Legislativo

La diputada María Guadalupe Díaz Chagolla, presentó una iniciativa para modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, para incluir el derecho a la alimentación en condiciones de dignidad, bajo los criterios de nutrición, suficiencia y calidad, esto con el objetivo de asegurar el correcto de desarrollo de la niñez y juventud michoacanas.

Durante la sesión realizada este día, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario el Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que en su iniciativa también busca el establecimiento de un sistema de indicadores de progresividad de derechos, esto con la intención de fijar metas en el presupuesto anual y tener las herramientas para evaluar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de nutrición infantil y juvenil.

María Guadalupe Díaz, quien es integrante de la Comisión de Protección a la Niñez y la Adolescencia, estableció que de acuerdo a cifras de la Unicef, una de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3, entre los 6 y 19 años, padece sobrepeso u obesidad, poniendo al país en uno de los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial. A manera de contraste, indicó que también en México, una de cada 8 niñas y niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. Ambas condiciones ponen en riesgo la salud de este sector de la población, por lo que es necesario legislar al respecto y establecer políticas públicas que combatan ambos flagelos.

La propuesta busca consignar el derecho a la alimentación nutritiva, lo suficientemente satisfactoria y con la mejor calidad, además de ordenar al Estado proporcionarla cuando los padres o tutores no puedan cumplir con este ordenamiento.

De igual forma, la iniciativa pretende dar atribuciones a la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán para establecer y operar un sistema de indicadores de progresividad de derechos; con esta herramienta se contará con datos que permitan conocer el avance, estancamiento o retroceso de los derechos de las niñas, niños y jóvenes michoacanos.

Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), propuso ante el pleno del Congreso de Michoacán que se incluya en la Ley de Educación estatal, una fracción en el artículo 163, en donde se plantee que a todos los estudiantes de nivel básico de escuelas públicas se les otorgue una póliza de gastos médicos.

“Brindar una póliza contra accidentes escolares a las y los educandos michoacanos, representaría una manera de cuidar la economía de las familias michoacanas, ya que este tipo de sucesos son generadores de gastos imprevistos a los que se les hace frente de manera muy diversa”, argumentó el congresista.

El legislador, refirió que la entrega de una póliza de gastos médicos a cada estudiante de educación básica de escuelas públicas como un instrumento de garantía de atención de forma gratuita en caso de sufrir un accidente escolar, es ya una realidad en otras entidades del país, como el caso de la Ciudad de México o el Estado de México, dónde las y los alumnos de educación básica en escuelas públicas cuentan con este esquema de protección como parte de su política educativa.

En este sentido, Reyes Galindo agregó que la aprobación de la presente iniciativa de ley se traducirá en la generación de mejores oportunidades de desarrollo para las y los alumnos de los programas de educación pública en el nivel básico, y destacó que contar con un Estado capaz y comprometido con ofrecer educación pública, laica y de calidad, ha sido una de las principales banderas que ha izado el Partido del Trabajo a lo largo de su vida institucional.

“Las y los legisladores del PT de la presente Legislatura en Michoacán, estamos a favor de la educación básica y la mejora permanente de las condiciones de los educandos y sus familias. Otorgar una póliza de gastos médicos a cada estudiante de educación básica en las escuelas públicas en Michoacán, no significa por sí misma una reducción de accidentes de nuestros educandos, pero sí representa una mejor forma de hacer frente a los estos”, puntualizó.

La falta de herramientas legales y de mayores recursos humanos y materiales impide a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) brindar la atención integral y el acompañamiento que merecen las víctimas en el estado, aseguró la diputada local del Distrito 11 de Morelia, Andrea Villanueva Cano.

Lo anterior, luego de reunirse con el titular de la CEAV, Josué Alfonso Mejía Pineda, quien acompañado de todo el personal que colabora en este importante organismo, agradeció a la diputada local esta reunión para conocer de primera voz, las necesidades y los retos a los que se enfrentan para garantizar los derechos de asistencia, protección, atención, a la verdad, a la justicia, a la debida diligencia y sobre todo, a la reparación para las víctimas.

En este sentido, Andrea Villanueva destacó los esfuerzos que realizan todos los que ahí trabajan y se consideró una aliada para construir los mecanismos legales necesarios a fin de otorgarles mayor presupuesto año con año, además de consignar las modificaciones oportunas a la legislación estatal y estar en condiciones de atender a todo el universo de víctimas que lamentablemente no ven salvaguardados sus derechos.

“Una de las mayores demandas es el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas. Hemos visto cómo el dolor ha consumido familias completas y necesitamos fortalecer a la Comisión para que cuenten con los mecanismos y los recursos necesarios para acompañar a las víctimas y a sus familias, y garantizarles el acceso real a la justicia”, detalló la legisladora.

Cabe señalar que en próximas fechas estará proponiendo ante el Pleno del Poder Legislativo diversas modificaciones a la ley estatal, con la finalidad de brindarle a la CEAV, mayores recursos humanos y materiales para que este organismo esté en condiciones de acompañar y garantizar el acceso y respeto a los derechos de las víctimas.

La 75 Legislatura de Michoacán ha impulsado el fortalecimiento del sistema educativo a través de reformas y leyes que garanticen calidad, inclusión y respeto para todos los estudiantes en el Estado, afirmó la diputada Daniela de los Santos Torres.

La legisladora local, representante del Congreso del Estado en la apertura del XXIV Coloquio de Educación Especial e Inclusión Educativa denominado “La inclusión en la nueva escuela mexicana, retos de intervención curricular”, reiteró que el Poder Legislativo de Michoacán siempre será un aliado en este tipo de actividades y desde luego, de la educación inclusiva e integral.

En el evento que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo en las instalaciones del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), también estuvo presente el diputado Víctor Hugo Zurita Ortíz, presidente de la Comisión Especial de Atención a personas con Discapacidad e integrante de la Comisión de Educación, quien refirió que para lograr una verdadera inclusión en este rubro, se debe garantizar equidad en el acceso, en los recursos, en la calidad de los procesos educativos y, por lo tanto, en los resultados de aprendizaje.

“Hablar de inclusión educativa no se trata solamente de darles acceso a las personas que vivimos con discapacidad, se trata también de garantizarle este derecho a los grupos y personas tradicionalmente excluidos, como población indígena, migrantes y refugiados, entre otros”, agregó.

Por último, enfatizó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible delinea nuevos retos para la política educativa del país y del Estado, entre los que se encuentra el garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje para todas las personas.

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, propondrá ante el pleno una reforma al artículo 27 de la Ley de Financiamiento Rural del Estado de Michoacán, para que se incluya a los cultivos hidropónicos como parte de las actividades agropecuarias que puedan obtener un crédito en la entidad.

El líder parlamentario petista, menciona que esta iniciativa busca dar mayor solvencia a quienes se dedican al sector agroalimentario en el estado, ya que para Michoacán esta actividad representa aproximadamente el 16% del Producto Interno Bruto de la economía, por lo tanto es el sostén de millones de michoacanas y michoacanos.

Reyes Galindo, destacó que apostar al financiamiento de la hidroponia como alternativa para la producción agroalimentaria, se relaciona con una tendencia global de mayor crecimiento de los centros urbanos y en el caso de esta entidad, el 50% de los suelos, cuenta con problemas de fertilidad, degradación por compactación y deterioro por pérdida de la capacidad nutritiva de la tierra cultivable.

Agregó que la propuesta de esta iniciativa señala que podrán ser sujetos de financiamiento las personas físicas o morales, legalmente constituidas con capacidad jurídica para contratar crédito dedicadas a actividades agropecuarias, hidropónicas, forestales, pesqueras o a cualquier otra actividad económica vinculada al sector agroalimentario, principalmente en los municipios con mayor emigración; que realicen aportaciones, cuenten con solvencia económica y moral, que aseguren la total recuperación del financiamiento con el aval de la representación regional a que correspondan.

Señaló además que las y los legisladores que integran el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la presente legislatura, se encuentran comprometidos con las causas de los productores agrícolas, “desde el Poder Legislativo estamos haciendo lo propio para generar las condiciones jurídicas que convertirán a Michoacán en el Campo de México”, puntualizó.

Por último, detalló que la presente iniciativa de ley pretende que los cultivos hidropónicos sean contemplados en la legislación a fin de que estos puedan acceder a los programas de financiamiento rural, “esta medida nos permitirá contar con una alternativa de cultivos más sustentables, eficientes en el sector agroalimentario de nuestro estado, y por supuesto, como una fuente de generación de empleos y cadenas de valor que Michoacán merece y necesita”, concluyó.

Con una participación diversa y amplia de los diferentes sectores sociales, continúan los trabajos del Parlamento Abierto para la Consulta Ciudadana de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán en diferentes municipios.

Al respecto, la diputada presidenta de la Mesa Directiva de la 75 Legislatura, Julieta García Zepeda, destacó que ayer martes dicho ejercicio democrático se llevó a cabo en la ciudad de Uruapan, donde, al igual que en Morelia, Lázaro Cárdenas y La Piedad, se recogieron propuestas sumamente valiosas para construir una norma jurídica acorde a las necesidades que la población tiene en materia de movilidad y seguridad vial.

García Zepeda se dijo complacida por el interés que han mostrado los diferentes sectores sociales en dicho parlamento, lo cual, enfatizó, permitirá elaborar una ley que garantice el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, inclusión e igualdad.

La también presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Poder Legislativo, subrayó que durante el desarrollo del Parlamento Abierto han participado autoridades federales, estatales y municipales, así como asociaciones civiles, transportistas y población en general, todos ellos con el interés de aportar para poder contar con un marco jurídico de vanguardia en la materia.

La diputada por el distrito de Lázaro Cárdenas puntualizó que los trabajos del parlamento continuarán el próximo viernes 17 en Sahuayo, el 21 de marzo, en Apatzingán, el 24 de marzo, en Zitácuaro, el 28 de marzo, en Zamora, y el 31 de marzo, en Morelia.

En la consulta también estuvieron presentes las diputadas Brenda Fraga Gutiérrez, Mayela Salas Saenz y Jesús Hernández Peña.

El Congreso del Estado dotará de recursos a la Auditoría Superior bajo condiciones de transparencia y comprobación del gasto, mismos que quedaron plasmados en los lineamientos que aprobaron los diferentes grupos parlamentarios.

La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política, Anabet Franco Carrizales, señaló que la construcción de estos lineamientos fue resultado de mucho trabajo y esfuerzo, pues además de la resistencia que hubo inicialmente por parte de la Auditoría Superior, existía la idea errónea de que se intentaba disminuir sus atribuciones.

Dijo que es obligación de los diputados cuidar y vigilar el funcionamiento de sus órganos, incluida la Auditoría Superior que no deja de ser parte del Congreso del Estado y por tanto debe ajustarse a los lineamientos administrativos que se le requieran.

“Estos lineamientos dan muestra de que nunca fue intención del Congreso del Estado lastimar a la Auditoría Superior, sino establecer un marco jurídico que nos permita ministrar recursos con plena transparencia para el seguimiento del gasto.”

Además, reconoció que a pesar de las diferencias que existen en los puntos de vista y opiniones de los diputados, el Congreso del Estado mantuvo una postura institucional y legal en todo momento, sobre todo para garantizar el pago de cada quincena a los trabajadores de la Auditoría.

Los lineamientos mencionados, contienen el procedimiento de operatividad y los requisitos que debe observar la auditoria, en su calidad de Unidad Responsable, para que el Congreso le ministre mes con mes los recursos que le fueron autorizados en el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023.

Entre ellos destacan la factura o CFDI que emitirá la Auditoría Superior por cada trasferencia que se le realice, misma que deberá corresponder al presupuesto calendarizado, por capítulo y partida, y que además deberá acompañarse de la información soporte para su verificación.

Cabe mencionar que los mismos fueron elaborados hasta esta fecha, pues fue apenas el 13 de marzo de 2023 cuando el Auditor Superior envió la información y documentación completa solicitada por las áreas correspondientes del Congreso del Estado.

La coordinación entre el gobierno del estado y los municipios es fundamental para reforzar la cultura de la paz en Michoacán, consideró la diputada presidenta de la Mesa Directiva de la 75 Legislatura, Julieta García Zepeda.

En ese sentido, dijo que el Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ), es una estrategia que fortalece la coordinación entre el gobierno del estado y los municipios en el tema de seguridad, por lo que invitó a los ayuntamientos michoacanos a sumarse a dicho programa.

La legisladora expuso que este año el Congreso del Estado aprobó recursos para el FORTAPAZ 2023 que permitirán impulsar acciones a favor de la paz y de la seguridad de las y los michoacanos, por medio de una labor coordinada entre dichas instancias de gobierno.

Precisó que, en el presente año, el FORTAPAZ cuenta con una bolsa de coparticipación estatal y municipal de 954 millones de pesos, que incluye fondos para combatir a la violencia de género y atender a las víctimas, llevar las políticas públicas a colonias con mayor incidencia delictiva, y aumentar el estado de fuerza de las policías municipales.

La diputada por el Distrito de Lázaro Cárdenas consideró que la seguridad es un asunto de gran importancia que requiere del compromiso y la coordinación interinstitucional para obtener los resultados que demanda la población en la materia.

En el tema de la paz y la seguridad no debe existir ningún tipo de regateos, ni muchos menos de colores partidistas, por lo que García Zepeda invitó a los ayuntamientos a sumarse al trabajo coordinado que exige el asunto en cuestión.

Integrantes de la 75 Legislatura de Michoacán reiteraron el respaldo del Congreso del Estado a la lucha contra la trata infantil, al signar una Carta Intención con la Asociación Civil Movimiento Viva México, para trabajar en favor de las niñas y los niños en la lucha por erradicar la explotación sexual.

Las legisladoras Julieta García Zepeda, Daniela de los Santos Torres, Rocío Beamonte Romero, Laura Ivonne Pantoja Abascal, Andrea Villanueva Cano, Luz María García García y el diputado Jesús Hernández Peña, firmaron el documento en apoyo.

En el Salón de Recepciones, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julieta García Zepeda, dio la bienvenida al activista Eduardo Verástegui Córdoba, quien junto con el director general de dicha asociación, Ferdinand Isaac Recio López, firmaron el documento.

Con dicho compromiso, el Poder Legislativo michoacano unirá esfuerzos para impulsar las reformas necesarias para combatir el flagelo que, de acuerdo con sus cifras, mantiene a México en el primer lugar mundial, en donde cada 23 minutos un menor de edad es arrebatado de su hogar y es sometido sexualmente hasta 15 veces al día y por muchos años.

La diputada Daniela de los Santos, reconoció la voluntad política de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, así como de sus compañeras diputadas, que permitió suscribir al Congreso local con los trabajos que impulsa la Asociación Civil Viva México.

Resaltó el trabajo realizado desde las comisiones del Congreso del Estado para evitar el abuso infantil, como lo es la iniciativa para que en los hoteles se acredite la identidad de los menores, la atención de la salud mental, la creación de centros de justicia para niños y adolescentes, así como el fortalecimiento de las procuradurías del menor.

Refirió que si bien falta mucho por hacer, la actual legislatura tiene interés de proporcionar los ordenamientos jurídicos que brinden mayor protección a la niñez.

Al tomar la voz, la diputada Luz María García García reconoció la cruda realidad que retrata la película “Sound of Freedom” sobre la trata infantil, “es inevitable ver en esos rostros a nuestros hijos y nietos; es un tema muy, muy fuerte y desde la Comisión de la Familia estaremos trabajando y luchando para acabar con esto”.

La diputada Laura Ivonne Pantoja, indicó que como legisladores no pueden voltear a otro lado. “Creo que aquí vamos a empujar juntos, en este Congreso las niñas, los niños y los adolescentes van a encontrar aliados que vamos a trabajar en equipo para que las leyes los protejan”.

Andrea Villanueva expresó su reconocimiento por la película que duró 8 años en producirse y dijo que el tema abordado es una problemática que les obliga a tomar también cartas en el asunto. De igual forma, le señaló al también actor que, en el Congreso del Estado, cuenta con 25 mujeres aliadas y con 15 hombres doblemente obligados con la causa.

En su oportunidad, Rocío Beamonte refrendó su compromiso para trabajar en dichos temas, con la intención de sumarse a la tarea en la que está segura, sin distingo de colores partidistas, se unirá cada uno de los diputados de la actual legislatura.

Jesús Hernández se congratuló por la firma de la carta intención e hizo un reconocimiento por el trabajo que desarrolla la Asociación por la noble causa que exige y demanda el trabajo de todos.

Finalmente, el activista Eduardo Verástegui agradeció al Congreso del Estado por abrir sus puertas y sumarse. “Hay temas en los que debemos sumamos todos, porque de no hacerlo es más peligroso, los niños no tienen partido, no tienen color y no están a la venta”.

Explicó que el movimiento que representa es la suma del arte con la política y la ética que contribuye a salvar vidas y que el tema de la explotación infantil debe ser una prioridad del gobierno y la sociedad civil, y desde el legislativo se puede hacer mucho, al cuestionarse si en el tema de la trata los castigos son suficientes.

“Ustedes son los representantes del pueblo y pueden trabajar en unidad por los más vulnerables, por los niños”, les convocó.

En el marco del Parlamento Abierto para la Consulta Ciudadana de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, integrantes de la 75 Legislatura de Michoacán se dijeron a favor de un marco jurídico construido a partir del diálogo, el consenso y las coincidencias.

Al compartir el presidium con la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julieta García Zepeda y de su compañera Adriana Hernández Iñiguez, el diputado Jesús Hernández Peña, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, resaltó la importancia de llevar a cabo un Parlamento Abierto para escuchar las voces, opiniones y propuestas de todos los participantes.

Aseguró que se trabaja para que la próxima Ley en materia de movilidad contemple las diferencias y necesidades de cada lugar y la forma de combatirlas.

Por su parte, la legisladora Julieta García, se congratuló por el interés que ha mostrado la población para participar en los trabajos de las mesas que engloban los temas que les permitirá desarrollar una ley acorde a las necesidades y que también proteja los derechos de los ciudadanos en temas como movilidad, seguridad vial, sustentabilidad y transporte público integral.

A su vez, la diputada Adriana Hernández Iñiguez, reconoció que el Congreso del Estado tiene pendiente la tarea de armonizar la legislación local con los parámetros establecidos en la Ley General de la materia; pero que ha sido por la necesidad de aterrizar un planteamiento que concilie intereses y agregue voluntades.

Precisó que el parlamento constituye una muestra de apertura del Legislativo estatal, para escuchar a la sociedad civil en materia de movilidad.

Se tiene, dijo, la voluntad para incorporar a la nueva normatividad aquellas ideas que contribuyan a poner en el centro a los peatones y a las personas pertenecientes a grupos tradicionalmente marginados, sin que ello signifique un obstáculo para la inversión o la creación de empleos en el sector.

Finalmente, señaló que la buena política incluye el diálogo con la ciudadanía para así nutrir la labor legislativa que derive en leyes justas, destinadas a ensanchar y a hacer efectivos los derechos consagrados en la Constitución.

La 75 Legislatura de Michoacán es garante de la aplicación de los programas sociales en beneficio de los grupos más desprotegidos, al asegurar la disposición de los recursos que se requieren para fondear dichos apoyos.

Desde el análisis del Ejercicio Fiscal 2023, las y los diputados pusieron especial atención en este rubro, aseguró la diputada Eréndira Isauro Hernández, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

En el marco del arranque del programa “Para el bienestar de mujeres con cáncer de mama y cervicouterino invasor, cuidadoras de menores”, la legisladora local y representante del Poder Legislativo, subrayó que desde el Congreso del Estado también se han impulsado diversas campañas para prevenir este padecimiento.

En ese sentido, las y los legisladores refrendaron que continuarán en sintonía con el Ejecutivo, en apoyo a los programas sociales, siempre y cuando se ejerzan de manera correcta y que no haya desvíos de recursos.

En el arranque del programa también estuvieron presentes, los diputados locales Roberto Reyes Cosari, Reyes Galindo Pedraza y Juan Carlos Barragán Vélez.