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A fin de aminorar el impacto económico que representa el cambio de administración en los gobiernos locales y estatales por el cambio en la imagen institucional, los diputados Sandra Arreola Ruiz y Alejandro Arévalo Vera, presentaron la iniciativa de la Ley de Imagen Institucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Como representante del Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz explicó cada relevo institucional deriva en un gasto oneroso y recurrente. Se reemplazan papelería, vehículos, uniformes y señalética únicamente para imponer logotipos, colores o lemas personalistas. Esto representa un uso ineficiente de recursos públicos que podrían destinarse a rubros prioritarios como la salud, la educación o el desarrollo de las comunidades indígenas.

“Esta ley no es solo una reforma administrativa: es una declaración de principios. Apostamos por instituciones que trasciendan gobiernos y representen a nuestro pueblo con dignidad, austeridad y sentido histórico.”, explicó en tribuna.

Para buscar abatir esta problemática, la nueva legislación busca establecer un marco obligatorio para todos los entes públicos en materia de imagen institucional, garantizando que esta se utilice el Escudo del Estado de Michoacán como símbolo unificador, respetar los escudos municipales, reforzando la identidad local y la adopción de adopte colores neutros, sin afiliaciones partidistas.

Se establece además la prohibición del uso de fotografías, slogans o elementos personalizados que reflejen culto a la personalidad.
“Es momento de dejar atrás el despilfarro y los colores personales. Nuestra propuesta fortalece a Michoacán desde su raíz: su gente, su cultura y sus instituciones.”, expuso el diputado Alejandro Arevalo.

Finalmente expuso que con estas medidas se eliminan los gastos derivados de rediseños cada 3 o 6 años, así los recursos podrán dirigirse a hospitales, educación e infraestructura, con lo que se contribuye a la unidad entre poderes y municipios.

La 76 Legislatura busca ciudadanas y ciudadanos mexicanos, que quieran registrarse como aspirantes a los cargos de Auditor Especial de Normatividad; Auditor Especial de Fiscalización Estatal; y, Auditor Especial de Fiscalización Municipal, todos de la Auditoria Superior de Michoacán.

En sesión ordinaria, las y los diputados locales aprobaron las respectivas convocatorias públicas para la selección de dichos cargos del órgano fiscalizador del Estado, señalando que los interesados, tendrán diez días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, respectiva, en la página de internet del Congreso del Estado y en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado.

Entre los requisitos que se establecen en las tres convocatorias, se encuentra: ser mexicano y tener mínimo 35 años cumplidos; contar con experiencia de cinco años en materia de control, fiscalización y de responsabilidades; poseer al día del nombramiento título y cédula profesional debidamente registradas en las carreras de Contaduría Pública, Administración, Economía, Derecho o área afín; entre otros.

Interesados deberán entregar la documentación correspondiente, en el Congreso del Estado, ubicado en Avenida Francisco I. Madero número 97, colonia centro, C. P. 58000, Morelia, Michoacán, en el horario de 9:00 a 15:00 horas; cabe señalar, que algunos de los documentos que solicitan las y los legisladores es la carta de no antecedentes penales; el Currículum Vitae; el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

En este sentido, las convocatorias establecen que la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, realizará las gestiones necesarias para que instituciones de educación superior, colegios de profesionistas y organizaciones de la sociedad civil, participen en la elaboración de los reactivos de evaluación a efecto de examinar los conocimientos de los aspirantes.

Las y los aspirantes, se someterán a un examen, que la comisión en mención, evaluará los resultados y las calificaciones obtenidas por cada uno de los participantes serán publicadas en los estrados del Congreso del Estado y en su página de internet a más tardar al día siguiente.

Cabe destacar, que cada una de las tres convocatorias serán publicadas de manera escalonada, por lo que se les invita a consultar la página oficial del Poder Legislativo; así como, para dudas relacionadas con las convocatorias, la Comisión Inspectora, proporcionó los siguiente contactos: comisioninspectoramichoacan@gmail.com o 4431559865.

Con la finalidad de generar una verdadera igualdad de género en los sistemas de transporte público en la entidad y ante la creciente demanda de mujeres operadoras en el transporte público en la entidad, el Congreso del Estado aprobó diversas reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y a la Ley por una Vida Libre de Violencia Para las Mujeres, ambas del estado de Michoacán.

En lo que respecta a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, se reformó el artículo 47, fracción X, para que estipulé que se deberá “Promover, incentivar y facilitar la participación de las mujeres como concesionarias y operadoras de los vehículos de transporte público”.

En tanto, en la Ley por una Vida Libre de Violencia Para las Mujeres, se adicionó una fracción en su artículo 40, para que diga “Las mujeres operadoras de los vehículos de transporte público, percibirán el mismo trato, salario y condiciones laborales, conforme a los principios de igualdad sustantiva y perspectiva de género.”.

Con estas reformas y adiciones, se pretende que se promocione a través de campañas publicitarias el ingreso a más mujeres al oficio de operadoras de vehículos de transporte público, además de garantizar las mismas condiciones laborales a las ya existentes.

Según el dictamen presentado ante el Pleno se establece que “con el fortalecimiento estratégico de las políticas públicas en materia de movilidad con perspectiva de género, mediante la incorporación de las capacitaciones a las mujeres michoacanas en materia de los sistemas de transporte en la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujeres Michoacanas, con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Con el firme propósito de erradicar abusos y corrupción en materia de tránsito y vialidad, en el estado de Michoacán, el pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó por unanimidad, diversas reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán.

Estas reformas, tienen el objetivo de incorporar en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, las causas por las cuales se pueden remitir los vehículos al depósito de vehículos, con lo cual se pretende que los reglamentos Estatal y Municipales se ajusten a lo mandatado por esta Ley y no sean discrecionales.

En el dictamen presentado por la Comisión de Movilidad y Comunicaciones de esta Legislatura, se establece que “coincidimos con el presentador de la Iniciativa en que la ciudadanía requiere contar con seguridad jurídica y certeza de los causales y costos de los arrastres y resguardo de sus vehículos”.

Con ello, también se busca abonar a la transparencia y rendición de cuentas, por lo que con la entrada en vigor de estas reformas será, la Secretaria de Finanzas y Administración con fundamento en la Ley de Gobierno Digital, quien recaude los derechos fiscales por aprovechamientos, consistentes en arrastre de vehículos implicados en hechos de tránsito y su guarda, toda vez que hoy, no son enterados ante dicha dependencia, así también que sean tarifas claras, autorizadas por esta soberanía en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán vigente.

El garantizar espacios de estacionamiento suficientes, accesibles e inclusivos para las personas con discapacidad, fue la propuesta que presentó ante el pleno de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, el diputado Vicente Gómez Núñez.

Durante su intervención en tribuna, el legislador por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, indicó que la propuesta está orientada a coadyuvar en la construcción de ciudades más humanas, incluyentes y con igualdad de oportunidades para todas y todos.

El diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, para que existan suficientes espacios de estacionamiento destinados a personas con discapacidad, los cuales deberán estar ubicados los más cerca posible de las entradas de oficinas gubernamentales, centros educativos, hospitales, centros comerciales, entre otros.

En ese sentido, indicó que las autoridades municipales deberán asumir la responsabilidad que les toca para atender esta propuesta, que además es una obligación, el coadyuvar a eliminar las barreras físicas que impiden el libre desarrollo y la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad.

El legislador petista llamó a sus homólogos a sumarse a esta iniciativa y contribuir desde el Poder Legislativo a generar mejores condiciones de accesibilidad para este grupo de la población.

Con la aprobación del dictamen en materia de movilidad por parte del Congreso del Estado de Michoacán, se concreta un esfuerzo interinstitucional y colectivo que busca sentar las bases de un nuevo modelo de transporte público en la entidad. Esta reforma, impulsada por la Comisión de Movilidad y Comunicaciones que preside el diputado Hugo Rangel, representa un cambio estructural en la manera en que se piensa, regula y proyecta la movilidad en Michoacán, priorizando la descarbonización y la electrificación del transporte como objetivos de interés público.

Entre los avances más relevantes, destaca que los vehículos eléctricos de producción nacional que se incorporen al servicio público del transporte podrán acceder a un estímulo del 100% en los derechos relativos al otorgamiento de la concesión. Esta medida será regulada mediante lineamientos emitidos por el Instituto del Transporte Michoacano, y se enmarca en una lógica de incentivo a la inversión local, al mismo tiempo que se abona a la reducción de emisiones contaminantes y a la modernización del parque vehicular.

La iniciativa también atiende una de las demandas históricas del sector: la actualización de tarifas con criterios técnicos y participación social. El dictamen establece que las tarifas del Sistema Estatal de Transporte serán determinadas por el Instituto, previa autorización del Ejecutivo estatal, tomando en cuenta factores como el salario mínimo, el precio del combustible y el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Además, se garantiza la inclusión de transportistas y sociedad civil en los procesos de revisión, que deberán realizarse de manera anual y con publicación obligatoria en el Periódico Oficial del Estado.

Lejos de soluciones cosméticas, el dictamen promovido por Hugo Rangel abre un camino para una política de movilidad que deje de beneficiar a unos cuantos y comience a responder a las condiciones reales de los usuarios y operadores del transporte. “Esta reforma no resuelve todo, pero traza un rumbo claro: electrificación, justicia tarifaria y participación social como ejes de una transformación necesaria” concluyó el legislador petista.

“La propuesta de garantizar la alternancia de género en las candidaturas a la gubernatura del estado será analizada en parlamento abierto, para conocer la opinión de las mujeres de todas las regiones, profesiones y ocupaciones, así como de organizaciones, colectivas y sociedad civil en general”, anunció la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano.

La alternancia de género en las candidaturas “es una iniciativa para garantizar la paridad, concretar la igualdad sustantiva y ampliar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”, señaló la diputada especialista en políticas públicas con perspectiva de género, quien apuntó que “este avance ya es vigente en estados como Hidalgo, Puebla, Querétaro, Yucatán y Estado de México”.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena calificó de positivo que la cuestión sobre un derecho que ha sido negado a las mujeres se abra al debate público una vez que ya se colocó el tema en la opinión pública y se ha visibilizado, porque es necesario conocer las posturas de todas las mujeres de Michoacán y de los diversos sectores.

Apuntó la ex comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que la paridad de género es cada vez más una realidad en nuestro país, lo que incluso es reconocido a nivel internacional por el avance significativo que registró México en el Índice Global de Paridad de Género que mide el Foro Económico Internacional, y consideró que “Michoacán no puede rezagarse en esta tendencia nacional y mundial”.

Se requiere un debate amplio, afirmó la diputada Fabiola Alanís, y “no solo considerar los comentarios denostativos hechos contra la propuesta y realizados por algunos actores políticos, que tienen más bien rasgos de misoginia y de una inercia patriarcal arraigada en las instituciones políticas de la entidad”.

Refirió Alanís Sámano que “en las distintas encuestas sobre la dinámica política en Michoacán se evidencia que las y los michoacanos prefieren que la próxima persona que gobierne el estado sea una mujer”.

Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa para erradicar las prácticas que conllevan al fraude deportivo en la entidad, esto a través de la adición de un artículo 220 Bis, al Código Penal para el Estado.

Al exponer los motivos, el líder del PT en el poder legislativo del estado, señaló que pese al impacto nocivo qué tiene la corrupción, el fraude deportivo que tiene en la sociedad y en la economía de Michoacán y de México, no existe aún una legislación que sancione penalmente conductas que conlleven la intención de arreglar o amañar el resultado de pruebas, encuentros, torneos o competencias en el deporte profesional, semiprofesional y amateur; lo cuál aseveró, es una razón fundamental para tipificar el Fraude Deportivo en el Código Penal del Estado de Michoacán.

“Esta iniciativa, busca preservar la honorabilidad en las diversas competencias deportivas, que los valores de respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, igualdad e inclusión, no sean trasgredidos, que se reconozca la meritocracia deportiva y aquellos que llegarán a vulnerarlos sean merecedores a penas y sanciones ejemplares”, expuso el congresista.

“Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, es fundamental que el deporte vuelva a ser punto de encuentro de la convivencia social. Dicha labor hoy día representa un reto para los gobiernos nacionales y subnacionales de todo el mundo ya que, con base en cifras del Primer Informe Global sobre Corrupción en el Deporte, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), se calcula que cada año circulan hasta 1.7 billones de dólares en los mercados de apuestas ilícitas a nivel mundial”, acotó.

En ese contexto, Reyes Galindo recordó que a lo largo de la historia de México, el deporte ha sido en motivo para la unión del familiar y comunitaria, es por eso que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el acceso al deporte como un Derecho Humano de todas y todos los mexicanos.

“Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”, esto dijo, se encuentra establecido en el decimoquinto párrafo del artículo 4o. de nuestra Carta Magna.

“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), siguiendo los valores de: No mentir, No robar y No traicionar al pueblo de México, velaremos por preservar los valores que el deporte la integridad, la honestidad y el desarrollo de la libre y sana convivencia deportiva”, refrendó.

Con el objetivo de fortalecer la construcción de una convivencia más empática, justa e inclusiva, el diputado local David Martínez Gowman presentó, ante el Congreso del Estado, una iniciativa para reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoacán así como al Código de Procedimientos Civiles.

Ante la máxima tribuna del estado, el legislador emanado del Partido Verde propuso que existan medidas administrativas y de reparación de daño en casos de discriminación así como incentivar a las personas a denunciar los actos de discriminación pues consideró que, resulta imperativo brindar justicia, pues, de acuerdo con el Consejo Estatal para prevenir la discriminación, 9 de cada 10 personas que han sufrido la negación de al menos un derecho, no lo han denunciado, indicó.

Resulta una prioridad generar ordenamientos jurídicos no discriminatorios, así como fortalecer las instituciones para generar un diálogo constante para evitar cualquier conducta de odio “pues todos merecemos una vida digna”, señaló David Gowman.

Y resaltó que, la inclusión de medidas de reparación del daño en la ley frente a actos de discriminación son fundamentales para garantizar justicia.

Más adelante, David Martínez reiteró: no basta con sancionar la conducta discriminatoria, es necesario también restituir los derechos vulnerados y atender las consecuencias reales que sufren las víctimas; la reparación se convierte en un paso esencial para construir una convivencia más empática, justa e inclusiva.

Ante ello, es importante aprobar esta iniciativa, señaló el legislador al resaltar que los derechos humanos no pueden restringirse por ningún motivo. Los principios de igualdad y la no discriminación son esenciales en nuestra sociedad, refrendó.