Legislativo

Con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia y a los derechos laborales de los trabajadores, Oscar Escobar Ledesma, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, propuso ante el Congreso del Estado un acuerdo para enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar diversas fracciones al artículo 742 de la Ley Federal del Trabajo.

Al considerar que tanto la parte trabajadora como patronal se ven afectados en su defensa dentro de un juicio laboral, al no ser avisados de manera personal cuando se va a notificar la contestación de demanda y la réplica o contrarréplica, Escobar Ledesma destacó que es necesario realizar los cambios adecuados a la Ley Federal del Trabajo para garantizar la justicia.

“Durante los procedimientos laborales, llevados por parte de Tribunales o Juzgados de la materia, en la etapa de réplica y contrarréplica no se notifica de forma personal porque no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo; esto ha provocado que se vean afectados tanto la parte trabajadora como la parte patronal, por no defenderse adecuadamente dentro del juicio, por ello es necesario que se les notifique de manera personal y ejerzan su derecho a defenderse”.

Oscar Escobar detalló que con estas reformas se protegerá a los trabajadores, al garantizar sus derechos, buscando tener acceso a una justicia pronta y expedita, y se realice de manera transparente el procedimiento.

“Con esta reforma avanzamos en la conquista de la justicia laboral, para que los trabajadores y la parte patronal lleguen a acuerdos transparentes y justos”.

Reiteró que desde Movimiento Ciudadano se continuará impulsando una agenda por la defensa y conquista de los derechos laborales.

Garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos en el proceso de urbanización, así como contribuir a la lucha contra el calentamiento global y, la transición hacia una economía más sostenible, son los objetivos principales de las iniciativas que presentó el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña.

«Hoy más que nunca debemos poner en el centro de la política a las y los ciudadanos y sus derechos. Llegó el momento de urbanizar adecuadamente, de ahí que he propuesto la creación de una Procuraduría de Desarrollo Urbano, la participación social en política de urbanismo y la contribución en la lucha al calentamiento global», expresó el diputado.

Asimismo aseguró que la propuesta es una acción positiva que permitiría la existencia de una entidad especializada en la orientación y defensa de los ciudadanos y sus derechos en asuntos relacionados con la legislación urbanística.

Por lo que con ello, se busca contribuir a la planificación y ejecución de proyectos urbanos más sostenibles y justos, así como incorporar la participación e injerencia de la sociedad en la construcción de políticas públicas y acciones gubernamentales en materia de urbanismo para su mejora.

«Es momento de trabajar juntos y apoyar esta iniciativa para que las ciudades de Michoacán funcionen de manera óptima, especialmente en los momentos de crisis y guardar el equilibrio en la toma de decisiones para el desarrollo urbano y la planeación. ¡Legislar es apostar en el presente por un mejor futuro!», expresó.

Por otro lado, dijo que la creación de centros de acopio de neumáticos y/o llantas es otra excelente propuesta para abordar el problema de la gestión adecuada de estos residuos que son difíciles de desechar debido a su gran tamaño y composición por lo que aprobarla ayudará a reducir la cantidad de llantas y neumáticos sin uso.

Además, a fomentar la creación de empleos verdes y la economía mediante un adecuado acopio, manejo, reciclaje y disposición final de llantas y/o neumáticos y transformarlos en productos con vida duradera y materiales resistentes.

«Es una medida positiva que puede tener múltiples beneficios ambientales, económicos y sociales», subrayó.

Con el interés de proteger y apoyar a las personas en estado de vulnerabilidad la diputada Margarita López Pérez puso a consideración del Pleno del Congreso, la Iniciativa de Ley para elevar a grado Constitucional la pensión para el Programa para el Bienestar de Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer.

Junto con los diputados Julieta García Zepeda y Juan Carlos Barragán Vélez, presentaron dicha iniciativa que, de ser aprobada, modificará el artículo 2° y un párrafo décimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, el cual quedaría de la siguiente manera:

“El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a mujeres de entre 18 y 64 años 11 meses de edad, con cáncer de mama y/o cervicouterino invasor, en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las indígenas, las afromexicanas y las personas que se encuentren en condición de pobreza”.
La legisladora hizo una semblanza sobre el serio problema que hay en el mundo, América Latina y México sobre la mortalidad debido al cáncer de mama y/o cervicouterino. Para el caso michoacano, se estima que anualmente se producen aproximadamente 500 defunciones causadas por estos dos padecimientos de mujeres mayores de edad.

La estrategia gubernamental federal ya da protección constitucional a las personas de la tercera edad y con discapacidad, pero en la entidad el gobierno ha hecho lo propio con fecha del 11 de abril de 2022, cuando se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Acuerdo que establece el Programa para el Bienestar de Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer y sus Reglas de Operación.

Ahora es tiempo de elevarlo a grado Constitucional en Michoacán, generando así un derecho y beneficio para el apoyo en gastos de alimentación, vivienda, vestimenta y educativos de los menores, así como los gastos generados por su tratamiento y atención médica.

Para dar cuenta sobre la realidad de este problema, la legisladora informó los datos que emite la Organización Mundial de la Salud, en el que ubica a las Américas como casi una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer de mama en 2020.

A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.94 defunciones porcada 100 mil mujeres de 20 años y más. En América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres afectadas por la enfermedad antes de los 50 años (32%) es mucho mayor que en América del Norte (19%), contrario a lo que sucede en los países de altos ingresos, los cuales han tenido una disminución del 40%.

En 2020, hubo más de 210,000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe, y casi 68,000 muertes.

El Congreso de Michoacán aprobó reformas que amplían las facultades para que la Defensoría para la Protección de Derechos Político-Electorales del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), atiendan a grupos en situación de vulnerabilidad, y que el TEEM pueda conocer y resolver las solicitudes que hagan comunidades indígenas sobre el ejercicio y administración del presupuesto directo, el consentimiento y consulta previa, libre e informada por parte de las comunidades indígenas.

La reforma aprobada en el Congreso de Michoacán, además establece en el Código Electoral del Estado, el reconocimiento de autogobierno y procedimiento para acceder al presupuesto directo, mismo que ya contempla la Ley Orgánica Municipal y la Constitución del Estado, consolidando y fortaleciendo la reformas en la materia.

La propuesta presentada por la diputada Erendira Isauro Hernández y fortalecida por las aportaciones de los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales, así como diputados integrantes de la 75 Legislatura, contribuye a reivindicar la lucha de los grupos sociales más desprotegidos y los pueblos originarios.

Durante su intervención la legisladora local, destacó que los ordenamientos jurídicos en los que se plasman sus derechos no pueden quedar como letra muerta, todos y cada uno, como ciudadanos y más aún en este poder que representa al pueblo de Michoacán tienen la responsabilidad de hacer lo propio por los pueblos originarios.
Refirió que el gobernador de Michoacán, siendo legislador impulso ordenamientos en favor de los pueblos y comunidades indígenas que hoy ya son una realidad, y con esta propuesta continúa impulsando ordenamientos que en todo momento beneficien a los pueblos y comunidades indígenas presentes en todo el territorio michoacano.

“Si bien la ley no es perfecta, es perfectible y con estas propuestas de reforma nos sumamos al pago de la deuda que se tiene con quienes por tato tiempo fueron ignorados , desde este Poder Legislativo, como sus representantes estamos haciendo lo propio en apego a lo pronunciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde toda reforma en materia indígena debe ser sometida a una consulta previa, libre e informada, sin caer en chantajes de grupos o asociaciones que precisamente lucran con las necesidades de los pueblos”, expresó.

Las escuelas deben adoptar políticas y medidas concretas para garantizar el respeto de los derechos humanos en el aula y prevenir el acoso por parte de los maestros, subrayó el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Este jueves desde la Máxima Tribuna del Estado, el legislador planteó exhortar al Ejecutivo del Estado para que, dentro de sus facultades, instruya a las instituciones pertinentes a generar los mecanismos necesarios para la prevención y atención en temas de acoso en todas las escuelas.

“Es necesario además generar campañas de concientización y sensibilización de este tema, así como la obligación de contar con protocolos de acción inmediata con la finalidad de que el acoso cese en las escuelas siendo atendido y sancionado conforme a las leyes aplicables. Y de no ser atendidos los temas de acoso en las escuelas, sean sancionadas las personas que sean omisos a este tema tan sensible”.

Recalcó que el acoso por parte de los maestros hacia los estudiantes es un grave problema que viola los derechos humanos fundamentales de los estudiantes a una educación segura y libre de violencia. Todos los estudiantes tienen derecho a una educación que les permita desarrollarse plenamente, sin importar su origen, género, orientación sexual o cualquier otra característica personal.

“El respeto de los derechos humanos es fundamental en cualquier sistema educativo y es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar garantizar que se respeten estos derechos. Los maestros tienen un papel clave en el fomento de los derechos humanos en el aula y en la formación de ciudadanos respetuosos y tolerantes”.

Víctor Manríquez subrayó que cuando los maestros intimidan a los estudiantes, crean una atmósfera de miedo y pánico en el salón de clases, lo que puede afectar el rendimiento y la salud mental de los estudiantes.

“Además, cuando los maestros intimidan a los estudiantes, pueden sentirse aislados y sin apoyo, lo que puede conducir a problemas emocionales y de comportamiento a largo plazo. Es importante que los directores de escuela tomen medidas proactivas para prevenir y detener el acoso docente. Esto incluye crear un ambiente seguro y acogedor para todos los estudiantes, promoviendo la inclusión y el respeto por los demás”.

La legislación local debe garantizar el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, para con ello ser armónica con lo que ya disponen las normas federales, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial para la Atención de Personas con Discapacidad en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello el diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó este jueves ante el Pleno Legislativo, una iniciativa para reformar la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado, y que ésta garantice el derecho a la consulta de este sector de la población.

“Pese a que en Michoacán existe la referida Ley, la cual contempla dentro de sus principios rectores la accesibilidad, igualdad de oportunidades y la participación e inclusión en la sociedad, ésta no garantiza el derecho a la consulta, el cual demanda la participación plena y efectiva de las personas que vivimos con discapacidad”.

Víctor Zurita destacó la necesidad de establecer mecanismos de consulta para la elaboración y aplicación de la legislación, políticas y otros procesos de adopción de decisiones que incidan en la vida de las personas con discapacidad.

“No podemos hablar de una verdadera inclusión si no tomamos en consideración las necesidades del sector a quienes será dirigida la norma o política que se pretende construir, ya que éstas deben de ser adaptadas a sus necesidades y no sus necesidades adaptarse a nuestra legislación”.

Para Víctor Zurita quienes integran la LXXV Legislatura que se ha denominado como de la Inclusión, es obligación garantizar el derecho que tienen quienes viven con discapacidad para ser incluidos en la toma de decisiones que incidan de manera indirecta en su vida.

“Es por eso que esta iniciativa busca garantizar el derecho a la consulta de las personas que vivimos con discapacidad en la Ley, estableciendo reglas mínimas que deberán observar los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tales como que la información sea emitida de manera oportuna, gratuita, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, utilizando la lengua de señas, el braille, entre otros”.

Es fundamental que la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado contemple los distintos tipos de violencia que se registran en contra de las mujeres en Michoacán, subrayó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello la diputada por el Distrito de Zacapu propondrá ante el Pleno del Congreso reformar la referida Ley para adicionar la violencia en el noviazgo, en el transporte público y cualquiera otra que deba ser sancionada.

“Según la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres (SEIMUJER), siete de cada diez michoacanas han experimentado algún tipo de acoso o violencia sexual durante el segundo semestre de 2020 en el transporte público”.

La legisladora recalcó que el 24.3 por ciento de las mujeres que residen en Morelia, enfrentaron al menos un tipo de acoso o violencia sexual en un espacio público, dato que supera el promedio nacional que es del 21.6 por ciento.

“Asimismo diversos estudios han reconocido que la violencia durante el noviazgo se vincula con factores individuales, entre ellos la depresión, baja autoestima y ciertas conductas de riesgo como el consumo de alcohol, inicio temprano de las relaciones sexuales y bajo rendimiento escolar”.

Mónica Valdez informó que la etapa del noviazgo es muy importante en la vida de los adolescentes, ya que es un periodo del ciclo vital de descubrimientos y experimentación; por lo que se deben tomar decisiones que promuevan el diseño de programas educativos que prevengan el maltrato y sus consecuencias.

“En Michoacán siete de cada diez adolescentes mujeres de 13 a 17 años refieren que han tenido un episodio de violencia en el noviazgo, además de confundir que los celos de pareja son amor, en lugar de una agresión, según los datos de la Secretaría de Igualdad”.

El Pleno de la 75 Legislatura aprobó la designación y toma de protesta de María de los Ángeles Toro Preciado, como titular del órgano interno de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH.

La funcionaria desempeñará su cargo por un periodo de cinco años, y tendrá facultades para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituirse en responsabilidades administrativas dentro del organismo autónomo encargado de la defensa y promoción de los derechos humanos en la Entidad.

Así, el dictamen presentado por la Comisión de Derechos Humanos que preside la diputada Laura Ivonne Pantoja y que integran Víctor Zurita y Víctor Manuel Manríquez, contiene el estudio y análisis del dictamen emitido por el Consejo de la CEDH, así como de los expedientes adjuntos, correspondientes a las cuatro personas que atendieron la Convocaría emitida por dicho organismo, para la selección del titular del órgano interno de control.

De esta manera, luego de analizar la experiencia y perfil profesional de los aspirantes, las y los diputados eligieron a María de los Ángeles Toro para ocupar la titularidad del cargo referido.

La 75 Legislatura de Michoacán tomó protesta a la nueva Magistrada, Martha Magaly Vega Alfaro, como titular de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) por un periodo constitucional de cinco años.

La Magistrada fue designada por las y los diputados de una terna integrada también por María de la Soledad López Ortiz y Ana Lilia García Cardona, la cual fue turnada al Pleno del Congreso del Estado por la Comisión de Justicia de este Poder Legislativo.

Las y los legisladores locales coincidieron en que esta fue una convocatoria histórica por el hecho de que fue única y exclusivamente para mujeres, derivado de que el índice de mujeres que integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, es bajo y distante de la paridad de género.

Así, las y los diputados de la Comisión de Justicia realizaron el dictamen, luego de que examinaran los expedientes de las diez aspirantes que obtuvieron una mejor calificación en el Concurso de Oposición, y a la postre identificaron y seleccionaron a las integrantes de la terna.

El Pleno de la 75 Legislatura designó y tomó protesta a Ruth Nohemí Espinoza Pérez, como Comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Procuración de Datos Personales (IMAIP).

Las comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos fueron las encargadas de presentar la terna de aspirantes al cargo, de la cual, con 30 votos a favor, fue seleccionada Espinoza Pérez, quien durará en el encargo tres años a partir de su designación y toma de protesta.

la nueva Comisionada fue elegida de entre 12 aspirantes registrados por medio de convocatoria pública; de ellos, tres no cumplieron con los requisitos establecidos; y, de los nueve restantes, sólo siete se presentaron a comparecer ante los integrantes de las comisiones unidas.

Una vez valorada la preparación académica, profesional y el desempeño que realizaron en las comparecencias; así como la experiencia en la materia y curricular de cada aspirante que cumplió con los requisitos, las comisiones unidas seleccionaron la terna presentada ante el Pleno, de la cual resultó electa Ruth Espinoza.

El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se integra por tres comisionados, de los cuales uno será su Presidente; asimismo, el ordenamiento invocado cita que las comisiones de dictamen designadas propondrán al Pleno una terna por cada vacante de comisionados a elegir.

A fin de garantizar que las comunidades indígenas de los cuatro pueblos originarios de Michoacán: Purépecha, Mazahua, Otomí y Náhuatl, ejerzan su derecho a la autonomía y autogobierno, la 75 Legislatura reformó este día el artículo 330 del Código Electoral de Michoacán.

En sesión extraordinaria, la diputada Seyra Alemán afirmó que, con dicha reforma, se establecen los preceptos para que las comunidades y pueblos originarios ejerzan la elección por usos y costumbres de sus autoridades y gobiernos comunales, garantizando la participación de las mujeres  en cuestión de paridad.

Asimismo, asegura la administración directa del presupuesto y el ejercicio de funciones de gobierno por parte de comunidades indígenas con carácter de tenencias; además, de contar con su representación dentro de los ayuntamientos que cuenten con población indígena.

Para hacer efecto su derecho al autogobierno y administración directa de los recursos presupuestales, deberán realizar una solicitud ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el ayuntamiento respectivo, acompañada por el acta de asamblea y firmada por las autoridades comunales; posteriormente, el Instituto realizará -junto con el el municipio y en un plazo de quince días hábiles-, una consulta previa, libre e informada a la comunidad sobre el tema.

Realizada la consulta, el IEEM deberá, de ser el caso y en un plazo de ocho días, validar el proceso de consulta y notificar al ayuntamiento, el cual tendrá hasta seis días hábiles para sesionar y emitir el acuerdo de cabildo en el que se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Administración la transferencia de recursos de presupuesto directo; teniendo, ésta última, un periodo no mayor de cinco días para emitir un dictamen sobre la transferencia de recursos económicos a la comunidad.

Las comunidades indígenas que decidan ejercer su derecho al autogobierno y presupuesto directo, podrán administrar libre y responsablemente los recursos presupuestales mediante aplicación directa, de conformidad con las disposiciones aplicables; prestar los servicios públicos catalogados como municipales, pudiéndose celebrar convenio de prestación de servicios con el ayuntamiento respectivo, y formular, aprobar y aplicar los planes de desarrollo comunal de conformidad con los mecanismos de gobierno interno, sus usos y costumbres, comunicando dicho plan de desarrollo al municipio.

Es de destacar que, en la misma medida en que las autoridades comunales asuman dichas atribuciones, se transferirán las obligaciones correlativas que estuvieran a cargo de los ayuntamientos, dicha trasferencia incluirá únicamente las obligaciones generales previstas por esta ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución política del Estado y de más ordenamientos que rijan la administración municipal.