Legislativo

Los adultos mayores son constantes víctimas del delito de despojo, ya que derivado de su vulnerabilidad, es común que personas se aprovechen de ellos para afectarlos en su derecho de usar y disfrutar la pertenencia legítima de sus propiedades o inmuebles, por lo cual, la diputada, Luz María García, del Partido Encuentro Solidario (PES) presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para que las personas que cometan este delito se les imponga una pena de 3 a 8 años de prisión.

En Michoacán durante 2022, se registraron 879 casos del delito de despojo, que de acuerdo con el Código Penal, se trata de una usurpación ilegal, en la que empleando la amenaza o el engaño, una persona ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho que no le pertenezca.

En este sentido, la diputada del PES, detalló que en esta práctica ilegal, se utiliza la violencia física o psicológica, para tomar posesión de un predio que no es de su propiedad.

”Es necesario actualizar el marco normativo para proteger el derecho patrimonial de las personas, en particular de nuestros adultos mayores, quienes por su edad, su fragilidad física, psicológica o emocional, son una presa fácil” afirmó.

Asimismo, refirió que problemas como la corrupción de funcionarios, la invasión de grupos delictivos y el demostrar evidencias ante las autoridades son elementos que atormentan a los afectados, además de revictimizarlos.

”No hay un castigo severo, por eso propongo aumentar la pena y la multa económica, para erradicar la práctica de este delito y proteger las casas, terrenos o pertenencias de todas las personas” reiteró.

La legisladora pesista precisó, que al atender el delito de despojo, también se previene otros delitos como el fraude, pues evita que los predios invadidos sean ofertados a otros ciudadanos y se ponga en riesgo su patrimonio.

Es necesario que nuestras leyes establezcan medidas más efectivas para evitar que la falta de pago de pensiones alimenticias siga afectando a niñas y niños en Michoacán, recalcó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La también coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó este jueves una iniciativa para reformar en la materia los códigos Civil, Familia y Penal del Estado de Michoacán.

“La problemática del pago de alimentos a favor los niños, niñas y adolescentes, trae como consecuencia la inestabilidad social, hogares disfuncionales, deserción de estudiantes en los centros educativos, desnutrición, delincuencia juvenil en diferentes ámbitos, tales como drogadicción, microtráfico de drogas, robo, o prostitución infantil”.

La diputada por el Distrito de Zacapu refirió que la falta de pago de las pensiones alimenticias ataca al grupo humano más vulnerable de la sociedad que son los menores de edad, mismos que está en desventaja frente a su progenitor que en la mayoría de los casos manifiestan ser notoriamente irresponsables con el pago sus pensiones alimenticias, que además son irrisorias, respecto al costo de vida.

“Por décadas se han venido vulnerando los derechos de los menores en el pago a tiempo de las pensiones alimenticias por parte de sus progenitores, sin causa justa, dejando desprotegidos no solo a sus hijos, sino también a sus cónyuges, ocasionando a la familia núcleo fundamental de la sociedad un desequilibrio en el orden emocional, económico y social, trayendo como consecuencia desesperación por no poder cubrir con sus necesidades básicas”.

Mónica Valdez recalcó que el Estado al no preocuparse de los menores crea una inseguridad jurídica siendo su papel principal velar por los derechos de sus menores consagrados en la Constitución y en las leyes de la Niñez y Adolescencia, principios que protegen a los menores, pero al dejarlos desprotegidos sin el derecho a reclamar alimentos, no está garantizando dichos derechos e indirectamente está provocando gravísimos problemas de orden social, por lo que es necesario que exista un cambio.

A nombre del Congreso del Estado, la diputada María de la Luz Núñez Ramos dio la bienvenida a las integrantes del Parlamento de Mujeres 2023, a quienes convocó a dar su mejor esfuerzo por el bien de Michoacán.

Durante su intervención, la presidenta del Comité Organizador y de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, destacó que este Primer Parlamento sienta un precedente histórico para que la voz valiente y entusiasta de las michoacanas que claman por sus derechos y libertades, sea escuchada y tomada en cuenta.

Así, acompañada por las diputadas Liz Hernández Morales y Samanta Flores Adame, integrantes del comité y de la comisión que preside, Núñez Ramos dijo que la 75 Legislatura estará pendiente de los proyectos sociales e iniciativas que se presenten con la finalidad de convertirlas en ley, en temas como derechos sexuales y reproductivos, “a decidir con libertad responsable sobre nuestros cuerpos y en contra de toda clase de abusos y violencia hacia las mujeres”.

Así también, a otros temas en materia de desarrollo económico y sustentable, salud, educación, grupos vulnerables e indígenas, seguridad y cultura de la paz, democracia y participación ciudadana, entre otros.

Agregó que, como protagonistas de este singular ejercicio, “hoy están inaugurando una práctica democrática en la que ejercerán su derecho de hablar, ser escuchadas, y participar en la toma de decisiones que habrán de incidir en la vida pública”.

Por su parte, la diputada Liz Hernández Morales, felicitó a las integrantes y destacó que este ejercicio consiste en aprender, debatir, escuchar y compartir propuestas que permitan consolidar los derechos que garanticen la participación de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones, en condiciones de igualdad.

En tanto, la diputada Samantha Flores Adame, hizo un llamado a la sororidad de las integrantes, “hagan de cada curul un espacio en el que estén representadas todas las mujeres, construyan alianzas, sean puente de comunicación, escuchen y expresen las inquietudes propias y todas las que se propongan en el Pleno, hagan de este Parlamento de Mujeres lo mejor que nosotras sabemos hacer: responder en colectivo y construir en unidad”, subrayó.

Es necesario que en la Ley de Turismo del Estado de Michoacán se incorpore el concepto de industria turística, para potenciar sus capacidades y así fortalecerla, recalcó el diputado Víctor Manríquez González, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

El legislador presentó este jueves una iniciativa para reformar la referida norma de manera que considere como industria turística un establecimiento cuya actividad principal se relaciona con el turismo y elabore productos característicos del turismo.

“La intención es que la industria turística sea beneficiaria de las acciones para detonar programas a favor de ella, así como en la constitución, fomento, desarrollo, operación, fortalecimiento y estímulo, al igual que el otorgamiento de incentivos para incrementar su calidad y competitividad.

Recordó que la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, reporta que en México existen dos mil 500 ayuntamientos, de ellos 83 municipios forman parte del Programa de Pueblos Mágicos, siendo el estado de Michoacán el que se encuentra a la cabeza con ocho localidades inscritas: Pátzcuaro, Cuitzeo, Tlalpujahua, Santa Clara del Cobre, Angangueo, Tacámbaro, Tzintzuntzan y Jiquilpan.

“El turismo permite generar empleos e ingresos para las familias dedicadas a esta actividad. En México, el turismo representa el nueve por ciento del Producto Interno”.

Víctor Manríquez subrayó que tanto para el gobierno federal, para los gobiernos locales, los empresarios y la sociedad, en nuestro país el turismo ocupa un lugar central en el flujo de dinero, por lo que se debe permitir aprovechar el potencial turístico de nuestro país sobre todo en nuestro Estado de Michoacán.

Con el fin de evitar que nuevas administraciones hereden un cúmulo de procedimientos administrativos de ejecución, es necesario agilizar la entrega-recepción en los municipios, subrayó el diputado Víctor Zurita Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

El legislador presentó este jueves ante el Pleno del Congreso, una iniciativa para reformar el Código Fiscal Municipal del Estado, con la intención de que los créditos fiscales derivados de las multas de tránsito que no hayan sido cobrados, prescriban al salir la administración municipal que las impuso.

“Asimismo se prevé que se haga el registro de cancelación para que dejen de formar parte de los bienes, valores, derechos y documentos de la entrega-recepción, ya que ello conlleva el traslado de responsabilidades y obligaciones”.

Víctor Zurita refirió que resulta prácticamente imposible revisar el estado que guarda cada infracción, además de toda la información que conlleva el acto de entrega-recepción, en el cual se contiene la información, documentación, administración, recursos materiales, recursos humanos y financieros de la administración que se entrega, de la cual sólo se cuenta con un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores al referido acto.

“La falta de políticas y programas de educación vial, balizamiento y señalética adecuada por parte de los municipios, quienes no cumplen con lo mandatado por la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, ha dado como resultado un aumento desmedido en el número de infracciones de tránsito impuestas por parte de los municipios, que en la mayoría de los casos no son cobradas y su ejecución es heredada a las nuevas administraciones, mediante la entrega-recepción”.

Por carecer de sentido su existencia luego de que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ha retornado a depender económica y administrativamente del Congreso, carece de sentido la existencia y gasto que se realiza de la Unidad de Evaluación y Control, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello la diputada por el Distrito de Puruándiro, presentó este jueves una iniciativa para suprimir dicha Unidad, abrogando su Reglamento Interior.

“La Unidad de Evaluación y Control debe extinguirse y los recursos que de ello se liberen, utilizarse para la profesionalización del personal de la ASM, para el mejoramiento de las auditorías y la obtención de mejores resultados de la fiscalización que se hace cada año”.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, la legisladora denunció el embate que desde varias esferas del poder está sufriendo la Auditoría Superior de Michoacán, “es un ataque al que es nuestro propio órgano técnico y que tiene como principal función fiscalizar el dinero público que es el dinero de todos los michoacanos”.

Subrayó que en los últimos años se había logrado un proceso de mejoramiento de las condiciones laborales de los empleados, muchos de ellos están cursando maestrías y diplomados, también se habían mejorado los perfiles contratados logrando con ello una plantilla más profesional.

“Pero ese fue el problema para algunos, la profesionalización de la actividad fiscalizadora propició mejores auditorías y eso no le convino a aquellos que prefieren la ineptitud, expedientes incompletos o auditorías mal hechas.

“También se pretende que la Auditoría, nuevamente, se convierta en una agencia de colocación de personal allegado a los diputados, fue por eso que cuando ya no les bastaba con llenar personal sin perfil a este órgano técnico se creó uno más, la unidad de evaluación y control, es un órgano paralelo a la auditoría que no ha hecho más que cumplir ese propósito de colocación de personal no calificado”.

La también integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática recalcó que lo que no calcularon en la campaña de golpeteo es que al quitarle la autonomía y al regresar la dependencia financiera de la Auditoría al Congreso del Estado, también dejan fuera la razón de ser de la Unidad de Evaluación y Control, es decir, si la Auditoría vuelve a ser parte del Congreso, es la Contraloría del Congreso del Estado el ente encargado de su vigilancia.

Con el propósito de formalizar y hacer valer los derechos laborales de los trabajadores, la Diputada Local del Partido del Trabajo, Mayela Salas Saénz presentó una iniciativa para que se añada como requisito que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, formalicen sus actividades con sus empleados, para poder acceder a programas económicos y estímulos que implemente la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán.

Durante su exposición de motivos, la legisladora petista expuso datos del Instituto Mexicano del Seguro Social de diciembre de 2022, donde apenas uno de cada cuatro trabajadores en nuestra entidad cuenta con afiliación al IMSS y con seguridad social, lo que significa que el resto de los empleados, labora bajo la informalidad.

“Esta informalidad de los patrones, además de afectar la seguridad social de los trabajadores de nuestra entidad, también provoca una grave falta de ingresos fiscales por el concepto del pago del 3% del impuesto de nómina y asimilables a las arcas públicas estatales.”

Salas Saénz, señaló que las PYMES y grandes empresas, solicitan una serie de peticiones a los gobiernos, con la condición de invertir y generar empleos, sin embargo, estas ofertas no cumplen con lo marcado por la Ley, lo que se traduce en una serie de faltas y salarios mal remunerados, por tal motivo esta situación debe cambiar en favor de los trabadores.

“Las Pymes y las grandes empresas quieren subsidios, condiciones, financiamientos, obra, terrenos y espacios para instalarse u operar en nuestra entidad, pero apenas afilian a uno de cada cuatro de sus empleados al IMSS, y muchas evaden claramente con ello el monto de lo que les corresponde del pago de impuestos estatales aun cuando estos sean ínfimos, pero que ya en conjunto y si se pagara lo adecuado, serían un gran aporte a las finanzas públicas estatales”.

Por tal motivo, la representante de Uruapan Norte busca adicionar al artículo 30 de la Ley de Desarrollo Económico del Estado, que se adicione como requisito tener al total de sus empleados afiliados al IMSS, estar dados de Alta en el sistema tributario local y estar al corriente en sus obligaciones fiscales estatales, para potenciar y beneficiar de manera integral a todo nuestro estado.

El Congreso de Michoacán aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el cual perros en situación de calle serán entrenados para servir como asistentes emocionales para personas con necesidades especiales.

Lo anterior tras validarse la iniciativa con proyecto de decreto propuesta por el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, la cual fue aprobada en sesión ordinaria del Congreso local.

La iniciativa plantea la creación del Programa Estatal de Reinserción Canina como mecanismo para la inclusión y reinserción de los canes a la sociedad con fines de asistencia, terapéuticos, educativos, de seguridad pública e investigación policíaca.

“Agradezco mucho la voluntad y respaldo de mis compañeros legisladores para sacar adelante esta iniciativa, la cual tiene causas muy nobles y en beneficio de nuestra sociedad”, apuntó.

A través de este programa se llevará a cabo la implementación y desarrollo de acciones para la capacitación y adiestramiento de la población canina por parte del Estado, toda vez que su objetivo central será el de proporcionar interacciones positivas entre la sociedad y los canes a través de la incorporación del talento y las características propias de estos con fines de utilidad pública y social.

De igual manera contribuir al proceso de recuperación de las personas con necesidades especiales del orden asistencial, terapéutico y educativo, mejorando las condiciones de salud y seguridad de la ciudadanía al reducir la sobrepoblación canina, ofreciéndoles una oportunidad de vida y trato digno.

La 75 Legislatura aprobó reformas a la Ley de Derechos y Protección para los Animales, en la que se establece la creación del Programa Estatal de Reinserción Canina, como un mecanismo para la inclusión de perros, en condición de abandono, a la sociedad, con fines de asistencia, terapéuticos, educativos, de seguridad pública e investigación policiaca.

De esta forma, el dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, refiere que el programa está dirigido a brindar una oportunidad de vida y trato digno a los canes en situación de calle para que puedan contribuir al proceso de recuperación de las personas con necesidades especiales.

En este contexto, los ayuntamientos serán los encargados de operar el Programa Estatal de Reinserción Canina a través de sus unidades de control canino o análogas, de acuerdo a lo estipulado en la ley.

Para tal efecto, el Ejecutivo del Estado destinará los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a sus posibilidades, para el desarrollo del programa en referencia.

Asimismo, plantea que para el desarrollo del programa, las unidades municipales podrán solicitar el apoyo de la sociedad civil organizada.

De igual forma, señala que el proceso de reinserción canina, a través de su adiestramiento e instrucción, se basará en la alteración de la conducta del animal realizada por profesionales, con la finalidad de acondicionarlo para llevar a cabo rutinas con fines de asistencia, terapéuticos, de seguridad, auxilio, investigación o apoyo policiaco.

Con ese propósito, se establecen los lineamientos para llevar a cabo el proceso de detección, canalización, instrucción y adiestramiento de los canes, destacando, que solo serán elegibles para el programa aquellos que, en condición de calle, sean recuperados por las autoridades municipales competentes.

Añade también, que el adiestramiento, instrucción y preparación canina será realizado por profesionales especializados y capacitados en las materias de medicina veterinaria, biología o carreras afines.