Legislativo

Las y los integrantes de la 76 Legislatura aprobaron establecer en la Constitución Política del Estado, que toda persona tiene el derecho humano a vivir en una sociedad libre de corrupción y buena administración, a la fiscalización, y a la rendición de cuentas públicas.

Lo anterior, en sesión extraordinaria, con 26 votos a favor aprobaron el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, el cual contenía la propuesta presentada por el diputado David Martínez Gowman, que tiene el principal objetivo de plasmar en el artículo 2° de la Carta Magna del Estado, el reconocimiento constitucional a dicho derecho humano.

Dicha adecuación, a decir de las y los legisladores, se traduce en un tema práctico para las políticas legales, y primordial para la ética jurídica de las autoridades con la ciudadanía; ya que, el referir la fiscalización y rendición de cuentas, permite que la ciudadanía sea partícipe y fortalece la democracia.

“El reconocer este derecho implicará democratizar la lucha anticorrupción. Si la corrupción es un problema sistémico, la solución debe ser igualmente amplia, permitiendo que cualquier persona pueda exigir jurídicamente su derecho a la no corrupción, bajo la aplicación del derecho internacional”, precisa el dictamen avalado por el Pleno de la 76 Legislatura.

Esta reforma ayudará al combate de delitos considerados como corrupción, tal es el caso de: el abuso de autoridad, abuso de confianza, conflictos de intereses, enriquecimiento ilícito, fraude, información privilegiada, malversación de fondos, manipulación de licitaciones, sobornos, y tráfico de autoridad.

“La corrupción daña las instituciones y gobierno, debilita el núcleo social e incentiva la apatía de las personas, cuando existe un desvió de recursos, esto produce inoperatividad en las políticas públicas, lo que resulta en afectación a los derechos fundamentales de la sociedad, como es la educación, salud y seguridad”, coincidieron las y los legisladores.

Cabe señalar que el decreto será enviado a los ayuntamientos del Estado y al Concejo Mayor de Cherán, para que emita el resultado de su votación, y de ser aprobatorio el resultado, hacer la declaratoria oficial de la misma.

Las y los diputados del Congreso del Estado reformaron diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo a efecto de armonizar el marco jurídico referenciado en la misma, para que se establezca en las definiciones como autoridades registrales y catastrales a los presidentes municipales en la entidad.

De igual forma, para establecer diversas precisiones en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, particularmente en lo que se refiere a las denominaciones del citado ordenamiento; la sustitución de la Ley de Catastro del Estado de Michoacán de Ocampo, ya abrogada, como consecuencia de la nueva Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán.

Las diputadas y diputados integrantes de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Deuda Pública sometieron a consideración del Pleno Legislativo diversas reformas para la sustitución en todos aquellos artículos que refieren a la Dirección de Catastro, por el Instituto Registral y Catastral.

En atención a la homologación del marco normativo municipal con el estatal y federal de la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Michoacán de Ocampo, votaron a favor de derogar el concepto de “Corridas de Toros” del Impuesto sobre Espectáculos Públicos, del Título Segundo de los Impuestos Sobre los Ingresos, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

Finalmente, las y los legisladores aprobaron una reforma el artículo 5°, fracción V, de la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo, para definir que las autoridades registrales y catastrales son el Gobernador del Estado, el Secretario de Finanzas y Administración, el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo, el Director de Catastro, el Director del Registro Público de la Propiedad, Coordinadores Regionales, los Presidentes Municipales de la Entidad y demás autoridades con funciones registrales.

Durante la presentación del libro “Dinámicas Familiares Morelianas Contemporáneas”, en el que se da cuenta de la forma de vida de familias que habitan la capital michoacana, la diputada Teresita de Jesús Herrera destacó la importancia de los datos que éste aporta, lo que lo convierte en una herramienta para legislar con datos, con realidad y con perspectiva humana.

“Este libro es una herramienta para académicos, autoridades municipales, estudiantes, legisladores y organizaciones civiles. Pero también es un recordatorio que detrás de cada cifra hay un nombre, una historia, un sueño y un reto cotidiano. Si los escuchamos con seriedad, podremos construir políticas públicas que realmente transformen la vida de las personas”, señaló la presidenta de la Comisión de la Familia.

En la presentación del libro editado por la Universidad Vasco de Quiroga, con apoyo del Congreso del Estado y el DIF Morelia, precisó que aun cuando la familia es ese espacio donde todo empieza y el refugio en los momentos difíciles, es también el lugar donde se sienten con más fuerza las desigualdades, los silencios y los retos que como sociedad se tienen pendientes.

“Este libro no sólo habla de carencias, también habla de esperanza. Desde la Comisión de la Familia del Congreso del Estado, este trabajo nos confirma algo fundamental: defender a las familias no puede quedarse en discursos; significa, sobre todo, escuchar y actuar”.

Ante las legisladoras Ana Belinda Hurtado Marín, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, Adriana Campos Huirache y Sandra Olimpia Garibay Esquivel, la rectora de la Universidad Vasco de Quiroga, Lydia Nava Vázquez destacó que el libro muestra la realidad que viven las familias morelianas, y que con él, se busca contribuir con la generación de las políticas públicas de desarrollo, orientadas a una mejor calidad de vida, “y sobre todo, que en conjunto, podamos solucionar los problemas que enfrentan las familias”.

La coordinadora del libro, Flor de María Tavera Ramírez, detalló que el trabajo de investigación se llevó a cabo por 33 jóvenes estudiantes de distintas escuelas de la UVAQ, a un total de 406 familias morelianas, cuyos resultados fueron plasmados en seis capítulos. “Lo más valioso de esta obra es que reconoce que todas las familias importan, sus luchas, sus logros, sus cambios, sus silencios y sus esperanzas”.

Explicó que el libro visibiliza realidades que pocas veces se investigan con rigor, al hacerlo de manera metodológica; humaniza la política pública al colocar a las familias en el centro y hace propuestas de políticas públicas que permiten atender las necesidades actuales de las familias; además de que abre puerta a nuevas investigaciones y proyectos comunitarios.

En el marco de la recién aprobada reforma a la Ley General de Desarrollo Social, el presidente de la Comisión de Bienestar en la 76 Legislatura, el diputado Octavio Ocampo realizó una jornada de trabajo en el municipio de Zitácuaro para informar a la ciudadanía sobre los alcances de esta actualización legal y recoger planteamientos que contribuyan a la evaluación y aplicación de políticas sociales en Michoacán.

El legislador explicó que la reforma, aprobada el 16 de julio de 2025, traslada al INEGI las facultades para medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social, con el propósito de garantizar diagnósticos más técnicos, transparentes y comparables entre entidades federativas.

Además, destacó que la nueva normativa reconoce los programas sociales como prioritarios y de interés público, asegurando su continuidad y mejora desde una visión basada en resultados.

“Esta reforma redefine la manera en que el Estado evalúa el bienestar y combate la desigualdad. Nuestro deber como representantes es acercar la información a la gente, escuchar su experiencia directa y convertirla en propuestas que fortalezcan el marco legal desde el Congreso del Estado”, puntualizó Ocampo.

Durante su recorrido por comunidades y colonias de Zitácuaro, el diputado del PRD sostuvo encuentros con vecinas, vecinos y líderes comunitarios para conocer de primera mano las condiciones de acceso a servicios básicos y programas sociales. Subrayó que este ejercicio territorial forma parte del seguimiento legislativo que realiza la Comisión de Bienestar para verificar el impacto real de las políticas públicas y orientar futuras reformas estatales en materia de desarrollo social.

Ocampo afirmó que mantener un Congreso cercano a la población permite construir leyes que respondan a la realidad local y fortalecer la coordinación con las instancias federales encargadas de medir y atender la pobreza. Asimismo, reiteró su compromiso de que los planteamientos ciudadanos recogidos en este recorrido serán insumo para nuevas iniciativas que promuevan mayor equidad y bienestar en Michoacán.

Desde el Poder Legislativo, nuestra labor es asegurar que no falten herramientas, recursos ni respaldo a los santuarios de la mariposa monarca, afirmó la diputada Giualianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Esto, en el marco de la rueda de prensa que se celebró con motivo de la apertura 2025-2026 de los santuarios “El Rosario” y “Sierra Chincua”, en donde la diputada Emma Rivera Camacho hizo una invitación a la ciudadanía en general para que asistan a ver la llegada de las mariposas monarcas al oriente michoacano.

Al respecto, la diputada Giulianna Bugarini Torres, reiteró que en esta 76 Legislatura se ha trabajado de manera responsable en materia presupuestal y normativa para el cuidado de los bosques y el fortalecimiento de los programas de restauración.

“La conservación ambiental no puede considerarse un gasto: es una inversión estratégica en estabilidad territorial, en prevención de riesgos y en bienestar intergeneracional. Por ello, hemos impulsado el fortalecimiento de partidas destinadas al manejo forestal, a los programas de mitigación y adaptación al cambio climático, y al soporte institucional para áreas naturales protegidas y corredores biológicos.

Por ello, la legisladora local, subrayó que la tarea de la 76 legislatura es fortalecer las políticas públicas que no sólo contengan el daño, sino que transformen las condiciones que lo hacen posible. “Eso implica fortalecer brigadas, apoyar a las comunidades guardianas del bosque, mejorar la coordinación interinstitucional y consolidar alternativas económicas sostenibles para la región”.

En esta rueda de prensa también estuvieron presentes la diputada Nalleli Julieta Pedraza Huerta y el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera, además de autoridades municipales y comunales de los municipios de Ocampo y Angangueo.

En un ejercicio de colaboración institucional, el diputado local del PRD e integrante de la 76 Legislatura, Octavio Ocampo, sostuvo una reunión con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, en la que acordaron una próxima reunión entre sus equipos de trabajo para actualizarse en temas legislativos y analizar los efectos e impactos que las reformas federales aprobadas durante 2025 tendrán en las personas y en Michoacán. El encuentro también permitió profundizar en el funcionamiento del nuevo sistema judicial en México y en las acciones necesarias para consolidar una justicia social más sólida.

Ocampo señaló que la reunión le permitió conocer a fondo los alcances y retos del modelo judicial, así como sus implicaciones en el acceso a la justicia. Destacó que, desde su responsabilidad legislativa, busca sumar elementos que abonen a la construcción de un sistema más justo, transparente y cercano a las personas.

“Fue un diálogo productivo que nos permitió entender con mayor claridad cómo opera este nuevo sistema y cómo, desde mi tarea como legislador, podemos aportar para que las transformaciones tengan un impacto real en la vida de la ciudadanía”, afirmó el diputado.

El legislador subrayó que fortalecer estos vínculos institucionales es esencial para avanzar hacia una justicia social que responda a las necesidades de todas y todos. “Desde la trinchera legislativa seguiré impulsando iniciativas que contribuyan a un modelo judicial más humano, eficiente y accesible”.

Octavio Ocampo reiteró su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación con las instituciones federales, con el objetivo de contribuir a que Michoacán continúe avanzando en la ruta de la justicia, la transparencia y la defensa plena de los derechos ciudadanos.

Desde el Congreso del Estado, abordaremos con responsabilidad las reformas que se requieran de carácter urgente y fortaleceremos el aparato legal, para dar continuidad y certeza al Plan Michoacán, así lo afirmó la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

En el marco de la “Presentación del Plan Michoacán en materia de seguridad”, en donde estuvo presente el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch; el titular de la Secretaría De la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo; el titular de la Secretaría de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y el gobernador constitucional de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, la representante del Poder Legislativo, afirmó que el Congreso del Estado es un poder aliado para el fortalecimiento de la paz, la seguridad y la justicia en la entidad.

“Este tipo de encuentro son fundamentales para lograr la pacificación de Michoacán, nos encontramos presentes autoridades federales, estatales y municipales, así como de los tres ordenes de gobierno, entre todos podemos contribuir al Plan Michoacán y generar compromisos, cada quien desde nuestra trinchera, para así tener los resultados deseados”, afirmó.

La diputada presidenta, fue enfática al señalar que en la 76 legislatura las y los 40 diputados han mostrado todo el compromiso para fortalecer la estructura legal que rige Michoacán, mediante reformas e incluso nuevas leyes que promuevan la reducción de delitos y se garantice la seguridad y la paz de las y los michoacanos.

La diputada local, detalló que “el tema de la seguridad y la justicia nos compete a todos, esta es una tarea que debemos abordar todos desde nuestra trinchera y de manera muy responsable, las políticas públicas si bien le corresponden al ejecutivo, nosotros como legislativo debemos de sentar las bases legales para que se puedan llevar a cabo estas políticas y las estrategias que se van a implementar desde la federación”, finalizó.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Sandra Arreola Ruiz, consideró de suma importancia que las y los diputados locales prioricen tres rubros fundamentales en la conformación del Presupuesto 2026: seguridad, salud y medio ambiente, al ser pilares esenciales para garantizar el bienestar social y el desarrollo sostenible de Michoacán.

Arreola Ruiz señaló que el fortalecimiento de la seguridad pública debe ser una prioridad transversal en el ejercicio presupuestal, pues de ello depende la paz social y el desarrollo económico de las regiones.

“Sin seguridad no hay inversión ni progreso. Es momento de que el Congreso y el Gobierno del Estado trabajemos en conjunto para que los recursos lleguen donde más se necesitan: a la prevención y al fortalecimiento de las instituciones”, afirmó.

La legisladora del Verde destacó además la necesidad de impulsar políticas que protejan la salud de las y los michoacanos, así como acciones contundentes frente a la crisis ambiental que enfrenta el estado.

“La salud y el medio ambiente deben dejar de ser temas secundarios. Invertir en hospitales, tratamiento de residuos, agua limpia y reforestación es invertir en el futuro de nuestras familias”, subrayó.

Finalmente, Arreola Ruiz reiteró que el PVEM mantendrá su compromiso de construir un presupuesto con visión sustentable, responsable y socialmente incluyente, donde el equilibrio entre desarrollo económico y cuidado ambiental sea la base del progreso para Michoacán.

La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán informó que recibió 121 informes de la Cuenta Pública correspondientes al tercer trimestre de este año, de los cuales 113 pertenecen a los ayuntamientos y 8 a concejos indígenas, cumpliendo así con los plazos establecidos por la normativa vigente.

El presidente de la Comisión Inspectora, diputado Baltazar Gaona García, destacó la importancia de que todas las autoridades municipales cumplan con su responsabilidad administrativa, al señalar que “es una buena noticia que los 113 ayuntamientos y los 8 concejos indígenas hayan entregado en tiempo y forma sus informes trimestrales; ello refleja compromiso con la transparencia y con el uso responsable de los recursos públicos.”

Gaona García subrayó que la entrega oportuna de estos informes permite fortalecer el trabajo de fiscalización que realiza el Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior de Michoacán, además de abonar a la confianza ciudadana en las instituciones. “Cada informe es una muestra de rendición de cuentas que nos ayuda a supervisar cómo se invierte el dinero del pueblo y a garantizar que se aplique conforme a la ley”, añadió.

El legislador del Partido del Trabajo explicó que la Comisión Inspectora mantiene un trabajo constante de análisis y revisión de la información entregada por los gobiernos locales, con el fin de detectar posibles observaciones y promover las acciones correctivas necesarias.

Finalmente, Baltazar Gaona reconoció el esfuerzo de las administraciones municipales, en especial de los concejos indígenas, que pese a sus limitaciones técnicas y presupuestales, cumplieron con la normatividad establecida. “Reconocemos el compromiso de los concejos indígenas que, al igual que los ayuntamientos, están cumpliendo con su deber institucional”, concluyó.

Michoacán no puede aspirar a la paz sin invertir con decisión en seguridad y justicia, advirtió el diputado local Juan Antonio Magaña de la Mora, al señalar que el Presupuesto de Egresos 2026 debe destinar mayores recursos a estas áreas estratégicas para recuperar la tranquilidad, fortalecer el Estado de derecho y garantizar la paz social.

El legislador destacó que, aunque en 2025 la Secretaría de Seguridad Pública contó con 6 mil 4 millones de pesos y la Fiscalía General del Estado (FGE) con 1 mil 616 millones 830 mil pesos, los resultados no han sido suficientes frente a la magnitud del reto que enfrenta Michoacán.

“La paz y la justicia deben ser prioridad en Michoacán. Si queremos resultados distintos, el presupuesto 2026 debe apostar por fortalecer a las corporaciones policiales, la Fiscalía y el sistema de justicia en su conjunto”, enfatizó Magaña de la Mora.

Subrayó que no se trata solo de incrementar recursos, sino de invertir con estrategia, inteligencia y transparencia, enfocando el gasto en capacitación, profesionalización y tecnología para prevenir delitos y mejorar la atención a las víctimas.

“No basta con destinar más dinero; debemos invertir con visión. Cada peso que se etiquete a seguridad y justicia debe rendir frutos para la gente”, señaló.

Finalmente, el legislador refrendó su compromiso de impulsar desde el Congreso del Estado un presupuesto responsable y sensible, que coloque en el centro la exigencia ciudadana de vivir en paz, con instituciones sólidas, eficaces y confiables.