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Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el diputado Iván Vera presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Familiar de Michoacán, que busca incorporar de manera obligatoria el Protocolo de Actuación Judicial en todos los casos que involucren a personas menores de edad.

Durante su intervención, el legislador destacó que actualmente existe un vacío legal que genera criterios dispares en la actuación de las autoridades, lo que puede derivar en incertidumbre jurídica y, en algunos casos, en la revictimización de niñas, niños y adolescentes dentro de los procesos judiciales.

La propuesta plantea la creación de un nuevo capítulo en el Código Familiar, mediante el cual se establecen lineamientos claros para que juezas, jueces, magistraturas, oficiales del Registro Civil y demás servidores públicos actúen bajo parámetros especializados, con enfoque en el interés superior de la niñez.

Asimismo, la iniciativa contempla la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos que les afectan, garantizando que sean escuchados conforme a su edad y nivel de madurez, en un entorno libre de cualquier tipo de violencia institucional.

Entre los puntos relevantes, se incluyen obligaciones de capacitación anual para los operadores del sistema de justicia familiar, mecanismos de coordinación interinstitucional y la implementación de sistemas de evaluación y seguimiento por parte del Poder Judicial.

El diputado subrayó que esta reforma busca dar fuerza legal a un instrumento ya existente, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para asegurar su aplicación obligatoria y uniforme en todo el estado.

Finalmente, reiteró que esta iniciativa responde a los compromisos constitucionales e internacionales del Estado mexicano en materia de derechos de la infancia, y representa un paso firme hacia la construcción de una justicia familiar más humana, sensible y centrada en quienes más lo necesitan.

«Se abren mayores posibilidades de bienestar y superación. Con ello fortalecemos la educación y seguimos impulsando el desarrollo de Michoacán. Por eso, desde el PVEM, refrendamos nuestro compromiso con las infancias y juventudes, y con una educación que no solo enseñe, sino que también cuide, acompañe y evite que nadie se quede atrás», sentenció.

Con la finalidad de que las niñas, niños y adolescentes, puedan tener mayores herramientas que les faciliten el acceso a la información pública del Congreso del Estado, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de esta 76 Legislatura, presentó el Portal Infantil, el sitio web del Poder Legislativo para la niñez.

El diputado Conrado Paz Torres, presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y promotor de este Portal Infantil, reiteró el compromiso de esta 76 Legislatura con las niñas, niños y adolescentes de Michoacán y con la transparencia.

«Con este sitio web especializado para la niñez, se garantiza que desde uy pequeños todos y todas tengan salvaguardado el derecho a la información. Con este Portal Infantil, se prepara y se les la las herramientas a las niñas y niños para que sigan construyendo una sociedad más informada y que ellos crezcan siendo buenas personas, con esto les queremos inculcar a todas y todos los pequeños el amor por aprender, cuestionar y conocer», aseveró.

Por su parte, la coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, Carina de Jesús García Campos, informó que desde esta coordinación, han trabajado en dotar a este Poder de herramientas que fortalezcan el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

«Con esto se fomenta la participación y retroalimentación ciudadana, este sitio web se traduce en más información y aprendizaje para las y los niños, que sus dudas sean resueltas y que cada vez haya más interés de por aprender y conocer a sus representantes populares», añadió.

En su intervención, el creador de este Portal Infantil, Fernando Martínez Luna, detalló que este sitio web es un espacio más interactivo, con contenidos y materiales didácticos en donde las y los niños puedan conocer el Congreso del Estado, puedan aprender cómo se hacen las leyes y sepan las funciones que realizan sus representantes, «esta es una herramienta que abre las puertas del Congreso del Estado a la niñez».

Con el objetivo de garantizar el derecho humano a una vivienda digna y brindar seguridad jurídica a miles de familias, el diputado local por el Distrito 06, David Martínez Gowman, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa de Ley sobre la Regulación y Titulación de Lotes Urbanos del Estado de Michoacán de Ocampo.

Durante su intervención, Martínez Gowman señaló que el crecimiento urbano desordenado en la entidad ha derivado en la proliferación de asentamientos humanos irregulares, donde muchas personas, a menudo engañadas, adquieren terrenos sin lograr obtener un título legal de propiedad.

«La falta de regularización no solo es un riesgo para la seguridad jurídica de los poseedores, sino también un obstáculo para la planificación territorial y la provisión de servicios públicos fundamentales», afirmó el legislador.

La propuesta legislativa establece un procedimiento administrativo detallado para reconocer y registrar como propietarios a quienes han ocupado lotes de manera pacífica, continua y de buena fe.

Con ello, permite a las familias obtener títulos legales para acceder a financiamientos y transferir sus propiedades de forma segura y atiende la deuda histórica con los sectores más vulnerables que residen en zonas sin regularizar.

Además de tener un ordenamiento urbano que facilita la integración de infraestructura, áreas de equipamiento urbano y servicios públicos básicos y alinea el marco normativo estatal con la Ley General de Asentamientos Humanos y los preceptos constitucionales.

El diputado Martínez Gowman enfatizó que este ordenamiento impactará de manera positiva en el desarrollo económico y social del estado, asegurando que el espacio urbano sea ordenado y seguro para todos.

Finalmente, hizo un llamado a sus compañeros legisladores para consolidar este marco normativo bajo los principios de legalidad y responsabilidad social: «Acceder a una vivienda digna es un derecho reconocido por nuestra Constitución; trabajemos para que ese derecho sea una realidad tangible para todas y todos los michoacanos».

En el marco de sus actividades legislativas, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la fracción XV al artículo 5 de la Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de incorporar de manera expresa a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de orfandad por violencia como grupo prioritario de atención por parte del Estado.

La legisladora subrayó que, si bien la violencia en el país y en Michoacán suele medirse a través de cifras de homicidios y procesos penales, poco se ha legislado sobre las secuelas silenciosas que quedan en el hogar tras el precinto policial. «Cuando la violencia arrebata a una madre o a un tutor principal, el daño no es solo jurídico o emocional; es un golpe estructural que condena a las siguientes generaciones a la pobreza y a la falta de oportunidades», afirmó Arreola Ruiz.

La diputada señaló que, en la mayoría de los casos de feminicidio en Michoacán, las víctimas eran mujeres jefas de familia, principal sustento económico y guía afectiva de sus hijos. Además, al ocurrir el crimen en el ámbito familiar frecuentemente con el padre como agresor, los menores pierden a ambos progenitores: a la madre por la violencia y al padre por el proceso penal. Quedan entonces bajo el cuidado de abuelos o tíos que, pese a su voluntad, carecen de recursos suficientes.

«Sin la intervención estatal, el destino de estos jóvenes se trunca prematuramente, empujándolos al mercado laboral informal o, en el peor de los casos, a ser captados por la criminalidad. El Estado debe dejar de ser reactivo y convertirse en un escudo proactivo», enfatizó.

El punto nodal de la reforma es el reconocimiento de que la vulnerabilidad no desaparece al cumplir los 18 años. Por ello, la iniciativa contempla que los beneficios de asistencia social —como becas y apoyos preferentes— se extiendan hasta los 25 años, garantizando que los jóvenes puedan continuar su educación superior o formación profesional.

«La mayoría de edad no borra el trauma ni llena la cuenta bancaria para pagar una universidad. Con esta propuesta creamos un ‘seguro de vida educativa’ que asegura que la violencia no gane la batalla por el futuro de nuestros jóvenes. Queremos que el Estado michoacano les diga: ‘Tu proyecto de vida no terminó con la tragedia; tu esfuerzo académico es el pasaporte hacia tu libertad y nosotros vamos a resguardar ese camino'», expresó Arreola Ruiz.

La iniciativa establece que, para mantener los apoyos, los beneficiarios deberán acreditar que se encuentran cursando estudios y no tener vínculo matrimonial, asegurando que los recursos se destinen a fortalecer su autonomía personal y profesional.

«No es una simple asistencia; es una inversión en la paz duradera. Un joven con título profesional es un ciudadano que ha logrado romper las cadenas de la violencia sistémica. Estamos legislando para que el acceso a la justicia no termine en una sentencia condenatoria contra el agresor, sino en una cédula profesional para la víctima indirecta», concluyó la diputada.

El Congreso del Estado, designó a María Isabel Hernández Rosas como presidenta municipal sustituta del Ayuntamiento de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, por lo que resta del periodo Constitucional 2024-2027.

Durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo este miércoles, la presidenta municipal sustituta, María Isabel Hernández, rindió la protesta de Ley ante el Pleno del Congreso del Estado.

Esta designación se dio, luego de que se informará a este Poder Legislativo, sobre la ausencia definitiva del presidente municipal Constitucional, Jesús Antonio Rochín, y respetando el origen partidista de este.

De la misma forma y durante esta sesión extraordinaria, también se designó a Ramón de la Mora Andas, como regidor propietario del Ayuntamiento Constitucional de Chinicuila, Michoacán, por lo que resta del periodo Constitucional 2024-2027.

Con estas designaciones, la 76 Legislatura del Congreso del Estado, ratifica el compromiso de la legalidad, da certeza jurídica a las administraciones públicas y garantiza la gobernabilidad en los municipios de Nuevo Parangaricutiro y de Chinicuila.

Con el objetivo de evitar afectaciones a la economía de las familias y exigir mayor transparencia en decisiones públicas, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó este día en sesión un punto de acuerdo para revisar y, en su caso, suspender el incremento a las tarifas de peaje en autopistas del país.

La legisladora, en coordinación con su compañero de bancada Antonio Carreño Sosa, advirtió que este aumento representa un golpe directo al bolsillo de millones de personas que diariamente utilizan las carreteras para trabajar, estudiar o trasladar mercancías.

Grecia Aguilar Mercado señaló que el uso de autopistas no es un lujo, sino una necesidad, por lo que cualquier incremento impacta de manera inmediata en el costo de vida, al trasladarse a precios de alimentos, servicios y transporte.

En ese sentido, destacó que en estados como Michoacán, donde la actividad económica depende en gran medida de la conectividad carretera, el alza en peajes genera un efecto negativo en toda la cadena productiva.

Asimismo, subrayó que el incremento anunciado supera la inflación y carece de una explicación clara y accesible para la ciudadanía, lo que evidencia una falta de transparencia en la toma de decisiones.

La coordinadora parlamentaria enfatizó que no se trata de oponerse sin fundamento, sino de exigir que las medidas que afectan a la población estén debidamente justificadas, con criterios técnicos y con información pública suficiente.

El exhorto presentado plantea la necesidad de realizar una evaluación integral del aumento y suspender su aplicación hasta contar con sustento técnico, además de transparentar el destino de los recursos recaudados por concepto de peaje.

La legisladora naranja señaló que es necesario que el Congreso de la Unión intervenga, así como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales, en defensa de la economía de miles de familias que utilizan día con día las autopistas en nuestro país.

Finalmente, Grecia Aguilar reiteró que la movilidad es un elemento clave para el desarrollo, por lo que las decisiones públicas deben construirse con responsabilidad, apertura y siempre en beneficio de la ciudadanía.

«En este Congreso no se legisla más a espaldas del pueblo; hoy, las propuestas de quienes viven día a día con una discapacidad son nuestra prioridad», aseguró la diputada Nalleli Pedraza, al presentar formalmente una iniciativa histórica que busca impulsar la justicia social y accesibilidad real en Michoacán.

Tras un diagnóstico profundo realizado por las y los parlamentarios del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad 2026, Pedraza subrayó que Michoacán enfrenta deudas históricas que no pueden esperar más, especialmente en temas de exclusión lingüística para la comunidad sorda y la precarización de la educación especial.

La iniciativa presentada por la legisladora busca derribar las barreras financieras y educativas que afectan a las familias michoacanas, proponiendo puntos clave como:

•⁠ ⁠Reconocer la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como lengua materna y garantizar docentes sordos en las aulas.

•⁠ ⁠Crear un recurso económico blindado que no pueda ser reducido, destinado a financiar materiales y adecuaciones educativas.

•⁠ ⁠Obligar a la traducción de las leyes estatales a formatos visuales y señalizados para que la comunidad sorda tenga defensa jurídica real.

•⁠ ⁠Garantizar el acceso digital para estudiantes con discapacidad, eliminando la brecha de aprendizaje.

Nalleli Pedraza fue enfática en reconocer que esta propuesta es un triunfo de la participación ciudadana, destacando el trabajo de las y los parlamentarios: David Gerardo Guzmán, Pilar Berenice Marín, Sigrid Navarro, Mónica Zúñiga, Nallely Alejandra Salinas, Gemma Méndez y Alberto Zúñiga.

«Mi papel es ser el puente para que sus sueños y necesidades se conviertan en leyes. No es justo que las familias tengan que pagar de su bolsillo por un ‘guía sombra’ o que los servicios de salud y justicia no tengan intérpretes certificados. Estamos aquí para cambiar eso», afirmó Pedraza.

Con esta iniciativa, Nalleli Pedraza reafirma que su compromiso es con la transformación real, donde la inclusión no sea solo una palabra, sino un derecho garantizado por el Estado.

En el marco del Día de la Niña y el Niño, la diputada local por Maravatio Jackie Avilés presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán, con el objetivo de que el delito de violencia familiar sea perseguido de oficio, garantizando una atención inmediata y efectiva por parte de las autoridades.

«Hoy más que nunca debemos actuar con firmeza para proteger a quienes más lo necesitan. No podemos permitir que nuestras familias vivan en entornos de violencia.» expresó.

La iniciativa busca eliminar la necesidad de que exista una denuncia formal para que las autoridades actúen, permitiendo así una intervención oportuna en casos de violencia dentro del hogar, donde muchas veces las víctimas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Con esta iniciativa, se da un paso importante para garantizar hogares seguros, especialmente para mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, fortaleciendo el papel del Estado en la prevención y atención de la violencia familiar.

Las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura incorporaron a la Ley de Asistencia de Asistencia del Estado, medidas de atención tanatológica a favor de niñas, niños, adolescentes y juventudes que atraviesen procesos de pérdida, duelo y afectación en su entorno familiar y social.

Las Comisiones de Salud y Asistencia Social y la de Educación fueron las encargadas de dictaminar la iniciativa presentada por el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera, mediante la cual se adiciona una fracción XII Bis al artículo 9 de la Ley de Asistencia Social.

Fue en sesión extraordinaria que se aprobó por unanimidad facultar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a otorgar atención tanatológica a niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido la pérdida de la madre, padre, hermana, hermano o de la persona que ejerza su cuidado primario.

De igual forma se proporcionará dicha atención en caso de que las y los menores convivan con familiares que padezcan enfermedad en etapa terminal; se encuentren atravesando por procesos de separación o desintegración familiar que afecten de manera significativa su estabilidad emocional.

Asimismo, el organismo podrá coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con las instituciones educativas que lo soliciten, mediante acciones de orientación, acompañamiento tanatológico y campañas formativas en la materia.

Cabe destacar, que la ejecución de las acciones anteriormente señaladas se realizará con cargo al presupuesto autorizado al DIF y a las dependencias competentes para el ejercicio fiscal correspondiente, por lo que no se requerirán ampliaciones presupuestales adicionales; y, tendrán un plazo de 90 días para emitir lineamientos internos o protocolos de actuación para la detección, orientación, acompañamiento y, en su caso, canalización a la atención tanatológica.

Con la finalidad de fortalecer la prevención y detección oportuna de la enfermedad renal crónica, la 76 Legislatura votó a favor de reformar la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo.

En Sesión Extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Dictamen elaborado por la Comisión de Salud y Asistencia Social sobre las iniciativas de las y los legisladores Teresita de Jesús Herrera Maldonado, Ana Belinda Hurtado Marín, Belinda Iturbide Díaz y Vicente Gómez Núñez.

Con el reformado ordenamiento jurídico se facilita el acceso a pruebas diagnósticas esenciales incluidas en los instrumentos de cobertura emitidos por la autoridad sanitaria competente; optimiza la infraestructura pública disponible; se incorpora información dentro de plataformas epidemiológicas existentes; promueve la atención interdisciplinaria; impulsa la formación del personal de salud; y fomenta controles periódicos en poblaciones de riesgo, sin desbordar el ámbito material de competencia estatal ni imponer obligaciones de imposible cumplimiento inmediato.

Luego de su aprobación, en el Capítulo I Enfermedad Renal Crónica, se definió como paciente de dicha enfermedad, a toda persona que presente alteraciones estructurales o funcionales del riñón de carácter persistente, con repercusión en su salud, y que requiera acciones de prevención, detección oportuna, seguimiento médico, tratamiento integral y, en su caso, terapias de sustitución renal, conforme a la normatividad aplicable.

En el Artículo 263 se ordena que las autoridades sanitarias del Estado, en coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, promoverán la prevención, detección oportuna y atención integral de la enfermedad renal crónica.

Para tal efecto, deberán difundir campañas permanentes de educación y comunicación orientadas a la prevención de la enfermedad renal crónica; facilitar el acceso a las pruebas diagnósticas esenciales incluidas en los catálogos o instrumentos de cobertura emitidos por la autoridad sanitaria federal competente; optimizar y, cuando resulte viable, ampliar la infraestructura y el equipamiento disponibles en las unidades públicas de terapia de sustitución renal.

También, incorporar, dentro de las plataformas epidemiológicas existentes, la información de las personas diagnosticadas con enfermedad renal crónica; promover la referencia y contrarreferencia oportunas, así como la atención interdisciplinaria de las personas con enfermedad renal crónica; impulsar la formación y actualización del personal de salud; coordinarse con las autoridades educativas competentes para incorporar contenidos sobre salud renal en los planes y programas de estudio; fomentar controles periódicos en poblaciones de riesgo para monitorear la evolución de la enfermedad renal y prevenir complicaciones.

La Comisión de Atención a Enfermos Renales, entre sus atribuciones, deberá Promover la realización de estudios de investigación con la finalidad de identificar los factores de riesgo, principales causas, métodos de prevención y tratamiento de la enfermedad renal crónica, particularmente en lo relativo a la detección de diabetes e hipertensión, al ser éstas las principales causas de dicha enfermedad, con especial énfasis en la población infantil, así como promover, en el ámbito de sus atribuciones, el fortalecimiento de la atención especializada para mujeres embarazadas con enfermedad renal crónica, conforme a la normatividad aplicable.

Con la finalidad de profundizar en el trabajo que esta 76 Legislatura ha realizado en materia de inclusión y derechos de personas con discapacidad, además de legislar en esta materia con el apoyo de especialistas en la materia, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, sostuvo una reunión con representantes del Mecanismo de Monitoreo sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En esta reunión se abordaron temas específicos y con los cuales se busca trabajar en reformas y leyes que garanticen una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en Michoacán y con ello, acortar las brechas de la desigualdad.

De la misma forma, se hizo el compromiso por parte de ambas partes de trabajar de manera conjunta, para garantizar el lenguaje incluyente desde la Ley, así como establecer protocolos para las personas con discapacidad.

Durante esta reunión, el Congreso del Estado a través de la JUCOPO, reiteró su disposición para continuar con los trabajos legislativos en pro de fortalecer la inclusión y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.