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Con el principal objetivo de fortalecer la protección integral de la infancia, las y los integrantes de la 76 Legislatura, robustecieron las atribuciones municipales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes al reformar la Ley Orgánica Municipal de Michoacán.

Al aprobar la iniciativa presentada por la diputada Vanessa Caratachea Sánchez y dictaminada por las comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y la de Protección a la Niñez y Adolescencia, se reformaron las fracciones VI y VII y se adicionaron las fracciones VIII, IX y X todas del artículo 55 bis de la ley en mención.

Es así que, las y los diputados locales, incluyeron en las atribuciones de la Comisión municipal para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el promover la asignación prioritaria, suficiente y progresiva de recursos en los proyectos de egresos del municipio, destinados a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Además de fomentar el cumplimiento de las obligaciones de tutores y personas encargadas del cuidado de niñas, niños y adolescentes, en materia de protección contra toda forma de abuso, trato digno, orientación, educación en derechos y prevención del maltrato.

Finalmente, ahora dicha Comisión municipal deberá promover y garantizar mecanismos efectivos de participación activa y protagónica de la niñez y adolescentes en los asuntos públicos municipales que les afecten, de acuerdo a su edad, madurez y evolución.

El Pleno de la 76 Legislatura del Congreso del Estado aprobó la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del ejercicio fiscal 2024, tras la revisión del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal y de los Informes Individuales, elaborados por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

Las y los legisladores michoacanos votaron a favor de la propuesta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y determinó que la ASM dará seguimiento legal en tiempo y forma a las auditorías realizadas; a los procedimientos para la investigación y substanciación, y dará vista a los Órganos Internos de Control de las entidades para el caso de las faltas administrativas no graves; y, al Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán, para la resolución correspondiente.

Conforme al Dictamen aprobado en Sesión Extraordinaria, la Unidad de Evaluación y Control vigilará el cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la Auditoría Superior, verificará el desempeño y el cumplimiento de metas e indicadores de la Auditoría Superior, así como a los sistemas de seguimiento a las observaciones y acciones que se promuevan.

En las Conclusiones del Dictamen, se propuso realizar auditorías de Cumplimiento Financiero para el ejercicio fiscal 2025 a las UPP´s: Universidad Virtual del Estado de Michoacán, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán, por no haberse localizado información financiera del ejercicio fiscal 2024.

De igual forma, que se incluya en el Plan de Fiscalización 2025, las UPP´s: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán, Telebachillerato Michoacán, Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo y el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo, debido a que no cumplieron con el 70% de sus metas programadas.

En el Dictamen se determinó la procedencia de 430 Observaciones Preliminares y 89 recomendaciones, en las auditorías de Cumplimiento Financiero, Financiera, Cumplimiento, Desempeño y Obra, de las cuales se eliminaron 147 Observaciones Preliminares que justificaron las inconsistencias que guardaban relación con el hecho observado.

Se ratificaron 271 Observaciones Preliminares debido a que los elementos proporcionados no justificaron la inconsistencia con el hecho observado, se elaboró 299 Informes de Presuntas Irregularidades; se tienen 71 Recomendaciones de las cuales las entidades fiscalizadas tendrán 6 meses para la atención de las mismas y se tuvo 2 Promociones, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

Dentro de la planeación y desarrollo de las auditorías, se emitió opinión y recomendaciones en los Sistemas de Control de las Entidades Fiscalizadas con la finalidad de conocer la existencia, eficacia y competencia de los mismos, y en consecuencia su veracidad para determinar la fortaleza y debilidad en las operaciones de la Entidad Fiscalizada.

La 76 Legislatura, como un Poder abierto a la ciudadanía y en su dinámica de ser un Congreso de puertas abiertas, recibió una iniciativa ciudadana presentada por representantes del Consejo Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que busca reformar la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas.

Esta iniciativa fue recibida por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, órgano que reiteró el compromiso de esta Legislatura para recibir a la ciudadanía en general y abrir sus puertas para cualquier iniciativa que pueda traducirse en beneficio de los diferentes sectores de la entidad.

La iniciativa presentada, tiene el objetivo de apoyar la debida ejecución y continuidad de las obras públicas y servicios, de impulsar a las Mipymes, así como dar certidumbre al contratista para el inicio de los trabajos y con ello garantizar la ejecución en tiempo y forma de cualquier trabajo.

En ese sentido, se busca impulsar y conocer la situación del sector empresarial en el país, por lo que es importante dotar de la información oportuna y confiable, de manera específica de la industria de la construcción, para lo cual hay que integrar, captar, procesar y suministrar la información de las mismas mediante el Sistema de Información Empresaria Mexicano (SIEM).

A mejorar los salarios y garantizar condiciones laborales dignas para las y los elementos de seguridad del país, fue el llamado que realizó la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, al fijar posicionamiento en el Pleno del Congreso del Estado a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Desde tribuna, la legisladora subrayó que el reconocimiento a las fuerzas de seguridad debe traducirse en acciones concretas que respalden su labor, al ser ellas y ellos quienes diariamente arriesgan su vida para preservar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

«Reconocemos el trabajo de mujeres y hombres que todos los días arriesgan su vida por la paz de nuestro país», expresó, al destacar la importancia de visibilizar su entrega y compromiso.

Xóchitl Ruiz enfatizó que detrás de cada uniforme existen historias, familias y sacrificios que muchas veces no se ven, pero que son fundamentales para que la sociedad pueda desarrollarse en condiciones de seguridad.

En ese sentido, sostuvo que reconocer su labor no es exagerar, sino entender lo que está en juego en materia de paz y estabilidad social, en un contexto donde la seguridad sigue siendo uno de los principales retos nacionales.

Asimismo, puntualizó que la paz no es producto de la casualidad, sino de un esfuerzo diario que requiere no solo de estrategias efectivas, sino también de instituciones fortalecidas y personal respaldado.

Por ello, consideró indispensable avanzar en políticas públicas que garanticen mejores ingresos, prestaciones y certeza laboral para quienes integran las corporaciones de seguridad, como parte de una visión integral de justicia y derechos humanos.

Finalmente, la diputada reiteró el compromiso del Grupo Parlamentario del PVEM para impulsar acciones que fortalezcan la construcción de la paz en Michoacán y en el país, reconociendo que este objetivo solo será posible con el trabajo conjunto y el respaldo decidido a quienes protegen a la ciudadanía.

Es innegable que el Crimen Organizado es la base social de Morena, en todo el país.

FGR debe investigar a fondo los claros vínculos de Rubén Rocha Moya, y ex funcionarios, con el crimen organizado.

El narcogobierno del Cártel de Morena ha arrodillado a México, utilizando la principal base social morenista que es el crimen organizado, en cada rincón del país.

Así lo afirmó Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien recordó que en 2021 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había documentado la grave intervención del narco a favor de Morena y sus aliados.

«Las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros morenistas, solo confirma lo que todas las autoridades de México ya sabían pero que se negaban a reconocer: Morena se convirtió en el partido del narco y funciona con una estructura similar a la del crimen organizado», advirtió el Jefe Estatal del PAN.

Carlos Quintana explicó que la reciente acusación contra Rocha Moya y otros morenistas solo es la punta del iceberg de la red de complicidades de Morena y sus aliados con el crimen organizado, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar a fondo y dejar de ser comparsa de Morena y de la delincuencia.

«El Cártel de Morena teme que su narcoestructura sea desmantelada y ya no le permita operar en elecciones como sucedió en las de 2021 y 2024, cuando cientos de candidatos fueron obligados a renunciar o fueron silenciados, para favorecer a los narcocandidatos de Morena», precisó.

Es innegable que el Crimen Organizado es la base social de Morena, en todo el país.

FGR debe investigar a fondo los claros vínculos de Rubén Rocha Moya, y ex funcionarios, con el crimen organizado.

El narcogobierno del Cártel de Morena ha arrodillado a México, utilizando la principal base social morenista que es el crimen organizado, en cada rincón del país.

Así lo afirmó Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien recordó que en 2021 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había documentado la grave intervención del narco a favor de Morena y sus aliados.

«Las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros morenistas, solo confirma lo que todas las autoridades de México ya sabían pero que se negaban a reconocer: Morena se convirtió en el partido del narco y funciona con una estructura similar a la del crimen organizado», advirtió el Jefe Estatal del PAN.

Carlos Quintana explicó que la reciente acusación contra Rocha Moya y otros morenistas solo es la punta del iceberg de la red de complicidades de Morena y sus aliados con el crimen organizado, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar a fondo y dejar de ser comparsa de Morena y de la delincuencia.

«El Cártel de Morena teme que su narcoestructura sea desmantelada y ya no le permita operar en elecciones como sucedió en las de 2021 y 2024, cuando cientos de candidatos fueron obligados a renunciar o fueron silenciados, para favorecer a los narcocandidatos de Morena», precisó.

La diputada de extracción morenista, Belinda Iturbide Díaz, ha dejado huella significativa en la comunidad de Chucándiro, Michoacán, a través de diversas obras sociales, como el apoyo con 10 toneladas de material para la construcción del camino que lleva al lugar.

Así lo señaló el párroco Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como «El Padre Pistolas», en una visita a la sede del Congreso de Michoacán, donde manifestó haber participado en varios proyectos de construcción en Chucándiro, incluyendo carreteras y obras de beneficio para la comunidad y para la generación de fuentes de empleo.

El Padre Pistolas también ha apoyado en la restauración y embellecimiento de templos como la capilla de la Huananchita, mejor conocida como el «Templo Hospital», es por ello que reconoció el trabajo de la diputada Belinda Iturbide, de quien dijo «es la única que me ha ayudado de los diputados la 76 Legislatura Local».

Al respecto, la legisladora por el Distrito II de Puruándiro, agradeció el reconocimiento y refrendó su compromiso con las comunidades. «Para mí, legislar también es estar en territorio, escuchar y gestionar. En Chucándiro encontramos voluntad y organización del pueblo, y ahí es donde el trabajo de una diputada tiene sentido: en acompañar las causas que mejoran la vida de la gente».

Apoyar la construcción de ese camino fue responder a una necesidad real de movilidad, de acceso y de dignidad para las familias, añadió Iturbide Díaz, quien manifestó que mientras haya comunidades dispuestas a poner la mano de obra y el corazón, «desde el Congreso seguiré gestionando el material, los recursos y las puertas que se necesiten abrir. Porque el servicio público se honra en las comunidades, no en el escritorio».

Con el fin de garantizar una defensa adecuada, imparcial y accesible para todas y todos, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía al Instituto de la Defensoría Pública en Michoacán.

La legisladora explicó que esta propuesta busca fortalecer el acceso a la justicia, particularmente para quienes no cuentan con recursos para contratar un abogado particular, permitiéndoles ejercer plenamente sus derechos incluso frente al propio Estado.

Recordó que el derecho a una defensa adecuada está establecido en el artículo 20 de la Constitución, el cual señala que toda persona imputada debe contar con un abogado, y en caso de no poder designarlo, el Estado tiene la obligación de proporcionarle un defensor público.

Asimismo, señaló que el artículo 17 constitucional mandata a la Federación y a las entidades federativas a garantizar un servicio de defensoría pública de calidad, así como condiciones que aseguren la profesionalización de quienes lo integran.

No obstante, advirtió que estos principios no pueden cumplirse plenamente mientras la Defensoría Pública dependa del Poder Ejecutivo, ya que su naturaleza jurídica exige independencia para actuar con imparcialidad y sin presiones externas.

En ese sentido, reconoció el trabajo del personal de la institución, pero enfatizó que aún existen rezagos como la falta de recursos, cargas excesivas de trabajo, bajos salarios y limitaciones en infraestructura, lo que impacta en la calidad del servicio.

Finalmente, detalló que la iniciativa plantea reformar el artículo 103 de la Constitución Política del Estado para convertir a la Defensoría Pública en un organismo constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a fin de fortalecer el Estado de Derecho y garantizar una justicia más equitativa en Michoacán.

Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas del Estado para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, en especial a los derechos relativos a la ayuda inmediata, asistencia, atención, protección, acceso a la verdad, justicia y reparación integral, debida diligencia, buena fe.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el líder de la bancada del PT presentó ante el pleno del poder legislativo este planteamiento que busca blindar a las víctimas de delito a través de la atención jurídica inmediata, así como psicológica, médica, trabajo social de primer contacto, sin que sea requisito la acreditación de la calidad de víctima, solo la existencia del hecho victimizante.

«La presente iniciativa tiene como propósito dar cabal cumplimiento a los principios consagrados por el artículo 5º de la Ley General a Víctimas de dignidad, buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integridad, indivisibilidad e interdependencia, interior superior de la niñez, máxima protección, mínimo existencial, no criminalización, victimización secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas, transparencia y trato preferente», explicó el congresista desde la tribuna.

Asimismo, señaló que en México fue a partir de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, cuando se establecieron en la Constitución los principios que garantizan los derechos humanos de las víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos, en donde también se obliga a las personas servidoras públicas, en todos los niveles de gobierno, a proteger y garantizar estos derechos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En este contexto, el legislador del PT destacó la importancia de involucrar a todas las instituciones para cumplir con la obligación de proteger a personas víctimas de delitos en Michoacán, en aras de hacer valer la ley en todas sus formas y derivado del contexto social que se vive en la entidad.

«Cuando ocurren actos de violencia donde vehículos son incendiados para bloquear carreteras, centros comerciales para infundir miedo en la población, estos tienen cobertura noticiosa y son reconocidos por autoridades, se puede eximir a las víctimas de probar la existencia de tales hechos, ya que son públicos y del conocimiento general, el delito y la violación a los derechos humanos es conocida por un sector poblacional, por lo que observar los principios de debida diligencia y buena fe, deben ser aplicados», acotó.

Agregó, que entonces es indispensable fortalecer el organismo encargado de garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de las graves violaciones de derechos humanos, en especial los derechos de asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, la reparación y a la debida diligencia y tiene la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común y violaciones graves a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

«El Estado de Derecho implica garantizar el derecho a la seguridad de las personas, salvaguardando su vida, integridad y patrimonio, además impone la responsabilidad del Estado de otorgar la debida atención, ayuda y protección a las víctimas, por lo que es necesaria la presente reforma para dar cumplimiento con el mandato legal que se impone a esta Honorable Asamblea la responsabilidad de realizar la armonización legislativa de la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo, responder a las

Los procesos electorales que resulten manchados por el homicidio doloso de cualquiera de los candidatos, «pierden autenticidad, libertad y equidad, así que deberían causar nulidad», propuso el diputado por Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa.

Como integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, aseveró que se ha privilegiado las iniciativas tendientes a consolidar procesos verdaderamente democráticos y por ello presentó la iniciativa de reforma al artículo 72 de la Ley de Justicia en Materia Electoral, misma que nace, lamentó, «de una verdad incómoda pero imposible de ignorar».

En la actualidad, agregó Toño Carreño, «enfrentamos en los procesos electorales una amenaza brutal: el asesinato de candidatas y candidatos como mecanismo para alterar la voluntad popular, principalmente en entidades con complejidades territoriales como Michoacán».

«La violencia criminal busca imponer vetos, seleccionar perfiles, capturar gobiernos municipales, influir en congresos locales y condicionar decisiones públicas. No estamos frente a hechos aislados. Estamos frente a una estrategia de intimidación contra el sistema democrático».

El legislador de la Bancada Naranja explicó que su iniciativa contempla la nulidad ante los hechos descritos, desde el inicio formal del proceso electoral y hasta antes de la entrega de la constancia de mayoría y será el Tribunal Electoral del Estado (TEEM) el que deberá analizar el contexto de violencia, la relación del crimen con la contienda y la posible injerencia de factores externos.

Finalmente, Toño Carreño alertó desde la Tribuna legislativa que si el crimen organizado descubre que puede modificar elecciones asesinando candidatos sin consecuencias institucionales, el Estado pierde autoridad moral y jurídica; «Michoacán merece elecciones limpias, libres y seguras. Merece gobiernos nacidos del voto, no del miedo».

Frente a delitos que hoy se cometen desde una pantalla, un teléfono celular o incluso mediante cámaras clandestinas instaladas por grupos criminales, el diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Michoacán y actualizar la ley ante los retos de la era digital.

La propuesta plantea tipificar y sancionar cuatro nuevas conductas: videovigilancia ilegal, rastreo digital ilícito, espionaje digital y suplantación de identidad digital. «La delincuencia ya evolucionó y la ley no puede quedarse atrás», expresó el legislador.

Puntualizó que la iniciativa surge ante hechos como la detección este año de las llamadas «cámaras parásitas» en Apatzingán, presuntamente utilizadas por grupos delictivos para vigilar movimientos de las autoridades. También busca frenar prácticas como la colocación de dispositivos GPS para rastrear personas sin su consentimiento, el uso de software espía para acceder a información privada, o la comisión de fraudes mediante robo de identidad, incluso con herramientas de inteligencia artificial.

Octavio Ocampo señaló que actualmente la legislación local resulta insuficiente para responder a estos delitos, debido a vacíos legales que favorecen la impunidad. Por ello, explicó, la propuesta busca proteger la privacidad, los datos personales, el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía, además de fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y sancionar el cibercrimen.

Con esta iniciativa, sostuvo, Michoacán puede colocarse a la vanguardia en la defensa de los derechos en el entorno digital.

La diputada de Morelia, Giulianna Bugarini, presentó una iniciativa de reforma para garantizar que las presidentas y presidentes municipales mantengan contacto directo y permanente con la ciudadanía, a través de audiencias públicas obligatorias.

Desde tribuna, la legisladora señaló que uno de los principales problemas que enfrentan hoy las y los morelianos no es solo la falta de soluciones, sino la falta de acceso a sus autoridades. «Hoy la gente llega a los ayuntamientos y se encuentra con puertas cerradas, con trámites interminables o con la imposibilidad de ser escuchada. Eso también es desigualdad», expresó.

La propuesta plantea que los gobiernos municipales realicen, al menos dos veces al mes, audiencias públicas abiertas, preferentemente en colonias, comunidades y tenencias, con el objetivo de atender de manera directa las problemáticas reales de la población, desde servicios básicos hasta temas de seguridad y desarrollo urbano.

Bugarini destacó que este modelo ya ha demostrado resultados en el gobierno estatal encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, donde el trabajo en territorio ha permitido tomar mejores decisiones y responder con mayor eficacia a las necesidades de la gente.

Finalmente, la diputada subrayó que esta iniciativa forma parte de una visión de ciudad más cercana, donde el gobierno no se encierra en oficinas, sino que sale a las calles a escuchar y resolver. «Si queremos un mejor Morelia, necesitamos autoridades presentes, que conozcan lo que vive la gente y que actúen en consecuencia. Gobernar es estar cerca», concluyó.