Legislativo

La violencia sexual hacia las niñas, niños y adolescentes persiste en Michoacán y tiene consecuencias devastadoras, lamentó la diputada Luz María García, del Partido Encuentro Solidario (PES), quién presentó una iniciativa para adicionar el Código Penal de Michoacán y atender este delito de forma contundente.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la legisladora del PES, refirió que de acuerdo a datos de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Michoacán, hasta noviembre del año pasado, 807 personas menores de 16 años sufrieron abuso sexual, lo cual representa una forma extrema de abuso que puede causar daños físicos, psicológicos y emocionales profundos.

La congresista, alertó que el primer lugar para cometer abuso sexual es el hogar, seguido de la calle y después la escuela, es decir, dos de estos considerados lugares “seguros”.

_”Es imperante que criminalicen la violencia sexual contra menores, con definiciones claras de los delitos, sanciones proporcionales y procedimientos legales efectivos para investigar y enjuiciar a los perpetradores”

En este sentido, Luz García, estableció que también se debe estipular en la ley mecanismos para educar a la sociedad sobre la violencia sexual y sus consecuencias; con campañas dirigidas a padres, cuidadores, profesionales de la salud, educadores, estudiantes y a la comunidad en general.

Asimismo, la iniciativa contempla que se brinden servicios de atención integral para los niños y niñas que han sido víctimas de violencia sexual e incluir asistencia médica, apoyo psicológico, asesoramiento legal y programas de reintegración social.

“Es preocupante que los agresores más frecuentes son el padrastro o pareja sentimental de la madre” señaló.

Recordó que desde la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia, impulsa esta iniciativa con un enfoque de niñez, ya que representan lo más valioso que tenemos como sociedad y es fundamental su protección desde el Poder Legislativo.

El diputado local, Ernesto Núñez Aguilar, propuso una reforma constitucional para que el medio ambiente sea considerado un derecho de interés superior en Michoacán, tal como lo establecen tratados internacionales en materia ambiental, ante la acelerada degradación del entorno natural.

Expuso que, ante la exigencia de la sociedad sobre el derecho al medio ambiente, es necesario promulgar o actualizar leyes eficaces, toda vez que los gobiernos no deben postergar ningún tipo de esfuerzo para impedir la degradación ambiental, a través de medidas eficaces.

“La finalidad de la presente iniciativa es proteger el interés superior del medio ambiente, siendo este un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico”, expuso al referir que como legisladores tienen el compromiso de nutrir y actualizar los preceptos legales de su competencia.

Expuso que en la iniciativa con Proyecto de Decreto en la que se busca que la protección, conservación y acciones respecto del medio ambiente se consideren de interés superior, desde la Constitución Política del Estado de Michoacán.

Precisó proyecta tres dimensiones: derecho sustantivo, a que el interés sea consideración primordial; como principio jurídico interpretativo fundamental; y, como norma de procedimiento, conforme a la cual se considere una estimación de las posibles repercusiones de la decisión.

Los recursos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado deben ser destinados para la reparación del daño del fenómeno criminal y de violencia en el Estado, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el Distrito de Puruándiro, presentó este martes ante el Pleno del Congreso una iniciativa para reformar Ley del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, con miras a una mayor protección a las víctimas del delito.

“Es necesario reformar la ley debido a que en las facultades del Fondo Auxiliar, actualmente no se contempla destinar recursos al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”.

Julieta Gallardo subrayó que se debe garantizar el pleno cumplimiento del objetivo que tiene la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán, y dotar de las facultades plenas al Poder Judicial del Estado para que cumpla con ellas sin incurrir en una falta legal.

“Uno de los varios propósitos del Fondo Auxiliar es el fortalecimiento de las instituciones relativas a la administración e impartición de justicia, además de todas aquellas instituciones que son necesarias y conexas para su adecuado funcionamiento; de esta forma el fondo se constituye con todos aquellos recursos que provienen de la administración de justicia; recursos que son en general garantías cautelares, de retención de bienes decomisados, de remates de bienes que el propio Poder Judicial por su naturaleza y sus fines no puede tener y menos administrar”.

La legisladora destacó que esos recursos deben de tener un fin preventivo y reparador del fenómeno criminal y de violencia que hoy padecemos.

“Si bien es cierto que nada compensa el haber sido víctima de la delincuencia y que las heridas que está haciendo la violencia en el estado no se puede ni siquiera dimensionar, si resulta éticamente incorrecto que los recursos provenientes del proceso penal sirvan para fines puros del Estado y se apliquen para garantizar efectivamente los derechos de la víctima”.

Los permisos por razones de luto a trabajadores al servicio del estado, deben estar garantizados dentro de nuestro marco normativo, recalcó el diputado Víctor Manríquez González, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

El diputado de Movimiento Ciudadano presentó este martes ante el Pleno Legislativo, una iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el fin de establecer en ésta los permisos a los trabajadores que lamentablemente hayan perdido a un familiar.

“En la actualidad, existe el permiso por el nacimiento de un hijo; sin embargo, no existe el derecho laboral de poder solicitar un permiso por el fallecimiento, accidente o intervención quirúrgica de un familiar; en el caso de la muerte de un ser querido no representa únicamente necesitar tiempo para preparar el sepelio o los servicios religiosos, sino que se necesita también tiempo para sobrellevar el duelo”.

Víctor Manríquez recordó que la pérdida de un familiar ocasiona un trance difícil de superar, por lo que la intención de su iniciativa no es aliviar el duelo en sí mismo, sino conceder a las y los trabajadores la oportunidad y el derecho, como un acto humanitario, de contar con algunos días para vivir su duelo ante el fallecimiento de un familiar.

“Esta licencia permite que cualquier persona pueda ausentarse de su trabajo durante los días que le correspondan para estar cerca de las personas de confianza y mitigar en algo el dolor que causa una muerte cercana o apoyar al familiar cercano que sufrió del accidente, enfermedad o intervención quirúrgica”.

Desde la Máxima Tribuna del Estado el legislador señaló que se debe de contemplar en la Ley Desde una visión del derecho natural, ya que las leyes no pueden ser insensibles ante las circunstancias que se le presentan al ser humano que lo regulan.

“Por ello, se propone otorgar permiso de uno hasta cinco días laborales con goce de sueldo, a las y los trabajadores en caso de muerte, accidente, enfermedades graves, hospitalización o intervención quirúrgica de padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, cónyuge o concubino, así como de uno a tres días cuando se trate de los hermanos, padres o abuelos del cónyuge o concubino”.

Fomentar que haya operadoras en el transporte público del estado, contribuye a una mayor seguridad de las mujeres usuarias del servicio, subrayó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello la diputada por el Distrito de Zacapu presentó este martes junto con las y los legisladores Samanta Flores, Belinda Hurtado, Ernesto Núñez, Mayela Salas, Andrea Villanueva, y Víctor Zurita, una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad del Estado, así como la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

“Pese a que su existencia no suele destacarse, los servicios de transporte público prestados por mujeres son percibidos como más seguros y cómodos. Sin embargo, se ha prestado poca atención a las condiciones de trabajo de estas conductoras”.

Mónica Valdez dijo que una encuesta realizada por el Banco Interamericano del Desarrollo en alianza con Uber en Brasil, Chile, México y Colombia determinó que sólo el seis por ciento de las contratistas de la plataforma de viajes de Uber son mujeres, frente al 94 por ciento de hombres.

“En relación a las condiciones de trabajo del sector del transporte, un reciente estudio a conductoras de taxis tradicionales pone de manifiesto las largas jornadas detrás de un trabajo flexible, riesgos físicos y psicológicos, así como su vulnerabilidad a la violencia de género y acoso sexual que enfrentan diariamente en esta industria altamente dominada por los hombres”.

La legisladora recordó que la Ciudad de México ofrece un ejemplo positivo de cómo las mujeres taxistas se han movilizado para tomar medidas destinadas a protegerse de los riesgos para su salud y la seguridad en el desempeño de su actividad laboral mediante la segmentación de sus actividades y la asociación colectiva.

“Estas conductoras realizaron ajustes en sus horarios de trabajo, se incorporaron a bases de taxi, se unieron a plataforma de taxi solo para mujeres, o decidieron trabajar preferentemente con clientes de confianza; así mismo, tomaron acciones colectivas ante las autoridades municipales y la sociedad civil con resultados positivos”.

Es así como refirió que las reformas propuestas buscan se promocione a través de campañas publicitarias el ingreso a más mujeres al oficio de operadoras de vehículos de transporte público, además de garantizar las mismas condiciones laborales a las ya existentes.

La violencia cibernética ha avanzado al mismo tiempo que la tecnología, por lo que se han presentando nuevas conductas que tienen que ser castigadas, como el caso del ciber acoso sexual, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz.

Al hacer uso de la Máxima Tribuna en el Congreso del Estado el diputado expuso la iniciativa que presentó en conjunto con las y los diputados Ana Belinda Hurtado Marín, Samanta Flores Adame, Ernesto Núñez Aguilar, Mayela del Carmen Salas Sáenz, Andrea Villanueva Cano y Mónica Estela Valdez Pulido, a través de la que se propone reformar el Código Penal del Estado.

Al establecer en el Código Penal el ciber acoso sexual se puede definir como el hostigamiento de una persona a otra, a través de mensajes, fotografías o videos de carácter sexual, a través de los cuales le invita a realizar un acto sexual. En este caso este abuso no se realiza de forma directa, tal y como lo exige el actual tipo penal para poderse configurar.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena refirió que el acoso a través de las plataformas de internet es uno de los principales tipos de violencia que se han dado en los últimos años.

Por ello, recalcó que “los acosadores no deben quedar impunes ante un vacío legal que existe en la normatividad estatal, es por eso que presentamos esta iniciativa que tiene como finalidad que el acoso sexual que se cometa a través de las plataformas digitales de comunicación puede ser castigado”.

Víctor Zurita detalló que con la reforma proponen que a quienes comentan dicho delito se les impondrán de seis meses a un año de prisión o de treinta a ciento veinte veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, a quien en beneficio suyo o de un tercero persiga, asedie física, verbalmente o por cualquier medio de comunicación electrónica a persona de cualquier sexo, con fines sexuales no consentidos a otra persona.

Además “cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, discapacidad o situación, se impondrán de uno a cuatro años de prisión y de cuarenta a ciento ochenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron una iniciativa para que en Michoacán sea reconocida la dismenorrea como una incapacidad laboral, esto, con el fin de brindar mejores condiciones para las mujeres durante su periodo menstrual, ya que hay quienes presentan diversos síntomas físicos y emocionales que pueden llegar a causar molestias severas durante este lapso.

A través de un proyecto de decreto que fue planteado por el coordinador del PT en el Congreso del Estado de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, y por las legisladoras de su bancada Brenda Fraga y Belinda Hurtado, esta iniciativa señala que se conceda licencias con goce de sueldo de dos días al mes a trabajadoras que se les haya diagnosticado con dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante.

Para ello, propusieron que se adicione una fracción X, del artículo 35 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, donde se menciona que aquellas mujeres que padezcan esta sintomatología, hagan válido el decreto a través de un certificado médico emitido por una institución perteneciente al Sistema Nacional de Salud o un especialista en ginecología.

Reyes Galindo, detalló que dicho certificado, tendrá una vigencia de seis meses a partir de su expedición, y una vez agotado dicho término se deberá llevar a cabo una nueva valoración médica para confirmar el diagnóstico ; además de que dicho padecimiento o condición no podrá ser considerado como enfermedad profesional o riesgo de trabajo y además las instituciones deberán proporcionar productos de higiene menstrual seguros y sustentables.

“Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, el compromiso de legislar a favor de condiciones de menstruación digna trasciende cualquier recurso retórico, más aún cuando se hace conciencia de que durante el transcurso de vida de una mujer que menstrúa, esta podría pasar de tres a ocho años menstruando, y tiene que entenderse impensable seguir siendo omisos a este problema que, si bien es cultural, ha sido perpetuado institucionalmente”, indicó al respecto el líder petista.

Por último, reiteró que el principal propósito de esta iniciativa, es abonar en el proceso de conquista de un nuevo derecho laboral: que se reconozca la licencia menstrual con goce de sueldo a las trabajadoras y personas menstruantes del sector público en Michoacán.

“Esta iniciativa, representa una parte de los esfuerzos que se han implementado por diversos países alrededor del mundo con el objetivo de conciliar derechos humanos como el derecho a la salud, y de mejorar las condiciones de bienestar en el trabajo”, concluyó el congresista.

Con el propósito de construir ciudades sustentables o ciudades verdes en nuestro estado, que aumenten en mayor medida las áreas verdes y con ello, mejorar la calidad de vida de las personas, la diputada del Distrito 11 de Morelia, Andrea Villanueva Cano, propuso reformas al Código de Desarrollo Urbano del Estado.
Lo anterior, a decir de la representante local, pues el 80% del dióxido de carbono emitido a la atmósfera procede de las áreas urbanas, lo que ha potencializado el efecto invernadero y por ende el calentamiento global, de acuerdo con diversas investigaciones de la Comisión Nacional del Agua y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres.
Al respecto, Villanueva Cano expuso que la conservación de las masas verdes es vital para regular la temperatura, además de aportar belleza, retener el agua de lluvia y depurar el aire, por lo que resulta indispensable realizar una adecuada gestión de estos espacios en las zonas urbanas, pues de no hacerlo, la producción y concentración de contaminantes, ruidos y emisiones va a colapsar la calidad de vida de los habitantes.
“Con esta iniciativa, pretendemos generar las bases para construir ciudades verdes en nuestro estado, planteando aumentar el porcentaje de donación en cada construcción y expandir áreas verdes, así como generar una reforestación urbana en los centros de población e instalar sistemas para la captación de agua de lluvia”.
Con esta propuesta, Andrea Villanueva insistió en la necesidad de fomentar la sostenibilidad en las ciudades, aprovechando al máximo los recursos naturales para reducir la contaminación, el calentamiento global y con ello, mejorar la calidad de vida de todos.

Para garantizar que los Centros de Detención Preventiva Municipal o barandillas como popularmente se conocen, cuenten con la infraestructura y protocolos de atención a quienes ingresan, el diputado Juan Carlos Barragán presentó reforma a la Ley Orgánica Municipal.

La iniciativa que fue presentada en el pleno para establecer que los ayuntamientos deberán supervisar que los espacios donde se encuentren personas privadas de su libertad bajo la autoridad municipal reúnan las condiciones mínimas de seguridad, higiene, educación y trabajo que determine la normatividad respectiva.

Y es que, actualmente estos lugares carecen de infraestructura al no tener sanitarios en las celdas, están sucios o en un mismo espacio puede estar un secuestrador en espera de ser trasladado y una persona que cometió una falta de tránsito, lo que te habla de la falta de protocolos al interior de los espacios.

De ahí que también propone que estos centros deberán de contar con cámaras de video que permitan registrar los accesos y salidas del lugar, debiendo almacenarse de forma segura por dos años.

“Los informes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, revelan que en estos espacios se caracterizan por el deterioro en sus infraestructuras y no respetar los derechos de las personas, por eso la necesidad de esta reforma”, señaló.

Además, se establecerá que los municipios capaciten a su gente en atención y salvaguarda de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.