Legislativo

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada y coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Sandra Arreola Ruiz, presentó un posicionamiento para impulsar la denominada “Ley Cazzu”, una iniciativa que busca garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes cuando exista abandono parental.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora reconoció el esfuerzo de las madres jefas de familia, a quienes calificó como uno de los pilares más importantes de la sociedad mexicana.

“Quiero comenzar reconociendo y honrando a las mujeres más luchonas, más trabajadoras y más fuertes que tiene nuestro país: las madres jefas del hogar, mujeres que todos los días sostienen su hogar con un amor que no conoce descanso”, expresó.

Arreola Ruiz señaló que en Michoacán existen más de 1.3 millones de mujeres que son madres, y advirtió que una gran parte de ellas enfrenta la crianza de sus hijos sin el apoyo del padre. En ese sentido, destacó que más de 410 mil hombres son deudores alimentarios, quienes han abandonado sus responsabilidades parentales.

La legisladora explicó que actualmente muchas madres enfrentan obstáculos legales para realizar trámites fundamentales para sus hijos, como la obtención de pasaportes o permisos de viaje, debido a que la ley exige la autorización del padre, incluso cuando este no participa en la crianza ni cumple con sus obligaciones.

“Quien cuida, quien educa y quien sostiene el hogar tiene que pedir permiso, mientras quien decidió no estar conserva el poder de decir que no”, subrayó.

La propuesta, conocida como “Ley Cazzu”, toma su nombre de un caso mediático que visibilizó las dificultades que enfrentan muchas mujeres para realizar trámites de movilidad de sus hijos tras una separación, cuando el padre es ausente o deudor alimentario.

La diputada aclaró que el objetivo no es personalizar el problema, sino visibilizar una realidad que afecta a miles de mujeres y niñas y niños en el país.

Por ello, la iniciativa plantea que el Congreso de Michoacán remita al Congreso de la Unión una reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de garantizar el derecho a la movilidad de menores cuando exista abandono parental y que el interés superior de la niñez sea el criterio central en estos procedimientos.

Asimismo, propone establecer mecanismos ágiles y accesibles para que quien ejerce la guarda y custodia pueda obtener autorizaciones de movilidad cuando el otro progenitor haya incumplido reiteradamente con sus obligaciones de crianza, alimentos o convivencia.

“La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control cuando las responsabilidades que le dan sentido han sido abandonadas”, enfatizó.

Finalmente, Sandra Arreola hizo un llamado a colocar en el centro de las decisiones públicas la justicia para las madres jefas de familia y la protección de la niñez.

“Que todos los padres deudores e irresponsables nos escuchen: si abandonan, nunca más tendrán el poder para decidir sobre la vida de quienes sí merecen todas las oportunidades”, concluyó.

En cumplimiento de la ley, las y los integrantes del Congreso del Estado aprobaron los dictámenes con las glosas correspondientes a los rubros de protección a la niñez y adolescencia; así como, de desarrollo rural, y Fortalecimiento municipal y límites territoriales del Cuarto Informe del estado que guarda la Administración Pública del Estado.

En este sentido, la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia sugirió al Titular del Poder Ejecutivo Estatal consolidar y ampliar las acciones reportadas en la materia, mediante un plan estratégico integral, con metas claras, medibles y diferenciadas por región.

Asimismo, lo exhortó a poner en marcha, a la brevedad, el Centro de Justicia de Protección a la Niñez y Adolescencia de Michoacán; y, diseñar e implementar una estrategia integral y diferenciada para la protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia generalizada, criminalidad y desplazamiento.

De igual forma, las y los legisladores solicitaron a la Secretaría de Educación en el Estado que revise y verifique en qué escuelas existe suficiencia de maestras y maestros y en cuáles se presentan vacantes o carencias de personal docente, lo cual deberá informarles a los mismos sobre las acciones implementadas para garantizar el derecho a la educación.

Además, consideraron necesaria una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Pública del Estado, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de prevención del delito, protección de entornos seguros y atención integral a niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia.

Paralelamente en la sesión extraordinaria fue avalado el dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Rural, con la glosa del 4° Informe de Gobierno; en el cual, coincidieron las y los legisladores que el trabajo de un gobierno estatal para promover la agricultura debe ser integral, estratégico y sostenible, atendiendo tanto la producción como la comercialización, el bienestar rural y el cuidado ambiental.

“La agricultura en nuestro estado debe seguir avanzando cada vez más hacia una planeación y planteamiento de políticas públicas claras y precisas; el impulso de programas de subsidio, financiamiento y seguros de protección; fomentar las energías renovables en el campo; la apertura de mercados nacionales e internacionales”, entre otros destaca el documento.

Por su parte, el dictamen presentado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado para que, en los subsecuentes informes y en la implementación de las políticas públicas con impacto municipal, se incorporen mecanismos más claros de evaluación de resultados, indicadores de fortalecimiento institucional y criterios de priorización territorial.

Lo anterior, con el fin de contar con mayores elementos para valorar el impacto directo en la autonomía, capacidades administrativas y desarrollo integral de los municipios; asimismo, se insta a continuar fortaleciendo los procesos de coordinación técnica y capacitación institucional dirigidos a los ayuntamientos y comunidades con autogobierno, con el propósito de consolidar su planeación estratégica, rendición de cuentas y sostenibilidad administrativa.

Con la finalidad de fomentar la participación activa de los padres monoparentales en las actividades de sus hijos, las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura, aprobaron adicionar un párrafo al artículo 122 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo.

Al aprobarse en Sesión Extraordinaria el Dictamen elaborado por la Comisión de Educación sobre la iniciativa de la diputada Itzé Camacho Zapiaín, se estableció en el marco jurídico que las autoridades educativas del Estado fomentarán la participación activa y equitativa de madres, padres y personas tutoras en las actividades escolares, culturales y comunitarias, asegurando condiciones de igualdad y evitando cualquier forma de exclusión por estructura familiar o razones de género.

En el artículo quedó establecido que particularmente, promoverán acciones que reconozcan y fortalezcan el rol de madres y padres que ejerzan la maternidad y la paternidad de manera individual.

En el Dictamen, la Comisión de Educación precisó la importancia de fomentar la involucración y participación activa de los padres monoparentales en la vida de sus hijas e hijos en las actividades escolares, culturales y comunitarias asegurando condiciones de igualdad y evitar cualquier forma de exclusión por razones de género o estructura familiar.

En su Exposición de Motivos Diputada, María Itzé Camacho Zapiaín, precisó que en las últimas décadas, el papel de los padres en la crianza ha cobrado una visibilidad creciente tanto en los hogares como en el diseño de políticas públicas.

Detalló que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen más de 800,000 hogares encabezados por hombres que ejercen la paternidad sin la presencia de una figura materna, de tal forma que el 18% de los hogares en el país son monoparentales, y ello “da cuenta de una realidad familiar que ha sido históricamente invisibilizada por las instituciones”.

De igual forma, precisó que diversas investigaciones han confirmado que la participación activa de los padres en la vida de sus hijas e hijos tiene efectos positivos en su desarrollo emocional, cognitivo y social.

“Cuando un padre se involucra de forma cercana y constante, se fortalece el sentido de seguridad, la autoestima y las habilidades socioemocionales de la niñez. Esta influencia es particularmente importante cuando los hombres ejercen la crianza de manera individual, ya que su rol integra tanto la dimensión afectiva como la responsabilidad económica y educativa, en muchas ocasiones sin redes institucionales que los respalden”, se puntualizó en la iniciativa de la legisladora.

Con reforma a la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental, el Pleno del Poder Legislativo determinó que el Estado, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, los municipios y las instancias competentes, podrá promover acciones de conservación, restauración y educación ambiental sobre los ecosistemas hídricos, considerando su importancia ambiental, social, cultural y económica.

Lo anterior, luego de aprobar la adición del artículo 104 Bis de la citada ley con la finalidad de atender no sólo un problema ambiental, sino también garantizar la protección de un patrimonio natural y cultural que constituye la base del desarrollo sostenible de Michoacán y de las futuras generaciones.

Conforme al Dictamen puesto a consideración de las y los legisladores por parte de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente sobre la propuesta de Juan Carlos Barragán Vélez, con la reforma jurídica, se refuerza la conciencia colectiva sobre el valor estratégico del agua y se ofrece un marco jurídico que respalde esfuerzos comunitarios y gubernamentales sin imponer cargas financieras adicionales.

En las Consideraciones del mismo quedó establecido que en las últimas décadas se ha dado una degradación alarmante de los ecosistemas como resultado de prácticas insostenibles y del impacto creciente del cambio climático, lo que ha derivado en una crisis ambiental que amenaza la seguridad hídrica, alimentaria y climática en México.

“Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta problemática es el Lago de Pátzcuaro, un cuerpo de agua con un valor histórico, cultural y ecológico incalculable, durante siglos ha sido un pilar para las comunidades purépechas, pero hoy enfrenta un deterioro progresivo causado por la deforestación, la contaminación, la sedimentación y las variaciones en el clima”, explicó el legislador.

También estableció que a nivel nacional, se estima que el 70% de los ríos y lagos presenta algún grado de contaminación y que más del 40% de los humedales se ha perdido en las últimas cinco décadas.

“Esta realidad agrava la competencia por el agua, disminuye la resiliencia de las comunidades frente a sequías e inundaciones y pone en riesgo la salud pública, la economía y la estabilidad social, especialmente en las regiones más vulnerables” sustentó.

Agregó que frente a ello, la conservación y restauración de los ecosistemas hídricos debe asumirse como una tarea prioritaria, mediante políticas integrales que incluyan reforestación, saneamiento, educación ambiental y participación ciudadana.

“La participación de la sociedad civil y las comunidades locales resulta decisiva. Ellas son las principales beneficiarias de los servicios ecosistémicos y, al mismo tiempo, actores estratégicos para su conservación. Promover una cultura ambiental sólida, campañas de sensibilización y programas de participación comunitaria constituye la vía más efectiva para garantizar la sostenibilidad de las acciones”, explicó.

Con el objetivo de establecer un marco legal que garantice el uso responsable de la tecnología y la protección de los derechos humanos, la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial del Estado de Michoacán.

La legisladora señaló que la inteligencia artificial ya forma parte de diversos ámbitos de la vida cotidiana, desde servicios digitales hasta procesos administrativos y productivos, por lo que consideró indispensable que el estado cuente con reglas claras que permitan aprovechar sus beneficios sin descuidar la protección de las personas.

La propuesta plantea fomentar un uso responsable de la inteligencia artificial, sin limitar el desarrollo tecnológico, sino generando condiciones que permitan utilizar esta herramienta en beneficio de la sociedad. En ese sentido, la iniciativa busca impulsar su aplicación para mejorar los servicios públicos, fortalecer los procesos administrativos e incentivar el desarrollo económico y tecnológico de Michoacán.

Asimismo, el proyecto establece principios rectores para el uso de la IA, entre los que destacan la transparencia en los sistemas automatizados, la protección de datos personales y la privacidad, la supervisión humana en decisiones de alto impacto y la prevención de prácticas discriminatorias o sesgos algorítmicos que puedan afectar a las personas.

De igual forma, la iniciativa contempla mecanismos institucionales para su supervisión, entre ellos la creación del Consejo Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial, el establecimiento de un Registro Estatal de Sistemas de IA y la promoción de un Centro de Innovación en Inteligencia Artificial que impulse la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de talento especializado en el estado.

Xóchitl Ruiz González subrayó que actualmente México no cuenta con una legislación nacional integral en esta materia, por lo que Michoacán tiene la oportunidad de colocarse a la vanguardia en la construcción de un marco normativo que permita aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial con responsabilidad.

“La tecnología avanza a gran velocidad; regularla hoy es asegurar que su desarrollo se construya con ética, transparencia y respeto a la dignidad humana”, concluyó la diputada.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, presentó una iniciativa de reforma electoral que contempla fortalecer la participación política de las y los migrantes de Michoacán, con el objetivo de que su voz también tenga representación en la integración del Poder Legislativo estatal.

Durante la presentación de la propuesta, Fabiola Alanís subrayó que Michoacán es uno de los estados con mayor presencia migrante en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, donde millones de michoacanas y michoacanos mantienen un vínculo permanente con sus comunidades de origen.

“Las y los migrantes no solo sostienen la economía de muchas familias con su trabajo y sus remesas; también sostienen el tejido social, cultural y comunitario de nuestro estado. Su voz debe estar presente en las decisiones públicas de Michoacán”, afirmó.

La legisladora explicó que esta propuesta forma parte de la iniciativa de reforma electoral presentada en el Congreso local, alineada con el proceso de transformación democrática que vive el país bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El objetivo, dijo, es avanzar hacia un sistema político más incluyente, que reconozca plenamente los derechos políticos de las comunidades migrantes y su papel fundamental en el desarrollo del estado.

“Hablar de migración en Michoacán es hablar de familias, de comunidades enteras que han construido puentes entre dos países. Es hablar de un pueblo trabajador que nunca ha dejado de pensar en su tierra”, señaló.

Fabiola Alanís destacó que la iniciativa busca que la participación política de las y los michoacanos en el exterior no se limite únicamente al voto, sino que también pueda reflejarse en la representación dentro del Congreso del Estado.

“Si las y los migrantes son parte esencial de nuestra historia, de nuestra economía y de nuestra identidad, también deben ser parte de nuestras decisiones públicas”, expresó.

Finalmente, la diputada reiteró que la reforma electoral que impulsa busca fortalecer la democracia en Michoacán mediante mayor transparencia, inclusión y participación ciudadana.

“Reconocer políticamente a nuestras comunidades migrantes es un acto de justicia y de reconocimiento a quienes, aun lejos de su tierra, siguen construyendo el presente y el futuro de Michoacán”, concluyó.

El pleno del Congreso del Estado aprobó la iniciativa de reforma de la Ley Estatal de Educación en el Nivel Medio Superior y la Formación para el Trabajo, presentada por el diputado David Martínez Gowman, que establece que se deberán de incorporar los contenidos mínimos en materia de educación financiera que habrán de integrarse transversalmente en el plan de estudios de nivel medio superior.

De esta forma, la educación en el nivel medio superior incluirá la orientación vocacional para la formación de los adolescentes, coadyuvando en su tránsito a la edad juvenil y adulta, a través de las instituciones responsables de este nivel educativo.

En su participación, el legislador consideró que la educación media superior constituye una etapa fundamental en el desarrollo académico, personal y social de los jóvenes. Este nivel educativo, que sirve como puente entre la educación básica y la superior, no solo proporciona conocimientos teóricos y técnicos, sino que también promueve habilidades, valores y competencias necesarias para la vida adulta, el trabajo y la participación ciudadana.

Ante la septuagésima sexta legislatura, Martínez Gowman explicó que los jóvenes que concluyen este nivel educativo tienen mayores oportunidades de obtener empleos formales, acceder a mejores salarios y continuar con estudios superiores. En este sentido, la educación media superior funciona como una herramienta que ofrece a las y los jóvenes una formación que los prepara para integrarse de manera productiva al mundo real, laboral y académico.

Ante ello, la educación media superior no solo debe enseñar contenidos académicos, sino también formar personas críticas, responsables, comprometidas y preparadas para desenvolverse dentro del ámbito laboral y dentro de la realidad socioeconómica moderna.

La sociedad actual demanda que la formación de las y los jóvenes no se limite únicamente a conocimientos académicos tradicionales como lo son las materias de español, matemáticas, biología o química, las cuales indudablemente constituyen saberes esenciales.

Con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva y garantizar espacios laborales seguros para las mujeres, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo, así como las reglamentaciones municipales, a fin de incorporar de manera obligatoria, contenidos de prevención del acoso y hostigamiento sexual, en los programas de capacitación del servicio público.

La propuesta presentada por la legisladora del Partido del Trabajo (PT), plantea modificar la fracción VI del artículo 42 de dicha ley, para establecer que los cursos de capacitación y sensibilización dirigidos a las y los servidores públicos, incluyan de manera expresa contenidos orientados a prevenir los delitos antes mencionados, así como promover entornos laborales seguros y libres de violencia para las mujeres.

Espinoza Mercado señaló que, aunque en los últimos años ha crecido la participación de las mujeres en el servicio público, aún persisten prácticas que vulneran su dignidad, situaciones que afectan su estabilidad emocional, su desarrollo profesional y la permanencia en sus espacios de trabajo.

En ese sentido, subrayó que la capacitación y sensibilización permanente del personal constituye una herramienta fundamental para prevenir estas conductas y para consolidar una cultura institucional basada en el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y la no discriminación.

La iniciativa también busca reforzar las disposiciones existentes en materia de formación institucional, a fin de garantizar que los programas de capacitación incluyan de manera clara acciones de prevención de la violencia laboral contra las mujeres.

“Fortalecer la capacitación institucional en materia de igualdad de género, prevención de la violencia y respeto a los derechos humanos representa una medida preventiva de gran relevancia para avanzar hacia la construcción de instituciones públicas más justas, incluyentes y respetuosas de la dignidad de las personas”, insistió.

La propuesta presentada, fue turnada a la comisión de Justicia, a fin de darle la atención correspondiente, analizarla y votarla en próximas sesiones.