Legislativo

Ante la necesidad urgente de mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad de Morelia, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Mariel Espinoza Mercado, presentó la propuesta de Acuerdo a través de la cual se busca exhortar al Poder Ejecutivo de Michoacán, así como al Ayuntamiento de la capital, para la construcción y puesta en operación del Sistema de Transporte Público Articularo (Trolebús).

La legisladora local refirió que, según datos oficiales, hoy el servicio de transporte en la ciudad es obsoleto, inseguro y altamente contaminante, por lo que se debe implementar un nuevo modelo de movilidad, similar al que se utiliza en ciudades con alta afluencia en el transporte público, como Guadalajara, Ciudad de México y Querétaro.

“Esta propuesta busca atender la alta demanda, en una ciudad en crecimiento como Morelia. Porque la población requiere de un servicio que no dañe su salud, su economía y su seguridad”, expresó.

Dentro de las bondades del Trolebús, Diana Mariel indicó la reducción del 60 por ciento en emisiones contaminantes, así como la optimización del espacio público en zonas como el Centro Histórico de la capital.

También, habrá una reducción del 70 por ciento en los tiempos de traslado de un punto a otro, y se generarán empleos directos e indirectos en su construcción y operación. Asimismo, se ofrecerá un servicio eficiente y seguro, entre otros beneficios.

La diputada Vanhesa Caratachea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para adicionar los artículos 5 y 6 de la Ley Contra las Adicciones del Estado de Michoacán, con el propósito de que el Estado garantice, como obligación y no como buena voluntad, programas de becas educativas, apoyos alimenticios, transporte escolar y acompañamiento psicológico y social para niñas, niños y adolescentes en proceso de rehabilitación.

Durante su exposición ante el Pleno, la legisladora señaló que la adicción en menores es una “herida silenciosa” que afecta hogares, escuelas y comunidades, y que exige una respuesta integral. Destacó que la legislación actual se ha quedado corta, pues los menores reciben atención médica, pero no apoyo educativo ni social que les permita reintegrarse plenamente.

Vanhe Caratachea detalló que esta reforma también busca fortalecer los entornos escolares, para que sean espacios seguros, libres de adicciones y llenos de oportunidades. Subrayó la importancia de que las escuelas detecten riesgos a tiempo, implementen campañas permanentes de prevención y actúen ante cualquier señal de alerta. “Queremos un sistema educativo que abrace, no que excluya; que acompañe, no que estigmatice”, expresó.

Finalmente, enfatizó que la verdadera rehabilitación no termina en un consultorio, sino cuando un niño vuelve a creer en sí mismo y regresa a la escuela. “Cada niña o adolescente que logra dejar una adicción y sonreír de nuevo es una victoria del Estado, de la sociedad y de la humanidad misma”, afirmó.

«El cuerpo de una niña o de un adolescente debe ser protegido y acompañado, no intervenido o modificado. Los adolescentes atraviesan una etapa de transformación constante; su cuerpo, piel, huesos y órganos aún están en desarrollo», afirmó la diputada Sandra Arreola Ruiz.

La representante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa para prohibir las cirugías estéticas en menores de edad, luego del fallecimiento de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que perdió la vida tras ser sometida a cirugías de aumento de mamas, liposucción y lipotransferencia.

Con voz emocionada, la legisladora recordó que el pasado 20 de septiembre «todo México se estremeció» con la noticia del fallecimiento de la joven, cuyo cuerpo «simplemente no resistió estas cirugías, las cuales fueron autorizadas por su madre».

Arreola Ruiz señaló que detrás de cada cirugía innecesaria en menores de edad hay «una herida profunda: la que causa una cultura que impone un modelo de belleza rígido, inalcanzable y cruel». A esta problemática la definió como «violencia estética», una forma de violencia de género que presiona a las jóvenes a modificar su cuerpo para encajar en ideales ajenos.

La iniciativa propone reformar la Ley de Salud del Estado de Michoacán para incorporar conceptos fundamentales como «consentimiento informado», «intervención electiva» y «usuario de servicios de salud», además de reconocer expresamente los derechos de los usuarios de servicios de salud, en concordancia con la legislación federal.

Prohibir las cirugías estéticas o electivas en menores de edad, excepto cuando exista un diagnóstico médico justificado que acredite afectaciones físicas o psicológicas, emitido por un médico distinto al que realizará la intervención, mediante el cierre de vacíos legales que cuestan vidas, es otro de los ejes de la propuesta.

La diputada explicó que actualmente la Ley de Salud estatal presenta un vacío legal importante al no regular con precisión el derecho al consentimiento informado y no reconocer expresamente los derechos de los pacientes.

«Esta ausencia ha permitido prácticas discrecionales, decisiones médicas sin participación plena del paciente, y en el caso de menores de edad, ha abierto la puerta a procedimientos quirúrgicos que no son una necesidad médica», destacó.

En Sesión Ordinaria, El Congreso del Estado aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2026, por la cantidad de 1 mil 309 millones,114 mil 280 pesos, el cual permitirá el mejor cumplimiento de las funciones constitucionales y legales del Poder Legislativo del Estado, incluidas las de fiscalización.

De igual forma, votaron a favor del proyecto de Presupuestos de Egresos de la Auditoría Superior de Michoacán para el próximo año, por la cantidad de 310 millones 937 mil 729 pesos.

Conforme al Dictamen sometido a consideración del Pleno por parte de la Junta de Coordinación Política, en coordinación con las y los diputados integrantes del Comité de Administración y Control, el Congreso del Estado realizará los ajustes administrativos y orgánicos necesarios para que, a partir del ejercicio fiscal 2026, la Auditoría Superior de Michoacán, sea considerada Unidad Programática y Presupuestal para todos sus efectos legales y administrativos.

Con el voto a favor de las y los legisladores, se instruyó a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, integre los anexos correspondientes, a fin de que sean remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, previa rúbrica de las y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política y del Comité de Administración y Control.

El Acuerdo y sus anexos será notificado al Poder Ejecutivo del Estado, a través del Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno el Estado de Michoacán, para que lo integre a la Iniciativa de Decreto que contenga el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2026, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.

De igual forma, a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, así como a la Auditoría Superior de Michoacán para su conocimiento y atención procedente.

Cabe destacar que la distribución y ejercicio del gasto aprobado, se realizará conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo y a los demás ordenamientos aplicables en la materia., así como a la normatividad establecida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.

A propuesta del diputado Conrado Paz Torres, el Pleno de la 75 Legislatura aprobó la creación de una Comisión Especial para atender la Acción de Inconstitucionalidad 168/2020 y su acumulada 177/2020, sobre la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo.

Paz Torres indicó que con esta propuesta, se asegura que la entidad cumpla con sus obligaciones legales y los principios de inclusión, equidad y respeto a los derechos humanos, fortaleciendo con ello el marco jurídico y social en materia educativa en la entidad.

El Diputado por el Distrito 14 de Uruapan Norte, recordó que el Congreso del Estado se encuentra en desacato respecto a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló la falta de atención por parte de este Poder, con las personas que viven con alguna discapacidad, así como de los pueblos indígenas y afromexicanos, al no consultarlos para la construcción de la Ley de Educación que fuera aprobada por la 74 Legislatura en el año 2020.

Conrado Paz, destacó que los objetivos de la Comisión Especial serán, entre otros, asegurar la realización efectiva de las consultas a pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad; promover un diálogo abierto y transparente con los sectores afectados; supervisar la elaboración de las reformas necesarias a la Ley de Educación para que estas cumplan con los estándares constitucionales e internacionales y garantizar el acceso a la información sobre el proceso legislativo a todas las partes interesadas.

De lo anterior, Conrado Paz hizo énfasis en la urgencia de sacar adelante los trabajos de esta Comisión Especial y no quedar en intentos y buenas intenciones, pues ya existe una ruta en el expediente jurídico y un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de Michoacán, el órgano experto en la ejecución de los mecanismos para la participación ciudadana, por lo que no se puede seguir retrasando el cumplimiento de esta obligación con los sectores más vulnerables de la entidad.

Finalmente, el legislador uruapense hizo un llamado a seguir avanzando y que las consultas a la ciudadanía, se vuelvan un paso natural y obligatorio que someta las decisiones del Poder Legislativo al escrutinio público, convirtiéndose ello en una fortaleza para este Poder que representa los intereses y el bienestar del pueblo de Michoacán.

La integración de la Comisión Especial para dar seguimiento a la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo será integrada por las y los diputados: Eréndira Isauro Hernández, como presidenta; María Fabiola Alanís Sámano, Carlos Alejandro Bautista Tafolla y Antonio Tzilacatzín Carreño Sosa, como integrantes.

Con 27 votos a favor, Daniel Rangel Piñón tomó protesta como director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado, quien ocupará el cargo por un periodo de un año contando a partir del próximo primero de noviembre.

En sesión ordinaria, Daniel Rangel Piñón fue seleccionado por el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura, luego que la Junta de Coordinación Política presentara la terna de la cual fue electo el ahora director del IIEL.

Cabe señalar, que el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos es un órgano desconcentrado del Congreso, con autonomía técnica, gestión y personalidad jurídica para celebrar convenios de coordinación.

Este tiene como fin elaborar investigaciones que permitan apoyar los trabajos de la agenda legislativa, apoyar en asesoría interna para las comisiones y comités; y, producir investigaciones sobre el propio Congreso para su proyección y fortalecimiento.

Finalmente, las y los diputados de la 76 Legislatura coincidieron en desearle el mejor de los éxitos en esta nueva encomienda a Rangel Piñón, y agradecieron a Marisol Aguilar Aguilar, anterior directora, por el trabajo desempeñado en dicho cargo.

El diputado Hugo Rangel, en compañía de la madre de Óliver Valle Cuadra, la señora Elena Laura Valle Cuadra y del Titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Víctor Manuel Serrato Lozano, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la Ley Óliver, una iniciativa que busca prevenir la violencia letal entre jóvenes con vínculos de confianza. Dicha propuesta nace del compromiso con la memoria de un joven cuya vida fue arrebatada en un contexto de cercanía y aparente amistad, y se transforma en una acción legislativa para proteger a otras juventudes michoacanas.

“La historia de Óliver nos confronta con una dolorosa verdad, hoy la violencia entre pares se gesta muchas veces en espacios de convivencia, en relaciones de amistad, de pareja o de confianza. Debemos aprender a identificar los riesgos y actuar antes de que la tragedia ocurra”, señaló el diputado del Partido del Trabajo, al subrayar la urgencia de políticas públicas reales que atiendan la salud emocional y la prevención de la violencia en la juventud.

La iniciativa presentada propone adicionar un capítulo a la Ley de los Jóvenes del Estado, con la finalidad de establecer la obligación del Instituto de la Juventud Michoacana de emprender acciones de educación emocional, resolución pacífica de conflictos e identificación temprana de señales de riesgo, además de crear el Protocolo Estatal de Alerta por Riesgo entre Pares y un Banco Estatal de Casos de Violencia Letal entre Jóvenes. Estas herramientas permitirán prevenir, atender y dar seguimiento a casos de violencia entre personas unidas por vínculos de confianza.

“Óliver debe ser recordado no solo como víctima, sino como símbolo de una alerta social que no podemos ignorar”, expresó Rangel Vargas. “Que esta ley nos recuerde que la verdadera justicia no solo se persigue en los tribunales, sino también en la conciencia colectiva de quienes decidimos no mirar hacia otro lado cuando la violencia se asoma en nuestro entorno”.

Para ofrecer una respuesta humanitaria, eficiente y sensible ante la crisis de desapariciones en Michoacán, la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Familiar de Michoacán en materia de declaratoria de ausencia y presunción de muerte.

La legisladora subrayó que la desaparición de personas no solo representa una tragedia humana, sino también una carga legal y emocional para miles de familias, que enfrentan procedimientos lentos, confusos y descoordinados para poder ejercer derechos básicos como acceder a bienes, herencias, pensiones, seguros o vivienda.

“En Michoacán hay miles de familias que viven en un limbo jurídico porque la ley actual las obliga a esperar años para resolver su situación. Esta reforma busca que la justicia llegue a tiempo y con empatía”, expresó la diputada Xóchitl Ruiz.

De acuerdo con cifras oficiales, a mayo de 2025 en Michoacán se registraban seis mil 829 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales cinco mil 736 son hombres y mil 87 mujeres. Los municipios con mayor incidencia son Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, y más de la mitad de las víctimas tienen entre 20 y 39 años de edad.

La iniciativa propone acortar los plazos y mejorar la coordinación entre instituciones para hacer más accesible y eficaz el proceso. Entre las principales modificaciones, establece que el juez deberá nombrar un representante del ausente en un plazo no mayor a 45 días y la declaratoria de ausencia podrá solicitarse tras un año desde la desaparición, o a los seis meses si existe denuncia formal o constancia de búsqueda.

La presunción de muerte podrá declararse un año después de la ausencia, o a los seis meses en casos de guerra, siniestro o desaparición derivada de un delito; y el Registro Civil deberá notificar las declaratorias a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Fiscalía General del Estado, garantizando coordinación y seguimiento entre las autoridades.

Xóchitl Ruiz González enfatizó que esta propuesta reduce de años a meses los plazos para acceder a derechos, brinda mayor certeza jurídica, y garantiza que los procedimientos sean más accesibles en todos los municipios, incluyendo las zonas rurales.

“Esta reforma no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia y empatía. Reconoce el dolor de las familias michoacanas que buscan a sus seres queridos y les da herramientas para seguir adelante sin quedar abandonadas por la ley”, sostuvo la diputada del PVEM.

Finalmente, señaló que con esta medida Michoacán avanza hacia una justicia más humana y sensible, en la que el Estado cumple su deber de proteger los derechos humanos, la identidad y el patrimonio de las víctimas y sus familias.

Con el propósito de fortalecer un modelo turístico sustentable que promueva el desarrollo integral de las comunidades michoacanas, el diputado Alfonso Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 102 de la Ley de Turismo del Estado de Michoacán de Ocampo.

La propuesta plantea que el Estado reconozca, fomente y regule el turismo alternativo como una modalidad esencial para el desarrollo económico, ambiental y sociocultural, promoviendo estrategias que integren a las comunidades locales y protejan los recursos naturales y culturales del estado.

Poncho Chávez destacó que el turismo alternativo, el cual abarca el ecoturismo, el turismo rural, de aventura y cultural vivencial, representa una alternativa innovadora frente al modelo tradicional, al promover experiencias auténticas y la participación directa de las comunidades receptoras. Este tipo de turismo, afirmó, “favorece el desarrollo local, impulsa la economía solidaria y contribuye a la conservación de los ecosistemas”.

La incorporación de esta figura en la Ley, permitirá al Estado diseñar políticas públicas integrales, impulsar programas de capacitación y financiamiento, así como fomentar proyectos turísticos responsables que fortalezcan la identidad local y generen bienestar social.

Finalmente, el legislador subrayó que con esta iniciativa se busca consolidar a Michoacán como un referente nacional e internacional del turismo sustentable, donde la riqueza natural y cultural sea motor de progreso y orgullo para todas y todos los michoacanos.

Cuidar también es un trabajo y el Estado debe garantizar condiciones de vida digna a quienes cuidan de los demás, aseveró Teresita Herrera Maldonado, coordinadora de diputados del PAN en Michoacán, durante la presentación de la iniciativa que busca crear el Programa Estatal de Apoyo al Cuidador Primario.

Al destacar que estos cuidadores son mayormente mujeres, que permanecen realizando labor altruista sin reconocimiento, políticas públicas enfocadas a sus necesidades, ni gratificación por su labor.

La legisladora panista aseveró que es importante implementar políticas humanistas en el estado, que garanticen el bien común de las personas que dedican su vida al cuidado de quienes más lo necesitan.

“Los cuidadores primarios son quienes acompañan cada día a quienes no pueden valerse por sí mismos, quienes sostienen hogares enteros con amor, paciencia y sacrificio. Sin embargo, ese esfuerzo no ha tenido hasta hoy el reconocimiento ni el respaldo que merecen”.

Herrera Maldonado explicó que este programa será implementado por la Secretaría de Salud, en coordinación con el DIF estatal y otras dependencias, para ofrecer atención médica y psicológica a las y los cuidadores, impulsar políticas laborales flexibles y promover redes comunitarias de apoyo y centros de estancia temporal que permitan el descanso y la capacitación de quienes cuidan.

Además, señaló que se contempla la creación de un registro estatal de cuidadores primarios para identificar sus necesidades y garantizar su inclusión en las políticas públicas de salud y desarrollo social.

“Reconocer a las y los cuidadores primarios es reconocer a quien sostiene, es visibilizar la nobleza de nuestra sociedad: el cuidado, la empatía y la solidaridad humana”.

Detalló que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los cuidadores primarios proporcionan entre el 70 y el 90 por ciento de la atención a personas con enfermedades crónicas o discapacidades, lo que alivia la presión sobre los hospitales, pero les deja graves consecuencias físicas, emocionales y económicas.