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Un diputado michoacano presentó una propuesta para cambiar las reglas laborales del gobierno estatal y evitar que trabajadores públicos sean despedidos cuando adquieran alguna discapacidad durante su empleo. La iniciativa obliga a las dependencias a hacer las adaptaciones necesarias para que estas personas puedan seguir trabajando.

Vicente Gómez Núñez, diputado del Partido del Trabajo por el distrito de Tacámbaro, propuso modificar la Constitución local y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los cambios prohibirían expresamente despedir a empleados públicos por desarrollar una discapacidad y obligarían a las instituciones a hacer ajustes razonables en sus puestos de trabajo.

La propuesta surge ante casos donde trabajadores del gobierno estatal han perdido su empleo después de sufrir accidentes laborales o desarrollar enfermedades que les generan alguna discapacidad. Actualmente no existe una protección específica que impida estas prácticas discriminatorias en el sector público michoacano.

Según el legislador, la iniciativa busca eliminar la discriminación laboral y garantizar que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de empleo. La propuesta ahora será analizada por las comisiones correspondientes del Congreso estatal antes de ser votada en el pleno.

Esta medida beneficiaría a los más de 80 mil trabajadores del gobierno del estado, quienes tendrían mayor seguridad laboral ante eventualidades que puedan afectar su capacidad física o mental. De aprobarse, Michoacán se sumaría a otros estados que ya cuentan con protecciones similares para trabajadores con discapacidad adquirida.

El Congreso de Michoacán aprobó una nueva Ley de Protección de Datos Personales que reemplaza la normativa vigente desde 2017, con el objetivo de modernizar la protección de información personal de los ciudadanos ante las instituciones públicas estatales.

La nueva legislación establece que la vigilancia del cumplimiento estará a cargo de los órganos internos de control o contralorías de cada institución pública, abarcando los tres poderes del estado y organismos autónomos. Esto significa que cada dependencia será responsable de proteger los datos personales que maneja en sus procesos administrativos.

Un aspecto relevante de la ley es que define casos específicos donde las autoridades pueden procesar datos personales sin consentimiento del titular, como cuando existe una resolución legal, cuando se protegen derechos de terceros, o cuando se requiere para actuaciones judiciales o administrativas. Esto busca equilibrar la protección de datos con las necesidades operativas del gobierno.

La normativa también endurece las sanciones para funcionarios que usen, divulguen o alteren indebidamente datos personales bajo su custodia. Las multas económicas que se impongan no podrán pagarse con recursos públicos, lo que significa que los responsables deberán cubrirlas con su propio dinero.

Las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos trabajaron en armonizar esta ley con el marco federal, buscando crear uniformidad en los estándares de protección en todo el país y dar mayor seguridad jurídica tanto a las instituciones como a los ciudadanos michoacanos.

El Congreso de Michoacán aprobó reformas que transfieren las funciones del extinto Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) a la Secretaría de Contraloría del Estado. La decisión consolida en una sola dependencia las tareas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que antes manejaba el organismo autónomo.

La reforma establece que la Contraloría será responsable de conocer los procedimientos de acceso a la información, verificar el cumplimiento de la ley de transparencia e imponer sanciones a funcionarios que incumplan con estas obligaciones. También deberá proponer actualizaciones al código de ética de servidores públicos y promover mecanismos de participación ciudadana en la evaluación gubernamental.

La titular de la Contraloría fungirá como liquidadora del IMAIP, con la responsabilidad de garantizar la transferencia ordenada de recursos humanos, materiales y financieros del instituto extinto. Los diputados otorgaron 180 días hábiles al Ejecutivo estatal para realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias.

Esta concentración de funciones marca un cambio significativo en el modelo de transparencia michoacano, que pasa de un organismo autónomo a depender directamente del Ejecutivo estatal. Los legisladores argumentan que la medida fortalecerá los principios de transparencia y rendición de cuentas, aunque críticos señalan que podría comprometer la independencia en la supervisión de la información gubernamental.

La reforma responde a una iniciativa del gobernador del estado y representa una restructuración profunda del sistema de transparencia en Michoacán, cuyas implicaciones se verán reflejadas en los próximos meses conforme se concrete la transición.

El Congreso de Michoacán aprobó una reforma penal que por primera vez sanciona específicamente el acoso persistente (stalking) y las prácticas abusivas de cobranza, en respuesta al aumento de estas conductas que afectan la tranquilidad de miles de familias michoacanas.

La iniciativa, promovida por el diputado Toño Mendoza y avalada por las comisiones de Justicia e Igualdad, tipifica como delito el acecho o stalking, que incluye vigilancia, persecución y contacto no deseado de manera reiterada. Las sanciones se agravan cuando las víctimas están en situación de vulnerabilidad o cuando se usan medios electrónicos como redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Además, la reforma incorpora el delito de cobranza extrajudicial ilegal, dirigido a frenar las prácticas intimidatorias de algunos despachos de cobranza que presionan a deudores y sus familias mediante llamadas constantes, amenazas o visitas intimidatorias en domicilios y centros de trabajo.

Según el legislador, esta medida responde a una demanda social urgente ante el crecimiento de estas formas de violencia que han evolucionado con las tecnologías digitales. La reforma busca dar herramientas claras a las autoridades para prevenir, investigar y sancionar estas conductas.

La nueva legislación representa un paso importante para proteger la estabilidad emocional y la seguridad personal de los michoacanos, especialmente en casos donde el acoso puede escalar hacia delitos de mayor gravedad. Con esta modificación al código penal, Michoacán se suma a las entidades que han actualizado su marco legal para enfrentar las nuevas formas de violencia.

El diputado Hugo Rangel del Partido del Trabajo planteó desde la tribuna del Congreso de Michoacán una reestructuración completa del Poder Legislativo estatal, utilizando la metodología de presupuesto base cero para cumplir con el nuevo tope del 0.7% del presupuesto estatal establecido en el Plan B electoral.

La propuesta implica revisar desde cero cada área, programa y estructura del Congreso para eliminar duplicidades y optimizar recursos. «Que nada se dé por sentado y que todo se justifique», declaró Rangel, quien busca que cada peso público tenga un impacto real en la función legislativa y no se mantenga por inercia política.

El legislador petista estableció una condición clara: la reestructuración no puede afectar los derechos laborales de los trabajadores del Congreso. «La austeridad no puede convertirse en un pretexto para precarizar el trabajo», advirtió, posicionando a su bancada en defensa de la base laboral que sostiene el funcionamiento del Poder Legislativo.

Rangel enfatizó que el objetivo central debe ser fortalecer las tareas sustantivas del Congreso: legislar con eficacia y mantener cercanía con los ciudadanos. Para el diputado del PT, sin estas dos funciones fundamentales «no hay Congreso que valga», por lo que cualquier ajuste debe realizarse con responsabilidad social.

Esta postura refleja el equilibrio que buscan algunos legisladores entre apoyar las medidas de austeridad impulsadas a nivel nacional y proteger tanto la funcionalidad institucional como los derechos de los trabajadores en un contexto de reducción presupuestal significativa.

La diputada Nalleli Pedraza Huerta entregó este miércoles al Congreso de Michoacán un paquete de 40 iniciativas de ley elaboradas directamente por personas con discapacidad durante el primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad. Las propuestas buscan mejorar las condiciones de vida de este sector de la población en el estado.

De las cerca de 90 propuestas recibidas durante este ejercicio ciudadano, 40 cumplieron con los requisitos técnicos para convertirse en iniciativas formales. La legisladora morenista informó que cada miércoles presentará nuevos paquetes de estas reformas hasta completar la totalidad, iniciando el próximo miércoles con seis iniciativas más.

La «iniciativa madre» de este proceso busca que el Parlamento con Perspectiva de Discapacidad se realice cada año por ley, institucionalizando este espacio de participación ciudadana. Pedraza Huerta explicó que el objetivo es que no sea «una idea pasajera, sino un derecho ganado y permanente para la ciudadanía».

La diputada hizo un llamado a sus compañeros legisladores para que analicen con prontitud estas propuestas y las lleven al Pleno para su votación. «Las personas con discapacidad enfrentan retos más difíciles cada día y el Estado tiene la obligación de emparejar el piso», señaló durante la entrega de las iniciativas.

Este primer parlamento representó un ejercicio inédito en Michoacán, donde las propias personas con discapacidad elaboraron iniciativas desde su experiencia y necesidades reales, marcando un precedente en la participación ciudadana directa en el proceso legislativo estatal.

El trabajo doméstico no remunerado podría considerarse legalmente como violencia contra la mujer si prospera una iniciativa presentada ayer en el Congreso de Michoacán. La propuesta, impulsada por el diputado Reyes Galindo del Partido del Trabajo, busca reformar la Ley Por una Vida Libre de Violencia para reconocer como agresión el no remunerar las labores del hogar y el cuidado familiar.

Las cifras respaldan la relevancia del tema: según datos del INEGI, en 2025 el trabajo no remunerado representó 37.4% del PIB estatal michoacano, muy por encima del promedio nacional de 30%. Esto significa que más de una tercera parte del valor económico de Michoacán depende del trabajo invisible de las mujeres en los hogares.

La propuesta también establece que obligar a mujeres embarazadas a realizar trabajos de esfuerzo considerable que pongan en riesgo su salud gestacional constituye violencia de género. Esta medida busca proteger tanto la salud materna como la del bebé en desarrollo.

A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo reporta que las mujeres dedican 59 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados, casi el triple que los hombres (22 horas). En México, las mujeres destinan 28.8 horas semanales solo a cuidados, mientras los hombres apenas 12.4 horas.

La iniciativa responde a recomendaciones de ONU Mujeres sobre la necesidad de que los gobiernos implementen políticas para abordar el trabajo doméstico no remunerado, históricamente invisibilizado pese a ser fundamental para la supervivencia económica de los hogares. De ser aprobada, Michoacán se convertiría en pionero en tipificar esta forma de violencia económica de género.

Movimiento Ciudadano votará a favor de las reformas constitucionales conocidas como ‘Plan B’, que buscan reducir costos en el sistema electoral mexicano, aunque considera que la propuesta gubernamental es limitada y no atiende las verdaderas necesidades de transformación democrática del país.

La diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario naranja en el Congreso de Michoacán, explicó que su partido presentó una propuesta más ambiciosa que incluía medidas para incentivar el voto joven, crear una circunscripción para migrantes y combatir la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. Su plan contemplaba ahorros superiores a 40 mil millones de pesos en cuatro años.

Sin embargo, Aguilar lamentó que no hubo apertura para discutir una reforma de mayor alcance, ni siquiera entre las fuerzas políticas afines al gobierno federal. ‘Lo que hoy se discute es una reforma acotada, que reduce algunos costos y elimina ciertos privilegios, pero que se queda corta frente a lo que México necesita’, señaló desde la tribuna legislativa.

Pese a sus reservas, la legisladora michoacana justificó el voto favorable de su bancada argumentando que contribuirá a frenar el derroche en las instituciones públicas y eliminar privilegios, aunque de manera limitada. ‘Movimiento Ciudadano no será obstáculo para reducir privilegios, pero tampoco será comparsa de la polarización’, afirmó.

La posición de MC refleja una estrategia de oposición responsable que busca diferenciarse tanto del oficialismo como de la oposición más confrontativa, apostando por propuestas que fortalezcan la participación ciudadana y reduzcan el gasto público. Las reformas del ‘Plan B’ modifican los artículos 115, 116 y 134 constitucionales para reducir costos operativos del sistema electoral.

La diputada cerró su intervención haciendo un llamado al cumplimiento de la ley como mecanismo para garantizar procesos electorales justos, mientras reiteró que su partido continuará impulsando propuestas para fortalecer la vida democrática nacional.

Las amenazas y conductas violentas que los jóvenes publican en redes sociales están llegando a las aulas michoacanas sin que las escuelas tengan herramientas claras para actuar. Por eso, la diputada Eréndira Isauro Hernández presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación y obligar a las preparatorias a contar con protocolos específicos contra la violencia digital.

La legisladora del distrito de Paracho explicó que las dinámicas sociales de los estudiantes han migrado a plataformas virtuales donde frecuentemente se glorifican conductas delictivas, se emiten discursos de odio y se hacen amenazas explícitas. ‘Hechos recientes ocurridos en la entidad evidencian la necesidad de actuar con mayor responsabilidad institucional frente a señales de alerta’, señaló, refiriéndose a episodios violentos que han sacudido a escuelas michoacanas.

La propuesta establece que toda la comunidad educativa -desde maestros hasta personal administrativo- tendrá la obligación de alertar sobre posibles conductas de riesgo detectadas en redes sociales. Las instituciones deberán crear un Protocolo de Atención y Prevención que incluya desde contención psicológica hasta notificación inmediata a autoridades cuando sea necesario.

‘Esta propuesta no pretende criminalizar a los estudiantes, sino generar canales institucionales seguros y confidenciales que permitan actuar a tiempo’, aclaró Isauro Hernández. La iniciativa busca cerrar un vacío legal en materia de ciberseguridad escolar que ha dejado a las preparatorias michoacanas sin herramientas para enfrentar una realidad donde la violencia se gesta primero en el mundo digital.

Si se aprueba la reforma, Michoacán sería de las primeras entidades en actualizar su marco legal educativo para enfrentar las nuevas formas de violencia juvenil que nacen en internet y se materializan en los planteles escolares.