave en la democratización del sistema judicial de Michoacán, acercando la justicia a todos los rincones del estado y garantizando que los cargos judiciales sean ocupados por personas con los conocimientos y la honorabilidad necesarios.

La reforma también garantiza un sistema de elecciones judiciales más democrático. Según las nuevas disposiciones, cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) postulará dos candidatos por cada puesto a ocupar, asegurando que la selección de magistrados y jueces sea transparente y basada en méritos.

“No habrá más cargos judiciales ocupados por cuotas de poder o favores políticos. Ahora los ciudadanos tendrán la garantía de que la selección de sus jueces y magistrados se basa en la capacidad, la transparencia y el mérito”, aseguró la diputada Bugarini.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla enfatizó en su mensaje que esta reforma no es simplemente una política pública, sino una política de Estado. “Estamos avanzando hacia la democratización del tercer poder, un poder que históricamente ha estado alejado de las decisiones populares. Este es el camino de la transformación que la gente de Michoacán necesita”, indicó la legisladora.

De acuerdo con el gobernador Bedolla, la reforma establece, entre otros aspectos, mecanismos claros de evaluación para los aspirantes a ocupar los cargos de magistrados y jueces, asegurando que quienes ocupen estos puestos sean personas altamente capacitadas y con una trayectoria intachable.

“Este es un paso firme hacia un sistema de justicia más transparente, más cercano a la gente y más profesional. El Poder Judicial debe estar al servicio de los ciudadanos y esta reforma es un paso fundamental en esa dirección”, concluyó Ramírez Bedolla.

Ante la reciente polémica en torno a la implementación del Plan Morelos, el diputado Antonio Mendoza reiteró su compromiso con la autodeterminación de las comunidades indígenas, defendiendo su derecho a autogobernarse y decidir conforme a sus propias normas y estructuras.

“El cuarto nivel de gobierno debe ser una realidad en Michoacán. La autodeterminación de nuestros pueblos originarios es un principio fundamental que fortalece nuestra democracia y permite que las comunidades sean dueñas de su destino,” subrayó Mendoza.

“Una vez que aprobamos una reforma constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”, añadió, y remarcó que “es contradictorio no reconocer su derecho a gobernarse según sus sistemas normativos, representantes y formas internas de gobierno.”

Así mismo aseveró que en un estado con una composición pluricultural y multiétnica, la libre determinación de los pueblos asegura la preservación de la memoria histórica y de un sistema normativo que promueve el desarrollo económico, cultural y social de las comunidades.

«Las comunidades deben tener la libertad de gestionar sus proyectos y prioridades conforme a sus propias necesidades, reforzando así una democracia auténtica y desde la base,” expresó el legislador.

Antonio Mendoza reafirmó que el respeto a los sistemas comunitarios es esencial para el avance del estado y de la nación; “es hora de que las comunidades ejerzan plenamente su derecho a la autodeterminación. El primer orden soberano viene desde abajo, y es nuestro deber respaldarlo”, remarcó.

La Reforma al Poder Judicial ya es constitucional y será publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, señaló la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Fabiola Alanís Sámano.

Ello, luego de que se declarara la constitucionalidad de la reforma tras haber sido ratificada por 59 ayuntamientos del estado, cuyos cabildos coincidieron en la necesidad de reformar el sistema de justicia con que se rige el país en la actualidad.

“La ratificación de la Reforma Judicial por parte de 59 gobiernos municipales da muestra de que Michoacán está listo para reconstruir su modelo de justicia, un modelo donde el pueblo estará primero”, remarcó la coordinadora parlamentaria de Morena.

La legisladora dijo que, una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado, el Congreso de Michoacán coadyuvará en la organización legislativa del proceso democrático que vivirá en Poder Judicial, que, por primera vez en la historia de nuestro país, se someterá al voto popular.

Finalmente, Fabiola Alanís celebró que los ayuntamientos de Michoacán se hayan sumado a la intención de reformar el sistema judicial del estado y el país, sin cabida a limitantes de carácter político.

La diputada local, Brissa Arroyo, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 64 del Código Penal para el Estado de Michoacán, lo que permitirá aumentar las penas en contra de quienes agredan a los periodistas.

En la exposición de motivos, la Congresista, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, afirmó que sin libertad de expresión no hay diálogo, intercambio de ideas, crítica al poder, descubrimiento de la verdad ni opinión pública. En pocas palabras, sin libertad de expresión no hay democracia.

Dijo que los países que alcanzan un desarrollo social equilibrado y estabilidad democrática son aquellos que respetan derechos humanos vitales como las libertades de expresión y de prensa.

La pérdida de estas libertades debilita los procesos democráticos, la transparencia y la rendición de cuentas, complementó.

“Hoy propongo que no haya más impunidad, que no permitamos que el derecho a la libertad de expresión se limite o censure y que cuando alguien, con dolo, pretenda atentar contra la vida o integridad de un comunicador o comunicadora obtenga una pena más alta”, expuso la diputada local.

“Y que no se utilice el servicio público como un escudo para ejercer violencia sobre aquellos que informan a la ciudadanía sobre el acontecer de cada día; que se garantice una sanción ejemplar para aquellos que pretendan limitar la libertad de expresión de las mujeres periodistas en Michoacán”, planteó la legisladora.

“Quitemos las cadenas a la libertad de expresión y pongamos sanciones a la opresión”, sostuvo.

La diputada perredista convocó a reflexionar el papel de los medios de comunicación y de los periodistas en la sociedad, así como la importancia de que ejerzan a cabalidad aquellos derechos que les permitan no sólo cumplir su función pública en beneficio de la ciudadanía, sino en la construcción de un verdadero Estado democrático.

En la iniciativa se expone que cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito.

En el caso anterior, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.

Es importante destacar que en esta iniciativa presentada por la diputada Brissa Arroyo, se suscribieron diputadas y diputados de las diferentes fracciones parlamentarias; y fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y análisis.

La Diputada Local y Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Emma Rivera Camacho, refrendó su compromiso con los pueblos originarios de Michoacán, particularmente con las comunidades indígenas del Distrito de Zitácuaro.

En este contexto la diputada subrayó la importancia de reconocer, promover y defender los derechos y tradiciones de estos pueblos que forman parte esencial de la identidad michoacana.

“Es fundamental no solo preservar la riqueza cultural que los pueblos originarios nos aportan, sino también garantizar que sus derechos y voces sean escuchados y respetados en las decisiones que afectan sus territorios, sus lenguas y su forma de vida,” señaló Rivera Camacho.

Además reconoció la estrecha relación de los pueblos indígenas en la conservación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente.

La Diputada Emma Rivera hizo un llamado a todos los actores sociales y gubernamentales para que “escuchen, respeten y den libertad a nuestros pueblos originarios para decidir su propio camino. Solo así podremos construir un Michoacán inclusivo, en donde cada comunidad se desarrolle en paz y respeto a sus tradiciones y cosmovisión”.

La legisladora local dijo reafirmar su disposición a trabajar por políticas y reformas que aseguren un respeto integral a los derechos de los pueblos originarios, en línea con la aspiración de una sociedad más justa y equitativa para todas y todos.

Ante la importancia de definir la técnica jurídica que debe seguirse en las comisiones para elaborar un Dictamen en el Poder Legislativo, en donde independientemente de las configuraciones políticas que se tengan en los congresos de los estados, las y los diputados, puedan acceder a directrices teórico prácticas en el ejercicio de su función, fue presentado el libro “El Dictamen Parlamentario en los Congresos Locales de México” del autor, Dr. Miguel Ángeles Hernández.

En el Salón de Recepciones del Congreso del Estado el Diputado José Antonio Salas valencia, acompañado por la Diputada Vanessa Caratachea Sánchez, dio la bienvenida a la presentación de la obra a la que asistieron alumnos universitarios y en la que fungieron como comentaristas los legisladores Marco Polo Aguirre Chávez y J. Reyes Galindo Pedraza, además del ex Diputado Jesús Hernández Peña y el Notario Carlos Punzo Vital.

Reyes Galindo resaltó lo trascendente de la práctica parlamentaria “porque en ella se sustentan los procedimientos y formalidades que se desarrollan al interior de las actividades políticas y legislativas de los congresos locales, siendo su naturaleza la de tener una dimensión sociológica, derivado de la diversidad de actores que intervienen en la función legislativa y sus distintas aportaciones para cumplir su cometido”.

Agregó que coincide con el autor de la obra, al establecer que en toda propuesta de norma jurídica, la motivación de la misma deberá ser pública, justificada, entendible, completa, suficiente, congruente, con argumentos compatibles con una extensión adecuada para lo que se habrá de ocupar.

Marco Polo Aguirre manifestó que abrir las puertas del Congreso del Estado a la academia permite entrelazar el conocimiento con la técnica legislativa, para permitirá conocer y adentrarse al Derecho con las necesidades de la entidad, en beneficio de los michoacanos. “Esta obra es una herramienta para los legisladores, pero también para los universitarios”.

Destacó que el trabajo llevado a cabo al interior de las comisiones, es uno de los más importantes, en donde se analiza y estudia los puntos que conformarán el Dictamen, donde se entrelazan las visiones y se elabora una propuesta unificada que se llevará al Pleno Legislativo.

En su oportunidad, Jesús Hernández Peña precisó que la obra facilitará la comprensión del Dictamen Parlamentario, permitiendo a los legisladores contar con una herramienta que coadyuve en el quehacer legislativo. “La técnica legislativa requiere de un conocimiento profundo del ámbito institucional, información múltiple y procedimientos y fórmulas estandarizadas que puedan aplicarse”.

Por su parte, el Dr. Miguel Ángeles compartió que la justificación de la práctica parlamentaria es una parte inherente de la naturaleza de un congreso local, y que sólo el diálogo la enriquece y la convierte en un componente esencial para la construcción de acuerdos, mismos que serán la base de los postulados que contenga cualquier norma jurídica.

En el marco del Día Nacional del Libro, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez propone que, por ley, se promueva la creación, edición, producción, difusión y venta de libros en sistema braille, audiolibros u otros formatos accesibles para personas con discapacidad visual.

De acuerdo con el vicepresidente del Congreso del Estado, el 95 por ciento de los materiales de lectura publicados siguen siendo inaccesibles para las personas con discapacidad visual. Además, del porcentaje restante, sólo el 0.5 por ciento está disponible en braille.

“No podemos olvidarnos de las personas con discapacidad visual, pues estaríamos vulnerando su derecho a la cultura y a la información. Es crucial implementar libros para este sector vulnerable, ya que, de lo contrario, podría considerarse un tipo de discriminación”, señaló Barragán.

El también presidente del Comité de Editorial, Biblioteca y Archivo del Congreso del Estado, reconoció que el braille continúa siendo la herramienta de lectura y escritura que garantiza a las personas débiles visuales su derecho a la educación, el acceso a la información y a la cultura, así como el desarrollo de su autonomía.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) de esta 76 Legislatura del Congreso del Estado, presentó su agenda legislativa 2024-2027, la cual será base para el trabajo que realicen las y los legisladores integrantes de esta fracción durante los próximos tres años.

En la presentación de esta agenda, estuvo presente el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien también recibió un tanto de este documento.

Está agenda legislativa está integrada en cuatro ejes fundamentales: Salud integral y protección social; Cultura de la paz y seguridad; Desarrollo Económico y competitivo; y Sustentabilidad y medio ambiente.

Este Grupo Parlamentario está integrado por la diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado, coordinadora; por el legislador Alfonso Janitzio Chávez Andrade, vicecoordinador; el diputado José Antonio Salas Valencia y la legisladora Ana Vanessa Caratachea Sánchez, estos ultimos integrantes.

En ese sentido, las y los diputados integrantes del GPPAN, coincidieron en que “durante la LXXVI legislatura, actuaremos de forma responsable y comprometida con la sociedad, colaborando en todo aquello que permita mejorar el bienestar de las familias, pero daremos fervientemente la batalla en todo lo que implique un autoritarismo”.