Legislativo

El Congreso del Estado, exhortó a todos los ayuntamientos de Michoacán y al Concejo Mayor de Cherán, para que a través de sus atribuciones, implementen acciones concretas para fortalecer el cumplimiento de la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán.

Ante la propuesta realizada por la diputada Belinda Iturbide Díaz y en el marco del Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar, esta Septuagésima Sexta Legislatura, instó a los ayuntamientos a habilitar, fortalecer y difundir mecanismos accesibles y visibles de denuncia, incluyendo la promoción activa del buzón digital para la recepción de denuncias y la canalización inmediata de reportes de violencia escolar.

Además, Coordinar acciones con las instancias competentes, particularmente con el DIF Municipal, áreas de salud y autoridades educativas, a fin de garantizar atención psicológica inmediata, gratuita y especializada, así como seguimiento oportuno a víctimas y canalización a quienes generan violencia escolar, evitando la revictimización.

También, se exhortó a los ayuntamientos para que implementen estrategias de prevención y protección en zonas escolares, especialmente en la periferia de las instituciones educativas, transporte escolar y trayectos de entrada y salida, mediante acciones de vigilancia preventiva y proximidad social, para fortalecer entornos seguros y reducir riesgos de violencia escolar.

En sesión del Congreso del Estado, César Osuna Belmonte rindió protesta como diputado local, en suplencia del legislador Juan Carlos Barragán.

Durante el acto, se comprometió a fortalecer el trabajo legislativo y dar continuidad a la agenda de territorio, cercanía con la ciudadanía y transformación que se impulsan en coordinación con Barragán.

«Seguimos construyendo un equipo fuerte, cercano a la gente y comprometido con la transformación. Lo más importante es que el trabajo no se detenga y que las causas del pueblo sigan teniendo voz todos los días en el Congreso», expresó.

Con esta toma de protesta, se reafirma el compromiso de seguir trabajando en unidad, fortaleciendo los proyectos y acciones que buscan mejores condiciones de vida para las familias de Morelia y de todo Michoacán.

A propuesta del diputado Baltazar Gaona García, el Congreso del Estado exhortó a la Rectora de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que atienda a la brevedad las peticiones laborales del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana y se ponga fin a la huelga que mantiene cerradas las instalaciones de la misma.

Asimismo, exhortaron a la Rectora Yarabí Ávila González, para que atienda a la brevedad las peticiones laborales del Comité Legado Vindicación UMSNH conformado por viudas, viudos, huérfanos y beneficiarios de profesores y trabajadores fallecidos de la misma universidad.

«Que establezca un calendario de pagos con los miembros de dicho Comité; y les pague sin más dilaciones pago de marcha, seguro de vida y demás prestaciones establecidas en los contratos Colectivos del Trabajo que nos les han sido pagadas desde 2018 y hasta la fecha», precisa el acuerdo aprobado por mayoría de votos.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado Baltazar Gaona destacó la importante tarea que desempeña la Universidad Michoacana; por ello, el Congreso del Estado, «ha venido apoyando a la UMSNH a efecto de fortalecerla y mejorar sus condiciones, ya que al mejorar a la universidad de manera directa se está apostando por el mejoramiento del desarrollo del estado», expuso.

Recordó que estas acciones de fortalecimiento no solo quedaron en políticas públicas administrativas y temporales, sino que se estableció, desde nivel constitucional, un presupuesto directo y suficiente para que nuestra máxima casa de estudios pueda cumplir sin limitaciones con su actividad sustantiva de educar a profesionistas de calidad en beneficio de toda la sociedad michoacana.

«Con ello, se esperaba dejar a tras los problemas añejos que venían debilitando el papel tan trascendente que desempeña la Universidad Michoacana, sin embargo y contrario a lo esperado vemos con tristeza, una vez más que se encuentra paralizada por un conflicto laboral de corte económico», lamentó el legislador.

Para concluir, Gaona García puntualizó que esta huelga no solamente afecta a la comunidad universitaria, sino a toda la economía que se sostiene con la vida pública de la universidad michoacana, «de allí la importancia de poner manos en el asunto juntos logremos que la vida universitaria vuelva a la actividad cotidiana, en beneficio de las y los estudiantes universitarios y de un desarrollo integral de Michoacán», finalizó.

Por unanimidad, las y los integrantes de la 76 Legislatura acordaron enviar al Congreso de la Unión, la iniciativa mediante la cual se propone reformar el artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de Víctimas de estos Delitos.

La propuesta presentada por la diputada Adriana Campos Huirache y dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene el objetivo tipificar aquellas situaciones donde el aprovechamiento del trabajo ajeno no es producto de un acuerdo libre, sino del ejercicio de coacción moral, engaño o violencia.

En particular lo que proponen las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura a sus homólogos a nivel federal, es que se especifique que la explotación laboral es también cuando mediante dolo, mala fe o la violencia física, psicológica o moral, y así estas acciones sean sancionadas con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa.

Lo anterior, permitirá que el Estado intervenga no solo desde una perspectiva administrativa y laboral, sino bajo un régimen de protección de derechos humanos, garantizando que cualquier beneficio económico obtenido mediante la anulación de la voluntad del trabajador sea castigado como una violación grave a su libertad.

Finalmente, el Pleno del Congreso del Estado señaló la importancia de integrar estos elementos, y así, no solo atender a una justicia social, sino perfeccionar el sistema de los derechos fundamentales y cerrar el paso a la impunidad en las relaciones asimétricas.

«Al reconocer que el dolo, la mala fe y la violencia son mecanismos de anulación de la libertad, se garantiza que el trabajo sea siempre una vía de realización personal y nunca un espacio de degradación y sometimiento», concluyeron las y los legisladores en el decreto aprobado.

Por unanimidad, las y los integrantes de la 76 Legislatura acordaron enviar al Congreso de la Unión, la iniciativa mediante la cual se propone reformar el artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de Víctimas de estos Delitos.

La propuesta presentada por la diputada Adriana Campos Huirache y dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene el objetivo tipificar aquellas situaciones donde el aprovechamiento del trabajo ajeno no es producto de un acuerdo libre, sino del ejercicio de coacción moral, engaño o violencia.

En particular lo que proponen las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura a sus homólogos a nivel federal, es que se especifique que la explotación laboral es también cuando mediante dolo, mala fe o la violencia física, psicológica o moral, y así estas acciones sean sancionadas con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa.

Lo anterior, permitirá que el Estado intervenga no solo desde una perspectiva administrativa y laboral, sino bajo un régimen de protección de derechos humanos, garantizando que cualquier beneficio económico obtenido mediante la anulación de la voluntad del trabajador sea castigado como una violación grave a su libertad.

Finalmente, el Pleno del Congreso del Estado señaló la importancia de integrar estos elementos, y así, no solo atender a una justicia social, sino perfeccionar el sistema de los derechos fundamentales y cerrar el paso a la impunidad en las relaciones asimétricas.

«Al reconocer que el dolo, la mala fe y la violencia son mecanismos de anulación de la libertad, se garantiza que el trabajo sea siempre una vía de realización personal y nunca un espacio de degradación y sometimiento», concluyeron las y los legisladores en el decreto aprobado.

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia para grupos históricamente discriminados y combatir la impunidad en los crímenes motivados por odio y discriminación, el diputado local del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán para redefinir y robustecer el delito de homicidio por prejuicio.

La propuesta incorpora elementos como violencia estructural, perspectiva de diversidad sexual y criterios específicos para la acreditación del delito.

Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que la legislación vigente resulta insuficiente para atender la complejidad de las violencias ejercidas contra personas de la diversidad sexual, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y otros sectores históricamente vulnerados. «La falta de precisión técnica termina invisibilizando estas violencias y diluyéndolas en la categoría de homicidios comunes. El Estado no puede seguir siendo ciego frente a crímenes que nacen del odio y la discriminación», sostuvo. Asimismo, enfatizó que la reforma busca reconocer que «no todas las violencias tienen el mismo origen ni el mismo impacto social».

La iniciativa plantea que el homicidio por prejuicio sea entendido como aquel cometido por motivos de odio, rechazo, discriminación o violencia estructural derivados de características reales o percibidas de la víctima, incluyendo orientación sexual, identidad y expresión de género, origen étnico o racial, condición social, discapacidad, religión o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana.

Además, se establecen penas de veinte a sesenta años de prisión y multas económicas para quienes incurran en este delito. «Nombrar el prejuicio como elemento central del delito es reconocer que el derecho penal debe estar al servicio de la dignidad humana» expresó Hugo Rangel.

La propuesta también incorpora obligaciones específicas para la Fiscalía, el Poder Judicial y las instituciones de seguridad pública, quienes deberán adecuar protocolos y capacitar a su personal en materia de derechos humanos, identidad de género y violencia estructural. Particularmente, se establece una tutela reforzada para víctimas pertenecientes a la población LGBTTTIQ+, especialmente mujeres trans.

«Esta tribuna hoy se convierte en un frente de batalla para honrar la memoria de quienes fueron silenciados por el odio y la intolerancia. Michoacán ya no puede ser terreno donde el prejuicio sea una sentencia de muerte sin castigo», concluyó el legislador petista.

«Hoy en día llevamos prácticamente toda nuestra vida en un teléfono celular: el banco, el contacto con nuestras familias, incluso trámites federales. Sin embargo, en Michoacán nuestra Ley de Movilidad se ha quedado atrapada en el pasado», denunció el diputado Abraham Espinoza Villa, del PVEM, al presentar una iniciativa para digitalizar la licencia de conducir y la tarjeta de circulación.

El legislador explicó que, bajo la propuesta, ambos documentos en formato digital tendrán plena validez jurídica ante cualquier autoridad de tránsito, tal como ya ocurre en la Ciudad de México y el Estado de México.

La propuesta destaca por tres ejes fundamentes:
1.⁠ ⁠Modernización real: La licencia digital será equivalente al plástico. Michoacán se pondrá a la vanguardia con documentos que pueden portarse en el celular.
2.⁠ ⁠Seguridad y certeza jurídica: Los documentos digitales incluirán un código QR dinámico, difícil de falsificar, que permitirá a los agentes de tránsito verificar en tiempo real autenticidad y vigencia, eliminando discrecionalidad.
3.⁠ ⁠Justicia financiera (gratuidad): «Si un michoacano ya pagó por su licencia, la versión digital debe ser gratuita. Si cambia de celular o pierde su dispositivo, recuperar su documento digital no debe costarle un solo peso», enfatizó Espinoza Villa.

El diputado puso un ejemplo cotidiano: «Un conductor honesto, que pagó su licencia, que aprobó sus exámenes, pierde su plástico. Entonces tiene que volver a tramitarla y pagar de nuevo, como si su derecho a conducir hubiera desaparecido junto con el plástico. Pero ese derecho sigue vigente en los registros del Estado. Lo que se perdió fue el soporte material, no el derecho».

La iniciativa reforma la Ley de Movilidad y la Ley de Hacienda estatal para blindar la gratuidad de la versión digital e impedir que cualquier dependencia cobre por ella.

Espinoza Villa destacó que la administración del maestro Alfredo Ramírez Bedolla ha impulsado la digitalización de trámites y servicios. «Esta iniciativa va en esa misma ruta: menos burocracia, más tecnología y más soluciones prácticas para la gente», señaló.

«Pongamos la tecnología al servicio de la gente y no al revés. Es momento de que Michoacán dé el paso definitivo hacia el gobierno digital», concluyó.

El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura actualizó la Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán de Ocampo y determinó que quienes aspiren a ser titular del Instituto de la Juventud Michoacana, deberán contar con una residencia de al menos tres años en la entidad.

En Sesión Extraordinaria, las y los diputados votaron a favor del Dictamen elaborado por la Comisión de Jóvenes y Deporte, sobre la iniciativa presentada por Carlos Alejandro Bautista Tafolla, mediante el cual se modificaron la fracción XXIII del artículo 2, fracción I del artículo 7, fracción I del artículo 10, así como los artículos 11 y 35 de la citada ley.

Conforme al Dictamen elaborado por las legisladoras Grecia Jennifer Aguilar Mercado y Sandra María Arreola Ruíz, con las reformas se busca armonizar la legislación vigente al sustituir la referencia a la «Secretaría de Política Social» por la «Secretaría del Bienestar».

Ello, para «garantizar certeza jurídica y congruencia con la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, favoreciendo a las y los jóvenes michoacanos».

Con la reforma al artículo 10, se estableció como requisito para ser nombrado Director General del Instituto de la Juventud, ser ciudadano michoacano con residencia comprobada de cuando menos 3 años.

En sus consideraciones, las integrantes de la comisión dictaminadora coincidieron que aumentar dos años más de residencia en Michoacán, al que se establecía como requisito, es tiempo suficiente para que se genere experiencia y arraigo en materia de políticas públicas.

«Esta reforma responde a la necesidad de que quien encabece dicha institución posea un conocimiento real de la situación social, cultural y económica del estado, así como de las necesidades y demandas de las juventudes en sus distintas regiones», precisa el Dictamen

En consecuencia, con la reforma se busca fortalecer al Instituto de la Juventud Michoacana, garantizando que su dirección recaiga en una persona con arraigo local, experiencia y cercanía con la realidad de las y los jóvenes michoacanos.

Carlos Alejandro Bautista Tafolla, en su exposición de motivos, señaló que al actualizar la ley, se refuerza el principio de legalidad, garantizando que los actos de autoridad se realicen en estricto apego a lo dispuesto por la legislación vigente.

«Ello permite que las y los jóvenes cuenten con un instrumento legal claro, moderno y plenamente congruente con las instituciones encargadas de atender sus demandas y necesidades», detalló.

El diputado local Alfonso «Poncho» Chávez presentó una iniciativa de reforma al Código Electoral del Estado para avanzar hacia una democracia «más representativa, más equitativa, inclusiva y paritaria», con medidas que buscan cerrar brechas históricas y mejorar la representación en ayuntamientos.

En su exposición, Chávez señaló que Michoacán mantiene un déficit histórico en paridad: desde 1824, el estado no ha tenido una mujer gobernadora y, en el ámbito municipal, la proporción de mujeres electas como presidentas municipales sigue por debajo del 40%, con municipios que nunca han sido gobernados por una mujer.

Por ello, la iniciativa propone adicionar el artículo 20 Bis para establecer una alternancia de género obligatoria en la elección ordinaria de la gubernatura para partidos, coaliciones y candidaturas comunes, con el objetivo de convertir «el tiempo de las mujeres» en una realidad.

Además, plantea una metodología enfocada en los 20 municipios de mayor población, donde se concentra alrededor del 60% de las y los michoacanos, a fin de garantizar que ambos géneros compitan en condiciones reales de competitividad y evitar que las mujeres sean postuladas solo en espacios de baja posibilidad de triunfo.

Finalmente, Chávez explicó que la propuesta incluye reformas para que la asignación de regidurías de representación proporcional se realice conforme al orden de la planilla registrada, por cociente electoral y resto mayor, y que la candidata o candidato a la presidencia municipal que no gane por mayoría relativa ocupe la primera regiduría correspondiente, fortaleciendo la representación de minorías en los cabildos.

La diputada de Morelia, Giulianna Bugarini, presentó una iniciativa que busca cambiar la forma en que el Congreso se comunica con la ciudadanía, al proponer que cada dictamen legislativo tenga también una «versión ciudadana»: un documento breve, sencillo y claro que explique qué se aprobó, por qué se aprobó y cómo impactará en la vida diaria de las personas.

«¿De qué sirve publicar toda la información legislativa si la gente no la puede entender?», cuestionó desde tribuna.

Giulianna Bugarini señaló que hoy muchas leyes, acuerdos y dictámenes terminan alejados de la ciudadanía porque están escritos en un lenguaje técnico que pocas personas comprenden. Afirmó que cuando la información pública no puede entenderse, en los hechos deja de ser verdaderamente pública.

«Se cumple con la formalidad de publicar, pero no con el sentido democrático de informar», expresó la legisladora, al advertir que el lenguaje complicado también se convierte en una forma de exclusión.

La diputada explicó que la propuesta no busca eliminar el rigor técnico de los documentos legislativos, sino acompañarlo con claridad para que cualquier persona pueda saber cómo le afectan las decisiones del Congreso. Puso como ejemplo los dictámenes de presupuesto, que muchas veces tienen cientos de páginas y términos especializados, pero que deberían traducirse también en mensajes simples para la ciudadanía: si habrá más recursos para una colonia, si aumentará o disminuirá un programa o qué impacto tendrá una decisión en la vida cotidiana de las familias.

Finalmente, Giulianna Bugarini afirmó que esta iniciativa forma parte de una visión más amplia de transformación democrática y cercanía con la gente. Recordó que así como ha impulsado que los gobiernos municipales salgan a territorio y escuchen directamente a la ciudadanía, ahora también plantea que el Congreso aprenda a explicar y hacerse entender.

«El pueblo no solo tiene derecho a saber, tiene derecho a entender», sostuvo. Además, aseguró que una democracia real no se construye solamente escuchando a la gente, sino también hablando claro y haciendo accesible el lenguaje del poder.

«La inclusión no debe ser un acto de caridad o de buena voluntad, sino un mandato jurídico que garantice la autonomía económica de las personas con discapacidad», afirmó la diputada Nalleli Pedraza Huerta al presentar una iniciativa de reforma estructural en la materia.

La legisladora señaló que, pese a los avances en las leyes, en Michoacán persiste un «vacío de transición» crítico que impide a este sector pasar de la formación especial a un empleo real y digno.

La propuesta, construida de la mano con expertos y ciudadanos, enfatiza que la verdadera inclusión requiere profesionalización docente, extensión de los tiempos de aprendizaje técnico y figuras de acompañamiento que aseguren que la persona no solo entre a trabajar, sino que permanezca en su puesto.

Pedraza Huerta detalló los obstáculos que hoy mantienen a miles de michoacanos en la exclusión como es el salto entre la escuela especial y el empleo es el punto donde más personas con discapacidad intelectual abandonan su camino profesional.

Apuntó que actualmente, los cursos técnicos duran apenas de 1 a 3 meses, tiempo insuficiente para consolidar habilidades técnicas, manuales o sensoriales; mientas que la ley vigente solo obliga al sector público a cumplir con una cuota del 5%, dejando la inclusión en las empresas a la «buena voluntad».

La morenista, recalcó que existe una nula oferta de capacitación en áreas de vanguardia como Inteligencia Artificial e idiomas, limitando el emprendimiento de alto impacto para este sector.

Por lo anterior, Nalleli Pedraza, explicó que la presente iniciativa plantea cuatro ejes de acción inmediata para transformar la realidad laboral en el estado:

1. Institucionalizar el Modelo de Transición Laboral Inclusiva y la figura del «Mentor Laboral», quien brindará acompañamiento técnico especializado por 12 meses.

2. Obligar a que los programas de formación duren mínimo un año, con ajustes razonables como manuales en lectura fácil y herramientas ergonómicas.

3. Extender la obligatoriedad del 5% a empresas privadas con más de 50 empleados y crear el certificado oficial de «Empresa Incluyente», que otorgará beneficios en licitaciones gubernamentales.

4. Incrementar los beneficios en el Impuesto sobre Nómina para las empresas que superen la cuota de contratación y realicen ajustes de infraestructura accesibles.

«Queremos que en Michoacán el talento de una persona con discapacidad sea valorado y remunerado con justicia. No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo que se respete el derecho humano al trabajo digno y a la independencia económica», puntualizó la representante popular.

Finalmente, la diputada Nalleli Pedraza, señaló que la propuesta legislativa fue trabajada y respaldada por las y los parlamentarios ciudadanos: Guare Rocio Chassin Martínez, Jorge Alberto Hurtado Yepez, Guadalupe Yuritzi Hernández Alvarado, Everardo Casillas Gasco y Alberto Zúñiga López.

Con la participación de 170 niñas y niños de distintas comunidades del estado, la diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, organizó el Segundo Concurso de Dibujo Parlamentario 2026, una actividad dirigida a la niñez indígena para promover la expresión artística, la identidad comunitaria y el reconocimiento de los usos y costumbres de sus municipios.

La legisladora destacó que este ejercicio permitió abrir un espacio de participación para que niñas y niños plasmaran, desde su propia mirada, la riqueza cultural, ambiental y comunitaria de sus pueblos, además de fortalecer el vínculo entre la niñez y el Congreso del Estado.

El concurso fue convocado por la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado de Michoacán, y contempló dos temáticas: el medio ambiente, para niñas y niños de 6 a 9 años, y los usos y costumbres de su municipio, para participantes de 10 a 12 años.

En la categoría de usos y costumbres, de 9 años, el primer lugar fue para Oscar Orlando Guzmán Diego, de Isla Yunuen; el segundo lugar para Miguel Elías Tadeo, de Santa Cruz Tanaco; y el tercer lugar para Eduardo Gustavo Morales García, de Uruapan.

En la categoría de usos y costumbres, de 10 a 12 años, el primer lugar lo obtuvo Aranza Jazmín Bernabé Juárez, de 11 años, de la comunidad de Comanja; el segundo lugar fue para Aylin Velázquez Saucedo, de 11 años, de la comunidad de Aranza; y el tercer lugar para Andrea Arely Horta Ziramba, de 10 años, de la comunidad de Tócuaro.

Como parte de la premiación, los primeros lugares recibieron una bicicleta, una tablet y un kit de dibujo; los segundos lugares, una tablet y un kit de dibujo; mientras que los terceros lugares fueron reconocidos con un kit de dibujo.

Eréndira Isauro Hernández reconoció el talento de las y los participantes, así como el acompañamiento de madres, padres de familia, docentes y autoridades comunitarias, al señalar que este tipo de actividades contribuyen a preservar la identidad de los pueblos originarios y a fomentar que la niñez se exprese con orgullo sobre sus raíces, su cultura y su comunidad.