Legislativo

Los primeros años de vida de una persona, son fundamentales para su desarrollo físico, mental y emocional, una etapa donde el bienestar resulta crucial, y es la base para un crecimiento saludable y una vida plena, consideró Lariza Pérez Campos, diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) al presentar una iniciativa de decreto con la finalidad de que se garantice a las niñas, niños y adolescentes el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud físico-mental.

En sesión ordinaria del Congreso del Estado, la también coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, presentó el decreto de reforma a la Ley de derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Michoacán que además establece que las niñas, niños y adolescentes reciban la prestación de servicios de atención médica y psicológica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud física y mental.

“Considero sumamente importante prevenir y atender la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes ya que son la base de toda sociedad y una parte muy importante en nuestras familias; así mismo, como representantes de Michoacán, es una obligación moral y profesional legislar para dar protección y cuidado a toda la sociedad, sobre todo al interés superior de la niñez para que gocen verdaderamente de un libre y sano desarrollo”, expuso.

Lariza Pérez lamentó que hoy en día, los trastornos psicológicos suponen un importante problema de salud pública, y presentó que de acuerdo al informe Estado Mundial de la Infancia 2021 de la UNICEF, un 13 % de los jóvenes con edades entre 10 y 19 años padece un trastorno mental. Trastornos que, en el 50 % de los casos, comienzan antes de los 14 años, según un estudio meta analítico que incluyó casi 200 trabajos epidemiológicos.

“Estudio, que además de la adquisición de habilidades socioemocionales por los docentes, nos permite deducir la necesaria presencia de psicólogos con formación en salud mental en los centros escolares como una ayuda fundamental, en la detección a tiempo de dificultades psicológicas, impidiendo se vuelvan crónicas”, puntualizó.

Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, planteó que el secuestro de animales domésticos se sancione con una pena de seis a dos años de prisión, así como una sanción pecuniaria de 100 a 300 UMAS.

Esto dijo, con el propósito el tipificar el delito de secuestro de animales domésticos, como parte de un compromiso por garantizar mejores condiciones de bienestar y trato digno de los animales no humanos en el Estado de Michoacán y para ello propuso una iniciativa en donde se contempla la adición de un artículo 311 Bis del Código Penal para la entidad.

Detalló que esta iniciativa propone castigar a quien busque causar algún daño u obtener un lucro, retenga, oculte o sustraiga a un animal doméstico del lugar donde se encuentre y además la sanción tendrá agravantes si se actúa con violencia para lograr el ilícito.

“Desde el inicio de esta LXXV Legislatura el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó como parte de su agenda legislativa una serie de acciones a favor del cuidado de los animales no humanos denominada: Cuidemos a los que no tienen voz, cuyo propósito es ser agentes protagónicos en el impulso de acciones a favor de crear una nueva cultura de protección animal”, expuso el líder del PT.

Argumentó que es necesario que la conciencia animalista permeé dentro del tejido social, derivado de que las generaciones actuales se han caracterizado y diferenciado de otras, al haber transformado las formas de pensamiento y convivencia entre las personas y los animales.

Y, añadió que aunque esta tendencia ha tenido consecuencias positivas que se han traducido en legislación y políticas públicas orientadas a generar mejores condiciones de vida y de bienestar de los animales no humanos, aún falta mucho por hacer y muestra de ello es la información presentada por la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que reportó que en Michoacán durante el año 2022 hubo más de 100 denuncias relacionadas con maltrato y crueldad animal, por ello destacó la importancia de atender esta problemática.

Con el objetivo de proteger y garantizar un desarrollo pleno a las niñas y niños, el diputado Víctor Zurita Ortiz presentó una iniciativa de reforma para establecer en el Código Familiar la obligación de quienes ejercen la patria potestad o tengan la custodia, el buscar un mejor desarrollo físico, mental y moral de las niñas, niños y adolescentes, así como educarlos en valores humanos para mejorar su convivencia social y fomentar la empatía con su entorno.

Dicha iniciativa la propuso en coordinación con sus compañeros de la LXXV Legislatura Ana Belinda Hurtado Marín, Samanta Flores Adame, Ernesto Núñez Aguilar, Mayela del Carmen Salas Sáenz, Andrea Villanueva Cano y Mónica Estela Valdez Pulido.

Hizo mención que los padres o quienes ejercen la patria potestad tienen el deber de brindar una educación en valores como la tolerancia, la protección de las minorías étnicas y de los colectivos más vulnerables, y la conservación del medio ambiente, entre otros.

«Es por eso por lo que esta iniciativa que hoy presenté en coordinación con mis compañeros tiene como finalidad establecer claramente en el Código Familiar del Estado, la obligación de quienes ejercen la patria potestad de brindar a las niñas, niños y adolescentes una educación basada en valores humanos».

El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena dijo que la constitucionalización del régimen legal de la patria potestad a favor de los hijos menores les permite a estos tener un mínimo de derechos que no podrán restringirse ni mucho menos desconocerse por ninguna autoridad, local o federal, sea ejecutiva, legislativa o judicial.

«Estoy convencido que si legislamos para que dentro de las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tengan la custodia de las niñas, niños o adolescentes se encuentre la de educarlos en valores humanos, avanzaremos hacia la construcción de una sociedad de personas respetuosas capaces de vivir en comunidad, mostrando tolerancia y empatía con los demás», puntualizó Víctor Zurita.

La consolidación de una sociedad democrática se debe basar en una educación crítica e inclusiva que nos lleve a un proceso de humanización, añadió el diputado local.

Nuestro marco normativo debe garantizar el acceso a partos humanizados, como parte del derecho a la salud de las mujeres, subrayó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el Distrito de Zacapu presentó este miércoles junto con las y los legisladores Samanta Flores, Belinda Hurtado, Ernesto Núñez, Mayela Salas, Andrea Villanueva, y Víctor Zurita una propuesta de reforma a la Ley de Salud del Estado que busca combatir la violencia obstétrica tanto en servicios públicos como privados.

“México ocupa el segundo lugar a nivel nacional de violencia obstétrica en hospitales, en tanto que anualmente se registran dos millones 500 mil nacimientos, lo que expone a más de seis mil 800 mexicanas al día a sufrirla”.

Desde la Máxima Tribuna del Estado la legisladora señaló que en México el 80 por ciento de los nacimientos que se llevan a cabo en los hospitales privados se realizan en lo que se ha denominado como “cesáreas innecesarias”, y dicho procedimiento se ha registrado como causa frecuente la muerte materna por hemorragia, eclampsia y pre eclampsia.

“Aunque la violencia contra la mujer puede existir en cualquier ámbito social, a menudo está relacionada con niveles socioeconómicos y educativos bajos, resulta prioritario plantear la necesidad de cambio y de nuevas políticas en las instituciones de salud en relación con la atención del embarazo, parto y puerperio conforme con los derechos humanos, normas mexicanas y recomendaciones de la OMS bajo lineamientos y políticas que garanticen la estabilidad física, psicológica y emocional de las usuarias”.

Mónica Valdez refirió que la violencia obstétrica se presenta tanto en los servicios públicos como en los privados, con independencia de las condiciones sociales de las mujeres y la existencia de algunos determinantes sociales incrementan su vulnerabilidad para vivir esta experiencia.

De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud, las distracciones originadas por el uso de celular al volante, ocasionan hasta cuatro veces más riesgos de sufrir un accidente vial, expuso la diputada del Distrito 11 de Morelia Andrea Villanueva Cano, al proponer reformas al Código Penal del Estado.

Al respecto, la legisladora local indicó que con esta propuesta, tratándose del delito de homicidio o lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular, se considere agravante que al momento del hecho, el sujeto activo utilice teléfono celular mientras va conduciendo.

Villanueva Cano expuso que los accidentes viales representan la primera causa de muerte entre niños y jóvenes de 15 a 29 años, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, en tanto que es segunda causa de discapacidad permanente y el primer motivo de orfandad.

“México ocupa el lugar séptimo a nivel mundial en muertes por accidentes y cada año fallecen más de 16 mil personas en percances viales, de los cuales 90% podrían evitarse. Por ello, es necesario configurar este delito en el Código Penal para sensibilizar a la población sobre esta realidad y fortalecer las medidas de prevención de estos fatales accidentes”, detalló.

Finalmente, Andrea Villanueva consideró urgente implementar medidas legales para evitar los accidentes vehiculares, más aún cuando derivan de la omisión e irresponsabilidad de quienes van texteando, poniendo en riesgo la vida de inocentes y de sus familias.

El acuerdo de Formalización Laboral de la Agroindustria es un paso importante para garantizar los derechos laborales de miles de trabajadores del campo michoacano, consideró Roberto Reyes Cosari, quien invitó a los patrones del sector primario a que formalicen a su plantilla laboral, a través de la plataforma que se ha habilitado para tal efecto (http://acreditacionlaboral.sedeco.michoacan.gob.mx)

El Acuerdo de Formalización Laboral de la Agroindustria, signado por el gobierno del estado y productores, empacadores y exportadores de la agroindustria en Michoacán, tiene la meta de incorporar a más de 45 mil trabajadores a la seguridad social, y así garantizar la justicia laboral de estos jornaleros, dijo Reyes Cosari.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 75 Legislatura confió en que la parte patronal cumplirá con dicho acuerdo para así hacer realidad los derechos de sus trabajadores, quienes han hecho de Michoacán el estado número uno a nivel nacional en agroexportaciones.

Durante décadas se ha privilegiado a la producción, a los empleadores, y se ha dejado en el olvido a la fuerza de trabajo, a los miles de mujeres y hombre que hacen posible la producción agropecuaria, por lo que es tiempo de mejorar sus condiciones de vida y garantizar sus derechos laborales, remarcó Reyes Cosari.

Y es que, indicó, la lógica del neoliberalismo es maximizar las ganancias de los patrones a costa de castigar a los trabajadores, con la complicidad del gobierno, lo que ha permitido la explotación laboral con el consecuente deterioro de los niveles de vida de los asalariados y sus familias.

Con el proyecto de la 4T se busca que el crecimiento económico no se haga a costillas de los trabajadores, sino que se busque un equilibrio entre los factores de la producción que no atente en contra de la justicia laboral y social de los asalariados, puntualizó Reyes Cosari.

Para muchas mujeres, el parto ha sido considerado una maravillosa experiencia o algo traumático, percepciones en gran medida derivadas del cuidado y trato que hayan recibido, así como de la suficiencia o insuficiencia de recursos humanos,
materiales, técnicos y especializados existentes en los espacios donde fueron atendidas. Así lo expuso la Diputada Local del Partido del Trabajo, Brenda Fraga Gutiérrez, durante la exposición de su la iniciativa que pretende reformar el artículo 17 de la Ley de Salud en nuestro estado, donde se propone garantizar el parto respetado.

En ese contexto, la integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social en el Congreso, apuntó que el parto puede representar una maravilla cuando se vive en una situación de tranquilidad, que cuente con una serie de apoyos físico-emocional y cariño, para “tomar las riendas” de su propio proceso de parto para vivirlo como una experiencia única, vital y gozosa.

Sin embargo el mismo proceso puede ser una experiencia traumática si se atiende a la mujer de una manera rutinaria y fría, generando culpas con regaños, maltratos y humillaciones, además de agudizar cuando el bebé a nacido.

“Cuando se le deja con batas casi transparentes si no es que quedan desnudas; cuando se utiliza, sin su consentimiento previo, su cuerpo y su ser como objeto de enseñanza a personal en internado y residencia; Además, Cuando por fin se culmina con el nacimiento no se les permite el contacto inmediato con su hijo/a. Resultado: vivir la experiencia de parto como un momento que puede cursar con sufrimiento, pena, dolor y frustración, sin la oportunidad de conectarse adecuadamente con el nuevo ser”.

Por último Fraga Gutiérrez aseguró que el acceso a un parto maravilloso no requiere un gasto extraordinario para los servicios de salud, pues la Organización Mundial de la Salud produce un modelo que tiene
una disminución significativa de los costos de atención. “El parto como una experiencia donde es posible participar y enriquecerse personalmente, respetando los derechos humanos y actuando con el principio de equidad hacia la mujer, se expondrán en los siguientes apartados de este documento”. Concluyó.

La Diputada Daniela De Los Santos presentó ante el pleno del Congreso del estado de Michoacán una propuesta de Decreto para combatir los asentamientos humanos irregulares, la invasión de predios, la especulación en el valor del suelo y otras irregularidades. «Es urgente apoyar a los municipios del estado, que carecen de autoridad para sancionar estas conductas, mediante la creación de una Fiscalía Urbana en el Estado de Michoacán, el incremento de penas y el fortalecimiento del tipo penal», propuso.

De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2020, en varias colonias del poniente de Morelia, existe una preocupante cantidad de viviendas deshabitadas y de uso temporal. Además, el 68% de las viviendas precarias, se encuentran en algún tipo de riesgo, por su estado físico y la falta de servicios.

La problemática de los asentamientos humanos irregulares se ha incrementado en los últimos años en Morelia, con un considerable aumento en la cantidad de terrenos donde se han instalado fraccionamientos en condiciones de irregularidad. Esto ha llevado a una falta de servicios básicos en alrededor del 50% de las colonias de la ciudad y a diversas consecuencias negativas tanto económicas como sociales, pero sobre todo, la ausencia de certidumbre sobre la propiedad de la tierra y condiciones que no permiten acreditar su uso habitacional.

Uno de los mayores problemas de riesgo son los asentamientos irregulares por invasión de predios; asentamientos en áreas de riesgo para la población, como cañadas, lechos de ríos, zonas de deslaves, espacios federales, y cercanías de líneas de alta tensión o combustibles, que no son susceptibles de regularización; y fraccionamientos en donde se inició la urbanización sin solicitar los permisos y/o autorizaciones correspondientes.

Ante esta preocupante situación, la Diputada De Los Santos propone la creación de una Fiscalía Especializada en el Combate a los Delitos contra el Desarrollo Urbano, el Ambiente y la Fauna. Además, se busca incrementar las penas y fortalecer el tipo penal para quienes promuevan, fraccionen, lotifiquen, relotifiquen o subdividan terrenos sin autorización, permiso o licencia de la autoridad competente y en contravención a las normas establecidas.

La propuesta presentada por la Diputada De Los Santos busca salvaguardar el bienestar de los ciudadanos y promover un desarrollo urbano sustentable en el estado de Michoacán.

Proteger a las mujeres de la violencia en la etapa del noviazgo, no solo es cuestión de justicia y derechos humanos, sino que también contribuye a construir relaciones sanas y respetuosas en el futuro, refirió Lariza Pérez Campos diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN).

En sesión del Congreso del Estado, la también coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa con proyecto de decreto a la Ley por una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Michoacán a través de la que busca que se equiparare a violencia familiar, la que ocurre con las exparejas, en el noviazgo, en el padrinazgo e incluso en la relación entre los hijos e hijas de la pareja del progenitor, aun y cuando no tengan algún parentesco, pero por cierta causa se incorpore el núcleo familiar.

“No podemos ser omisos ante la violencia de género en el noviazgo, se debe reconocer este tipo de violencia en la legislación, porque hoy en día se queda en el limbo jurídico y las mujeres víctimas están desprotegidas”, expresó.

Lariza Pérez explicó que, la violencia a las mujeres suele presentarse alarmantemente en las relaciones de noviazgo, una etapa que es, en su mayoría de veces, la antesala del matrimonio o bien de una relación de pareja orientada a la constitución de una familia que, al estar contaminada de violencia y de una que es tan difícil de detectar tanto por su naturaleza como por la astucia del agresor, ocasiona daños de largo alcance en la vida de las mujeres incluso, en muchos casos, llegando esta violencia al feminicidio.

Por ello, destacó la importancia de esta iniciativa que busca ser un instrumento jurídico para amparar a las mujeres víctimas de violencia, ¡no más violencia contra las mujeres en Michoacán!, destacó.

Finalmente la legisladora local, presentó datos de la Organización Mundial de la Salud publicados en el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) que revelan que 3 de cada 10 adolescentes denuncian sufrir violencia en el noviazgo y en el caso de México, el 76% de las adolescentes entre 15 y 17 años, ha sufrido violencia psicológica, 17% sexual y 15% física. Mientras que en Michoacán, datos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, revelan que 7 de cada 10 adolescentes, mujeres de 13 a 17 años han sufrido un episodio de violencia en el noviazgo. Ello a pesar aún de las campañas de prevención, implementadas por las instituciones gubernamentales y educativas.