Legislativo

A través del Foro Informativo de la Ley de Adopción y Acogimiento Familiar del Estado, el Congreso del Estado expuso la importancia de la reforma que aprobó el pasado 23 de febrero, mediante la cual niñas, niños y adolescentes que por su situación jurídica no son susceptibles de ser adoptados, puedan vivir en un hogar, con una Familia de Acogimiento, que les brinde cuidados, amor y atención.

La diputada Laura Ivonne Pantoja Abascal, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 75 Legislatura, manifestó ante la Presidenta del DIF estatal, Grisel Tello; de presidentas de los sistemas DIF de distintos ayuntamientos de la entidad y de legisladores, que se debe difundir la nueva figura jurídica por el impacto que representa para las instituciones, la niñez y adolescencia michoacanas que por diversas circunstancias viven alejados de sus familias.

Llamó a preguntarse qué se está haciendo como sociedad para conformar una comunidad con adultos sanos, tanto física como emocionalmente, “solo así podremos seguir mejorando su calidad de vida”, expuso la legisladora.

La diputada Eréndira Isauro Hernández, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dijo que es fundamental que las autoridades, las instituciones y la sociedad en general, trabajen juntos para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para contribuir en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Apoyó la figura de acogimiento familiar ya que, dijo, brinda la oportunidad a los menores de vivir en un ambiente sano, con cuidados adecuados durante el tiempo que no puedan vivir con su familia de origen o extendida, para que puedan incorporarse en el menor tiempo posible y en condiciones adecuadas, precisó.

La integrante de la Comisión de Justicia, Daniela de los Santos, señaló que el acogimiento familiar es una alternativa para que los niños mayores de 3 años no lleguen a ser institucionalizados, y se les garantice su derecho a vivir en familia.

“Es muy importante que inviten a las familias, pero también a que les hagan conciencia de que el acogimiento no es un paso previo a la adopción, porque finalmente estos niños que van a estar hasta por dos años en esa familia, muchas veces ya tienen una. Debe hacerse conciencia de capacitarlos a todos de que es un hogar temporal donde se les van a dar todos los cuidados y todo el cariño pero que ellos pueden regresar con su familia de origen”, sentenció.

En su oportunidad, Grisel Tello reconoció que dicha ley permite que los pequeños se puedan ir desarrollando en un entorno familiar mientras se decide su situación jurídica. “Estos niños están bajo resguardo, pero no son del DIF, son de todos y podemos ser partícipes de su desarrollo, así que la invitación es a que la promovamos, a que la hagamos propia en cada rincón de Michoacán para hacerles más llevadera su estancia. Que la institucionalización no sea su primera opción, sino la última”.

Ante asistentes, Eurídice Paredes Jaramillo, Presidenta de la Asociación Nacional de Procuradores y ex Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, señaló que esta iniciativa permitirá a las instituciones contar con mejores herramientas para la protección de dicho sector, y destacó que las familias de acogida son métodos temporales de protección.

Eduardo Lugo Nolasco, Oficial de Protección Infantil UNICEF en Michoacán, estableció que el acogimiento familiar es una medida de cuidado temporal que le da una oportunidad a una niña o a un niño de desarrollarse en un entorno familiar por una temporalidad acotada de hasta dos años; y en donde las familias deben pasar por un proceso de sensibilización, capacitación, evaluación y certificación para ello.

Al foro también se dieron cita las y los legisladores Liz Alejandra Hernández Morales, Adriana Hernández Iñíguez, Luz María García García, Reyes Galindo Pedraza y Jesús Hernández Peña.

Para construir un marco jurídico que dé respuesta a las demandas y necesidades de la población vulnerable, la 75 Legislatura de Michoacán convoca al Tercer Foro de Atención a Personas con Discapacidad.

El diputado Víctor Hugo Zurita Ortíz, presidente de la Comisión Especial de Atención a este sector poblacional, afirmó que el Poder Legislativo se ha caracterizado por ser inclusivo y abierto a escuchar a la sociedad, atender las necesidades del pueblo y legislar de la mano con la ciudadanía.

En este contexto, informó que ya se han llevado a cabo dos foros, el primero en la ciudad de Zamora y el segunda en Morelia, además de que se tiene previsto realizar otro en el municipio de Álvaro Obregón, el próximo 31 de marzo.

El diputado convocó a las personas que tengan alguna discapacidad o que tengan un conocido y/o familiar con discapacidad, ya que podrán participar en dicho foro a fin de aportar ideas y propuestas para generar mejoras y fortalecer el sistema legal que actualmente existe en la entidad.

Víctor Zurita explicó que los interesados se podrán inscribir en: https://forms.gle/2oiyg9Z3btysg3hS9, desde dónde podrán asegurar su participación y en conjunto, todos aportar propuestas que confluyan en resultados positivos para las personas con discapacidad.

“Nosotros refrendamos que esta es la legislatura de la inclusión, y eso abarca desde hacer leyes para todas y todos; no vamos a hacer leyes pensando políticamente, sino leyes que realmente sean de beneficio para las y los michoacanos”, finalizó el diputado Zurita.

En Michoacán como en México, es necesario seguir trabajando para garantizar un envejecimiento saludable entre la población, recalcó la diputada Rocío Beamonte Romero, presidenta de la Comisión de Salud de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Solidario recordó que, en la actual Legislatura se han dado pasos importantes en la materia, reformando nuestro marco normativo para apuntalar acciones encaminadas a un envejecimiento saludable entre la población.

“Se considera adulto mayor a toda persona de 60 años o más. Según el último censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en Michoacán viven más de 602 mil adultos mayores, 281 mil hombres y 321 mil mujeres, aproximadamente”.

Rocío Beamonte recalcó que los estudios de la Organización de Naciones Unidas nos dicen que para el año 2050 habrá más del doble de personas mayores de 60 años que niños menores de cinco años y que las personas de 60 años o más superarán en número a los adolescentes y jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años.

“Conforme a estos datos podemos decir con seguridad que el futuro cercano de todas las sociedades del mundo dependerá en gran medida de sus adultos mayores, quienes darán forma y sustento al entorno social”.

Por ello consideró fundamental seguir trabajando en acciones que se sumen a las tareas previstas en el Plan para la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030, donde se expresa con claridad que las oportunidades que se abren con el aumento de la longevidad dependen en gran medida del envejecimiento saludable.

“Debido a ello en el Congreso local, las acciones legislativas emprendidas se han encaminado a que la atención que se brinde por parte del Sistema de Salud a los adultos mayores, atienda siempre a lo dispuesto en el Manual de Implementación del modelo de Atención Integrada para las Personas Mayores denominado Guía sobre la evaluación y los esquemas de atención centrados en la persona en la atención primaria de salud, aprobado por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud”.

Destacó la importancia de un cambio fundamental en las estrategias de salud pública orientadas al envejecimiento, ya que mantener la salud de las personas mayores es una inversión en capital humano y social, y promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

En Michoacán las autoridades deben hacer el mandato legal establecido por el Poder Legislativo dentro de la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad, para la instrumentación del llamado escalón universal, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial para las Personas con Discapacidad en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena recordó que en septiembre de 2022 la actual Legislatura aprobó la reforma que él planteó para garantizar la accesibilidad de personas de talla baja, por lo que ahora está en la cancha de las autoridades hacer valer las disposiciones normativas.

“En Michoacán, para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano en los espacios públicos y privados al uso público, por Ley ya se atienden los principios del diseño universal como ajustes razonables como lo es el escalón universal, ahora, lo que precisamos es que el mandato legal se convierta en realidad”.

Víctor Zurita recordó que en Michoacán como en México, las personas de talla baja se enfrentan en su vida diaria a considerables barreras arquitectónicas que hacen complicado su día a día.

“Es necesario que entendamos que uno de los problemas más frecuentes es la altura de las cosas, como es el caso de la altura de una ventanilla de atención en algunas dependencias gubernamentales, bancos o instituciones educativas, la altura de los lavamanos en los sanitarios, el acceso al transporte público, la altura de algunos escalones o banquetas; por tal motivo, se ve necesaria la implementación de escalones universales, como un apoyo para facilitar el acceso a las personas de talla baja a diversos espacios”.

En ese sentido recordó que el Escalón Universal busca que las personas de talla baja puedan tener alcance en ventanillas, en baños, oficinas, supermercados y en cualquier espacio público en donde exista una barrera que les impida desempeñarse en igualdad de condiciones.

“Este grupo poblacional representa una minoría, ya que es una condición poco común; sin embargo, se deben hacer visibles sus derechos humanos, sin importar su incidencia, para que tengan una vida digna en todos los ámbitos y en igualdad de condiciones”, subrayó.

La mujer embarazada debe conocer de manera libre e informada, la forma en que se llevará a cabo su parto, así como recibir una atención respetuosa, digna, segura, informada y de calidad, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora integrante de, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello la diputada por el Distrito de Puruándiro ha promovido ante el Pleno Legislativo una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado para que la mujer embarazada con signos de parto o en cualquier etapa de la gestación que se encuentre y que requiera atención médica de urgencia, debe recibirla de manera prioritaria, inmediata e impostergable por las instituciones que presten servicios de salud, privilegiando siempre la vida de la madre y de su hijo, sin que medie requerimiento económico como condicionante.

“Es necesario implementar acciones integrales de política pública con perspectiva de género diseñadas desde la interseccionalidad e interculturalidad, enfocadas a combatir la Violencia obstétrica, garantizando el respecto integro de los derechos humanos, en especial del derecho a la salud, de las niñas, adolescentes y mujeres, librándolas de los graves efectos de la violencia, a través de medidas que garanticen el acceso universal a los servicios de salud obstétrica”.

Julieta Gallardo destacó la necesidad de establecer un marco normativo que respete los derechos de las madres, los niños y niñas y sus familias en el momento del nacimiento, y promueva el respeto a las particularidades de cada familia, etnia, religión, nacionalidad, acompañándola a través de la toma de decisiones seguras e informadas.

“Con esta reforma se agrega en la Ley de Salud del Estado que la mujer embarazada conozca de manera libre e informada, la forma en que se llevará a cabo el parto, así como que reciba una atención respetuosa, digna, segura, informada y de calidad”.

Con miras a construir una Ley que responda a las necesidades de los habitantes de Michoacán, la diputada Julieta García Zepeda, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, encabezó el 5to foro de Parlamento Abierto para la “Nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial”, celebrado en el municipio de Sahuayo.

La legisladora, quien también preside la Comisión de Comunicaciones y Transporte, manifestó que la intención de este tipo de foros es generar entre todos una Ley que cumpla con las expectativas de todos los sectores.

Estableció que la nueva Ley que está en plena construcción entre todos, se enfoca en la importancia de brindar a las personas las mismas oportunidades de desplazamiento, transporte e infraestructura de vanguardia, eficiente, incluyente y multimodal, toda vez que son incluidas las personas con discapacidad o movilidad limitada, motociclistas, usuarios de transporte no motorizado, del transporte público y otros, agregó.

La legisladora local, refirió que en este tipo de foros se busca presentar los diversos aspectos de la nueva Ley, aclarar las dudas que surjan y afianzar cada uno de los conceptos que sobresalen en el derecho a transitar y a transportarse libre y eficientemente de un sitio a otro.

“La nueva Ley de Movilidad para el Estado de Michoacán brindará a peatones, personas con discapacidad, ciclistas, motociclistas, automovilistas, usuarios y conductores del servicio de transporte público, las condiciones óptimas de desplazamiento”, concluyó.

Preocupada por el medio ambiente, el cambio climático, la protección de bosques y una productividad agrícola sustentable, la Diputada del Distrito 14 de Uruapan Norte, Mayela Salas Saénz, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable de Michoacán, con el objetivo de impedir que los apoyos a productores agrícolas se utilicen para cambiar el uso de suelo.

La legisladora petista, denunció prácticas lamentables que han deteriorado los bosques del estado y por ende su ecosistema, con el único deseo que cambiar el uso de las superficies para explotación agrícola de productos de alta demanda como el aguacate, sin embargo, precisó que de las 8 mil huertas de aguacate que se tiene registro, solo mil cuentan con el uso de suelo adecuado, permisos ambientales y todos los requisitos para ser legales.

Por tal motivo resulta indispensable coordinar los esfuerzos para proteger el entorno natural de nuestro estado, donde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán y la Comisión Forestal del Estado, tengan comunicación y se evite que los recursos que entregue el Gobierno, de apoyo a los productores, no se usen para actividades agrícolas en zonas de recuperación de nuestros bosques.

“Actualmente, la Legislación, no obliga a la SADER a coordinarse con la COFOM, para evitar dar recursos públicos a personas o empresas que depredan y consumen nuestros bosques, porque a pesar de implementar medidas para el rescate de los bosques, no se tiene el cuidado en que todos los insumos, aditamentos y maquinaria, se utilicen para cambiar de manera ilegal el uso de suelo”.

Por estas razones, la congresista del PT afirmó que los beneficiarios de los programas y acciones que se implementen por la Secretaría, deberán de estar ubicados fuera de zonas deforestadas o de aquellos lugares que propicien el cambio de uso de suelo de terrenos forestales, para tal efecto la Secretaría, consultará con la COFOM, la situación de los predios del o de los solicitantes, de tal forma que con esta coordinación, quede totalmente prohibido entregar cualquier tipo de apoyo, estímulo o similar a personas que tengan terrenos agrícolas de manera parcial o total en terrenos de índole forestal, y que puedan propiciar el cambio de uso de suelo.

Con esta determinación se pretende contener la crisis de pérdida de bosques y otros hábitats por culpa de la ambición desmedida de distintos sectores de nuestra sociedad.

Con el compromiso de aportar con alternativas innovadoras la protección al medio ambiente y al entorno de Michoacán, el presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente en el Congreso del Estado, el Diputado Baltazar Gaona García, manifestó que con la aprobación del uso de materiales biodegradables en los procesos comerciales industriales y domésticos, así como el “Programa de Reinserción Canina”, se avanza de manera correcta en el cumplimiento de la Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible.

En el caso de los materiales biodegradables, Gaona García, explicó que se busca dar mayores atribuciones a la Comisión Estatal de Agua y Gestión, para que se cuide, con mayor vigilancia, el desazolve de aguas residuales, conforme a la Ley y además con sanciones para quienes no cumplan con esta normatividad.

“La Dictaminación de la presente iniciativa busca fortalecer un marco regulatorio donde se regulen los permisos para las descargas en los drenajes, estableciendo los límites máximos permisibles de cada contaminante y la aplicación de futuras sanciones ante el incumplimiento de estas. Dotar a la Comisión Estatal de Agua y Gestión de cuencas de atribuciones para que ellos promuevan la utilización de elementos biodegradables.”

De igual forma, el representante del Distrito 08 con cabecera en Tarímbaro, puntualizó los benéficos que pude traer el “Programa Estatal de Reinserción Canina”, que ayudará a encaminar, de mejor forma, la proliferación de perros callejeros, además de mejorar el paisaje urbano y rural, con un proyecto que además protege la vida, al impedir sacrificar a los perros callejeros o que son abandonados por las familias, y darles otra oportunidad.

“La propuesta tiene que ver con una forma de una forma más integral, busca alternativas para darle una segunda oportunidad a los perros que se encuentran en situación de calle, estos pueden ser clasificados en cuatro áreas, para actividades terapéuticas, fisiológicas, psicológicas y psicosociales. Este programa de reinserción canina, plantea la readaptación, cuidado y entrenamiento de los perros en situación de calle, con la finalidad de que estos puedan colaborar en actividades como asistencia de manera terapéutica, educativa, de seguridad pública e investigación, con la aprobación de este dictamen se logra que los animales sean vistos de una manera positiva”.

El congresista petista, felicitó a sus compañeros Juan Carlos Barragán Vélez y Ernesto Núñez Aguilar, quienes presentaron estas iniciativas, además de extender la disposición de la Comisión para seguir coadyuvando con acciones en favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible en el estado.

El Sistema Judicial del Estado sigue incumpliendo en la protección a las mujeres víctimas de violencia y es necesario actualizar el marco legal para que éste cumpla con la salvaguarda de la integridad de las víctimas, aseguró la diputada local Andrea Villanueva durante la presentación en el pleno legislativo de diversas reformas al Código Penal del Estado.

La representante del Distrito 11 de Morelia, señaló que actualmente el marco jurídico cuenta con diversos mecanismos que amparan a las víctimas en caso de violencia de género a través de una resolución judicial, en la cual el juez reconoce la existencia de un riesgo para la mujer y ordena su protección, acreditando la condición de víctima de violencia de género y reconociendo así los derechos de las mujeres.

Villanueva Cano consideró que si bien estas medidas buscan salvaguardar la integridad de las víctimas de violencia de género, en los hechos no han sido efectivas para proteger a las mujeres de sus agresores, pues de acuerdo a cifras de las Unidades de Medidas Cautelares reportadas a la fecha, el 27 por ciento de los casos no han cumplido con las condiciones impuestas.

“Con esta propuesta, se busca aumentar la pena para quien cometa feminicidio y haya violentado con anterioridad alguna medida cautelar impuesta por la autoridad competente, pues necesitamos brindar mayores herramientas al sistema judicial de la entidad para que pueda garantizar el acceso a la justicia para las víctimas del delito”, detalló.

Andrea Villanueva, expuso que las medidas cautelares que más son incumplidas son aquellas que se consignan en casos de violencia cometida por parejas, exparejas o familiares de las víctimas, que en varios de los casos han terminado en la comisión de feminicidios.

Finalmente, la legisladora local urgió implementar medidas más eficaces y contundentes que castiguen a los responsables y garanticen la seguridad y el bienestar de las víctimas de la violencia de género.