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La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís expresó su respaldo firme a la reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, al considerar que se trata de un paso histórico en la lucha de las mujeres por la justicia, la igualdad y una vida libre de violencias.

La legisladora destacó que esta reforma responde a una exigencia histórica del movimiento amplio de mujeres en México, que durante décadas ha demandado justicia para las víctimas de violencia feminicida, así como garantías de no repetición.

«Durante más de treinta años, desde los feminicidios de Ciudad Juárez, las mujeres en este país han alzado la voz para exigir lo mismo: justicia, verdad, reparación del daño y garantías para vivir libres de violencia. Esta reforma recoge esa lucha y la convierte en mandato constitucional», señaló.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morenasubrayó que la violencia feminicida es un fenómeno estructural, vinculado a condiciones históricas de desigualdad, discriminación e impunidad, lo que exige una respuesta integral y coordinada del Estado mexicano.

«Estamos frente a una de las expresiones más graves de violencia de género. Por eso, la respuesta no puede depender de esfuerzos aislados o voluntades individuales; tiene que ser una política de Estado, con reglas claras, con coordinación institucional y con obligaciones precisas», afirmó.

Reconoció que, si bien en los últimos años se han logrado avances importantes desde distintas instancias gubernamentales, aún persisten regiones donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una emergencia.

En ese sentido, Fabiola Alanís destacó que la nueva facultad constitucional permitirá armonizar las leyes en todo el país, estableciendo criterios comunes para la prevención, atención, investigación y sanción del feminicidio.

«El objetivo es claro: que en cualquier lugar del país, una mujer tenga la misma protección y la misma respuesta institucional. Que no haya diferencias entre territorios, que no haya vacíos legales y que la justicia no dependa del lugar donde ocurren los hechos», puntualizó.

Fabiola Alanís también expresó su reconocimiento al impulso de esta reforma por parte de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Castro, así como a las acciones promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el marco de protección de los derechos de las mujeres.

«Esta reforma tiene una profunda trascendencia, porque coloca la erradicación de la violencia feminicida como una prioridad del Estado mexicano y establece las bases para garantizar justicia y reparación a las víctimas», afirmó.

Finalmente, Fabiola Alanís reiteró que la Cuarta Transformación tiene como eje central la garantía de derechos, particularmente para las mujeres, quienes históricamente han enfrentado desigualdad y violencia.

«Nos queremos vivas y nos queremos libres. Esa es una exigencia legítima y es también una responsabilidad del Estado. Hoy estamos dando un paso firme para que la justicia deje de ser una excepción y se convierta en una garantía para todas», concluyó.

El diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó ante la 76 Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa para evitar que personas servidoras públicas intervengan en la vida interna de los sindicatos y en la elección de sus dirigencias. La propuesta busca garantizar que las y los trabajadores tomen sus decisiones de manera libre, sin presiones ni uso de recursos públicos.

La iniciativa plantea adicionar el artículo 69 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, así como el artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, con el fin de reconocer el derecho de los sindicatos a desarrollarse sin injerencias y establecer la injerencia sindical como falta administrativa grave. Además, responde al mandato federal derivado del decreto publicado el 12 de diciembre de 2025, que obliga a las entidades federativas a armonizar su marco jurídico en esta materia.

«La iniciativa tiene como objetivo reconocer expresamente el derecho de los sindicatos a desarrollarse libres de cualquier acto de injerencia por parte de personas servidoras públicas, y establecer un catálogo claro de conductas que permitan identificar y sancionar estas prácticas», explicó Octavio Ocampo.

El legislador señaló que la propuesta contempla un catálogo de conductas que serán consideradas como injerencia sindical, entre ellas la coacción del voto, la presión jerárquica a subordinados, el condicionamiento de apoyos o permisos laborales, el uso de recursos públicos para favorecer candidaturas sindicales, así como la utilización de instalaciones, vehículos o programas institucionales con fines de proselitismo. «Con esta reforma buscamos garantizar la neutralidad institucional en los procesos sindicales, proteger la libertad del voto de las y los trabajadores y evitar el uso indebido de recursos públicos con fines de proselitismo sindical», indicó.

Octavio Ocampo destacó que la iniciativa no interviene en la vida interna de los sindicatos, sino que fortalece su autonomía y cumple con la obligación del Estado de armonizar su legislación. «Esta propuesta responde a un mandato federal y es obligación del Estado de Michoacán realizar esta armonización legislativa para garantizar la democracia sindical. Se busca que las decisiones de las y los trabajadores se tomen con libertad y sin intervención del poder público», concluyó.

Con la finalidad de homologar la definición del delito de feminicidio y las sanciones en los 32 estados del país, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura emitió su voto a favor de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A propuesta de la Comisión de Puntos Constitucionales, las y los legisladores michoacanos aprobaron la Minuta mediante la cual se tiene la finalidad central de permitir al Congreso de la Unión expida la ley general en materia de feminicidio para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito del feminicidio.

En las Consideraciones del Acuerdo, se determinó que dicha minuta surge bajo la urgente necesidad de dar respuesta clara a la fragmentación normativa actual, donde la diversidad de leyes locales generan dificultad en el acceso de justicia.

«El no tener un tipo penal uniforme para el delito de feminicidio en todo el país, ha generado diversos problemas estructurales que afectan la justicia y la seguridad de las mujeres, que resultan en escenarios de impunidad y debilidad del sistema, derivado de una diversidad legislativa que permite que hechos de naturaleza similar sean investigados y sancionados de forma distinta dependiendo de la entidad federativa donde ocurran» precisa el Acuerdo.

También establece que la existencia de criterios diversos para acreditar las razones de género, da una asimetría normativa donde la posibilidad de probar el feminicidio varía según el territorio, lo que origina obstáculos para la actuación coordinada entre las autoridades encargadas de la procuración de justicia y los distintos órdenes de gobierno; produce desigualdad en los criterios de investigación y estándares probatorios, lo que dificulta el acceso efectivo en la reparación del daño y el castigo adecuado del culpable.

Al hacer uso de la Tribuna, la diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado señaló que homologar el marco legal es un paso necesario pero que la reforma no alcanza si las investigaciones fallan, si los casos no se sostienen en los tribunales y si las fiscalías no tienen alcances reales; por lo que -dijo- el reto es que la ley proteja a todas, sin importar dónde vivan, «el reto es que se note en la vida cotidiana de las mujeres, cuando denuncien, se investigue y cuando se hace justicia».

Fabiola Alanís Sámano, al hacer uso de la voz, además de explicar el concepto de feminicidio, precisó que el Grupo Parlamentario de MORENA, ha decidido no sólo respaldar, sino ser parte de la construcción de un logro del movimiento y de la sociedad. «Las instituciones deben adaptarse y responder a los deberes reforzados del Estado establecidos ya en la Constitución para dar prioridad a la sanción y a que no quede en la impunidad ningún delito que ocurra en contra de las mujeres».

Adriana Campos Huirache refrendó ante el Pleno su voto a favor, por convicción; reconoció la labor del actual Fiscal en el Estado e instó a sus compañeras y compañeros a no cerrar los ojos ante un delito que ha crecido día a día y a reflexionar sobre el hecho de que no basta con que haya leyes, que se requiere voluntad para cumplirlas. «Mientras esto no cambie, nuestras calles y hogares seguirán siendo inseguras para las mujeres».

Finalmente, Belinda Hurtado Marín resaltó la importancia de que en México se emita una sola Ley General para homologar las sanciones y reparar el daño.

Con la finalidad de homologar la definición del delito de feminicidio y las sanciones en los 32 estados del país, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura emitió su voto a favor de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A propuesta de la Comisión de Puntos Constitucionales, las y los legisladores michoacanos aprobaron la Minuta mediante la cual se tiene la finalidad central de permitir al Congreso de la Unión expida la ley general en materia de feminicidio para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito del feminicidio.

En las Consideraciones del Acuerdo, se determinó que dicha minuta surge bajo la urgente necesidad de dar respuesta clara a la fragmentación normativa actual, donde la diversidad de leyes locales generan dificultad en el acceso de justicia.

«El no tener un tipo penal uniforme para el delito de feminicidio en todo el país, ha generado diversos problemas estructurales que afectan la justicia y la seguridad de las mujeres, que resultan en escenarios de impunidad y debilidad del sistema, derivado de una diversidad legislativa que permite que hechos de naturaleza similar sean investigados y sancionados de forma distinta dependiendo de la entidad federativa donde ocurran» precisa el Acuerdo.

También establece que la existencia de criterios diversos para acreditar las razones de género, da una asimetría normativa donde la posibilidad de probar el feminicidio varía según el territorio, lo que origina obstáculos para la actuación coordinada entre las autoridades encargadas de la procuración de justicia y los distintos órdenes de gobierno; produce desigualdad en los criterios de investigación y estándares probatorios, lo que dificulta el acceso efectivo en la reparación del daño y el castigo adecuado del culpable.

Al hacer uso de la Tribuna, la diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado señaló que homologar el marco legal es un paso necesario pero que la reforma no alcanza si las investigaciones fallan, si los casos no se sostienen en los tribunales y si las fiscalías no tienen alcances reales; por lo que -dijo- el reto es que la ley proteja a todas, sin importar dónde vivan, «el reto es que se note en la vida cotidiana de las mujeres, cuando denuncien, se investigue y cuando se hace justicia».

Fabiola Alanís Sámano, al hacer uso de la voz, además de explicar el concepto de feminicidio, precisó que el Grupo Parlamentario de MORENA, ha decidido no sólo respaldar, sino ser parte de la construcción de un logro del movimiento y de la sociedad. «Las instituciones deben adaptarse y responder a los deberes reforzados del Estado establecidos ya en la Constitución para dar prioridad a la sanción y a que no quede en la impunidad ningún delito que ocurra en contra de las mujeres».

Adriana Campos Huirache refrendó ante el Pleno su voto a favor, por convicción; reconoció la labor del actual Fiscal en el Estado e instó a sus compañeras y compañeros a no cerrar los ojos ante un delito que ha crecido día a día y a reflexionar sobre el hecho de que no basta con que haya leyes, que se requiere voluntad para cumplirlas. «Mientras esto no cambie, nuestras calles y hogares seguirán siendo inseguras para las mujeres».

Finalmente, Belinda Hurtado Marín resaltó la importancia de que en México se emita una sola Ley General para homologar las sanciones y reparar el daño.

La 76 Legislatura, ordenó un total de 38 auditorias, de las cuales fueron 24 de cumplimiento financiero; cuatro de obra; una de cumplimiento; una financiera; y ocho de desempeño, así lo informó el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Durante la rueda de prensa en la Tribuna Ciudadana, el legislador local, expuso las 29 entidades estatales que fueron fiscalizadas, de las cuales se obtuvieron 430 observaciones preliminares, de las cuales fueron 85 recomendaciones de desempeño, en las que destacan cuatro de cumplimiento financiero.

De este total 147 observaciones justificaron las inconsistencias y 101 se rectificaron, por ende 271 observaciones se ratificaron, 18 se comprobaron y dos se promovieron ante el SATMICH.

El presidente destacó que el Congreso del Estado, realiza su trabajo de fiscalización de la Cuenta Pública Estatal, conforme a lo establecido en el marco legal, por lo que aseguró que «nosotros realizamos nuestra labor y estaremos pendientes para que todas las irregularidades detectadas sean subsanadas por los diferentes entes fiscalizados».

Para los entes estatales del sector paraestatal de los cuales no se localizó información financiera, se propone que se les practique una auditoría especial del ejercicio fiscal 2024 y se incluya en el Plan Anual de Fiscalización 2025.

Con el objetivo de establecer las bases de colaboración para brindar el servicio de defensoría jurídica gratuita en procedimientos de responsabilidades administrativas, así como fortalecer la coordinación institucional, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Tribunal en materia Anticorrupción del Estado de Michoacán (TAAM) firmaron un convenio específico, suscrito por la Dra. Lizett Puebla Solórzano, Magistrada Presidenta del Tribunal y el Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, Consejero Presidente del IEM.

El convenio, impulsado por el Órgano Interno de Control del IEM, a cargo del Mtro. Abraham Ali Cruz Melchor, busca garantizar que las personas sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa, cuenten con acceso a una defensa garantizando el debido proceso, además de fortalecer los mecanismos de integridad institucional.

Durante su intervención, la Magistrada Presidenta del TAAM destacó que este acuerdo representa la suma de esfuerzos entre dos órganos autónomos con impacto en la vida democrática y en la lucha contra la corrupción en Michoacán, al tiempo que, subrayó la importancia de garantizar a las personas que laboran en el IEM una defensa jurídica oportuna, así como el reconocimiento al trabajo que ha venido realizando el Instituto en el fortalecimiento de la vida pública.

Por su parte, el Consejero Presidente del IEM señaló que los temas democráticos no se limitan a la organización de elecciones, sino que implican una visión integral que abarca distintos ámbitos de la vida pública, como el combate a la corrupción.

En ese sentido, destacó que el convenio abre la puerta para ampliar la colaboración institucional mediante el desarrollo de acciones conjuntas, como programas de capacitación y la implementación de estrategias coordinadas entre ambas instituciones.

Al evento asistieron las Consejeras Electorales Carol Berenice Arellano Rangel, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y Claudia Marcela Carreño Mendoza, así como el Consejero Electoral Juan Adolfo Montiel Hernández y la Secretaria Ejecutiva del IEM, María de Lourdes Becerra Pérez.

Por parte del Tribunal Anticorrupción estuvieron presentes las Magistraturas: Mtro. Sergio Alberto Martínez Ocampo, Mtra. Azucena Marín Correa, Mtra. Swany Peña Reyes y Mtro. Carlos Enrique Verduzco Hurtado y personal del Tribunal.

Legislar con mayor sensibilidad y diseñar leyes que no solo se queden en papel, si no que, transformen realidades para impulsar políticas que fortalezcan la salud, es el compromiso de la 76 Legislatura, así quedó de manifiesto en la presentación del libro «La Salud Pública y las Instituciones Conscientes», que se llevó a cabo en el Congreso de Michoacán.

La presentación de esta obra, se dio a iniciativa de la diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado, quien acompañó a la autora de este material, María de la Paz Castillo Madrigal y a la coautora María Paz Madrigal Chávez.

En su intervención, el presidente del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, manifestó que esta presentación, es también un acto de consciencia que invita a un ejercicio de reflexión profunda sobre lo que significa cuidar la vida, proteger la dignidad humana y construir un futuro más justo desde la salud pública.

El diputado Baltazar Gaona, refirió que «hablar de instituciones conscientes es hablar de gobiernos sensibles, de políticas públicas responsable y servidores públicos que no olvidan que detrás de cada decisión que tomen, hay personas y esperanzas», aseveró.

Por su parte, la diputada Teresita Herrera Maldonado, destacó que el objetivo de esta presentación es visibilizar el trabajo que realizan las mujeres autoras, quienes han ido más allá en la investigación en un tema tan importante como es la salud, desde una perspectiva humana y desde los retos que tiene la salud en México y Michoacán.

«Necesitamos instituciones más conscientes, no basta con tener instituciones eficientes, debemos de humanizar la atención y sensibilizar nuestro sistema para poner a la persona en el centro de atención», finalizó.

Que luego de un divorcio o separación, las niñas, niños y adolescentes puedan seguir en contacto con miembros de su familia externa o personas con quienes mantengan lazos afectivos, propone la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez.

En tribuna, la legisladora del PAN explicó que cuando existe una separación de los padres, las niñas, niños y adolescentes suelen dejar de ver a ciertos miembros de su vínculo social como tíos, primos o abuelos como consecuencia de los conflictos entre adultos, pero no de su bienestar.

Expuso que es por ello que propone una reforma al Código Familiar del Estado de Michoacán para que se reconozca el derecho de los menores de edad a «mantener relaciones personales, contacto regular y convivencia con sus familiares y con aquellas personas con quienes mantengan vínculos afectivos significativos».

De acuerdo con la diputada de La Piedad, esta medida responde al interés superior del menor y a lo estipulado en la Convención de los Derechos del Niño, además de consistir en una visión moderna del derecho familiar, ya que se observa a los menores como sujetos de derecho y no como una propiedad de los adultos.

Vanhe Caratachea aclaró que esta iniciativa no propone convivencias forzadas con personas que no ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, sino mantener los vínculos sólo cuando un juez considere que se está preservando el interés superior del menor.

Para ello, agregó, se tomaría en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes, así como su edad, grado de madurez y circunstancias particulares.

«En las primeras etapas de la vida, la estabilidad emocional y la continuidad de las relaciones afectivas resultan determinantes para el desarrollo integral de la personalidad, la identidad y el sentido de pertenencia», argumentó en tribuna.