Legislativo

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, presentó una iniciativa para que a quienes se nombren como titulares de las Oficialías del Registro Civil en esta entidad cuenten con experiencia en formación jurídica, ante el compromiso que asume el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con la profesionalización del servicio público para garantizar una atención eficaz y eficiente a los ciudadanos michoacanos.

Esto, a través de una modificación a la fracción III, del artículo 19 de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo que tiene el propósito de establecer la formación jurídica, o bien, la experiencia necesaria y comprobable como un requisito indispensable para el nombramiento de las titularidades de las Oficialías del Registro Civil del Estado de Michoacán.

“Las Oficialías del Registro Civil, en muchos casos son dirigidas por funcionarios sin formación profesional, ni experiencia en el ámbito jurídico. Si bien, en gran parte cuentan con la asistencia de personal experimentado y con los conocimientos técnicos necesarios, esto no exime a las y los titulares de las Oficialías del Registro Civil de las facultades y responsabilidades inherentes al cargo”, argumentó Reyes Galindo.

El coordinador del PT, destacó que al ser el registro civil una institución pública que se encarga de registrar de manera oficial los hechos y actos relativos al estado civil, es el único fedatario de la identidad de toda persona que brinda certeza jurídica en el marco de su calidad como ciudadanas y ciudadanos; por lo que el estado civil tiene una relevancia jurídica fundamental en el marco del derecho familiar, civil, administrativo y fiscal, al definir y regula el conjunto de relaciones personales y patrimoniales de una persona frente a terceras personas, ante sociedades y ante el propio Estado.

Refirió además, que desde la perspectiva jurídica, el estado civil constituye la base para la determinación de derechos inherentes a la persona, como los relativos a la herencia, la patria potestad, las obligaciones alimentarias y la capacidad legal para suscribir y revocar determinados actos jurídicos; por ello, las omisiones o los errores en las tareas de las Oficialías del Registro Civil pueden impedir el ejercicio efectivo de derechos fundamentales, como es el derecho a la identidad, y con ello, generar consecuencias graves en asuntos relacionados con herencias, juicios y propiedad.

Ante ello, el legislador expuso que como garante de la identidad y el estado civil de toda persona, la institución aquí mencionada es de gran relevancia en el reconocimiento de los derechos individuales, por ello, la actividad que se desarrolla desde las Oficialías del Registro Civil requiere y demanda un amplio grado de sensibilidad, diligencia y compromiso por parte de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de dirigir la función registral, con una comprensión plena de las atribuciones administrativas y legales, así como de un alto grado de responsabilidad de las personas que ostenten la titularidad de esta institución.

La Septuagésima Sexta Legislatura reformó el artículo 39 la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo con la finalidad de actualizar la norma jurídica y con ello agilizar el trámite legal, simplificando su procedimiento administrativo, para otorgar certeza jurídica al contribuyente.

Con la Iniciativa de Decreto presentada por la Comisión de Hacienda y Deuda Pública sobre la propuesta del diputado David Martínez Gowman, se tiene como finalidad la precisión legal oportuna a la actualización de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, para satisfacer las necesidades, económicas, sociales, factor de aporte en las políticas públicas presentes.

Luego de la aprobación de la reforma, en el artículo 39, se precisa que las manifestaciones a que se refiere el Capítulo y la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo, respecto de contratos de compraventa o cualesquiera otros transmitidos de dominio, resoluciones administrativas o judiciales, deberán presentarse dentro de los quince días hábiles contados a partir de los siguientes supuestos:
I. La fecha de firma, autorización y conclusión de la escritura por los otorgantes o representantes legales, los testigos e intérpretes si los hubiere;
II. La fecha; en que hubiere causado ejecutoria o estado la resolución judicial y se expidan los oficios y copias certificadas de la misma o se hubiere notificado la resolución administrativa; y,
III. La fecha; de firma, autorización y conclusión de celebración del contrato privado o documento de que se trate.

En su iniciativa Martínez Gowman puntualizó la necesidad de simplificar y acelerar la celebración respecto de contratos de compra-venta o cualquier otro de transmitidos de dominio, facilitando transacciones en la regulación de contratos de compraventa y/o otros.

Agregó que se requería avanzar y coadyuvar con responsabilidad a fin de preservar el equilibrio de las finanzas públicas así como fortalecer la capacidad financiera, optimizar el ejercicio y control en la gestión en la adquisición de inmuebles.

Las y los integrantes de la 76 Legislatura invitan a las mujeres profesionales del derecho, para que participen en el proceso de designación de Magistrada Titular de la Quinta Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán.

Las aspirantes tendrán para registrarse y exhibir su documentación, durante los días 17 y 18 de julio del presente año, en las oficinas de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, sito en Avenida Francisco I. Madero número 97, planta alta del centro, de Morelia, Michoacán, en un horario comprendido de 9:00 a 15:00 horas.

Las mujeres interesadas a ocupar el cargo de magistrada, tendrán que reunir requisitos como: ser ciudadana mexicana por nacimiento, y michoacana, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; no tener más de 65 años de edad, ni menos de 35, al día de la elección; entre otros.

Para acreditar los requisitos previstos en el artículo 95 de la Constitución Política del Estado, las aspirantes tendrán que presentar su solicitud por escrito en formato libre, con firma autógrafa; acta de nacimiento o, en su caso, documento que acredite la nacionalidad mexicana; credencial para votar con fotografía vigente, expedida por el INE; título o cédula profesional en licenciatura en derecho, así como, constancia de calificaciones.

Asimismo, deberá presentar currículo con firma autógrafa, así como documentos u otros elementos de prueba que acrediten fehacientemente la actividad o práctica profesional en el ejercicio de la actividad jurídica, de cuando menos tres años en el ejercicio de la actividad jurídica; así como, un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación; entre otros.

Cabe señalar, que concluido el plazo para la inscripción y exhibición de documentos, la Comisión de Justicia llamará a comparecer a las personas aspirantes; y, en la comparecencia se les entrevistará, para que puedan ser evaluadas a través de su exposición de proyecto de trabajo, así como de todas aquellas habilidades y aptitudes que el cargo requiere.

Será mediante terna, emitida por la Comisión de Justicia, como se presente ante el Pleno de la 76 Legislatura que se elegirá a la mujer que ocupará la titularidad de la Quinta Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán, por un periodo de nueve años.

Para mayor información, se pueden consultar las páginas oficiales del Poder Legislativo.

Representantes de diversas comunidades originarias de Michoacán presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana para expedir la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual fue respaldada por la diputada local e indígena por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, y el diputado Conrado Paz Torres.

La propuesta, entregada por ciudadanas y ciudadanos procedentes de pueblos como Puácuaro, Santa Fe de la Laguna, Comachuén, Janitzio, Tacuro, Sicuicho, Pamatácuaro, Ahuirán, Urapicho, entre otros, busca garantizar el reconocimiento, uso y desarrollo de las lenguas indígenas en todos los ámbitos del servicio público en Michoacán.

“Esta iniciativa ciudadana nace del compromiso de las propias comunidades y recoge el anhelo de recuperar, preservar y fortalecer nuestras lenguas originarias”, señaló la diputada Eréndira Isauro Hernández, quien funge como presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos.

Entre los principales objetivos del proyecto está la creación del Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Michoacán, como órgano rector encargado de diseñar e implementar políticas públicas para la revitalización y promoción de los idiomas ancestrales.

Además, se establece la obligación de las instituciones públicas y privadas para ofrecer servicios en lenguas originarias, así como formar intérpretes y traductores que faciliten el acceso a derechos fundamentales como la salud, la justicia y la educación.

Durante la presentación, se informó que desde 2022, 394 comunidades indígenas en Michoacán han solicitado su registro ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), distribuidas en 59 municipios. También se reconoció formalmente a una comunidad afromexicana en El Ticuiz, municipio de Coahuayana.

“La diversidad lingüística es parte de la riqueza de nuestro estado. Esta iniciativa ciudadana representa un paso firme hacia una verdadera justicia cultural y lingüística”, enfatizó la legisladora indígena.

A un mes del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el próximo 9 de agosto, la Comisión refrendó su compromiso con el reconocimiento pleno de los derechos colectivos de los pueblos originarios y afromexicanos del estado.

Con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, el diputado local Juan Carlos Barragán, presentó una iniciativa que propone condonar de manera condicionada los adeudos por agua potable y saneamiento a instituciones públicas educativas, siempre y cuando esos recursos sean reinvertidos directamente en la infraestructura escolar.

Durante su intervención en tribuna, Barragán destacó el caso crítico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que arrastra un adeudo cercano a los 120 millones de pesos con el OOAPAS de Morelia, distribuido en más de 70 cuentas de facultades, oficinas e instalaciones universitarias. Esta situación, dijo, limita la capacidad de la Universidad para atender compromisos fundamentales como el pago a pensionados y la mejora de sus espacios.

“¿Tiene sentido que una escuela pública tenga que elegir entre pagar el agua o reparar sus baños? Esa disyuntiva es inaceptable en un país que reconoce a la educación y al agua como derechos humanos”, señaló el legislador.

La propuesta plantea que el monto exentado sea invertido en rehabilitación de aulas, sanitarios, techos, lavamanos y equipamiento básico, bajo esquemas de control y comprobación mediante informes técnicos y financieros auditables. En caso de incumplimiento, el beneficio se revierte, garantizando que cada peso se utilice en favor de la comunidad estudiantil.

Esta iniciativa responde también al sentir de maestras, maestros y familias que, a través del programa Échale una Mano a las Escuelas, han señalado que el pago de servicios impide atender necesidades urgentes de infraestructura. “No se trata de una condonación sin compromiso, sino de una forma de canalizar los recursos hacia donde más se necesitan las aulas, los baños y los espacios educativos”, remarcó Barragán.

Finalmente, el diputado puntualizó que la medida está jurídicamente sustentada en las facultades del Congreso, conforme a los artículos 115 y 116 de la Constitución, y que no afecta las finanzas municipales, ya que solo aplicará de forma focalizada para instituciones educativas públicas que acrediten el destino de los recursos en beneficio directo del estudiantado.

“Esta propuesta convierte un pasivo en una inversión. No perdonamos la deuda: la transformamos en infraestructura para más de 1.2 millones de estudiantes michoacanos”, concluyó.

El diputado Poncho Chávez presentó una iniciativa que busca reconocer legalmente la labor de las mujeres policías, dignificar su profesión y reducir las brechas de desigualdad dentro de las corporaciones.

A un año del fallecimiento de cuatro mujeres policías en el cumplimiento de su deber, el legislador subrayó la necesidad de mejorar sus condiciones laborales, visibilizar sus derechos y garantizar entornos seguros y justos para ellas.

La propuesta establece que la seguridad pública debe asumirse con perspectiva de género, no como una concesión, sino como una vía para garantizar condiciones equitativas. Esto implica eliminar la brecha salarial, reconocer el esfuerzo adicional que implica ser mujer en un entorno hostil, y generar mecanismos institucionales que aseguren igualdad en el acceso a rangos, capacitación y protección.

«A lo largo de la historia, las mujeres han demostrado su capacidad y compromiso en todos los ámbitos donde participan, incluida la seguridad pública. En Michoacán, más del 30% de los cuerpos policiacos está conformado por mujeres que exponen su vida diariamente en operativos, labores de proximidad y tareas administrativas. Sin embargo, siguen enfrentando un entorno desigual, tanto en lo laboral como en lo institucional”, remarcó.

Entre las medidas específicas que contempla la iniciativa, destaca la obligación de contar con instalaciones dignas para mujeres dentro de las corporaciones, como dormitorios, regaderas y baños separados; respetar sus tiempos de lactancia; así como asegurar que cuenten con el equipo y armamento necesario para su labor. Además, se propone que sean ellas quienes atiendan casos donde haya mujeres involucradas, como detenciones, manifestaciones o temas de violencia familiar.

El legislador explicó que, hasta ahora, la ley no reconoce las particularidades del actuar de las mujeres policías, lo que deja un vacío jurídico que impide establecer garantías específicas para su desarrollo y protección. La iniciativa busca precisamente llenar ese vacío y sentar las bases para un sistema más justo y profesionalizado.

Finalmente, Poncho Chávez afirmó que este proyecto no solo representa un paso hacia el reconocimiento y la dignificación de las mujeres policías, sino que también abona al fortalecimiento de la seguridad pública en Michoacán. “Quienes cuidan a la ciudadanía también merecen ser cuidadas, reconocidas y respaldadas por el Estado”, concluyó.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Protección a la Niñez en la 76 Legislatura, la diputada Vanhe Caratachea reiteró su compromiso con la defensa integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Michoacán, durante su participación en el Foro Internacional sobre el Derecho de la Niñez al Acceso a la Justicia, organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Michoacán.

La legisladora señaló que las leyes deben responder a la realidad que viven miles de menores en el estado. Por ello, anunció el inicio de una serie de foros regionales con niñas, niños, adolescentes, especialistas, sociedad civil y autoridades para renovar la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

“Queremos escuchar todas las voces: desde los municipios hasta las organizaciones que todos los días defienden los derechos de la niñez. Vamos a construir una ley más cercana, más justa y más efectiva”, expresó Vanhe Caratachea ante representantes estatales, nacionales e internacionales reunidos en el evento.

Agradeció especialmente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a su titular, Marco Antonio Tinoco Álvarez, por abrir este espacio de diálogo plural y por mantener en la agenda pública el interés superior de la niñez, además, reconoció la labor y participación de la Fiscalía General de Justicia (FGE) de Michoacán. Subrayó que la colaboración interinstitucional será clave para avanzar en la protección efectiva de este sector.

Vanhe Caratachea reafirmó que su labor legislativa seguirá guiada por un principio claro: las niñas, niños y adolescentes deben crecer libres de violencia, con acceso a la justicia y con instituciones que los escuchen, los protejan y los representen.

El Diputado Alfredo Anaya Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, con el objetivo de establecer límites claros al gasto corriente municipal y priorizar la inversión en obra pública y servicios esenciales.

El integrante de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, señaló que el municipio, al ser el primer nivel de gobierno con el que la población interactúa directamente tiene responsabilidades fundamentales como el alumbrado público, la recolección de residuos, el mantenimiento de vialidades, la seguridad pública y la ejecución de obras que mejoran la calidad de vida en zonas urbanas y rurales. Sin embargo, en Michoacán persiste una preocupante tendencia: 70% del presupuesto municipal se destina al pago de nóminas y gasto corriente, dejando mínimos recursos para infraestructura y desarrollo social.

“Durante años hemos sido testigos de cómo los recursos de los Ayuntamientos, en lugar de traducirse en calles pavimentadas, drenajes funcionales, parques seguros o alumbrado digno, se van diluyendo en nóminas infladas, contrataciones discrecionales y gasto corriente que no genera bienestar. Municipios que reciben participaciones y recaudan ingresos propios suficientes, pero que destinan hasta el 70% de su presupuesto al pago de sueldos y compensaciones, dejando poco porcentaje para la obra pública”, explicó en tribuna.

Por ello, propuso una reforma para la disciplina financiera de los municipios que límite del 40% de los ingresos propios para servicios personales (nómina), asegurando que al menos el 60% se destine a obra pública, infraestructura y servicios municipales y que se estipule una restricción de nuevas contrataciones en el tercer año de gobierno (coincidente con procesos electorales), salvo sustituciones debidamente justificadas, para evitar el uso clientelar de recursos públicos.

Y es que Anaya Orozco acusó que “en el tercer año de cada administración municipal —justo cuando se acercan los tiempos electorales— aparece un fenómeno recurrente: nuevas contrataciones sin justificación técnica, aumentos salariales fuera de proporción y estructuras infladas con fines políticos. Es el año donde el dinero del pueblo se 3 convierte en capital electoral”.

Esta medida busca reducir el gasto burocrático excesivo y estructuras administrativas innecesarias, fortalecer la inversión en obras con impacto social y económico, evitar el desvío de fondos públicos para fines político-electorales y promover gobiernos municipales eficientes, austeros y comprometidos con el bienestar ciudadano.

«Es momento de frenar el despilfarro, el nepotismo y el uso político del erario. Esta iniciativa no solo combate la corrupción, sino que fortalece la confianza ciudadana en nuestras instituciones», declaró el diputado Anaya Orozco.

Con esta reforma, Michoacán avanza hacia municipios más transparentes, eficaces y enfocados en el desarrollo comunitario.

La diputada indígena por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, en conjunto con el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, presentó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado, con el propósito de reconocer legalmente a las comunidades afromexicanas como sujetas de atención prioritaria en el ámbito municipal, a la par de los pueblos indígenas.

La propuesta modifica los artículos 50, 54 bis y 61 de dicha ley, y tiene como objetivo armonizar la legislación local con la reforma constitucional federal en materia indígena y afromexicana, aprobada en septiembre de 2024, así como con su correspondiente reforma en el ámbito estatal, vigente desde diciembre de ese mismo año.

Desde tribuna, la diputada Eréndira Isauro subrayó que esta reforma responde al mandato constitucional y busca garantizar derechos, visibilizar identidades y promover políticas públicas incluyentes desde el primer nivel de gobierno: el municipio.

“Los pueblos afromexicanos han sido históricamente invisibilizados. Es momento de reconocer su existencia, su historia y su aporte cultural dentro del marco jurídico local. El municipio debe ser el primer espacio de inclusión”, enfatizó.

La iniciativa reconoce que Michoacán cuenta con 113 municipios, de los cuales 38 albergan comunidades indígenas y afromexicanas, muchas de ellas asentadas en 129 tenencias. Además, según el INEGI, más de 150 mil personas en el estado hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 3.4% de la población estatal.

Eréndira Isauro explicó que 45 comunidades ya ejercen presupuesto directo, y que existe un municipio regido totalmente por sistemas normativos propios. “La autonomía indígena ha avanzado, pero también debe avanzar el reconocimiento institucional de la población afromexicana que ha estado históricamente en los márgenes”, afirmó.

La propuesta también contempla garantías específicas para mujeres indígenas y afromexicanas, así como para la niñez y juventud de estas comunidades, alineándose con el artículo 3° constitucional, que obliga a los tres niveles de gobierno a garantizar una vida libre de discriminación y con acceso pleno a derechos.

La reforma incluye, entre otras medidas: incorporar el término “comunidades afromexicanas” en las comisiones municipales de derechos. Establecer como obligación el impulso de políticas de inclusión, educación, salud, cultura y participación comunitaria para estas poblaciones. Reconocer el derecho a la auto adscripción. Promover el desarrollo regional con enfoque de género e interculturalidad. Supervisar y fortalecer las unidades municipales en la materia.

El decreto establece que, de ser aprobado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación, y los Ayuntamientos tendrán 90 días para realizar las reformas normativas que correspondan.

“Hoy existe una institución con cimientos sólidos, legitimidad social y reconocimiento nacional”, expresó en tribuna el diputado del PRD, Octavio Ocampo, al referirse al trabajo de la Fiscalía General del Estado tras conocerse la renuncia de su titular, Adrián López Solís, durante la sesión del Congreso local.

Ocampo recordó que la Fiscalía obtuvo su autonomía a partir de una reforma impulsada por la 74 Legislatura, en la cual participó como diputado. Señaló que dicha reforma implicó diseñar desde cero una estructura técnica, profesional e independiente, lo que representó un cambio relevante en el sistema de procuración de justicia en Michoacán.

Al manifestar su voto a favor del dictamen que formaliza la renuncia, el legislador hizo un reconocimiento al desempeño de la Fiscalía durante los últimos años, subrayando su evolución institucional y el papel que ha desempeñado frente a los desafíos de seguridad y justicia en el estado.

Ocampo indicó que corresponde al Congreso actuar con responsabilidad en la etapa que sigue, eligiendo a un nuevo perfil con visión de Estado, autonomía y sensibilidad social, capaz de consolidar los avances logrados y responder a las exigencias actuales de la ciudadanía.

Este viernes, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabi Ávila González, entregó al Congreso del Estado los exámenes que se aplicarán a las personas que aspiran a ocupar los cargos de auditores especiales de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

La entrega fue realizada directamente al presidente de la Comisión Inspectora, el diputado Baltazar Gaona García, y contó con la presencia de la presidenta del Congreso, Yuliana Bugarini. Los exámenes llegaron en sobres cerrados y sellados, como parte de un protocolo de seguridad que busca asegurar un proceso limpio y sin filtraciones.

Para reforzar esta medida, el diputado Baltazar Gaona firmó un documento de responsabilidad y confidencialidad, con el compromiso de que los sobres sólo serán abiertos en presencia de las y los aspirantes, el día que se aplique la evaluación.

“Queremos que este proceso se distinga por su claridad y por su honestidad. La ciudadanía merece saber que estamos haciendo las cosas bien, sin arreglos en lo oscuro y con absoluto respeto al esfuerzo de quienes participan”, expresó Baltazar Gaona.

El legislador del Partido del Trabajo señaló que el objetivo es presentar al Pleno del Congreso las ternas más competitivas, con perfiles que tengan la capacidad y el compromiso de auditar el uso del recurso público en Michoacán.

También afirmó que desde la Comisión Inspectora se trabajará con apego a la legalidad y sin favoritismos. “No hay lugar para simulaciones. Vamos a elegir a los mejores, con base en méritos y conocimiento, no por amiguismos”, recalcó.

Finalmente, Baltazar Gaona agradeció la colaboración de la Universidad Michoacana y reconoció el valor de contar con un respaldo académico serio para garantizar que el proceso de selección esté a la altura de lo que Michoacán necesita.

Con un llamado a colaborar, construir y respetar la división de Poderes para trabajar por el bien de Michoacán, siempre con responsabilidad institucional, la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dio la bienvenida a las y los Jueces y Magistrados electos para integrar el Poder Judicial de Michoacán.

En el encuentro, la diputada representante de la 76 Legislatura estuvo acompañada por la diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, quienes coincidieron que este proceso que acaba de vivirse en el país y el estado, marca un hito en la historia de la impartición de justicia.

Al respecto, la diputada Bugarini Torres, resaltó que esta nueva arquitectura institucional, representa un momento cumbre en el país y en Michoacán que garantiza el principio de legalidad, la división de poderes y el equilibrio democrático.

“Estos mecanismos legitiman uno de los Poderes tan importante como es el Poder Judicial, y ser parte de este proceso emociona, entusiasma, pero sobre todo, representa una gran responsabilidad, tener esta gran responsabilidad para que impartición de justicia, sea plena”, subrayó la legisladora.

Por su parte, la diputada Fabiola Alanís Sámano, celebró el encuentro que marca el proceso de transformación de un nuevo paradigma institucional, “acabamos de vivir una elección popular, libre, universal y secreta, mediante al cual la ciudadanía los eligió que estén al servicio del pueblo en el tema de impartición de justicia”, refirió.

Señaló que no hay impedimentos, restricciones u obstáculos para transformar a las instituciones, y dar un viraje a un modelo de desarrollo social más humanista; por lo que, “no podemos hacer cambios en el Poder Judicial de Michoacán, sin pensar en mejorar las áreas de procuración de justicia, lo que haremos en el corto plazo en esta 76 Legislatura”, destacó.

Finalmente, las y los invitó a servir con responsabilidad, enfocar su trabajo y desempeño en pro de la sociedad michoacana, y para coadyuvar a lograrlo, “el Congreso del Estado estará siempre de puertas abiertas, dispuesto al diálogo y a trabajar en coordinación de Poderes en beneficio de los y las michoacanas”, concluyó.