Legislativo

Con el objetivo de garantizar el libre desarrollo de la personalidad, a través del respeto por la libre orientación sexual, identidad, expresión de género de las personas, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, hizo una propuesta para que en la entidad se legisle con perspectiva incluyente hacia la comunidad LGBTIQ+.

Para ello planteó que se cree la Comisión de Diversidad en el poder legislativo local, a través de un proyecto de decreto en el que propuso adicionar una fracción IX Bis al artículo 62 y adcionar un artículo 75 Bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán y que así se garantice a través de la ley, el respeto a los Derechos Humanos de todas y todos sin importar su orientación y/o preferencia sexual.

“Es momento de que en Michoacán se legisle desde la perspectiva de inclusión de la diversidad que permita el goce y disfrute de los Derechos Humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado, a fin de garantizar el libre desarrollo de la personalidad respetando y haciendo respetar por igual la orientación sexual, la identidad o expresión de género de las personas”, argumentó el diputado petista.

Reyes Galindo, agregó que la actual legislatura local está llamada a dejar un legado a favor de la igualdad, el respeto de todas y todos, a través de acciones que promuevan la tolerancia de los valores de cada persona, más allá de su orientación sexual o identidad de género y en ese contexto explicó que conformar
una Comisión de Diversidad resulta fundamental para responder a los retos y atender a las y los michoacanos de manera óptima, plural e incluyente.

“En el PT, estamos convencidos de que la mejor manera de atender las necesidades de un sector o núcleo poblacional es dirigiéndose con respeto de su lenguaje y terminología, más aún cuando esta se encuentra en una dinámica constate de evolución, tal y como sucede con las personas que pertenecen a la población LGBTTTIQ+”, indicó el líder parlamentario.

Dijo además que una de las premisas de las y los integrantes de su bancada es que la diversidad enriquece a la sociedad, y al generar condiciones de igualdad se fortalece el Estado de Derecho; aunado a que es impostergable la responsabilidad de atender esta problemática, “pues se trata de la dignidad humana y del ejercicio de derechos humanos, que no pueden ser restringidos ni violentados por razón alguna, a ninguna persona”, puntualizó.

En la dictaminación de la cuenta pública que realiza el Poder Legislativo, no deben darse juicios de valor, por lo que es necesario suprimir de la norma el fundamento para su aprobación o reprobación, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello la diputada por el Distrito de Puruándiro, presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.

“El poder legislativo tiene la facultad de revisar y dictaminar la cuenta pública de la hacienda estatal y la de los municipios, sin embargo, este proceso no tiene la claridad normativa que requiere su ejecución y función social”.

Julieta Gallardo subrayó que el dictamen se ha politizado y ello ha sido en detrimento del propio ejercicio de rendición de cuentas, ya que el espíritu de esa facultad es que las diputadas y diputados conozcan y evalúen cómo, cuánto y en qué se gastan los recursos de cada ejercicio fiscal y no una declaración política de aprobación o reprobación.

“El concentrarnos en la declaración política hace que dejemos de lado el mejoramiento del dictamen y sus efectos vinculantes, en este sentido, esta Legislatura tiene la oportunidad de quitar de en medio la simulación y abonar en la construcción de una interpretación suficiente para que la Comisión Inspectora y la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública fortalezcan el contenido técnico del dictamen, haciendo señalamientos precisos a las unidades programáticas presupuestales, consolidando a nuestro órgano técnico de fiscalización y la rendición de cuentas y transparencia que debería procurar el análisis de la Cuenta Pública”.

La legisladora agregó que de no hacerse cambios el ciclo va a repetirse y el jaloneo entre diputados tendrá la intervención en las sombras del Ejecutivo y todo se centrará nuevamente en señalar la indebida integración informativa por parte de entidades fiscalizadas, atribuible a las dependencias estatales; y, las omisiones de la Auditoría Superior del Estado, “que es como un balazo en el pie, ya que es el órgano técnico de este Poder, ahora con el involucramiento de la ineficiente Unidad de Evaluación y Control”.

Resulta imperante establecer mayores penas para aquellos delitos cometidos mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados, recalcó el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, el legislador presentó este miércoles una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado para incrementar las penas de los delitos de homicidio, lesiones y robo calificado como grave, cuando se empleen drones para cometerlos.

“Estos vehículos aéreos no tripulados frecuente y aceleradamente son utilizados con fines ilícitos, como lo es la vigilancia a distancia de viviendas previo a un robo de casa habitación, acoso, toma de videos y fotografías sin consentimiento, transporte de sustancias ilícitas, monitoreo de actividades, entre otros”.

Víctor Manríquez refirió que el constante aumento en el uso de drones para estas actividades resulta alarmante para la sociedad y simultáneamente representa una gran preocupación para las autoridades encargadas de brindar seguridad a la ciudadanía.

“El Código Penal para el Estado de Michoacán, no contempla una sanción para aquellos quienes hacen uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia, y dista mucho en contemplar agravantes para quienes violen las normas oficiales, y, aunado a ello, empleen estos vehículos aéreos no tripulados para cometer actos ilícitos”.

El legislador apuntó que si bien es cierto que existen normas que regulan la fabricación y estándares necesarios para estas aeronaves, resulta imprescindible contemplar en la ley agravantes cuando se cometen delitos con ayuda de estos dispositivos.

Es necesario garantizar que el proceso de investigación y persecución de un presunto delito se lleve a cabo con respeto al principio de legalidad, transparencia y eficacia por parte de nuestros elementos de seguridad pública, subrayó el diputado Víctor Zurita Ortiz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó este miércoles una iniciativa para reformar las leyes del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de Responsabilidades Administrativas para el Estado, así como el Código Penal del Estado.

“En el afán cuantitativo de presentar a un mayor número de supuestos delincuentes se alteren los informes que estos rinden fabricando culpables sin elementos que correspondan a la realidad en la narración de los hechos”.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, el legislador apuntó que estos servidores públicos al caer en el supuesto de falsedad de declaraciones, no solo cometen una falta administrativa si no que este tipo de conductas pueden y deber ser consideradas como un delito, ya que su alcance puede llevar a una persona inocente a recibir una sanción o condena injusta por un hecho que no es veraz.

“En México los bajos niveles de percepción de seguridad y la falta de confianza en las autoridades policiacas merman la calidad de vida de las personas así como su desarrollo laboral y económico”.

Destacó que la violación de un derecho pondera el ejercicio de otros, por lo que para garantizar la integración de un debido proceso se debe erradicar este tipo de prácticas nocivas para la seguridad jurídica de todos los ciudadanos.

“La seguridad pública en el Estado de Michoacán sigue siendo uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos todos los habitantes día con día”.

Víctor Zurita recalcó finalmente que el deber y responsabilidad de los legisladores es tomar las acciones necesarias para mitigar y resolver esta gran problemática y devolver la confianza de los ciudadanos en nuestros cuerpos policiales.

La 75 Legislatura validó la minuta que recude la edad mínima para ocupar un cargo público: para ser diputado o diputada se deberán tener 18 años cumplidos al día de la elección, edad que anteriormente estaba fijada en 21 años.

Asimismo, para ser secretario de Estado, se requiere estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos, eliminando la edad mínima de 30 años como requisito para ejercer dicho cargo.

En sesión, el Pleno de la 75 Legislatura de Michoacán aprobó la minuta de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de edad mínima para ocupar un cargo público.

En este sentido, el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales concuerda con el objetivo de la Minuta aprobada por el Congreso de la Unión, destacando que se requiere un cambio jurídico en materia de políticas de juventud, para potencializar su participación en los procesos electorales, la conformación de gobiernos y la toma de decisiones.

Por lo tanto, reducir la edad para ser legislador, ampliará la participación política de este sector, de tal forma que ejercerán su voto activo y también podrán ser candidatos elegibles, incentivando con esto el interés de los jóvenes para participar en los asuntos del Congreso de la Unión.

Asimismo, en sus consideraciones, hace énfasis en que el Estado tiene la obligación de crear escenarios que permitan tener una política completa para que este grupo de la sociedad tenga las condiciones jurídicas y materiales suficientes para su participación y desarrollo dentro del estado democrático y representativo.

Ninguna persona agresora o deudora alimenticia podrá acceder a un cargo de elección popular o empleo en el servicio público, así quedó establecido luego de que la 75 Legislatura avalara la reforma constitucional denominada “Ley 3 de 3”.

Con la aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, se acreditan las modificaciones a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenidas en la Minuta de Decreto aprobada por el Congreso Unión, en aras de respaldar las acciones que abonen a la construcción de una sociedad libre de violencia de género.

Se busca, además, evitar cualquier tipo de actos de violencia y discriminación hacia las personas, garantizando el contar con servidores públicos que se conduzcan con honradez y acato a sus facultades y responsabilidades, sin que ello sea una herramienta para denostar o vulnerar los derechos de las personas.

De esta forma, en sus consideraciones, la Comisión Dictaminadora concuerda con los argumentos vertidos en la Minuta y respalda las acciones para evitar y sancionar con la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, a las personas que hayan sido sentenciadas por ejercer violencia sexual, psicosexual, salud, seguridad, libertad y política, entre otros.

Asimismo, sanciona el incumplimiento de la responsabilidad de dar pensión alimenticia, a las personas que, por mandato judicial, o por acuerdo contraído con autoridades jurisdiccionales, recaen en deudores alimentarios, subrayando, que, esta acción, también se encuentra establecida dentro de los supuestos de violencia.

En este contexto, de manera específica, la reforma modifica los requisitos para ser fiscal general de la República, el cual deberá ser de ciudadanía mexicana y en ejercicio de sus derechos.

Agrega, además, que existen antecedentes en materia electoral donde aquellas personas que pretendían ocupar algún cargo, vía elección, debían presentar una declaración bajo protesta de no haber sido sentenciado por ilícitos; sin embargo, se trata de un acto de buena fe, sin sustento jurídico.

Por lo cual, ahora en la Constitución General se establecen los supuestos, para ejercer acciones sustantivas a favor de las mujeres.

La diputada local, María Guadalupe Díaz Chagolla, celebró la aprobación del Pleno de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado para reformar la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán, en favor del combate al acoso escolar, mejor conocido como el bullying.

La legisladora agradeció a las comisiones de Protección a la Niñez y Adolescencia y Educación, así como a las y los diputados que votaron a favor del dictamen de la iniciativa que presentó en meses pasados y consiste en adicionar en la legislación la violencia digital, catalogado como acto internacionalmente dañino que se presenta a través de las tecnologías de la información de manera reiterada en el entorno escolar.

Lupita Díaz Chagolla explicó que también se adicionó una herramienta de prevención, la cual consiste en la recepción de las denuncias por medio de un buzón anónimo, con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes que por temor no quieran hablar con sus padres o maestros, puedan denunciar cualquier acto de violencia que estén sufriendo.

En este sentido, explicó que con esta herramienta se podrán detectar aquellos focos rojos y prevenir el incremento de los casos de violencia escolar; además, se contempla la corresponsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, de todas las acciones y sanciones que hace mención la Ley.

Díaz Chagolla, aseguró que, con la aprobación de esta iniciativa, por medio de la prevención, se estará dando un paso más para combatir el problema social de la violencia escolar en Michoacán, la cual deja daños emocionales y físicos irreparables en las niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, la reforma contempla que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) deba entregar un informe cada mes de agosto a las Comisiones de Protección a la Niñez y Adolescencia y Educación del Congreso del Estado sobre el estado que guardan las acciones ordenadas por esta Ley.

Para establecer las bases mínimas de los Huertos Sustentables, su concepto, la integración de un registro estatal y así coadyuvar a la salud y economía de las familias, la 75 Legislatura aprobó adicionar el artículo 67 Bis a la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental de Michoacán.

La iniciativa que fue presentada el pasado mes de noviembre por el diputado Ernesto Núñez, fue dictaminada por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, considerando que al regular de forma clara y concreta la existencia de espacios y actividades orientados a la generación de insumos alimentarios, salubres y ornamentales, se contribuye a la nutrición, salud y patrimonio de los michoacanos.

Es así que quedó establecido que los Huertos Sustentables son las áreas en piso o espacios alternativos, públicos o privados, dentro del territorio con asentamientos urbanos, destinadas al cultivo de frutas, verduras, hortalizas, plantas aromáticas, hierbas medicinales o flores para autoconsumo.

Asimismo, se plasmó en la ley que los municipios, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, deberán impulsar su creación, mantenimiento y protección; dar asesoría y capacitación técnica, financiera y administrativa a quien los solicita; verificar los espacios que cumplan con los requisitos técnicos de cultivo.

Además de registrar los espacios verificados de cultivos urbanos; diseñar políticas públicas o programas para su fomento que ayuden a reducir la precariedad alimentaria y de desempleo, la recreación y la terapia ocupacional; todo para que la agricultura urbana ayude a mejorar la calidad alimentaria y nutricional, a la gestión ambiental e incluso genere ingresos económicos adicionales en pro de las y los michoacanos.

En el marco legal michoacano quedó establecido que la violencia digital y la exclusión educativa son formas de violencia escolar que deberán erradicarse de las escuelas públicas y privadas, con las acciones necesarias y obligadas en las instituciones, marcadas en la norma.

Este miércoles, la 75 Legislatura de Michoacán aprobó reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán de Ocampo y cumplir con tal propósito.

Las y los integrantes de las comisiones de Protección a la Niñez y Adolescencia en conjunto con la de Educación, sometieron a consideración del Pleno Legislativo el dictamen elaborado a partir de las iniciativas presentadas por las diputadas Samantha Flores Adame y María Guadalupe Díaz Chagolla, en el que coincidieron sobre la importancia de que en la ley se considere la capacitación para detectar y atender la violencia escolar, con lo que se facilita el papel de la escuela como agente socializador.

Con las reformas y adiciones al marco jurídico, se define la violencia digital como todo acto intencionalmente dañino que se registre a través de las tecnologías de la información y de la comunicación de manera reiterada en el entorno escolar; mientras que, a la exclusión educativa, la determina cuando la niña, niño y/o adolescente es aislado, apartado, segregado, o amenazado con serlo, de la convivencia escolar por razones de discriminación de cualquier tipo.

De acuerdo con las nuevas disposiciones a la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en Michoacán, se contempla la implementación de un buzón anónimo para la recepción de denuncias de la violencia escolar, por considerar que se les brinda a niñas, niños y adolescentes un espacio seguro y libre de señalamientos para denunciar a través del anonimato, y por otro lado, otorgará a las instituciones la posibilidad de realizar actos preventivos eficaces para lograr la resolución de conflictos y con ello evitar casos de violencia escolar.

Los integrantes de la 75 Legislatura definieron como violencia escolar a toda acción u omisión intencionalmente dañina, sea metódica, sistemática o reiterada ejercida por alguno de los miembros de la comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios físicos educativos u otros relacionados con lo escolar, así como las amenazas de tales actos, coacción o la privación arbitraria de algún derecho.

Como parte del nuevo ordenamiento, las y los legisladores, mandatan a la Secretaría de Educación en el Estado a que, en el mes de agosto, informe por escrito a las Comisiones de Dictamen de Protección a la Niñez y Adolescencia y Educación del Congreso del Estado, el estado que guardan las acciones ordenadas por dicha Ley.

La Diputada Daniela De Los Santos logró un avance significativo en la defensa de los derechos de los recién nacidos con la aprobación de su propuesta de reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que ahora permite la inscripción inmediata de los recién nacidos en el Registro Civil.

La propuesta aprobada garantiza que el Registro Civil entregue actas de nacimiento a las familias de los recién nacidos de manera inmediata al momento del nacimiento en los hospitales o centros de salud donde ocurra el nacimiento, asegurando así su derecho a la identidad sin ningún riesgo.

Según el artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todos los niños tienen derecho a tener un nombre y apellidos correspondientes, a ser inscritos de forma gratuita y ágil en el Registro Civil, y a recibir la primera copia certificada de su acta de nacimiento sin costo alguno. Sin embargo, la ley actual establece un plazo de 60 días para realizar el registro, el cual no se cumple en la práctica, pues de acuerdo con el último estudio del INEGI, solo el 38.3% de los niños en Michoacán son registrados dentro de ese plazo, dejando al 60% fuera de la protección establecida por la ley vigente.

Con la aprobación del pleno de la 75 Legislatura del Congreso de Michoacán, la reforma de Ley ahora establece que la autoridad estatal correspondiente deberá expedir de forma ágil y gratuita la primera copia certificada del acta de nacimiento, la cual será entregada en formato físico y digital.

Además, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno estatales deberá coordinarán acciones para entregar la primera copia certificada del acta de nacimiento a cada recién nacido durante su estancia hospitalaria. Y se tomarán medidas para garantizar que los niños que no nazcan en hospitales o centros de salud públicos obtengan su acta de nacimiento lo más pronto posible.

También, se impulsarán los convenios necesarios para brindar el servicio de registro de nacimiento y expedición de actas en todos los establecimientos de salud públicos y privados de Michoacán. De igual manera, el Registro Civil del Gobierno del Estado de Michoacán prestará el servicio de registro y entrega de actas de nacimiento utilizando medios electrónicos.

Con esta importante reforma, la Diputada Daniela De Los Santos refrenda su compromiso con el bienestar y los derechos de los niños en Michoacán, asegurando que su derecho a la identidad sea garantizado desde el momento de su nacimiento.

La 75 Legislatura de Michoacán aprobó la designación de 5 integrantes del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado.

Así, las y los ciudadanos Adriana Villicaña Martínez, Margarita Cano Villalón, Héctor Chávez Gutiérrez Segundo, Juan Carlos Gil López y Francisco Salguero Ruiz, rindieron protesta ante el Pleno, como integrantes del órgano colegiado por un periodo de 4 años.

Las y los consejeros electos participarán de forma honoraria en la definición y seguimiento de programas, acciones, políticas y estrategias que implemente el órgano autónomo.

Lo anterior, previa aprobación de la propuesta presentada por la Comisión de Justicia, que preside la diputada Anabeth Franco e integran, y que integran también los legisladores Fidel Calderón, Daniela de los Santos, David Cortés y Margarita López, en la que, para su elaboración, realizaron una evaluación ponderada de los méritos de cada una de las y los aspirantes, conforme a lo dispuesto en la Convocatoria.

Asimismo, para emitir su dictamen, las y los diputados integrantes de la comisión, tomaron en consideración el cumplimiento de los requisitos para ser consejeros ciudadanos, las exposiciones planteadas por cada uno, el conocimiento y experiencia en materia de procuración y administración de justicia, investigación criminal y derechos humanos.