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Desde este Congreso vamos a legislar para visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), vamos a trabajar para que se reconozca desde la Ley, el carácter excepcional de esta enfermedad y que se garantice el acceso a medicamentos de alta especialidad, así lo dejó de manifiesto la diputada Giuliana Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

En el marco del “Primer foro de la comunidad ELA Michoacán”, que se llevó a cabo con motivo del Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la presidenta del Poder Legislativo, afirmó que en esta 76 Legislatura se impulsará la investigación científica de esta enfermedad con fondos públicos, además de que se legislará para que haya cuidados paliativos con dignidad y sin discriminación.

“Como legisladora y como presidenta de este Poder Legislativo, asumo el compromiso de que los hallazgos, diagnósticos y propuestas que el día de hoy aquí se generen, no se queden solo en la narrativa del evento, sino que se traduzcan en iniciativas, presupuestos y mecanismos concretos. Lo técnico no puede estar disociado de lo político. Y lo político, si no tiene raíz en lo humano, es solo estrategia vacía”, aseveró.

Por su parte, la diputada Belinda Iturbide Díaz, organizadora de este Primer Foro, informó que ya se trabaja en una iniciativa para esta enfermedad, trabajo que dijo, se realiza en diversas mesas y con los involucrados directos e indirectos, para que la propuesta que salga cubra todas las necesidades de quienes padecen esta enfermedad.

“Hoy levantó la voz como mujer, como médica, como ciudadana y como representante del pueblo, la dignidad no debe de ser negociable, menos cuando hablamos de una enfermedad tan devastadora como es esta, por ello visibilizar la enfermedad e impulsar la investigación de la misma es reivindicar a los pacientes”, añadió.

En este foro, Francisco Gamaliel Arias Urquieta, representante de la comunidad ELA Michoacán hizo un firme llamado a las autoridades para que volteen a ver esta enfermedad y se le ponga especial atención, “ocupamos de ustedes, de su trabajo y compromiso”, agregó.

Por su parte, Jaime Isai Sagaon Funes, médico especialista, expuso y dio los detalles de la ELA, así como las necesidades médicas que se requieren para sobrellevar y atender esta enfermedad, la cual dijo es degenerativa y que acaba poco a poco con la vida de quienes la padecen.

En este foro, también participó Norma Delgado, paciente con ELA; mediante Ligia Elizabeth Mazariego, quien narró un poco de la experiencia de Norma con esta enfermedad e hizo un llamado enérgico para que las autoridades visibilicen y se sensibilicen en el trato y atención de esta enfermedad; las dificultades que enfrentan los pacientes y cómo es su vida diaria.

La Diputada Nalleli Pedraza Huerta, realizó un llamado a las y los integrantes de la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán a apostar por la participación política de las mujeres y apoyar la iniciativa de reforma al Código Electoral donde se propone incrementar a por lo menos un 5% el financiamiento público que cada partido político debe destinar anualmente para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

“Estamos en un momento definitorio para afinar los procesos democráticos de nuestro estado. Hoy, vengo a proponerles que demos un paso firme y decidido hacia una igualdad que no solo se escriba en la ley, sino que se viva en la realidad de cada mujer michoacana que aspira a servir a su gente.”

Pedraza Huerta, recordó que actualmente el Código Electoral de Michoacán obliga a los partidos a destinar un tres por ciento de su financiamiento para la capacitación política de las mujeres, una medida que ha resultado ser insuficiente para respaldar la participación política de las mujeres, misma que indicó es y será un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia.

“En Michoacán, no nos conformamos con una igualdad de papel. Aspiramos a una igualdad sustantiva, donde las voces, las perspectivas y el liderazgo de las mujeres estén plenamente representados en cada espacio de toma de decisiones.”

Nalleli Pedraza, añadió que esta propuesta tiene como finalidad invertir en el liderazgo de las mujeres para impulsar la democracia, y trabajar por una política más justa y más representativa para todas y todos.

Renovación vehicular, contratación de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros, revisión anual de tarifas y estímulos fiscales en concesiones con vehículos eléctricos, quedaron plasmadas en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, al aprobar el Pleno de la 76 Legislatura diversas disposiciones en la misma.

En Sesión Ordinaria, las y los legisladores determinaron incorporar el establecimiento de criterios técnicos para la revisión y actualización anual de tarifas, conforme lo dispone la Estrategia Nacional de Movilidad, relativo a la gestión de sistemas tarifarios con enfoque de valorización y sostenibilidad.

Conforme a lo determinado en el dictamen elaborado por la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, “la fijación transparente y periódica de tarifas es fundamental para garantizar certidumbre tanto a usuarios como a concesionarios, fomentando una mejor planificación financiera y operativa”.

De acuerdo con lo establecido en el Dictamen las y los legisladores michoacanos precisan en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, las obligaciones de los prestadores del servicio de transporte público, incluyendo la contratación obligatoria de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros, la creación de un fondo de garantía y la posibilidad de contar con coberturas más amplias ante siniestros, para evitar situaciones de desprotección y brindar respuestas efectivas ante accidentes o eventualidades.

Asimismo, en consonancia con la Estrategia Nacional de Descarbonización, se incluye un estímulo del 100% en los derechos relativos al otorgamiento de concesiones del transporte público para vehículos eléctricos de producción nacional; lo que permitirá la transición energética y la reducción de emisiones contaminantes, fortalecer el mercado interno y promover el uso de tecnologías limpias.

El Artículo 188 ahora establece que los vehículos destinados para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros masivo, semimasivo y cable, deberán no ser mayores a los 12 años para ser incorporados al servicio y sustituirse antes de los doce años de la fecha de fabricación.

Mientras que los vehículos destinados para la prestación del servicio de transporte especializado escolar, deberán no ser mayores a los 12 años para ser incorporados al servicio y sustituirse antes de los trece años de la fecha de fabricación.

La Comisión de Movilidad y Comunicaciones en su exposición de motivos explicó que las diversas modificaciones surgieron en mesas de trabajo, bajo un modelo de Parlamento Abierto, escuchando y valorando las aportaciones de quienes operan, regulan y utilizan diariamente el sistema de transporte en nuestro estado.

En el marco del Mes Verde, la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 89 del Reglamento Municipal con el objetivo de establecer criterios obligatorios de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y desempeño económico en el otorgamiento y prórroga de concesiones de agua.

Se trata de una iniciativa trabajada en conjunto con la legisladoras Ana Belinda Hurtado Marín, María Itzé Camacho Zapiain, Brissa Ireri Arroyo Martínez, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, Diana Mariel Espinoza Mercado, Ana Vanessa Caratachea Sánchez y Adriana Campos Huirache integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

La diputada Arreola Ruiz alertó sobre el colapso progresivo de los recursos hídricos en México debido a un sistema de concesiones que privilegia intereses privados sobre el bienestar público. Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revelan que, mientras en 1992 existían apenas 2 mil títulos de concesión, para 2020 la cifra superó los 514 mil.

«El 70% del volumen concesionado está en manos de solo el 7% de los usuarios: grandes empresas mineras, cerveceras, refresqueras y agroindustrias. Mientras comunidades enteras padecen escasez, unos cuantos acaparan el recurso, sobreexplotando más de 115 acuíferos en el país», denunció.

Además, destacó el incumplimiento generalizado de las concesiones vigentes, como lo demostró la cancelación de 100 permisos en Michoacán en mayo de 2025 por desvío de uso, y la revisión de 4 mil más por irregularidades.

Ruiz Arreola, destacó que en coincidencia con sus homólogas en la preocupación por esta problemática que se continúa acrecentando, se construyó la propuesta que establece que, para obtener una prórroga de concesión, los titulares deberán solicitarla con dos años de anticipación y acreditar el uso eficiente del agua, conforme a la NOM-011-CONAGUA-2015 (que garantiza la disponibilidad real del recurso).

Cumplir con límites de contaminantes en descargas de la NOM-001-SEMARNAT-2021 y NOM-003-SEMARNAT-1997, implementando sistemas de tratamiento; promover el reúso de aguas residuales tratadas en actividades públicas y presentar un informe técnico que demuestre tarifas justas, eficiencia administrativa y cero abusos a usuarios, son parte de la iniciativa. «No podemos permitir que el agua, un derecho humano fundamental, siga siendo explotada por unos cuantos en detrimento de las mayorías y del medio ambiente», afirmó la legisladora.

La diputada recordó cómo los ríos y manantiales de Michoacán se secan mientras las autoridades permiten que el modelo actual «sacrifique el futuro por ganancias inmediatas» e hizo un llamado a sus compañeros legisladores a apoyar la reforma: «El agua no es mercancía, es vida. Michoacán nos exige valentía. Hoy estamos a tiempo de cambiar el rumbo».

Ante el alto registro de accidentes en la caseta de cobro de Zinapécuaro, en la Autopista de Occidente, y la no respuesta de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sobre la posibilidad de reubicar a la misma, el Congreso del Estado exhortó para que las autoridades competentes informen sobre el avance en el proceso de reubicación.

Las y los legisladores michoacanos votaron a favor del Punto de Acuerdo presentado por la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, mediante el cual exhortan a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y al organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) para que, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, remitan un informe detallado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán sobre los estudios técnicos, dictámenes y avances en el proceso de reubicación de la caseta de cobro de Zinapécuaro, de la Autopista de Occidente.

En sus consideraciones, señalaron que en diciembre de 2023, a través de un Punto de Acuerdo se exhortó a la SICT a reubicar la caseta de cobro de Zinapécuaro, debido a su ubicación inadecuada y la incidencia de accidentes fatales en la última década, sin que hasta la fecha se tenga registro de una respuesta concreta por parte de la SICT.

“Es fundamental darle seguimiento a este llamado, ya que las solicitudes del Congreso del Estado de Michoacán no pueden quedar sin atención por parte de las autoridades responsables. Por el contrario, se debe garantizar el cumplimiento de lo solicitado por los representantes del pueblo de Michoacán, velando por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos”, precisaron.

De igual forma, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura instruyó a la Comisión de Movilidad y Comunicaciones a establecer una mesa permanente de trabajo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para dar seguimiento a las acciones necesarias para la reubicación de la caseta de cobro de Zinapécuaro, asegurando que se atiendan los principios de seguridad vial y movilidad establecidos en la legislación aplicable.

“Se solicita que la Comisión de Movilidad y Comunicaciones del H. Congreso del Estado de Michoacán participe activamente en las reuniones de trabajo relacionadas con la reubicación de la citada caseta de cobro, a fin de garantizar un seguimiento oportuno y la implementación de medidas adecuadas para la seguridad de los ciudadanos”, quedó plasmado en el Punto de Acuerdo aprobado.

De igual forma, quedó de manifiesto que el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la SICT debe vigilar técnicamente el funcionamiento y operación de las concesiones y permisos otorgados. Asimismo, el Decreto publicado el 13 de enero de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, reforma el Reglamento Interior de la SICT y otorga a la Dirección General de Vinculación Institucional la atribución de coordinar propuestas de respuesta a peticiones legislativas relacionadas con la seguridad vial.

La diputada Vanhe Caratachea presentó una iniciativa que busca establecer un programa anual y obligatorio de capacitación ambiental para el personal del sector industrial que maneje residuos en Michoacán. La propuesta responde a una problemática urgente: el estado genera más de 4 mil 500 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de las cuales apenas se recicla el 2.5%.

A través de la capacitación, se dotará a los trabajadores y empresas de conocimientos técnicos y legales que les permitan mejorar sus procesos, reducir riesgos y cumplir con las normas ambientales vigentes. “Esto no es una carga, es una oportunidad para fortalecer a la industria desde la responsabilidad social y ambiental”, señaló.

“La realidad es alarmante. Esta cifra no es solo un dato: es una advertencia. Hay aire, agua y suelos contaminados, y detrás de ellos, comunidades enteras en riesgo”, advirtió la legisladora ante diputadas y diputados de la 76 Legislatura del Congreso del Estado. Subrayó que, si bien la legislación ambiental reconoce la responsabilidad de las industrias, hoy carece de mecanismos efectivos para asegurar que se cumpla.

Resaltó que el sector industrial tiene un papel protagónico en este cambio de paradigma. “No se trata de limitar su desarrollo, sino de impulsarlo bajo un modelo que respete el equilibrio ecológico y las normas ambientales”. La capacitación no solo beneficiará al medio ambiente, sino que también fortalecerá a las empresas, al hacerlas más competitivas y preparadas para enfrentar las demandas actuales y futuras del mercado, explicó.

Del mismo modo, aseguró que la correcta gestión de los residuos industriales reduce riesgos de accidentes, daños a la salud de los trabajadores y las comunidades, y evita costosos impactos económicos derivados de sanciones o litigios ambientales. Por lo tanto, esta propuesta no es solo una cuestión legal, sino una estrategia integral para proteger vidas y recursos, así como fomentar una cultura de prevención y corresponsabilidad.

En este sentido, Vanhe Caratachea dijo que el manejo adecuado y la valorización de los residuos forman parte de un modelo de economía circular que debemos adoptar con urgencia. Cada residuo que reciclamos, cada proceso que mejoramos, es un paso hacia un Michoacán más limpio, más verde y más justo. “Estamos hablando de preservar la biodiversidad, reducir la contaminación y mitigar los efectos del cambio climático a nivel local, contribuyendo a la salud global”.

La diputada también destacó que esta reforma parte de principios fundamentales como la prevención, la corresponsabilidad y el desarrollo sostenible. “Cuidar el medio ambiente es cuidar la salud, la economía y el futuro de quienes vivimos aquí”, enfatizó. Además, con esta iniciativa, se garantiza que las autoridades ambientales cuenten con un mecanismo claro para supervisar y validar la capacitación, facilitando la inspección, sanción y seguimiento, y fortaleciendo la gobernanza ambiental.

Durante su intervención, reconoció el trabajo de la ingeniera ambiental Samantha Pastrana Regalado, autora intelectual de la iniciativa, quien aportó su experiencia técnica y científica para diseñar una propuesta sólida y viable. “Gracias a su compromiso, hoy tenemos una ruta clara para avanzar hacia un Michoacán más limpio y justo”.

Por último, hizo un llamado al Congreso a respaldar esta propuesta: “Tenemos en nuestras manos la posibilidad de marcar un antes y un después en la gestión ambiental de Michoacán. No se trata solo de una reforma legal, sino de un compromiso con las generaciones futuras”.

Con una sugerencia al titular del Poder Ejecutivo, de ampliar las acciones reportadas mediante un plan estratégico que esté plenamente alineado con los estándares internacionales de los derechos de la niñez, el Pleno de la 76 Legislatura avaló el dictamen de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno en materia de protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En sesión ordinaria, las y los diputados aprobaron el dictamen presentado por la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia que preside la diputada Ana Vanessa Caratachea, e integra el diputado Antonio Tzilacatzin Carreño, quienes revisaron el informe gubernamental en materia de salud, educación, bienestar social y protección de la violencia del sector infantil y adolescente del Estado.

Al respecto, se le recomendó al titular del Poder Ejecutivo Estatal poner en marcha, a la brevedad posible, el Centro de Justicia de Protección a la Niñez y la Adolescencia del Estado de Michoacán, como una acción prioritaria para garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la restitución integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

De igual forma, el Congreso local recomendó al Gobierno del Estado, a seguir avanzando en la transparencia del uso de los recursos públicos destinados a la niñez y adolescencia, promoviendo la publicación clara de los montos ejercidos, así como la participación de organizaciones civiles, académicas y especialistas en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en la materia.

Así como, establecer un sistema estatal permanente de seguimiento y evaluación, sustentado en indicadores cuantitativos y cualitativos, que permitan conocer de forma continua el impacto real de las políticas públicas en áreas prioritarias como salud, educación, protección social e inclusión.

En un acto de reconocimiento a la lucha por la igualdad y la representación política de la diversidad sexual, el diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa legislativa propuesta por el colectivo PRIDE Michoacán, para “reconocer que las acciones afirmativas son una herramienta legítima y necesaria para corregir desigualdades estructurales”.

La iniciativa, que cuenta también con el respaldo del diputado local Hugo Rangel Vargas, propone que al menos el 2% del financiamiento público ordinario anual que reciben los partidos políticos en Michoacán se destine de manera obligatoria a programas de capacitación, formación política y empoderamiento de personas de la diversidad sexual. Los recursos, explicó, deberán ser aplicados en actividades previamente registradas ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Durante su intervención, Ocampo agradeció la presencia de integrantes del colectivo PRIDE Michoacán, a quienes reconoció por su trabajo incansable en la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTTTIAQ+.

“La propuesta que hoy presentamos no nace desde una oficina, sino desde las calles, desde la resistencia y desde el orgullo. Es producto del esfuerzo de una sociedad civil organizada que ha exigido ser escuchada y representada con dignidad”, expresó el legislador perredista desde la máxima tribuna del estado.

Ocampo subrayó que, si bien el marco jurídico nacional e internacional establece principios de igualdad y no discriminación, en la práctica persisten la exclusión y las barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de derechos por parte de la comunidad LGBT+. “No se puede hablar de democracia plena si se deja fuera a una parte de nuestro pueblo”, afirmó.

Finalmente, el legislador llamó a las y los diputados a respaldar la propuesta con una perspectiva de justicia social e inclusión: “Hay que legislar con responsabilidad y avanzar hacia un Estado más incluyente, más igualitario y más justo”.

La iniciativa fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y eventual dictaminación.

Garantizar un medio ambiente sano, donde quien lo dañe reciba la sanción correspondiente, es la propuesta que la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Mariel Espinoza Mercado, presentó ante el pleno.

Dicha iniciativa busca reformar el Artículo 32 de la Ley de Responsabilidad Ambiental para el Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de garantizar que quien o quienes atenten contra los recursos naturales, puedan ser denunciados, sin un plazo de tiempo definido.

“Es decir, que no exista un plazo límite para que el Estado, las personas afectadas o las organizaciones defensoras del medio ambiente puedan exigir la reparación integral del daño causado. Este principio se alinea con la tendencia global de considerar al ambiente como un bien jurídico superior, colectivo y de interés público que merece una protección reforzada, en especial frente a intereses privados que pueden generar un impacto negativo irreversible”, resaltó la diputada.

Lo anterior, para lograr que los delitos ambientales no queden impunes, en una entidad que, dijo, es considerada la quinta más importante en cuanto a biodiversidad, en todo el país.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y curso correspondiente.