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El Pleno de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, designó con 37 votos a favor a Alondra Yuliana Godínez Navarrete, como Titular del Órgano de Control Interno de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

De esta forma, Alondra Yuliana Godínez Navarrete rindió la protesta de Ley ante el Pleno del Congreso del Estado y comenzará con su encargo a partir de esta fecha y por un periodo de cinco años.

Alondra Yuliana Godínez Navarrete, fue electa de una terna que estaba integrada por Reyna Lizbeth Ortega Silva y Rodolfo Estrada Pantoja, la cual fue aprobada por la propia Fiscalía General del Estado y que se envió a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y dictamen.

En ese sentido, la Comisión de Justicia analizo y estudió, no solo si las personas propuestas reúnen los requisitos legalmente exigidos para ocupar el cargo en mención, sino también, si el proceso de selección se realizó conforme a la normativa aplicable al caso.

A fin de contar con una estructura legal acorde a las necesidades vigentes del Poder Judicial del Estado, la Septuagésima Sexta Legislatura, en sesión ordinaria aprobó con 30 votos a favor, la nueva Ley Orgánica de dicho Poder Constitucional.

En este sentido, la nueva legislación establece que el Poder Judicial estará integrado por un Tribunal Superior de Justicia; un Tribunal de Disciplina; un Órgano de Administración Judicial; y, los Juzgados de Primera Instancia, Menores y Comunales.

Para este efecto, el Supremo Tribunal de Justicia estará conformado con las magistradas y magistrados electos por voto ciudadano, de manera regionalizada, el cual, funcionará en Pleno y en Salas Regionales Colegiadas y Unitarias.

El tribunal de Disciplina, sustituye la facultad del actual Consejo del Poder Judicial en materia de vigilancia y disciplina de sus integrantes, será el encargado de velar por la independencia, imparcialidad, honestidad e integridad de la justicia, siendo el órgano responsable de garantizar que las personas que integran el sistema judicial michoacano los cumplan.

Para cumplir lo anterior, el Tribunal estará compuesto por personas magistradas independientes, y actuará en Pleno y en Comisiones, para garantizar el derecho del doble conforme y el acceso a un recurso judicial efectivo de las personas juzgadoras sujetas a su jurisdicción.

Asimismo, se instituyó que contará cuando menos, con dos órganos auxiliares, uno de investigación de las conductas (por acción u omisión, que constituyan faltas administrativas de las personas juzgadoras sujetas a su jurisdicción); y, otro con facultades para evaluar y dar seguimiento al desempeño de los órganos jurisdiccionales a través de elementos cualitativos y cuantitativos que garanticen el óptimo desempeño de las salas y juzgados.

También fungirá como autoridad resolutoria y sancionará a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, con sanciones que podrán incluir amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas.

Cabe destacar, que el periodo de las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, y de las personas juzgadoras de primera instancia y menores que resultaron ganadoras en la elección extraordinaria celebrada en el año 2025 durarán ocho años en su cargo, por lo que vencerá en el año 2033.

Es preciso señalar, que la nueva legislación no afecta la autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado, esta es una condición necesaria para que dicho Poder ejerza sus funciones con plena independencia.

Finalmente, a es importante señalar, que para salvaguardar los derechos humanos de la base trabajadora y sus garantías, se aprobó que la disciplina judicial se ejercerá conforme al marco constitucional y convencional; y, se respetarán los derechos laborales de los trabajadores y demás integrantes del poder judicial, conforme se ha mandatado en los artículos transitorios de la reforma federal y local en la materia.

Con un llamado firme, enérgico y respaldado por la ley, la presidenta del Congreso del Estado de Michoacán, Giulianna Bugarini, se pronunció este miércoles contra la violencia política de género en el recinto legislativo.

Durante su intervención en la sesión ordinaria, la legisladora advirtió que “esta presidencia no permitirá, bajo ninguna circunstancia, expresiones de violencia, denostación o misoginia hacia ninguna diputada o diputado, y que toda intervención deberá regirse bajo los principios de respeto y civilidad parlamentaria”.

“Los tiempos en los que se podía demeritar la inteligencia o la capacidad de una mujer por razón de su género se terminaron. Esta presidencia hará valer la Ley Orgánica y los procedimientos parlamentarios. No más violencia política de género. No está a discusión”, sentenció Bugarini Torres desde la máxima tribuna del estado.

La presidenta del Congreso hizo un exhorto enérgico a las y los integrantes de la 76 Legislatura a conducirse conforme lo establece la Ley, específicamente el artículo 33 fracción VIII y el artículo 7 fracción VI, que obligan a las y los legisladores a mantener una conducta respetuosa, con armonía y decoro dentro de los debates parlamentarios.

Asimismo, sostuvo que cualquier expresión misógina será interrumpida y sancionada conforme a lo que dicta el marco normativo vigente.

“Este Congreso debe ser un espacio de debate, sí, pero con altura de miras. Aquí no caben las descalificaciones, ni las agresiones disfrazadas de opinión. Especialmente, hago un llamado a quienes han caído en prácticas que denigran la participación política de las mujeres. Basta ya”, enfatizó.

La Septuagésima Sexta Legislatura entregó, en acto solemne la Medalla Michoacán al Mérito Docente 2025, al doctor Rafael Lara Hernández, como un reconocimiento a la labor incansable, comprometida y transformadora que ha tenido con la educación.

La diputada Giuliana Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, señaló que esta condecoración, reafirma el papel de la educación como piedra angular del desarrollo de Michoacán.

“Este Congreso, en representación del pueblo de Michoacán, honra hoy a un docente cuya trayectoria no solo es destacada, sino profundamente formativa e inspiradora. Me refiero al doctor Rafael Lara Hernández, ejemplo de vocación, de innovación y de compromiso con la transformación educativa desde la raíz de nuestras instituciones públicas”, aseveró.

La diputada presidenta afirmó que “una sociedad que apuesta por la educación es una sociedad que abre caminos a la equidad, al diálogo y al desarrollo con sentido. Educar no es solo transmitir conocimientos, sino formar conciencia, fortalecer el pensamiento crítico y construir comunidad desde la raíz”.

Por su parte y a nombre de la 76 Legislatura, el diputado Antonio Carreño Sosa, subrayó que, con la entrega de esta condecoración, el Poder Legislativo rinde tributo a la educación pública, al conocimiento como motor de cambio, y a los hombres y mujeres que, desde las aulas, los laboratorios, los talleres y las instituciones, hacen posible que Michoacán avance y se transforme.

Carreño Sosa dijo que “la educación de calidad, pertinente y vinculada al desarrollo productivo, es la herramienta más poderosa para romper ciclos de desigualdad y generar verdadero progreso”.

Por su parte, Rafael Lara Hernández, en su intervención narró sobre las diferentes situaciones que ha pasado a lo largo de su trayectoria, sin embargo, dejó en claro que seguirá por el camino de la educación, pues confió en que es la única forma de que esta sociedad se transforme realmente y haya un Michoacán más próspero para las futuras generaciones.

Rafael Lara Hernández, es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional por el ININEE-UMSNH; maestro en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la UMSNH; e Ingeniero Industrial en Producción por el Instituto Tecnológico de Morelia, además de que tiene diversos diplomados en el extranjero y su experiencia profesional, siempre ha estado ligada a la educación, la docencia y la cátedra.

En este Acto Solemne, estuvo en representación del Ejecutivo Estatal, Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán; y Víctor Lenin Sánchez en representación del Poder Judicial de Michoacán.

En un paso hacia la protección de la niñez que qeda en orfandad por feminicidio, las diputadas Eréndira Isauro Hernández y Anabet Franco Carrizales, así como el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, presentaron una iniciativa que plantea la pérdida automática de la patria potestad a quien sea vinculado a proceso o sentenciado por el delito de feminicidio, cuando tenga hijos con la víctima.

La propuesta incluye reformas al Código Familiar y al Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez y evitar que los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio queden bajo la tutela de sus agresores.

“Esta reforma busca reconocer la trascendencia de garantizar plenamente los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en contextos donde han perdido a su madre en actos de violencia feminicida”, señaló la diputada local, Eréndira Isauro Hernández.

Indicó que la iniciativa está en sintonía con un exhorto del Senado de la República, emitido en diciembre de 2023, en el que se pidió a los congresos estatales armonizar sus leyes locales para asegurar la suspensión o pérdida de la patria potestad en estos casos.

Uno de los referentes centrales de la reforma es la llamada Ley Monzón, impulsada por primera vez en Puebla tras el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, y que sirvió de precedente para otras entidades del país.

Entre las propuestas se encuentra la reforma al artículo 425 bis del Código Familiar en donde establece que se perderá la patria potestad si quien la ejerce es condenado por feminicidio, y se suspenderá si existe un auto de vinculación a proceso por el mismo delito, en perjuicio de la madre de los hijos menores de edad.

Así como la reforma al artículo 120 del Código Penal, donde instituye que en casos donde el agresor tenga descendencia con la víctima y los hijos sean menores de edad, se le condenará con la pérdida de la patria potestad, “a fin de salvaguardar el interés superior de la niñez y garantizar su derecho a vivir en un entorno seguro, afectivo y libre de violencia”.

La propuesta también recupera principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), que establecen la obligación de todas las autoridades legislativas, administrativas y judiciales de anteponer el interés superior de la infancia.

La iniciativa ya fue turnada a comisiones y se espera se dictamine en próximas semanas. Con ella, Michoacán se sumaría a las entidades que han actualizado su legislación para proteger jurídicamente a la niñez víctima indirecta de la violencia feminicida.

Con el propósito de que esta 76 Legislatura sea pionera en la legislación pro ambiental y del cuidado de los animales, la diputada Sandra Arreola Ruiz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde, dio a conocer diversas iniciativas que serán presentadas en las próximas sesiones del Congreso del Estado.

En rueda de prensa, la legisladora local detalló que una de las iniciativas que presentará en próximos días, es la aplicación irrestricta de la Ley, aún y cuando el delito haya quedado únicamente tentativa, esto referente a que, actualmente el Código Penal mexicano no sanciona con suficiente severidad la tentativa de delitos contra el medio ambiente y la fauna, lo que significa que cuando alguien intenta dañar ecosistemas o especies protegidas, pero no logra consumar el daño, las consecuencias legales son mínimas, a pesar de que el riesgo y la intención estuvieron presentes.

En ese sentido, quedará establecido en el Código Penal de Michoacán, en el artículo 71, la Punibilidad de la tentativa, es decir que en el caso de los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, la tentativa tendrá la misma pena que el delito consumado.

De la misma forma, la diputada Arreola Ruiz, anunció que presentará ante el Pleno, otra iniciativa referente a la reforestación por parte de quienes tengan huertas de aguacate, “en esta iniciativa lo que proponemos es que a través de la Comisión Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales de Michoacán (SEMACCDET), se vigile que los productores de aguacate legalmente establecidos, cumplan con la obligación de reforestar con especies forestales nativas, en proporción al 10 por ciento del área en producción”.

Es importante mencionar que dichos terrenos a reforestar serán definidos por la SEMACCDET a través de la Comisión Forestal, misma que dotará gratuitamente de las especies forestales nativas.

En próximos días, también se propondrá una iniciativa para cambiar el nombre de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, que preside la diputada Sandra Arreola, por el de Comisión de Medio Ambiente y Protección Animal, toda vez que esta Comisión es quien analiza, discute y dictamina todas las iniciativas referentes a la protección animal.

Con la presentación de esta serie de iniciativas, el Congreso del Estado reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente como parte de la agenda legislativa que se estableció desde el inicio de funciones de esta Septuagésima Sexta Legislatura.

En Zitácuaro manda el crimen organizado, no el presidente municipal, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, quien debería pedir licencia a su cargo tras declararse rebasado porque “los habitantes de este municipio no necesitan un gobierno subordinado a los grupos criminales”, afirmó Memo Valencia.

El dirigente estatal del PRI argumentó que desde hace mucho tiempo el Ayuntamiento se encuentra superado por las actividades delictivas ocurridas en el Oriente michoacano.

“En Zitácuaro no manda el presidente municipal, manda El Barbas. Creo que es Zitácuaro una caja de Pandora que se tiene que abrir y el primer paso sería que el alcalde solicitara licencia al cargo y que se hiciera una investigación muy puntual sobre las razones por las que durante tantos años se mantuvo un silencio cómplice”, dijo.

El líder priista también recordó cuando desde el gobierno estatal se presumió que la policía de Zitácuaro era la única en Michoacán que tenía el estado de fuerza, según estándares internacionales, para combatir al crimen, e insistió en que ante los recientes actos de violencia no se quedaron inactivos como muchos piensan, más bien, no reaccionaron porque están subordinados a la delincuencia.

“No, es que no es inacción, es subordinación. Están subordinados a los mandatos del crimen organizado. Una subordinación cómplice de las autoridades municipales al actuar de este señor, que tenía años cobrando cuota, extorsionando, haciendo lo que le daba en gana y pues el presidente municipal no hacía nada”.

De ahí que recordó el ejemplo de Uruapan, donde a pesar de recibir un municipio endeudado y con graves problemas de seguridad, Carlos Manzo ha sabido imponer su liderazgo y trabajar para buscar reducir la criminalidad en esta importante ciudad.

“El alcalde de Zitácuaro casi queriendo chillar con su cara ahí de no pude, con Carlos Manzo que sí, fíjense, le dejaron el municipio endeudado, sin policías, sin patrullas y a pesar de todas esas limitaciones, el liderazgo hace la diferencia, Carlos Marzo ha venido haciendo la diferencia de mostrar cómo la falta de policías no es requisito cuando hay un gran líder”, mencionó.

Memo Valencia finalmente lamentó que, ni el gobierno estatal o el federal, hayan detenido ya a los criminales que han arrebatado la vida a inocentes en Zitácuaro, a pesar de estar identificados porque “algo pasa cuando públicamente hacen referencia de actores criminales y no los detienen. Son cómplices, esos delincuentes les hacen la chamba de tener al pueblo asustado para que el pueblo no se queje por la falta de medicamento en el hospital, no se queje sobre la falta de obras públicas”, lamentó.

 Acompañaron el posicionamiento, la secretaria general, Yadira Guerrero Huerta; Edna Martínez, secretaria técnica del Consejo Político Estatal; y los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Finanzas y Administración, Berenice Álvarez; de Operación Política, Bladimir González; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; y de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa; además del representante del PRI ante IEM, Alejandro Bribiesca.

“Por familias más fuertes y una sociedad más pacífica, estamos construyendo desde la Ley un mejor Michoacán”, aseveró Teresita Herrera Maldonado, diputada presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Familia en el Congreso.

Al realizarse el tercer foro en Sahuayo, para la construcción de la Ley de Familia en Michoacán, la legisladora enfatizó que en el recorrido que se realiza por todo el estado, se han encontrado propuestas muy valiosas para dar solución a diversas problemáticas.

“En este ejercicio de participación ciudadana y de escucha estamos teniendo propuestas muy enriquecedoras que queremos plasmar en este proyecto de Ley para que aborde los temas que requieren una atención urgente, y como resultado fortalecer a las familias en la entidad”.

Durante el encuentro con ciudadanos, expertos, representantes de diversos sectores sociales, y acompañada de la diputada Belinda Hurtado; Tere Herrera enfatizó que esta Ley debe construirse desde el sentir de la ciudadanía y no a través de un escritorio, para lograr tener familias más fuertes y una sociedad más pacífica.

“Las problemáticas que se viven actualmente en todo el país y en el estado, en materia de violencia o inseguridad, sabemos que pueden encontrar su solución al fortalecer los lazos y la convivencia familiar”.

En el encuentro estuvieron presentes Belinda Hurtado Marín, diputada integrante de la Comisión de la Familia; Manuel Gálvez, presidente municipal de Sahuayo; Ximena Silva, presidenta del DIF Sahuayo; José Manuel Hinojosa, diputado federal.

El foro en Sahuayo fue parte de una serie de encuentros que buscan recoger voces de todas las regiones del estado para construir una Ley integral, incluyente y enfocada en el bien común de las familias como base del desarrollo social.

En un paso firme para frenar los abusos históricos en el arrastre y depósito de vehículos en Michoacán, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas de fondo a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, impulsadas por el diputado Hugo Rangel Vargas.

Como presidente de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, Rangel encabezó los trabajos del dictamen, con el propósito de” erradicar la discrecionalidad, la corrupción y la falta de transparencia que han caracterizado a este servicio por décadas”.

“La ciudadanía está cansada de pagar tarifas excesivas sin saber por qué, sin reglas claras, y sin ninguna garantía sobre el cuidado de sus vehículos. Estas reformas colocan por fin el interés público por encima del negocio privado”, señaló el legislador.

Las reformas aprobadas precisan las causales por las que un vehículo puede ser remitido al depósito, limitando el margen de interpretación de las autoridades y armonizando los reglamentos municipales con la legislación estatal. Además, se obliga a que todas las tarifas por concepto de arrastre, salvamento y guarda de vehículos sean públicas, estén autorizadas por el Congreso del Estado y sean fiscalizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración, de conformidad con la Ley de Gobierno Digital.

“Queremos que la gente sepa exactamente cuánto cuesta el servicio y por qué, y que pueda consultar un tabulador oficial. Eso es transparencia, eso es justicia”, enfatizó Rangel Vargas.

La iniciativa también retoma buenas prácticas del reglamento federal de servicios auxiliares de autotransporte, como la obligación de registrar en un sistema informático los movimientos de ingreso y salida de vehículos del corralón, y de garantizar la conservación y el resguardo de cada unidad.

A través de la adición de nuevas fracciones al artículo 42, se establece que la Secretaría de Seguridad Pública deberá vigilar el cumplimiento de las tarifas autorizadas, emitir reglas claras sobre la operación de los depósitos, y asegurar que las personas usuarias tengan acceso inmediato a toda la información sobre los costos y procedimientos del servicio.

El diputado petista, subrayó que estas reformas no solo corrigen vacíos legales, sino que son un acto de justicia para miles de michoacanas y michoacanos que han sido víctimas del abuso.

“Este Congreso no puede ser cómplice silencioso de un sistema que extorsiona a la gente desde la legalidad. Estas reformas no resuelven todo, pero sientan un precedente: en Michoacán, el negocio de las grúas ya no será tierra de nadie. Vamos a seguir empujando desde el Legislativo para que las autoridades cumplan, para que los reglamentos se actualicen, y para que los derechos de la ciudadanía estén por encima de los privilegios de unos cuantos”, concluyó Hugo Rangel.

Con el objetivo de formar generaciones conscientes del valor de los ecosistemas y comprometidas con la protección del entorno, la diputada Vanhe Caratachea presentó una iniciativa para incorporar la educación ambiental y forestal de manera formal en los niveles básico y medio superior en Michoacán.

La propuesta busca adicionar un artículo 10 Bis a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado, con el fin de que el aprendizaje sobre los bosques, el cambio climático y los servicios ambientales se imparta de forma transversal, actualizada y con enfoque local, desde la primaria hasta el bachillerato.

“No se trata de crear nuevas materias ni de generar costos extra. Se trata de actualizar los contenidos que ya existen, e involucrar a instituciones, comunidades indígenas, organizaciones civiles y al propio magisterio en una verdadera alianza educativa intergeneracional”, explicó la legisladora desde la tribuna.

Subrayó que Michoacán es un estado con alta biodiversidad, pero también enfrenta una crisis ambiental grave: deforestación, incendios provocados y pérdida de cobertura vegetal. “No basta con castigos, necesitamos prevención, y la prevención empieza en el aula”, dijo.

La diputada también destacó que la iniciativa incorpora el respeto a los saberes tradicionales, la equidad de género y la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno. Además, se alinea con el artículo 4º constitucional, el Acuerdo de Escazú y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

“Si queremos un Michoacán con futuro, formemos desde hoy a quienes lo van a construir. Esta reforma no es para nosotros: es para quienes aún no han nacido, pero dependerán de las decisiones que tomemos ahora”, concluyó Vanhe Caratachea.