Legislativo

Con la finalidad de fomentar el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana, en todos los niveles y modalidades educativas, así como en los procesos de formación docente, el Congreso del Estado aprobó con 23 votos a favor, una reforma al artículo 22 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán.

En el dictamen presentado por la Comisión de Educación y aprobado por las y los diputados de la 76 Legislatura, se estableció que “la Secretaría de Educación adecuará su reglamentación conforme a este decreto en un término de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto”.

Con esta reforma, se promueve la inclusión en el Estado, lo cual fomenta la empatía en los ciudadanos, garantizando una sociedad inclusiva y con ello, un Michoacán más inclusivo, toda vez que, la implementación de esta propuesta no trae más que beneficios, tanto personales como sociales ya que en algún momento se pretende que ya no se hable de Inclusión si no de convivencia social.

Es importante señalar que, si bien no es obligatorio hablar Lengua de Señas, no hablarlo puede tener diversas consecuencias, que como ya se mencionó anteriormente, podría tener repercusión para su integración e incluso discriminación social.

En el marco de la sesión ordinaria, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Abraham Espinoza Villa, presentó una iniciativa para reformar el Código Familiar, la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley de Mejora Regulatoria del Estado, con el objetivo de establecer que las copias certificadas de las actas del estado civil, en particular las actas de nacimiento, tengan vigencia permanente y no puedan ser rechazadas por autoridades bajo el argumento de su antigüedad.

Desde la máxima tribuna, el legislador explicó que la propuesta nace de una realidad cotidiana que viven miles de familias michoacanas: el absurdo requisito de tener que tramitar una nueva copia del acta de nacimiento, pese a que el original certificado se encuentra en perfectas condiciones, solo por haber sido expedido hace más de cierto tiempo.

“El nacimiento es un hecho histórico e irreversible. El acta que lo certifica no caduca porque la vida de esa persona no caduca. Y sin embargo, hoy en Michoacán, miles de ciudadanos enfrentan una barrera absurda: la fecha de expedición de su documento”, señaló Espinoza Villa.

El diputado denunció que actualmente existe una discrecionalidad inaceptable, pues mientras algunos funcionarios rechazan actas con más de unos meses de antigüedad, en la ventanilla de al lado las aceptan sin problema. Esta situación, destacó, afecta con mayor dureza a las familias de comunidades rurales que deben viajar horas hasta una oficialía, a los adultos mayores que dependen de terceros para realizar trámites y a los jóvenes que pierden oportunidades laborales por no contar con un “acta reciente”.

“El Estado debe servir al ciudadano, no al revés. No podemos seguir condicionando el acceso a servicios públicos a la compra periódica de un papel que el ciudadano ya tiene en su mano”, enfatizó.

La iniciativa se suma a una tendencia nacional que busca garantizar el derecho a la identidad sin plazos arbitrarios. El diputado recordó que Oaxaca reformó su Código Civil en 2019 para establecer expresamente que las actas de nacimiento no están sujetas a caducidad, mientras que Guerrero aprobó por unanimidad en enero de 2024 que sus actas certificadas tienen vigencia indeterminada.

“Michoacán no puede quedarse atrás. El derecho a la identidad no tiene fecha de vencimiento”, subrayó.

La propuesta presentada por el legislador del PVEM plantea, de manera explícita y sin lugar a interpretaciones, que ninguna autoridad podrá rechazar las copias certificadas de las actas del estado civil mientras sean legibles y no presenten alteraciones. Asimismo, se establece que el acceso a los servicios públicos no podrá condicionarse a la obtención de un nuevo documento si el ciudadano ya cuenta con una copia certificada vigente.

“Queremos que quienes lleguen al Congreso hayan pedido el voto y hayan dado la cara a la ciudadanía”, señaló Octavio Ocampo al presentar ante el Pleno de la 76 Legislatura una iniciativa para modificar la forma en que se asignan las diputaciones plurinominales en Michoacán.

El legislador del PRD explicó que su propuesta busca que estos espacios sean ocupados por candidatas y candidatos que participaron en la elección, aunque no hayan ganado, pero que obtuvieron más votos dentro de su partido.

Actualmente, algunas diputaciones se asignan mediante listas registradas por los partidos políticos. Con la iniciativa presentada, esas posiciones se otorgarían a quienes compitieron directamente en los distritos electorales y lograron respaldo ciudadano. Para ello, la propuesta plantea reformar la Constitución local y el Código Electoral del Estado para que las curules plurinominales se definan con base en los resultados de la votación.

“Esta reforma busca que el Congreso esté integrado por personas que hayan recorrido el territorio y escuchado a la ciudadanía”, explicó Ocampo durante su intervención. El legislador señaló que el objetivo es que quienes ocupen estos espacios hayan participado en campaña y tengan votos comprobables, manteniendo la representación de los distintos partidos políticos.

“Cuando alguien participa en la elección, también asume el compromiso de responder a la gente”, agregó. De aprobarse la iniciativa, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ordenaría a las candidaturas que no ganaron según el porcentaje de votos obtenidos, y con base en esa lista se asignarían las diputaciones plurinominales, fortaleciendo el vínculo entre representantes y ciudadanía.

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El diputado local Alfonso “Poncho” Chávez presentó una iniciativa para reformar el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de que los procesos de entrega–recepción entre administraciones se realicen con reglas claras, preparación oportuna y mayor orden, evitando afectaciones a la continuidad del servicio público.

El legislador expuso que el cambio de administración municipal es uno de los momentos más delicados para los gobiernos locales, porque implica transferir responsabilidades, recursos, bienes, información administrativa y compromisos legales; cuando esto no se realiza de manera ordenada y transparente, se generan problemas de gobernabilidad como expedientes desorganizados, información incompleta, retrasos y observaciones en fiscalización. 

Chávez señaló que, en la práctica, la capacitación sobre entrega–recepción suele darse muy cerca del cierre de la administración, justo cuando los ayuntamientos enfrentan simultáneamente otras obligaciones institucionales como fiscalización, informes de gobierno y cierre administrativo-presupuestal, lo que provoca sobrecarga en áreas clave y pone en riesgo la correcta integración del expediente. 

Por ello, la propuesta establece momentos específicos y anticipados: que la Auditoría Superior de Michoacán emita lineamientos a más tardar en enero del año de renovación de ayuntamientos y que la capacitación se realice en marzo y abril, para que las administraciones cuenten con tiempo suficiente para organizar, integrar y validar la información, reduciendo omisiones e inconsistencias. 

Finalmente, el diputado subrayó que fortalecer la entrega–recepción es fortalecer la confianza ciudadana y llamó a analizar y respaldar esta reforma, orientada a mejorar la planeación administrativa y garantizar que las autoridades salientes entreguen de manera ordenada y que las entrantes reciban información completa, verificable y útil para iniciar su gestión.

El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura especificó en la Ley de Salud que los cargos administrativos de primer nivel dentro del sector salud deberán ser ocupados por profesionistas con título y cédula profesional, con experiencia y con la capacidad técnica para desempeñarlo.

En Sesión extraordinaria, las y los legisladores michoacanos votaron a favor del Dictamen presentado por la Comisión de Salud y Asistencia Social sobre la iniciativa de Alejandro Iván Arévalo Vera, mediante la cual se adiciona el artículo 14 Bis de la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo cuya premisa parte de que el sistema de salud no se sostiene únicamente en la labor médica, sino en la participación articulada de diversos perfiles profesionales.

Así mismo, que la gestión pública sanitaria requiere un enfoque interdisciplinario que reconozca el mérito, la formación y la experiencia de otros profesionistas del sector salud, particularmente en funciones directivas, de coordinación y administración.

Conforme al Dictamen, Ley de Salud ahora señala que los cargos administrativos de primer nivel dentro del sector salud estatal, incluyendo direcciones, subdirecciones, coordinaciones y jefaturas de área en hospitales, jurisdicciones sanitarias y unidades administrativas, podrán ser desempeñados por profesionistas con título y cédula profesional en alguna rama de las ciencias de la salud, siempre que cumplan con el perfil, la experiencia, la capacidad técnica y los demás requisitos establecidos en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

En las Consideraciones del mismo, la Comisión de Salud y Asistencia Social planteó que la concentración histórica de cargos directivos o administrativos de primer nivel se ha dado en un solo perfil profesional, particularmente el médico, aun cuando la función administrativa y de gestión pública requiere también competencias en planeación, liderazgo organizacional, administración de recursos, operación institucional y coordinación intersectorial.

“En ese sentido, esta Comisión estima jurídicamente válido fortalecer un modelo de acceso basado en mérito, perfil, experiencia y competencia, sin exclusiones injustificadas por razón de disciplina profesional, siempre que se trate de profesionistas del ámbito de las ciencias de la salud”, precisó.

Así mismo, señalaron que con la adición del artículo, se busca ampliar el marco de elegibilidad para cargos administrativos de primer nivel en instituciones del sector salud, sin desplazar a ningún gremio, sino evitando restricciones de acceso que no deriven de criterios objetivos de capacidad, formación o idoneidad.

De igual forma, dicha Comisión señaló que la redacción reconoce la elegibilidad de profesionistas de las ciencias de la salud para ocupar cargos administrativos de primer nivel, pero que al mismo tiempo preserva la rectoría institucional, la exigencia de idoneidad y la observancia del marco normativo correspondiente.

Ahora por ley, las instituciones educativas de nivel superior deberán garantizar el acceso a los servicios educativos a por lo menos un diez por ciento de su matrícula escolar a personas en situación de vulnerabilidad en Michoacán.

Lo anterior, luego que el Pleno de la 76 Legislatura aprobara el dictamen presentado por la Comisión de Educación mediante el cual de reforma el artículo 74 de la Ley de Educación del Estado.

Asimismo, se estableció que la educación superior en Michoacán debe garantizar la igualdad de oportunidades para toda la población, sin segregar a nadie por ningún motivo; con ello, cumplir con el compromiso que se tiene en la educación de generar las condiciones para que todas y todos puedan cursar el nivel superior.

Es así como, las diputadas y los diputados del Congreso de Michoacán, abonan a eliminar las barreras que persisten para algunos grupos en situación de vulnerabilidad, para estudiar una carrera profesional y prepararse mediante estudios de universitarios.

Con la aprobación de la reforma, el Poder Legislativo cierra brechas de desigualdades, al generar campo parejo y brindar las mayores oportunidades para que los jóvenes que así lo deseen, puedan encausar sus deseos de continuar sus estudios profesionales, en cualquier institución de nivel superior que tenga la oferta educativa de su interés.

Finalmente, las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura establecieron que las institucionales educativas de nivel superior del Estado y la autoridad educativa estatal tendrán que implementar dicho porcentaje en un máximo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto y establecerlo en su reglamentación correspondiente para su aplicación en el ciclo escolar 2026-2027.

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El diputado local de Morena y presidente del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, Juan Pablo Celis, hizo un llamado a la calma ante la propuesta de ajuste presupuestal en el Poder Legislativo, al asegurar que el proceso será responsable, gradual y sin afectar a la base trabajadora.

El legislador dejó en claro que la ruta es firme: eliminar privilegios y canonjías, sin poner en riesgo los derechos de quienes hacen posible el funcionamiento diario del Congreso.

“Que haya tranquilidad. No vamos contra las y los trabajadores, ni contra los medios de comunicación. Vamos contra las canonjías y los privilegios que durante años se permitieron. Y sí, eso se va a terminar, aunque a algunos no les guste”, afirmó.

Juan Pablo Celis subrayó que Michoacán vive un momento distinto, en el que la austeridad y la congruencia son una exigencia social.

“Estamos en otro momento histórico, distinto; se acabaron esos tiempos donde solo se veían los beneficios de los diputados. Hoy el compromiso es con la gente y con el uso responsable del dinero público”, expresó.

El diputado puntualizó que el ajuste presupuestal no puede posponerse para futuras legislaturas y debe comenzar en la actual, con una implementación ordenada.

“El ajuste debe iniciar en esta Legislatura. Será gradual, transparente y siempre garantizando los derechos laborales. No se trata de afectar, sino de corregir excesos”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que la bancada de Morena impulsará esta transformación con convicción y responsabilidad.

“Vamos sí o sí por el Plan B y por la reducción presupuestal. Es una convicción de nuestro movimiento y la vamos a llevar a cabo con orden, sin improvisaciones y con respeto a la ley”, señaló.

Finalmente, Juan Pablo Celis enfatizó que hacer más eficiente al Congreso no implica gastar más, sino administrar mejor los recursos públicos.

“Hacer más eficiente al Congreso no necesariamente es más gasto. Es poner orden, eliminar privilegios y responderle a la gente. Ese es el camino y lo vamos a seguir con firmeza y responsabilidad”, concluyó.

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Que las iniciativas sean dictaminadas en máximo 30 días hábiles es la propuesta de la diputada local Ana Vanessa Caratachea Sánchez ante el rezago legislativo y el veto parlamentario.

Durante la sesión extraordinaria de este miércoles, la diputada de La Piedad expuso que actualmente son muchas las iniciativas que ni se discuten ni se rechazan y ni siquiera se votan, pues permanecen congeladas en comisiones, lo cual constituye una especie de veto contra algunos diputados.

“Cuando una iniciativa se queda sin dictamen, no sólo se detiene un trámite legislativo, se posterga una respuesta a la sociedad”, señaló.

La Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado prevé un plazo de 180 días y se pueden pedir prórrogas. De aprobarse la propuesta de Vanessa Caratachea, se permitiría una sola prórroga y se generarían obligaciones para dictaminar “sí o sí”.

“Porque el problema no siempre está en lo que se discute en este pleno, muchas veces el verdadero problema está en lo que nunca llega a discutirse”, justificó.

La propuesta de la diputada del PAN es que además se registren las fechas de turno y prórrogas y se instituya el concepto de caducidad legislativa para obligar a la resolución de iniciativas.

Vanessa Caratachea enfatizó que legislar no es sólo presentar iniciativas, porque eso sería simulación.

Con el principal objetivo de fortalecer la agenda legislativa, las y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 76 Legislatura, sostuvieron un encuentro con integrantes del Foro de Colegio de Profesionistas de Michoacán, quienes propusieron a los legisladores firmar un convenio de colaboración institucional.

En ese sentido, la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, celebró este encuentro que se realizó con los profesionistas de Michoacán, que ha decir de la legisladora “el apoyo de los diversos colegios de profesionistas, jugará un papel muy importante en el trabajo de comisiones, para fortalecer desde diferentes perspectivas el trabajo legislativo”, subrayó.

En su intervención, el diputado Reyes Galindo precisó que para la actual Legislatura siempre estará abierta al diálogo, a fin que este ejercicio fortalezca el vínculo entre sociedad y autoridades, “contar con la aportación técnica, científica y profesional, es una pauta que ya lo marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que las decisiones de este tengan mayor legitimidad”, expresó.

Por su parte, la diputada Brissa Arroyo Martínez destacó este encuentro honra el lema de la 76 Legislatura al ser un Parlamento abierto en donde cada voz importa y cada idea cuenta, «escuchar y llevarnos las mejores ideas de todos los sectores y encontrar coincidencias en pro de las y los michoacanos», dijo.

De igual forma, el diputado Marco Polo Aguirre recordó que en pasadas legislaturas este tipo de convenios con el Colegio de Profesionistas ha dado buenos resultados, y ejemplificó el proceso de selección del titular de la Auditoria Superior de Michoacán, en el cual, el Colegio de Contadores ayudó con la elaboración de reactivos para el examen de selección.

Los diputados Antonio Salas Valencia y Abraham Espinoza Villa, coincidieron en la importancia de tener contacto con los diferentes sectores; ya que, el resultado de estas reuniones es la base para una programación anual del trabajo legislativo.

Finalmente, Diego Romeo Chávez Hernández, presidente del Foro de Colegio de Profesionistas de Michoacán, señaló que el convenio que proponen se basa en tres ejes principales: asesorías técnicas especializadas; vinculación multidisciplinaria a través de mesas de trabajo por áreas de conocimiento; y, participación social organizada, en temas como salud, derecho, ciencia, entre otros, todo para impulsar el desarrollo de Michoacán.