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El Congreso de Michoacán aprobó ayer una reforma constitucional federal que transformará la estructura y los gastos del sector público en el estado. La medida, conocida como ‘Plan B Electoral’, establece límites estrictos a los salarios de funcionarios y reduce el tamaño de los gobiernos municipales.

La reforma más visible para los ciudadanos será en los ayuntamientos, que ahora tendrán máximo 15 regidores en lugar de los hasta 20 que actualmente pueden tener algunos municipios grandes. Esto significa menos funcionarios electos cobrando del erario público en cada administración municipal.

En términos de austeridad, la medida prohíbe que consejeros electorales, magistrados y funcionarios de alto nivel contraten seguros médicos privados, seguros de vida o pensiones especiales con recursos públicos. Sus salarios tampoco podrán exceder los topes constitucionales ya establecidos.

Para el Congreso estatal, la reforma establece que su presupuesto anual no puede superar 0.7% del presupuesto total del estado. Además, elimina la posibilidad de reelección consecutiva de diputados locales, mientras que a nivel federal el Senado deberá reducir 15% su presupuesto respecto a 2026.

La reforma busca generar ahorros significativos en el gasto público estatal y municipal, aunque aún no se ha calculado el monto específico que representará para las finanzas de Michoacán. Los cambios entrarán en vigor una vez que sea aprobada por la mayoría de los congresos estatales del país.

El diputado Abraham Espinoza Villa presentó una reforma al Código Familiar de Michoacán para establecer reglas más claras sobre cuándo procede indemnizar a la persona que se dedicó al trabajo doméstico y de cuidados durante el matrimonio. La propuesta fija un mínimo de tres años de matrimonio como referencia para acceder a esta compensación económica.

Actualmente, aunque el Código Familiar ya reconoce este derecho —respaldado por criterios de la Suprema Corte—, no especifica una duración mínima del matrimonio, lo que genera interpretaciones diversas entre jueces y crea incertidumbre para las familias. La reforma busca dar mayor certeza jurídica tanto a los impartidores de justicia como a los ciudadanos.

La iniciativa reconoce que el trabajo doméstico —que incluye cuidado de hijos, atención de adultos mayores y organización del hogar— es fundamental para las familias pero permanece sin remuneración. En la mayoría de casos, son las mujeres quienes asumen estas tareas, limitando su desarrollo profesional y autonomía económica.

La propuesta incluye flexibilidad: aunque establece el plazo mínimo de tres años, permite que los jueces determinen la procedencia de la indemnización en casos especiales, particularmente cuando hay hijos en común o circunstancias que lo justifiquen. El legislador enfatizó que no se trata de una barrera rígida, sino de un punto de referencia para identificar cuándo hubo impacto económico real.

Espinoza Villa argumentó que en Michoacán persisten brechas económicas e informalidad laboral, por lo que se necesitan leyes claras que funcionen en la práctica y respondan a la realidad de las familias michoacanas. La reforma aplicaría únicamente para matrimonios bajo régimen de separación de bienes.

El Congreso de Michoacán aprobó un exhorto para que las autoridades estatales lancen campañas permanentes contra la extorsión telefónica y el secuestro virtual, delitos que han aumentado significativamente en la entidad y afectan principalmente a adultos mayores y personas vulnerables.

La propuesta del diputado Guillermo Valencia Reyes obliga a la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación, la Fiscalía General del Estado y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión a coordinar esfuerzos para informar y concientizar a la población sobre estos fraudes telefónicos.

Las campañas deberán incluir material audiovisual, guías impresas y digitales, además de contenido en lenguas indígenas para llegar a todas las comunidades michoacanas. El alcance abarcará tanto zonas urbanas como rurales, reconociendo que estos delitos no distinguen entre ciudades y pueblos.

Los 113 ayuntamientos del estado y el Concejo Mayor de Cherán también tendrán la responsabilidad de difundir estas campañas en sus territorios, utilizando espacios públicos, redes institucionales y medios comunitarios para maximizar el impacto.

Esta medida responde a la creciente preocupación ciudadana por el aumento de llamadas fraudulentas donde delincuentes se hacen pasar por familiares en peligro o autoridades para extorsionar dinero. La coordinación entre diferentes niveles de gobierno busca crear una red de protección más efectiva para los michoacanos.

El diputado del PRD Octavio Ocampo presentó ante el Congreso de Michoacán una iniciativa para crear un protocolo estatal que proteja a las escuelas cuando ocurran hechos de violencia, buscando que autoridades, maestros y familias tengan reglas claras sobre qué hacer para mantener la seguridad de los estudiantes.

La propuesta plantea reformar las leyes de Educación y Orgánica Municipal para transformar los actuales consejos escolares en Consejos de Participación y Prevención de Riesgo Escolar, que funcionarían como enlace entre planteles educativos, ayuntamientos y la Secretaría de Educación del estado.

El protocolo incluiría cuatro elementos centrales: reglas obligatorias para el resguardo y suspensión temporal de clases, mecanismos de alerta temprana entre directivos y autoridades de seguridad, criterios técnicos basados en informes de protección civil para suspender actividades escolares, y la designación de un responsable municipal para atender permanentemente las necesidades de las escuelas.

Ocampo justificó la iniciativa señalando que «Michoacán enfrenta una realidad que no podemos ignorar. No existe un marco normativo que establezca cómo deben coordinarse las autoridades cuando la seguridad de los estudiantes está en riesgo», haciendo referencia a casos como el de Coahuayana y otros eventos recientes de inseguridad que han afectado la actividad escolar en diversas regiones del estado.

El legislador perredista enfatizó que «no podemos permitir que el derecho a la educación se suspenda de forma desordenada» y llamó a sus compañeros diputados a construir un modelo de prevención que brinde certeza tanto a docentes como a las familias michoacanas.

El Congreso de Michoacán ha organizado diversos encuentros y festivales culturales con artistas locales de diferentes regiones del estado, con el objetivo de preservar y difundir la riqueza cultural michoacana, informó la diputada Nalleli Pedraza Huerta, presidenta de la Comisión de Cultura y Artes.

La legisladora explicó que estas iniciativas buscan crear plataformas de desarrollo para los creadores michoacanos, permitiendo que su talento trascienda las fronteras regionales. «Reconocemos al arte como una expresión que transforma, inspira y fortalece nuestra identidad como sociedad», señaló Pedraza Huerta durante la conmemoración del Día Mundial del Arte.

La diputada destacó que desde el Poder Legislativo se han abierto espacios para que la creatividad y el talento local tengan mayor visibilidad. Según su perspectiva, el arte representa una herramienta fundamental para reconstruir el tejido social y preservar la memoria histórica de las comunidades michoacanas.

Pedraza Huerta también vinculó las expresiones artísticas con la construcción de paz, argumentando que ofrecen a los jóvenes alternativas de vida basadas en la sensibilidad y la creación. La funcionaria aseguró que continuará trabajando directamente con artistas locales para llevar sus inquietudes y propuestas a la arena legislativa.

Estas acciones se enmarcan en una política cultural que busca garantizar el acceso a las artes para todos los sectores de la población michoacana, convirtiendo la cultura en un motor de desarrollo regional y fortalecimiento de la identidad estatal.

El Congreso de Michoacán analiza una propuesta para hacer obligatoria la enseñanza de escritura cursiva en escuelas primarias y secundarias del estado. La iniciativa, presentada por la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, busca reformar la Ley de Educación estatal ante la preocupación de que esta práctica ha perdido terreno en las aulas.

La legisladora argumenta que diversos estudios científicos demuestran que escribir a mano estimula áreas clave del cerebro relacionadas con la coordinación motora fina, la memoria y la comprensión lectora. Según datos de la ONU citados en la propuesta, el 67% de la población mundial está conectada a internet, lo que ha generado una dependencia creciente de herramientas digitales en detrimento de habilidades básicas.

Especialistas en neurología y educación coinciden en que la escritura manuscrita representa un ejercicio cognitivo de alto valor que fortalece la retención de información y favorece el desarrollo neurológico vinculado al lenguaje. En etapas tempranas, escribir a mano permite a los estudiantes reconocer mejor las letras y estructurar su pensamiento.

La propuesta contempla agregar el artículo 60 Bis a la Ley de Educación del Estado, estableciendo lineamientos para la implementación, evaluación y capacitación docente. De aprobarse, las escuelas michoacanas tendrían que incluir de manera sistemática y progresiva la enseñanza de letra cursiva en su currícula, buscando un equilibrio entre innovación tecnológica y habilidades fundamentales del desarrollo humano.

El Congreso de Michoacán aprobó una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que promete fortalecer el derecho ciudadano a conocer cómo funcionan las instituciones públicas del estado. La legislación, respaldada por 26 votos, reemplaza la ley vigente desde 2016 y busca modernizar los mecanismos de rendición de cuentas.

La nueva normativa abarca a todos los poderes del estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, así como a municipios, organismos autónomos y cualquier entidad que maneje recursos públicos. Su principal innovación es la creación del Subsistema de Transparencia de Michoacán, un organismo coordinado que será presidido por la Secretaría de Contraloría estatal e incluirá representantes de todos los niveles de gobierno.

Para los ciudadanos, esto significa procedimientos más claros y eficientes para solicitar información pública. La ley establece principios como máxima publicidad, objetividad y profesionalismo, mientras que las autoridades tendrán atribuciones precisas para resolver recursos de revisión e imponer sanciones cuando sea necesario.

Un aspecto destacado es la articulación entre transparencia y combate a la corrupción. La nueva ley permite dar vista a órganos de control interno y denunciar posibles delitos, conectando directamente el acceso a la información con el sistema anticorrupción del estado.

La legislación también incluye medidas para promover la cultura de la transparencia y garantizar la igualdad en el acceso a la información. Los artículos transitorios aseguran que no habrá vacíos normativos durante la transición, manteniendo la continuidad de todos los procedimientos en curso.

Una reforma que podría cambiar la relación entre ciudadanos y ayuntamientos en Michoacán llegó al Congreso estatal. El diputado Juan Carlos Barragán presentó una iniciativa para que las familias michoacanas no paguen el impuesto predial completo cuando sus municipios no garanticen servicios públicos de calidad.

La propuesta establece que cuando existan fallas en servicios básicos como agua potable, alumbrado público, recolección de basura o mantenimiento de espacios públicos, los contribuyentes puedan acceder a una exención temporal del predial mientras persista la deficiencia. «Pagar predial y no recibir servicios de calidad no es justo. Así de claro: si no hay servicio, no hay cobro completo», afirmó el legislador.

Barragán ejemplificó la problemática con el caso de Villas del Pedregal en Morelia, donde se recaudan más de 20 millones de pesos anuales por concepto de predial, pero persisten problemas como falta de agua, baches y deficiente alumbrado público. «La gente cumple pagando, pero el gobierno no está cumpliendo con lo básico», expresó.

La medida podría aplicarse tanto por zonas afectadas como de manera individual, aunque el diputado aseguró que incluirá reglas claras, tiempos definidos y mecanismos para evitar abusos del sistema. La iniciativa busca equilibrar la relación entre ciudadanía y autoridad, incentivando a los gobiernos municipales a mejorar los servicios y responder a las necesidades reales de la población.

Si se aprueba, esta reforma representaría un precedente nacional en la exigencia de calidad en servicios públicos municipales, estableciendo una relación más justa entre lo que pagan los ciudadanos y lo que reciben de sus gobiernos locales.

El Congreso de Michoacán abrió las inscripciones para el concurso «Dibujo Parlamentario 2026», dirigido a niños michoacanos de 6 a 12 años que quieran expresar a través del arte su visión sobre el medio ambiente y las tradiciones de sus comunidades.

La convocatoria, lanzada por la Comisión de Derechos Humanos Indígenas y Afromexicanos, divide a los participantes en dos categorías. Los niños de 6 a 9 años deberán crear dibujos relacionados con la protección ambiental, mientras que los de 10 a 12 años enfocarán sus obras en los usos y costumbres de sus municipios. Esta división busca adaptar los temas a las capacidades e intereses de cada grupo de edad.

Los premios son atractivos para motivar la participación infantil. Los ganadores de primer lugar en ambas categorías recibirán una bicicleta, una tablet y un kit de dibujo. Los segundos lugares obtendrán una tablet y kit de dibujo, mientras que los terceros lugares se llevarán únicamente el kit de dibujo. La premiación se realizará el 29 de abril, en conmemoración del Día del Niño.

Para participar, los menores deben crear su dibujo en hoja tamaño carta usando técnicas tradicionales como lápiz, colores o crayones, sin apoyo tecnológico. Cada obra debe incluir título, explicación breve, datos personales del participante y copia de CURP. Además, los padres o tutores deben firmar una carta de autorización.

Las obras pueden entregarse hasta el 24 de abril en las oficinas de los diputados Eréndira Isauro Hernández y Conrado Paz Torres, o enviarse digitalizadas al correo comision.derechosindigenas@gmail.com o al WhatsApp 44 33 78 05 00. Los resultados se anunciarán el 27 de abril a través de redes sociales de los legisladores de la comisión organizadora.

Después de más de un año de estar atorada, la Ley de Búsqueda de Personas para Michoacán sigue sin aprobarse en el Congreso local, una situación que el diputado Toño Carreño calificó como «inaceptable» durante una intervención en tribuna este martes.

El legislador de Movimiento Ciudadano responsabilizó directamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de frenar la aprobación de esta normativa, que regularía la búsqueda de personas desaparecidas en el estado. Según Carreño, la falta de quórum en la sesión clave de finales de 2024 «no fue un accidente, fue una decisión» del Ejecutivo estatal.

La crítica surge en medio de señalamientos internacionales. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha advertido que México rebasa «los límites de lo tolerable» por omisión, llegando incluso a hablar de posibles crímenes de lesa humanidad. Para Carreño, esta crisis humanitaria contrasta con las prioridades gubernamentales: «es más fácil promover teleféricos porque es más difícil buscar».

El diputado hizo un llamado emotivo a ponerse «en los zapatos» de las familias que buscan a sus desaparecidos, recordando que detrás de cada lona hay una vida suspendida. «Imaginemos que el nombre en la lona es el de nuestro hijo, el de nuestra hermana, el de nuestro padre», expresó desde tribuna.

Carreño exigió que se retire «cualquier obstáculo, explícito o implícito» que impida la aprobación de esta ley, que daría certeza jurídica a las madres buscadoras y establecería protocolos claros para la búsqueda de personas desaparecidas en Michoacán.