Legislativo

Trabajar en beneficio de las y los michoacanos a través de la creación y acompañamiento de iniciativas de Ley y normas destinadas a mejorar el acceso a los servicios de salud y de asistencia social, es mi dedicación y compromiso, afirmó Lariza Pérez Campos diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN).

Como integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, Pérez Campos ha enfocado su labor legislativa en el bien común, abordando las necesidades y preocupaciones que en materia de salud se tienen.

“Mi compromiso es asegurar un sistema de salud justo, en donde se garantice el acceso a servicios de calidad para todos, de igual manera para que se garantice la atención integral a los grupos más vulnerables de Michoacán”, aseguró.

Es por ello, que como representante de las y los michoacanos y, como defensora de la asistencia social, Lariza Pérez ha trabajado en la creación de iniciativas de Ley a través de las que se garantice el apoyo a quienes más lo necesitan.

“Estoy comprometida en escuchar y representar a los michoacanos, en estar cerca de sus necesidades para contribuir a resolver sus demandas”, garantizó.

La construcción de un nuevo Mercado Municipal en Pátzcuaro permitirá dignificar la imagen de este Pueblo Mágico, además de que impulsará la economía de la región patzcuarense, consideró la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julieta García Zepeda.

Se trata de una obra multianual que contempla una inversión de 300 millones de pesos que fueron aprobados por la 75 Legislatura, considerando su impacto económico y social, externó la legisladora.

García Zepeda manifestó que el nuevo Mercado Municipal estará acorde con la arquitectura general del Centro Histórico de dicho Pueblo Mágico, lo que contribuye a las gestiones que se realizan para que se convierta en Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Sin duda, resaltó la diputada por el distrito de Lázaro Cárdenas, desde hace años Pátzcuaro ha requerido de mejorar las condiciones de comercio en dicha zona, y la nueva construcción permitirá este objetivo, por supuesto sin afectar a los comerciantes que ahí realizan su trabajo cotidiano, al contrario, mejorará su actividad con un espacio más digno.

Los trabajos de construcción iniciarán el próximo 15 de julio, siendo la obra de infraestructura más importante de citado municipio durante los últimos 70 años, concluyó García Zepeda.

Las mujeres deben gozar del derecho de trabajar con plenitud, es necesario que se legisle por el derecho a tener una menstruación digna, aseveró Oscar Escobar Ledesma, al presentar una reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado.

El legislador ciudadano señaló que alrededor del 50 por ciento de las mujeres han presentado dismenorrea primaria o secundaria en algún momento de sus vidas, por lo que será un avance en los derechos de las michoacanas que puedan solicitar una licencia con goce de sueldo hasta por 8 horas al mes.

“La presente iniciativa tiene como finalidad establecer la posibilidad de un permiso para aquellas mujeres y personas menstruantes que se vean imposibilitadas de llevar a cabo su jornada laboral a causa de los malestares físicos que pudieran presentarse durante su periodo menstrual. El derecho a tener una menstruación digna, también es un derecho a la alegría”.

Escobar Ledesma expresó que esta iniciativa contempla también que los centros laborales proporcionen a sus trabajadoras productos de higiene menstrual seguros y sustentables.

“Entre los muchos logros que han obtenido las mujeres a lo largo de su lucha feminista, está el hacer frente a la estigmatización del periodo menstrual para defender el bienestar, la salud, la dignidad y en términos generales los derechos humanos de las mujeres. Con esta iniciativa estamos aportando a que cada día se constituyan más derechos laborales equitativos e incluyentes”.

Aseveró que como legislador de Movimiento Ciudadano asumió el compromiso de ampliar los derechos de las mujeres, que van desde el área de la salud, hasta lo laboral.

Las balas al aire son un problema que ha dejado decenas de familias en luto, por ello el diputado Juan Carlos Barragán Vélez propone reforma al Código Penal del Estado para sancionar con cárcel a quienes los comentan.

De acuerdo con el legislador, son muy comunes estas prácticas durante los festejos de fin de año o en alguna festividad importante, sin embargo, las personas que los realizan no toman en consideración que esas balas provocan muertes o dejan personas lesionadas de por vida.

“No podemos permitir que estos hechos queden en la impunidad, debemos sancionar a las personas que toman un arma y disparan solo por diversión o para sentirse poderosos”, destacó.

Con esta reforma, que ya fue presentada ante el pleno del Congreso del Estado, se sancionaría a quien sin causa justificada realice disparos de arma de fuego con dos a cinco años de prisión, sin perjuicio de las penas que pudieren corresponderle por la comisión de otros delitos.

Además, este delito se cometerá sin importar que se tenga licencia o permiso de portación de arma de fuego, de igual manera la pena se agravará hasta en una mitad más del máximo previsto cuando la persona que dispare el arma de fuego sin causa justificada se encuentre en estado de ebriedad o bajo influjos de alguna sustancia médica, psicotrópica o que produzca efectos similares.

“Un festejo no tiene por qué terminar en una pesadilla, aunque se han hecho esfuerzos como las campañas de desarme estás no han sido suficientes, legislemos en la materia y sancionemos a los responsables”, concluyó Barragán.

Bajo la premisa de garantizar el derecho humano a una vida digna de cada habitante de Michoacán, el Pleno de la 75 Legislatura aprobó hoy reformas en materia de inclusión en desarrollo y donación y derecho al agua, entre otras.

Así, las y los legisladores votaron la modificación de diversos artículos del Código de Desarrollo Urbano del Estado, para que en verdad sea una herramienta de transformación social y que revista a los asentamientos urbanos de un carácter más humano.

La Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda fue la responsable de realizar el estudio y análisis de las adecuaciones al articulado de dicho Código y, mediante cuatro dictámenes, dio mayor garantía al derecho humano al agua para vivir dignamente, así como a la movilidad y equidad de las personas con discapacidad, y a promover la inclusión de un diseño urbano universal.

Con dichas reformas, el fraccionador -mientras se encuentre en etapa de ejecución de cualquiera de las secciones o partes autorizadas de un desarrollo, o en su caso, de un desarrollo en condominio-, estará obligado a suministrar subsidiaria y temporalmente, con normalidad y suficiencia, los servicios de agua potable y alumbrado público.

Asimismo, a solicitud del propietario, en los casos de las áreas de donación en los conjuntos habitacional menores a mil 500 metros cuadrados, deberá determinarse el valor comercial de dicha donación a efecto de que la pague a la Tesorería Municipal correspondiente, recurso que deberá ser destinado a la adquisición de reserva territorial del municipio, o al cumplimiento de los objetivos en la materia.

Las áreas de donación deberán destinarse a la dotación de equipamiento urbano, áreas verdes, considerando los ajustes razonables con obras y/o acciones que cumplan con el diseño universal.

En este sentido, se estableció que el diseño universal en infraestructura urbana debe cumplir con el derecho a la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad, con el objeto de que las vialidades, guarniciones, banquetas, placas de nomenclatura, señalamientos viales y de tránsito, en parques urbanos, áreas verdes, áreas individuales y comunes de los adquirentes, así como el equipo, mobiliario e infraestructura del nuevo desarrollo, serán inclusivos y de acceso seguro, fácil y equitativo a las personas con cualquier tipo de discapacidad.

Paralelamente, se dio claridad en el costo y el destino del uso de los recursos que provengan de las transferencias de potencialidad, ya que esta era una donación y ahora, al ser adquisición se establece un costo en la Ley de Ingresos Municipal y estará ligado a un fin específico para el fomento de desarrollo municipal.

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó, a propuesta de los diputados Margarita López Pérez y Juan Carlos Barragán Vélez, el Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que informe el resultado del estudio y análisis que realizó de la Evaluación por la cual aprobaron modificar la vigencia de la concesión de la Autopista Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, para ampliar el plazo de la vigencia de 30 a 60 años y autorizar un incremento del 15% en el costo de las tarifas actuales a cambio de construir sólo 65 kilómetros más, de una obra de 272 kilómetros.

Los legisladores presentaron y sometieron a la consideración del Pleno el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para conocer la información entregada la “Concesionaria de Autopistas de Michoacán S.A. de C.V.”, para que se le determinara la viabilidad de ampliación de 2 a 4 carriles de un tramo de la Autopista Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas a través de la Segunda Modificación al Título de Concesión de fecha 30 de marzo de 2012.

Dejó en claro que no es una solicitud en contra de la gestión que realizó el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ni contra la buena voluntad que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece para con el Estado, sino que a modo de no perder el beneficio de la duda, la explicación se la pide directamente a la dependencia federal.

Desde la máxima tribuna del estado, Margarita López Pérez explicó que dicha solicitud obedece a que, por sólo unos cuántos kilómetros, se le otorga a la concesionaria 30 años más de aprovechamiento y un incremento del 15 por ciento a las tarifas de todas las autopistas estatales que manejan, eliminando al mismo tiempo las responsabilidades establecidas en el primer acuerdo de Concesión, así como la responsabilidad que la empresa tiene por el mal manejo y mantenimiento de la ya conocida como “Autopista de la Muerte”

Actualmente, aseguró, “no podemos dejar de señalar que la concesionaria ha sido deficiente en la prestación de las obligaciones que tiene comprometidas en el título de concesión y que por el contrario los derechos que le otorgan, sí los ha explotado en demasía ya que los cobros de los tramos carreteros son excesivos en comparación con las condiciones en las que se encuentran éstas. Es una de las carreteras de cuota más caras del país, en la cual han ocurrido, siguen ocurriendo tragedias y desgraciadamente tal vez seguirán”.

De esa forma expuso la cronología de los hechos e indicó que con fecha 13 de mayo de 2010 se convocó lo que entonces se conoció como El Paquete Michoacán la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento por 30 años del libramiento de Morelia con 64.10 kilómetros de longitud y el libramiento de Uruapan con 25.20 kilómetros de longitud, así como para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años la autopista de altas especificaciones Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas de 272 kilómetros de longitud y las obras de modernización asociadas a la autopista antes señalada.

Para el 21 de noviembre de 2019 la Secretaría autorizó a la concesionaria uno o varios créditos bancarios a fin de mantener el flujo económico, considerando sus ingresos y el no comprometer la operatividad de las autopistas que integran el paquete Michoacán. Ya con fecha del 17 de enero de 2020 la concesionaria pago en forma anticipada sus deudas, por lo cual podemos deducir la viabilidad en el flujo y derrama económica que genera el ingreso por el cobro de peaje en el paquete Michoacán.

A partir del 25 de octubre de 2022, la Concesionaria mediante escrito incumple con el objeto de la concesión, al manifestar su imposibilidad de construir el libramiento de Uruapan aludiendo que por causa de fuerza mayor (que ya no es financieramente factible la construcción del libramiento).

Por fin, expone la legisladora, el mismo 25 de octubre de 2022, después de los reclamos de las autoridades federales, estatales, municipales y de la sociedad civil, ante los lamentables hechos fatales de accidentes graves, por un pésimo servicio, con gran inseguridad para los usuarios, con las cintas asfálticas en pésimo estado y mal mantenimiento, la concesionaria plantea la ampliación de un tramo carretero de la autopista Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, en una longitud aproximada de 65.00 kilómetros.

A todas luces, detalla Margarita López Pérez es una simulación, ya que los cuatro ejes medulares de aplicación en esta mal llamada autopista ya estaban obligados a cumplir al inicio de la concesión”.

Tal parece –dijo- que el presente planteamiento fuera o sería algo nuevo, es decir a lo que no estaban obligados o algo que no se tuviera dentro de lo realizado como parte de los estudios de factibilidad y viabilidad financiera o socioeconómica; solicitando a cambio “la insignificante ampliación de la temporalidad de 30 años adicionales a los 30 que tienen, más un incremento de la tarifa del 15%”.

Lamentablemente con fecha del 8 de febrero del año en curso se hace por fin la primera modificación al Título de Concesión para eliminar de este el derecho y obligación de la Concesionaria de construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años el libramiento de Uruapan, sin que hubiese alguna consecuencia para la Concesionaria.

Con fecha del 14 de febrero del presente año la concesionaria, mediante escrito expone que es posible la ampliación parcial de 2 a 4 carriles de un tramo de la autopista, mediante una nueva concesión y el incremento en las tarifas será en todas las autopistas que integran la Concesión. El 4 de abril del año en curso se firma la segunda modificación al título de concesión, modificaciones consistentes en ampliación del tramo carretero de aproximadamente de 65.00 kilómetros, de 2 a 4 carriles, sin especificar de dónde a dónde abarca dicho tramo y se les otorga los grandes beneficios antes referidos.

Que no se confunda, subrayó la legisladora, “estamos hablando de una ampliación que aún no inicia y no tiene nada que ver con los trabajos iniciados en días recientes en el tramo Zirahuén-Uruapan, que ya estaba considerado en el convenio original”, finalizó.

Ante las especulaciones generadas por el supuesto incumplimiento de un mandato judicial durante la Sesión de Pleno en la que se removió de su cargo al Auditor Superior de Michoacán, el día de hoy la Diputada Julieta García Zepeda dio a conocer la resolución del juzgado federal que le otorga razón al Congreso del Estado.

Señaló que el tema alcanzó un nivel muy alto de especulaciones y generó diferentes puntos de vista en los medios de comunicación: “es un tema que debemos tratar con mucha prudencia e institucionalidad, tenemos una gran responsabilidad todos como diputados y especialmente yo como Presidenta del Congreso. La sentencia que se publicó el día de ayer nos da la razón y me da mucho gusto que con esto se aclaren las especulaciones.”

El juzgado federal que se encuentra conociendo la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, resolvió el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, y señaló que uno de los motivos por el que se determinó la remoción del cargo fue la imputación de una conducta que probablemente constituye un delito, con lo cual la suspensión que impedía al Congreso del Estado removerlo no surtió efectos.

En consecuencia, resultó infundado el incumplimiento denunciado por el ex auditor, y, por ende, el hecho de que el Congreso del Estado de Michoacán haya resuelto la remoción del cargo en cuanto Auditor Superior del Estado de Michoacán no constituyó ningún incumplimiento a un mandato judicial, se lee en la sentencia.

Los prestadores del servicio de estacionamiento público están obligados a responder por el robo total o parcial y los daños a los vehículos bajo su cuidado, subrayó el diputado Víctor Zurita Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

El legislador junto con las y el diputado Samanta Flores, Mónica Valdez, Belinda Hurtado, Mayela Salas, Andrea Villanueva y Ernesto Núñez, presentó una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado a fin de establecer la responsabilidad de los prestadores del servicio de estacionamiento público en la materia.

“Quienes manejamos auto en muchas ocasiones nos vemos obligados a recurrir a los estacionamientos públicos que cada día proliferan en la anarquía y falta de regulación por parte de las autoridades municipales. Cuando ingresamos alguno de estos establecimientos normalmente lo hacemos aprisa, razón por la cual la mayoría de las veces no revisamos las tarifas, ni las condiciones en que se presta el servicio”.

Víctor Zurita apuntó que la mayoría de estos estacionamientos se aprovechan de la falta de regulación o la complicidad de las autoridades municipales, para realizar cobros excesivos y deslindarse de responsabilidades en caso de robo total o parcial de los vehículos bajo su cuidado, o bien de los daños que estos pudieran sufrir mientras se encuentran en sus instalaciones.

“En el caso concreto de esta ciudad capital el acudir al centro se ha vuelto un lujo al alcance de unos cuantos, muchas veces gastamos más de estacionamiento que de gasolina, pero el problema no termina ahí, lo más grave es cuando regresamos a recoger nuestra unidad y nos damos cuenta de que fue robada o sufrió algún daño en el estacionamiento donde la dejamos, los dueños nos dicen que ellos no se harán responsables”.

Agregó que normalmente la justificación para evadir la responsabilidad, es que en alguna pared del establecimiento o en el mismo boleto colocan la clásica leyenda: “la empresa no se hace responsable por robo total o parcial de la unidad, ni por los daños sufridos dentro del establecimiento”, situación que coloca a los usuarios en una condición muy desfavorable ya que de nada vale la gran cantidad de dinero que se cobra por el servicio, que no brinda ninguna garantía, solo sirve para suplir la incapacidad de las autoridades para generar lugares de estacionamiento seguros.

Publicar una Ley o decreto en tiempo y forma debe ser un derecho de las y los diputados y formar parte del catálogo de derechos en nuestra Ley Orgánica y Procedimientos, subrayó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el Distrito de Zacapu presentó este miércoles ante el Pleno del Congreso, una iniciativa para reformar la referida norma, esto de manera conjunta con los legisladores Samanta Flores, Belinda Hurtado, Ernesto Núñez, Mayela Salas, Andrea Villanueva y Víctor Hugo Zurita Ortiz.

“El poder solicitar ser realice la publicación de una Ley o Decreto en tiempo y forma debe ser un derecho de los Diputados y formar parte del catálogo de derechos a la letra de los Diputados”.

Desde la Máxima Tribuna del Estado apuntó que con esta reforma legislativa planteada se armonizaría la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado con la Constitución Política del Estado.

“Una vez aprobado un proyecto de ley o decreto por las y los diputados, se comunica al Ejecutivo, firmado por quien preside la Mesa Directiva del Congreso, y es entonces, cuando corresponde al Ejecutivo manifestar su acuerdo sancionando la ley y ordenando su promulgación, o bien en caso contrario expresar su disconformidad formulando objeciones al proyecto”.

Destacó la importancia de que los procesos legislativos culminen en todas sus facetas, por lo que consideró primordial que dentro del catálogo de derechos de las y los diputados está el que de no existir observaciones los decretos que se aprueben sean publicados en tiempo y forma en el Periódico Oficial del Estado.