Legislativo

Con una sugerencia al titular del Poder Ejecutivo, de ampliar las acciones reportadas mediante un plan estratégico que esté plenamente alineado con los estándares internacionales de los derechos de la niñez, el Pleno de la 76 Legislatura avaló el dictamen de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno en materia de protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En sesión ordinaria, las y los diputados aprobaron el dictamen presentado por la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia que preside la diputada Ana Vanessa Caratachea, e integra el diputado Antonio Tzilacatzin Carreño, quienes revisaron el informe gubernamental en materia de salud, educación, bienestar social y protección de la violencia del sector infantil y adolescente del Estado.

Al respecto, se le recomendó al titular del Poder Ejecutivo Estatal poner en marcha, a la brevedad posible, el Centro de Justicia de Protección a la Niñez y la Adolescencia del Estado de Michoacán, como una acción prioritaria para garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la restitución integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

De igual forma, el Congreso local recomendó al Gobierno del Estado, a seguir avanzando en la transparencia del uso de los recursos públicos destinados a la niñez y adolescencia, promoviendo la publicación clara de los montos ejercidos, así como la participación de organizaciones civiles, académicas y especialistas en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en la materia.

Así como, establecer un sistema estatal permanente de seguimiento y evaluación, sustentado en indicadores cuantitativos y cualitativos, que permitan conocer de forma continua el impacto real de las políticas públicas en áreas prioritarias como salud, educación, protección social e inclusión.

En un acto de reconocimiento a la lucha por la igualdad y la representación política de la diversidad sexual, el diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa legislativa propuesta por el colectivo PRIDE Michoacán, para “reconocer que las acciones afirmativas son una herramienta legítima y necesaria para corregir desigualdades estructurales”.

La iniciativa, que cuenta también con el respaldo del diputado local Hugo Rangel Vargas, propone que al menos el 2% del financiamiento público ordinario anual que reciben los partidos políticos en Michoacán se destine de manera obligatoria a programas de capacitación, formación política y empoderamiento de personas de la diversidad sexual. Los recursos, explicó, deberán ser aplicados en actividades previamente registradas ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Durante su intervención, Ocampo agradeció la presencia de integrantes del colectivo PRIDE Michoacán, a quienes reconoció por su trabajo incansable en la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTTTIAQ+.

“La propuesta que hoy presentamos no nace desde una oficina, sino desde las calles, desde la resistencia y desde el orgullo. Es producto del esfuerzo de una sociedad civil organizada que ha exigido ser escuchada y representada con dignidad”, expresó el legislador perredista desde la máxima tribuna del estado.

Ocampo subrayó que, si bien el marco jurídico nacional e internacional establece principios de igualdad y no discriminación, en la práctica persisten la exclusión y las barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de derechos por parte de la comunidad LGBT+. “No se puede hablar de democracia plena si se deja fuera a una parte de nuestro pueblo”, afirmó.

Finalmente, el legislador llamó a las y los diputados a respaldar la propuesta con una perspectiva de justicia social e inclusión: “Hay que legislar con responsabilidad y avanzar hacia un Estado más incluyente, más igualitario y más justo”.

La iniciativa fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y eventual dictaminación.

Garantizar un medio ambiente sano, donde quien lo dañe reciba la sanción correspondiente, es la propuesta que la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Mariel Espinoza Mercado, presentó ante el pleno.

Dicha iniciativa busca reformar el Artículo 32 de la Ley de Responsabilidad Ambiental para el Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de garantizar que quien o quienes atenten contra los recursos naturales, puedan ser denunciados, sin un plazo de tiempo definido.

“Es decir, que no exista un plazo límite para que el Estado, las personas afectadas o las organizaciones defensoras del medio ambiente puedan exigir la reparación integral del daño causado. Este principio se alinea con la tendencia global de considerar al ambiente como un bien jurídico superior, colectivo y de interés público que merece una protección reforzada, en especial frente a intereses privados que pueden generar un impacto negativo irreversible”, resaltó la diputada.

Lo anterior, para lograr que los delitos ambientales no queden impunes, en una entidad que, dijo, es considerada la quinta más importante en cuanto a biodiversidad, en todo el país.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y curso correspondiente.

A fin de aminorar el impacto económico que representa el cambio de administración en los gobiernos locales y estatales por el cambio en la imagen institucional, los diputados Sandra Arreola Ruiz y Alejandro Arévalo Vera, presentaron la iniciativa de la Ley de Imagen Institucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Como representante del Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz explicó cada relevo institucional deriva en un gasto oneroso y recurrente. Se reemplazan papelería, vehículos, uniformes y señalética únicamente para imponer logotipos, colores o lemas personalistas. Esto representa un uso ineficiente de recursos públicos que podrían destinarse a rubros prioritarios como la salud, la educación o el desarrollo de las comunidades indígenas.

“Esta ley no es solo una reforma administrativa: es una declaración de principios. Apostamos por instituciones que trasciendan gobiernos y representen a nuestro pueblo con dignidad, austeridad y sentido histórico.”, explicó en tribuna.

Para buscar abatir esta problemática, la nueva legislación busca establecer un marco obligatorio para todos los entes públicos en materia de imagen institucional, garantizando que esta se utilice el Escudo del Estado de Michoacán como símbolo unificador, respetar los escudos municipales, reforzando la identidad local y la adopción de adopte colores neutros, sin afiliaciones partidistas.

Se establece además la prohibición del uso de fotografías, slogans o elementos personalizados que reflejen culto a la personalidad.
“Es momento de dejar atrás el despilfarro y los colores personales. Nuestra propuesta fortalece a Michoacán desde su raíz: su gente, su cultura y sus instituciones.”, expuso el diputado Alejandro Arevalo.

Finalmente expuso que con estas medidas se eliminan los gastos derivados de rediseños cada 3 o 6 años, así los recursos podrán dirigirse a hospitales, educación e infraestructura, con lo que se contribuye a la unidad entre poderes y municipios.

La 76 Legislatura busca ciudadanas y ciudadanos mexicanos, que quieran registrarse como aspirantes a los cargos de Auditor Especial de Normatividad; Auditor Especial de Fiscalización Estatal; y, Auditor Especial de Fiscalización Municipal, todos de la Auditoria Superior de Michoacán.

En sesión ordinaria, las y los diputados locales aprobaron las respectivas convocatorias públicas para la selección de dichos cargos del órgano fiscalizador del Estado, señalando que los interesados, tendrán diez días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, respectiva, en la página de internet del Congreso del Estado y en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado.

Entre los requisitos que se establecen en las tres convocatorias, se encuentra: ser mexicano y tener mínimo 35 años cumplidos; contar con experiencia de cinco años en materia de control, fiscalización y de responsabilidades; poseer al día del nombramiento título y cédula profesional debidamente registradas en las carreras de Contaduría Pública, Administración, Economía, Derecho o área afín; entre otros.

Interesados deberán entregar la documentación correspondiente, en el Congreso del Estado, ubicado en Avenida Francisco I. Madero número 97, colonia centro, C. P. 58000, Morelia, Michoacán, en el horario de 9:00 a 15:00 horas; cabe señalar, que algunos de los documentos que solicitan las y los legisladores es la carta de no antecedentes penales; el Currículum Vitae; el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

En este sentido, las convocatorias establecen que la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, realizará las gestiones necesarias para que instituciones de educación superior, colegios de profesionistas y organizaciones de la sociedad civil, participen en la elaboración de los reactivos de evaluación a efecto de examinar los conocimientos de los aspirantes.

Las y los aspirantes, se someterán a un examen, que la comisión en mención, evaluará los resultados y las calificaciones obtenidas por cada uno de los participantes serán publicadas en los estrados del Congreso del Estado y en su página de internet a más tardar al día siguiente.

Cabe destacar, que cada una de las tres convocatorias serán publicadas de manera escalonada, por lo que se les invita a consultar la página oficial del Poder Legislativo; así como, para dudas relacionadas con las convocatorias, la Comisión Inspectora, proporcionó los siguiente contactos: comisioninspectoramichoacan@gmail.com o 4431559865.

Con la finalidad de generar una verdadera igualdad de género en los sistemas de transporte público en la entidad y ante la creciente demanda de mujeres operadoras en el transporte público en la entidad, el Congreso del Estado aprobó diversas reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y a la Ley por una Vida Libre de Violencia Para las Mujeres, ambas del estado de Michoacán.

En lo que respecta a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, se reformó el artículo 47, fracción X, para que estipulé que se deberá “Promover, incentivar y facilitar la participación de las mujeres como concesionarias y operadoras de los vehículos de transporte público”.

En tanto, en la Ley por una Vida Libre de Violencia Para las Mujeres, se adicionó una fracción en su artículo 40, para que diga “Las mujeres operadoras de los vehículos de transporte público, percibirán el mismo trato, salario y condiciones laborales, conforme a los principios de igualdad sustantiva y perspectiva de género.”.

Con estas reformas y adiciones, se pretende que se promocione a través de campañas publicitarias el ingreso a más mujeres al oficio de operadoras de vehículos de transporte público, además de garantizar las mismas condiciones laborales a las ya existentes.

Según el dictamen presentado ante el Pleno se establece que “con el fortalecimiento estratégico de las políticas públicas en materia de movilidad con perspectiva de género, mediante la incorporación de las capacitaciones a las mujeres michoacanas en materia de los sistemas de transporte en la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujeres Michoacanas, con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Con el firme propósito de erradicar abusos y corrupción en materia de tránsito y vialidad, en el estado de Michoacán, el pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó por unanimidad, diversas reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán.

Estas reformas, tienen el objetivo de incorporar en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, las causas por las cuales se pueden remitir los vehículos al depósito de vehículos, con lo cual se pretende que los reglamentos Estatal y Municipales se ajusten a lo mandatado por esta Ley y no sean discrecionales.

En el dictamen presentado por la Comisión de Movilidad y Comunicaciones de esta Legislatura, se establece que “coincidimos con el presentador de la Iniciativa en que la ciudadanía requiere contar con seguridad jurídica y certeza de los causales y costos de los arrastres y resguardo de sus vehículos”.

Con ello, también se busca abonar a la transparencia y rendición de cuentas, por lo que con la entrada en vigor de estas reformas será, la Secretaria de Finanzas y Administración con fundamento en la Ley de Gobierno Digital, quien recaude los derechos fiscales por aprovechamientos, consistentes en arrastre de vehículos implicados en hechos de tránsito y su guarda, toda vez que hoy, no son enterados ante dicha dependencia, así también que sean tarifas claras, autorizadas por esta soberanía en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán vigente.

El garantizar espacios de estacionamiento suficientes, accesibles e inclusivos para las personas con discapacidad, fue la propuesta que presentó ante el pleno de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, el diputado Vicente Gómez Núñez.

Durante su intervención en tribuna, el legislador por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, indicó que la propuesta está orientada a coadyuvar en la construcción de ciudades más humanas, incluyentes y con igualdad de oportunidades para todas y todos.

El diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, para que existan suficientes espacios de estacionamiento destinados a personas con discapacidad, los cuales deberán estar ubicados los más cerca posible de las entradas de oficinas gubernamentales, centros educativos, hospitales, centros comerciales, entre otros.

En ese sentido, indicó que las autoridades municipales deberán asumir la responsabilidad que les toca para atender esta propuesta, que además es una obligación, el coadyuvar a eliminar las barreras físicas que impiden el libre desarrollo y la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad.

El legislador petista llamó a sus homólogos a sumarse a esta iniciativa y contribuir desde el Poder Legislativo a generar mejores condiciones de accesibilidad para este grupo de la población.

Con la aprobación del dictamen en materia de movilidad por parte del Congreso del Estado de Michoacán, se concreta un esfuerzo interinstitucional y colectivo que busca sentar las bases de un nuevo modelo de transporte público en la entidad. Esta reforma, impulsada por la Comisión de Movilidad y Comunicaciones que preside el diputado Hugo Rangel, representa un cambio estructural en la manera en que se piensa, regula y proyecta la movilidad en Michoacán, priorizando la descarbonización y la electrificación del transporte como objetivos de interés público.

Entre los avances más relevantes, destaca que los vehículos eléctricos de producción nacional que se incorporen al servicio público del transporte podrán acceder a un estímulo del 100% en los derechos relativos al otorgamiento de la concesión. Esta medida será regulada mediante lineamientos emitidos por el Instituto del Transporte Michoacano, y se enmarca en una lógica de incentivo a la inversión local, al mismo tiempo que se abona a la reducción de emisiones contaminantes y a la modernización del parque vehicular.

La iniciativa también atiende una de las demandas históricas del sector: la actualización de tarifas con criterios técnicos y participación social. El dictamen establece que las tarifas del Sistema Estatal de Transporte serán determinadas por el Instituto, previa autorización del Ejecutivo estatal, tomando en cuenta factores como el salario mínimo, el precio del combustible y el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Además, se garantiza la inclusión de transportistas y sociedad civil en los procesos de revisión, que deberán realizarse de manera anual y con publicación obligatoria en el Periódico Oficial del Estado.

Lejos de soluciones cosméticas, el dictamen promovido por Hugo Rangel abre un camino para una política de movilidad que deje de beneficiar a unos cuantos y comience a responder a las condiciones reales de los usuarios y operadores del transporte. “Esta reforma no resuelve todo, pero traza un rumbo claro: electrificación, justicia tarifaria y participación social como ejes de una transformación necesaria” concluyó el legislador petista.