Legislativo

La Ley debe regular los decibeles de sonido en el transporte público del estado, así como prohibir que personas en evidente estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, permanezcan a bordo de éste, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello la diputada por el Distrito de Puruándiro presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado buscando también prohibir que en el transporte público se transmita o reproduzca material discográfico musical que promueva la cultura de la violencia o haga apología al delito.

“En la nueva Ley de Movilidad no existe obligación alguna para el operador de las unidades de transporte público, ante ello, es necesario incorporar algunos elementos que son un reclamo muy válido de la sociedad, como el que tiene que ver con la música que reproducen los operadores, y el volumen con que lo hacen”.

Apuntó que el segundo elemento de su propuesta de reforma es que los operadores del transporte público eviten el ascenso a personas en estado notable de ebriedad o que se encuentren bajo el influjo de estupefacientes.

“Estos dos elementos de la iniciativa que presento, confieren a los operadores del transporte público, obligaciones que son necesarias para cumplir con los principios rectores que esta nueva Ley ha dispuesto para las y los michoacanos”.

Diputados del Congreso del Estado anunciaron su acompañamiento a habitantes del municipio de Uruapan, inconformes con la sobre-explotación de los bosques y la invasión ilegal de terrenos con vocación forestal, a quienes atendieron hoy en audiencia.

La diputada Brenda Fraga Gutiérrez y los legisladores Fidel Calderón Torreblanca, Felipe de Jesús Contreras Correa y Baltazar Gaona García, este último presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, escucharon las demandas de los uruapenses que arribaron a la sede de la 75 Legislatura.

En esta reunión, los ciudadanos señalaron que en los últimos años se ha permitido la invasión indiscriminada de predios en la zona norponiente del Uruapan, una área con vocación forestal; es el caso del terreno conocido como “El Zapien”, declarado Zona de Protección Ambiental en julio de 2010.

Puntualizaron que dicha situación está afectando de manera dramática el ecosistema de la región, que está considerada como uno de los principales pulmones del estado. Además, agregaron que dicha situación ha provocado una venta ilegal de terrenos que, a su vez, ha generado que pseudo líderes sociales ingresen recursos de manera ilegal.

Ante estas demandas, la legisladora y los diputados establecieron una serie de compromisos a fin de apoyar su causa. Entre dichos acuerdos destaca la búsqueda de la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán, de la Comisión Estatal de Derecho Humanos, la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Michoacán y el Consejo Estatal de Ecología.

Además, se estableció el compromiso de generar un encuentro con el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, a fin de revisar el estatus legal que guarda una querella presentada por el Ejecutivo Estatal hace aproximadamente 2 años y en el cual se denuncia el asentamiento ilegal en los predios antes señalados. De igual forma, se acordó dar seguimiento y acompañamiento en todas y cada una de las instancias involucradas con la solución de este conflicto.

Los legisladores invitaron a la población de Uruapan a evitar la compra venta de predios en “El Zapien” ya que es una área natural protegida, por lo cual asentarse en esa zona es ilegal.

En México no se cuenta con estadísticas actuales sobre el consumo de drogas, lo cual impide que este problema de salud se atienda de forma oportuna y especializada, aseveró la diputada del Partido Encuentro Solidario Michoacán (PES) Luz María García.

Desde la máxima tribuna del Congreso del Estado de Michoacán, la representante del PES, detalló que la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) no ha realizado la encuesta nacional de adicciones, la cual debe realizarse cada cuatro años, pero la ultima se generó en el año 2016.

“No hay cifras precisas, hay una discordancia de datos al no tener una fuente oficial actualizada”, comentó.

Sin embargo, la congresista refirió que de acuerdo con el Observatorio de Salud Mental y Consumo de Drogas, en los últimos 5 años se triplicó la demanda de servicios de atención de personas que tienen problemas por el consumo de estimulantes.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la legisladora advirtió que el consumo de drogas también deriva en otro tipo de situaciones que ponen en riesgo la salud, la seguridad y el bienestar de las familias.

“Lo problemático y complejo de las drogas ilicitas es que no pasan por ningun tipo de control sanitario ni de calidad en su producción, desencadenando que los consumidores no sepan qué estan consumiendo ni el daño que les genera”, señaló.

Luz García, dijo que un informe de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, establece que a nivel global son 11.2 millones de personas se inyectan drogas, de las cuales la mitad vive con hepatitis C; 1.4 millones con VIH y 1.2 millones, con ambos, volviendo un problema de salud pública no sólo el consumo sino sus consecuencias colaterales.

Dicho informe establece que son 284 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en todo el mundo durante 2020, lo que supone un aumento del 26% respecto a la década anterior.

Para contribuir con el cuidado del medio ambiente y generar eficacia administrativa, el diputado local, Ernesto Núñez Aguilar, propuso que la vigencia en las actas de nacimiento o defunción no sea un requisito obligatorio al realizar trámites en dependencias gubernamentales o instituciones públicas.

Precisó que mientras el documento se muestre legible y compruebe su procedencia no es necesario solicitar tiempo ni vigencia, pues dichas actas constatan un suceso inmutable, lo cual no sólo ayudaría a la ciudadanía en agilizar trámites, sino también en el bolsillo de las familias en el estado.

“No es justo pedirles una impresión que les costará dinero, tiempo y tendrá un impacto en el medio ambiente, debemos de migrar a expedientes electrónicos, o implementar estrategias de mejora y simplificación administrativa”, expuso.

Núñez Aguilar consideró “absurdo solicitar actas tanto de nacimiento o defunción con menos de tres meses de vigencia”, toda vez que ello puede genera complicaciones y gastos al ciudadano, además de afectaciones al medio ambiente con la impresión de un documento adicional.

La iniciativa que propone la reforma al Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, aplicaría para dependencias, coordinaciones, entidades y organismos públicos desconcentrados del Poder Ejecutivo, la Auditoría Superior de Michoacán, organismos públicos autónomos y bases normativas para gobiernos municipales y dependencias, entidades y organismos públicos descentralizados o desconcentrados de la administración pública, estatal o municipal y los particulares.

Que las mujeres michoacanas tengan acceso a protección integral durante todo el embarazo, el parto o puerperio, y de igual forma, sean respetados los derechos del recién nacido, fue propuesto por el diputado Reyes Galindo Pedraza, a través de una iniciativa que plantea una reforma al artículo 17 de la Ley de Salud del Estado donde se propone garantizar el parto humanizado.

En el pleno del Congreso de Michoacán, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, presentó un proyecto de decreto que busca erradicar la violencia obstétrica; explicó que el término de “parto humanizado”, surge a raíz de la alza en prácticas médicas como: inducciones no justificadas del parto, recurrencia evidente de tactos vaginales, cesáreas injustificadas o sin pertinencia, pujos dirigidos por terceras personas, rotura artificial de membranas.

En ese contexto, destacó la responsabilidad del poder legislativo de impulsar el respeto y reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres michoacanas, partiendo desde la perspectiva de género, “desde el inicio de la presente Legislatura, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se ha puesto del lado las causas, las luchas y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, asumiendo el compromiso de legislar de manera integral para lograr el bienestar de todas ellas”, dijo.

El líder parlamentario petista, agregó que este decreto hace referencia al respeto a los derechos de las madres, las y los niños, y sus familias en el momento del nacimiento, promoviendo el respeto a las particularidades de cada familia, de tal forma que exista un acompañamiento óptimo, con la finalidad de que estas puedan tomar decisiones seguras e informadas.

“El parto humanizado, implica generar un espacio familiar donde la madre y la persona recién nacida sean los protagonistas, y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. Debe tener como premisa y objetivo, priorizar que la experiencia del embarazo, el parto o puerperio en la mujer se desarrolle de la manera más natural y fisiológicamente posible, siendo esto el interés superior a proteger, dejando a un lado el uso de técnicas y manejo excesivo de fármaco”, indicó al respecto el legislador.

“La presente iniciativa tiene como propósito fundamental la incorporación del parto humanizado a la Ley de Salud de la entidad, a fin de que el parto humanizado sea una realidad y no solo una aspiración de las mujeres michoacanas, sin que medie requerimiento económico como condicionante”, señaló.

El Gobierno de Michoacán, a través de su programa “Salud en Tu Familia”, entregó más de 250 sillas de ruedas, andaderas y bastones a las personas detectadas con discapacidad, de los municipios de Tiquicheo, Tuzantla y Benito Juárez.

Al secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña y al secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, les correspondió hacer la entrega formal de los aparatos funcionales, a los pacientes detectados con discapacidad motriz, por los brigadistas de “Salud en Tu Familia”.

Este programa ha podido visitar 93 mil viviendas en el estado, para llevar consultas médicas gratuitas, análisis de laboratorio, medicamentos y apoyos funcionales a las familias detectadas con discapacidad.

En las 93 mil casa visitadas por los brigadistas, se encontró a mil 660 pacientes que padecen una o varias discapacidades, principalmente físicas con mil 163 casos, 407 visuales, 255 auditivas, 104 intelectuales, 96 de lenguaje y 286 psicosociales, michoacanos que junto con el DIF Estatal serán atendidas.

Pátzcuaro reúne los requisitos necesarios para ser considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, consideró la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julieta García Zepeda, quien aplaudió que dicho Pueblo Mágico haya ingresado a la Lista Indicativa de México para obtener tal reconocimiento por parte de la Unesco.

García Zepeda dijo que la ciudad del lago es uno de los pueblos mágicos más emblemáticos de México, ya que posee una belleza arquitectónica inigualable, además de su riqueza cultural e histórica.

Destacó que ingresar a la lista de la UNESCO sería un avance muy significativo para la conservación del Centro Histórico de Pátzcuaro, ya que, de acuerdo con información difundida en diferentes foros, “son 284 obras civiles relevantes en la zona de monumentos históricos, 11 obras monumentales, 5 monumentos a prominentes héroes nacionales y locales, 2 bustos al mérito, 7 murales y 1 museo, los que podrían quedar protegidos bajo la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad”.

Luego de que la secretaria de Cultura del gobierno estatal, Tamara Sosa, diera a conocer los avances que se tienen para la integración del expediente correspondiente, García Zepeda confió en que se habrá de lograr que Pátzcuaro obtenga la mencionada distinción.

Aseguró que desde el Congreso del Estado estarán pendientes de las gestiones que se están realizando para respaldar la iniciativa en cuestión, considerando los beneficios colectivos que la misma conlleva, no solamente para Pátzcuaro sino para Michoacán.

Afirmando que los servidores públicos tienen la obligación de trabajar y velar por el bienestar de los ciudadanos, la diputada del Distrito 11 de Morelia Andrea Villanueva Cano, propondrá durante la próxima sesión, reformas al Código Penal del Estado de Michoacán para sancionar a todo aquel funcionario que difunda de manera indebida, objetos, documentos o evidencias relacionadas con procedimientos penales.

Al respecto, la representante popular recordó que estas reformas obedecen a un movimiento nacional que busca tipificar las conductas reprobables de los funcionarios, quienes menoscaban la integridad y dignidad de las personas y sus familiares, al filtrar información delicada de quienes han sido víctimas de algún delito.

Si bien reconoció que desde el año 2020 se han presentado y aprobado reformas en esta materia tanto a nivel federal como local, la diputada de Morelia señaló que es necesario adecuar estas normas a la realidad que impera en nuestra entidad, especialmente ante un sistema de justicia que violenta de manera reiterada la dignidad de las víctimas.

“Esta propuesta sanciona desde el Código Penal, la difusión de información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género o todo aquel instrumento relacionado con un procedimiento penal o producto de varios, señalados en Ley como delitos”, detalló.

Además, las sanciones aumentarán en una tercera parte si se menoscaba la dignidad de las víctimas y familiares; si se tratare de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o de las circunstancias de su muerte, lesiones o del estado de salud de la víctima.

Con esta normativa, “lo que queremos es preservar la dignidad de las víctimas y sus familias, así como disminuir el daño que sufren al ser revictimizadas por los servidores públicos”, finalizó Andrea Villanueva.

La 75 Legislatura votó a favor de reformar el artículo 7 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para garantizar la atención a su desarrollo evolutivo con respeto a una plena independencia y libertad de decisiones, basada en sus aptitudes y capacidad mental y física, al establecer el principio de elección de su profesión, pasatiempos, estudios o actividad laboral.

Se trata de garantizar los derechos intrínsecos que tienen la infancia y adolescencia, siendo obligación del Estado garantizar ese desarrollo fundamental, se argumentó en el dictamen presentado por la Comisión de Derechos Humanos.

La reforma avalada por unanimidad por el Pleno del Poder Legislativo, será una herramienta más para lograr una verdadera y completa tutela de derechos de estos sectores sociales.

“Garantizar la plena independencia en sus aptitudes y capacidad mental y física de niñas, niños y adolescentes, representa que ellos logren un mejor progreso en su vida cotidiana, generando indicadores óptimos de desarrollo y emocionales, así como un máximo crecimiento social y psicológico”, fundamenta el decreto.

Para concluir, las y los legisladores refrendaron su compromiso de generar herramientas jurídicas y las medidas razonables, para que las autoridades de los tres niveles de gobierno tutelen y garanticen dichos derechos, preponderando en todo momento el interés superior de la niñez.

Con el objetivo de generar un desarrollo basado en la sustentabilidad, que se priorice a los seres humanos y no a los vehículos, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso local, propuso que se incorpore el principio del Derecho a la Ciudad al Código de Desarrollo Urbano de Michoacán.

A través de una iniciativa de decreto en el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7 Bis, del Código antes mencionado, el líder de la bancada petista en el legislativo estatal, retomó el principio señalado por la ONU que indica que en los últimos 50 años ha habido una enorme tendencia hacia la urbanización de la vida de las personas en el mundo; por ello destaca la necesidad de que las leyes, políticas públicas y regulaciones de desarrollo urbano, se lleven a cabo con enfoques de integralidad, a fin de que, en el futuro mediato en Michoacán se pueda contar con ciudades más sustentables, incluyentes, habitables y propicias para la convivencia familiar, comunitaria y social.

“El propósito de la presente iniciativa tiene por objetivo incorporar a la legislación y las políticas de desarrollo urbano de Michoacán y sus municipios, la observancia de los principios y componentes del derecho a la ciudad, como una serie de medidas que permitan el óptimo goce y disfrute de los centros urbanos”, señaló el diputado petista.

Y explicó que el Derecho a la Ciudad es definido por la ONU como: ¨el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna¨.

Por ello, destacó la importancia de que gobernantes, legisladores, hacedores de política pública y ciudadanía, tengan presente que las ciudades “son para las personas y se deben dejar atrás premisas mercantilistas y excluyentes que tienden a desarrollar ideas y conceptos donde las personas son para las ciudades”.

“Para el Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, resulta de vital importancia que en Michoacán los proyectos de planeación urbana se lleven a cabo bajo el enfoque del derecho a la ciudad, que se priorice una política con sentido humanista, para que prepondere el principio de un desarrollo integral”, indicó al respecto Reyes Galindo.