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Los municipios de Michoacán tendrían que destinar recursos de sus presupuestos para apoyar a los artesanos locales si prospera una iniciativa presentada en el Congreso del Estado por las diputadas Erendira Isauro Hernández y Marco Polo Aguirre Chávez. La propuesta busca reformar la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal para que los ayuntamientos se involucren directamente en el respaldo a este sector.

La iniciativa surge del reconocimiento de que, pese a que Michoacán es referente nacional en arte popular, miles de familias artesanas enfrentan condiciones precarias para comercializar sus productos. La pandemia de COVID-19 y las crisis inflacionarias posteriores agravaron esta situación al suspenderse tianguis, ferias y espacios de venta que tradicionalmente sostenían la economía de estas comunidades.

La reforma plantea tres obligaciones concretas para los municipios: incluir en sus presupuestos recursos para la logística y movilidad de artesanos hacia ferias y exposiciones; asignar los mejores espacios públicos para la venta durante eventos festivos, evitando relegar a los creadores a zonas de menor flujo comercial; y vincular la producción artesanal con los planes de desarrollo turístico municipal para promover visitas directas a talleres y comunidades.

Según la diputada Isauro Hernández, esta medida busca descentralizar el apoyo al sector artesanal y que los ayuntamientos, como primer orden de gobierno, asuman un papel más activo. La legisladora enfatizó que el trabajo artesanal no solo es expresión cultural, sino una actividad estratégica para el desarrollo económico, especialmente en comunidades rurales e indígenas donde representa una fuente esencial de ingresos y preservación de identidad.

El Congreso de Michoacán refrendó su compromiso con el fortalecimiento de los derechos laborales durante la toma de protesta de la nueva dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Transporte, Energía, Construcción, Comunicación, Industria, Mantenimiento, Minas y Servicios Generales (STTECCIMM) en la entidad.

Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, destacó que el desarrollo de Michoacán está directamente vinculado con el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores. Durante el evento, reconoció el liderazgo de Otilia Reyes Molina, quien asumió como Secretaria Ejecutiva Estatal del sindicato en Michoacán.

La diputada Brisa Arroyo Martínez, coordinadora del grupo parlamentario del PRD, propuso la creación de mesas de trabajo entre el sindicato y los legisladores de la 76 Legislatura. La iniciativa busca que la experiencia sindical enriquezca el trabajo legislativo y se traduzca en mejores leyes para los trabajadores michoacanos.

«Solo así es como sabremos impactar con grandes iniciativas para el beneficio de Michoacán y la sociedad michoacana», señaló Arroyo Martínez durante su participación en la ceremonia. El STTECCIMM agrupa a trabajadores de sectores clave como transporte, energía, construcción y comunicaciones.

En el evento también participaron la diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel y Juan Carlos Talavera García, secretario general nacional del sindicato. La presencia de múltiples legisladores evidencia el interés del Congreso por mantener un diálogo directo con las organizaciones laborales.

Esta alianza entre el poder legislativo y el sector sindical podría resultar en nuevas propuestas de ley que fortalezcan las condiciones laborales en sectores estratégicos de la economía michoacana, especialmente en industrias como la construcción, energía y transporte.

El Congreso de Michoacán aprobó reformas a la Ley de Bibliotecas que establecen la creación de un Sistema Estatal de Bibliotecas Digitales, con el objetivo de democratizar el acceso a materiales educativos y culturales en todo el estado. La iniciativa, impulsada por la diputada María Itzé Camacho Zapiáin, fue respaldada por unanimidad en sesión extraordinaria.

La reforma establece que la Dirección Estatal de Bibliotecas deberá coordinar la digitalización de acervos existentes y promover la creación de plataformas digitales de consulta gratuita. El nuevo marco legal declara de interés social la integración de bibliotecas públicas, privadas y digitales en un solo sistema que ordene y facilite el acceso a contenidos bibliográficos, hemerográficos y digitales.

Una de las características más relevantes del nuevo sistema es su capacidad para establecer convenios con instituciones nacionales e internacionales, lo que ampliaría significativamente la oferta de contenidos disponibles para los michoacanos. Esto incluye desde materiales académicos especializados hasta recursos para el aprendizaje de idiomas y contenidos científicos de vanguardia.

La diputada Camacho subrayó que para los jóvenes michoacanos las bibliotecas digitales no son solo una herramienta complementaria, sino una condición necesaria para garantizar su derecho a la educación en un mundo cada vez más digitalizado. La legisladora destacó que estas plataformas permitirán que estudiantes de comunidades remotas accedan a los mismos recursos que sus pares en centros urbanos.

La medida cobra especial relevancia en un estado como Michoacán, donde las distancias geográficas y las limitaciones económicas han sido históricamente barreras para el acceso a materiales educativos de calidad. Con esta reforma, el gobierno estatal busca nivelar el campo educativo y brindar las mismas oportunidades de desarrollo académico a todos los michoacanos.

La implementación de este sistema representará un paso importante hacia la modernización del sector educativo en Michoacán y podría convertirse en un modelo a replicar en otros estados del país que enfrentan desafíos similares en materia de acceso a la educación.

El Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad la evaluación del área de desarrollo urbano del cuarto informe de gobierno estatal, con una recomendación clara: ampliar el acceso a programas de vivienda para los michoacanos.

La Comisión de Desarrollo Urbano pidió específicamente al gobernador que fortalezca las acciones del Instituto de Vivienda del Estado para implementar mejor el Programa de Vivienda para el Bienestar del gobierno federal. El objetivo es garantizar que más familias michoacanas puedan acceder a una vivienda digna.

Para elaborar esta evaluación, los diputados se reunieron directamente con los titulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Movilidad, de Comunicaciones y Obras Públicas, y del Instituto de Vivienda. Estas reuniones les permitieron obtener información más detallada que la contenida en el informe oficial.

Según el documento aprobado, este proceso de revisión busca fortalecer la transparencia y combatir la corrupción en la gestión pública. Los legisladores consideran que la rendición de cuentas es fundamental para generar confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

La aprobación de esta glosa forma parte de las funciones de vigilancia que tiene el Congreso sobre el gobierno estatal, particularmente en temas que impactan directamente la calidad de vida de los michoacanos como el acceso a vivienda.

Una de cada diez personas con epilepsia en el mundo es menor de 15 años, pero muchas escuelas en Michoacán no saben cómo actuar cuando un estudiante presenta una crisis. Para cambiar esta realidad, la diputada panista Teresita Herrera Maldonado presentó una iniciativa que obligaría a capacitar a los maestros y crear protocolos de atención en todas las instituciones educativas del estado.

La propuesta busca reformar tanto la Ley de Educación como la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que los menores con epilepsia reciban detección temprana, atención oportuna y un acompañamiento integral en las aulas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud que citó la legisladora, de los 50 millones de personas que viven con epilepsia globalmente, el 40% desarrolla la condición antes de cumplir 15 años.

«La falta de información genera miedo y el miedo se convierte en rechazo, discriminación y aislamiento», explicó Herrera Maldonado desde el Congreso estatal. La diputada enfatizó que muchos niños son excluidos de actividades escolares o sufren bullying simplemente porque la comunidad educativa desconoce qué es la epilepsia y cómo manejar una crisis.

La iniciativa plantea que los docentes aprendan a identificar señales de alerta, sepan cómo responder durante una crisis epiléptica y contribuyan a eliminar los estigmas que rodean esta condición neurológica. «Una escuela informada puede cambiar una vida: puede significar un diagnóstico oportuno, prevenir complicaciones y marcar la diferencia entre la exclusión y la oportunidad», subrayó la legisladora.

Si la propuesta es aprobada, Michoacán se convertiría en uno de los primeros estados en garantizar por ley que las escuelas sean espacios verdaderamente inclusivos para estudiantes con epilepsia, una condición que afecta a miles de menores michoacanos pero que permanece en gran medida invisible en el sistema educativo.

El diputado Juan Antonio Magaña de la Mora presentó una iniciativa de ley que promete revolucionar la forma en que los michoacanos resuelven sus conflictos. La propuesta busca crear mecanismos alternativos como mediación, conciliación y justicia restaurativa para evitar que las personas tengan que pasar por juicios largos, costosos y desgastantes.

La Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias aplicaría desde problemas familiares hasta conflictos comunitarios y escolares. Según el legislador del Partido Verde, la idea es cambiar la lógica de ‘ganar o perder’ por la búsqueda de soluciones que beneficien a ambas partes. ‘Menos confrontación y más diálogo; menos litigio, más acuerdos’, explicó Magaña de la Mora durante la presentación.

La coordinadora del Grupo Parlamentario Verde, Sandra Arreola, destacó que esta ley daría estructura y respaldo legal a los acuerdos alcanzados fuera de los tribunales. María del Pilar Chávez, especialista con 25 años de experiencia, señaló que la propuesta se alinea con la legislación federal y podría contribuir significativamente a la pacificación del estado.

Uno de los aspectos más innovadores de la iniciativa es la inclusión de la justicia restaurativa y terapéutica, que permitiría atender no solo conflictos legales sino también problemas de convivencia en escuelas y comunidades. El titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Víctor Serrato Lozano, destacó que una vez aprobada, la ley permitiría a los abogados especializados en víctimas encontrar mejores soluciones protegiendo sus derechos.

La propuesta ahora deberá ser analizada por las comisiones correspondientes del Congreso de Michoacán antes de ser sometida a votación en el pleno.

El Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Salud que obliga a todas las instituciones del sector salud a mantener un registro detallado de niños y niñas que padecen cáncer en el estado. La medida busca mejorar la detección temprana y el seguimiento de estos casos para salvar más vidas.

La reforma, propuesta por el diputado de Movimiento Ciudadano Toño Carreño Sosa, establece que el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud estatal y los municipios deberán mantener un padrón que incluya nombre completo, edad, municipio de residencia, etapa de la enfermedad y tratamientos de cada menor oncológico.

Actualmente, Michoacán no cuenta con un sistema unificado para rastrear estos casos, lo que dificulta conocer la magnitud real del problema y coordinar tratamientos oportunos. El cáncer infantil requiere atención especializada y detección temprana para aumentar las posibilidades de supervivencia.

Ahora corresponde al gobierno estatal publicar la reforma y establecer los lineamientos específicos para su implementación. El diputado Carreño anunció que dará seguimiento directo con el secretario de Salud para garantizar que la medida se aplique correctamente.

La iniciativa contó con el respaldo de diversas asociaciones civiles que trabajan con familias afectadas por el cáncer infantil. Este es el primer paso hacia un sistema más organizado de atención oncológica pediátrica en Michoacán, que permitirá conocer con precisión cuántos niños requieren tratamiento y dónde se ubican.

El Congreso de Michoacán aprobó cambios importantes a la Ley de Profesiones que beneficiarán directamente a miles de jóvenes estudiantes en el estado. Las modificaciones buscan eliminar obstáculos burocráticos que complican la titulación y el acceso al mercado laboral.

La principal novedad es que los estudiantes universitarios que ya trabajan en dependencias de gobierno podrán liberar automáticamente su servicio social. Hasta ahora, estos jóvenes enfrentaban una doble carga: cumplir con sus responsabilidades laborales y además realizar las horas de servicio social requeridas para graduarse. Con el nuevo artículo 23 Bis, su trabajo en el sector público será reconocido como equivalente al servicio social.

Además, la reforma establece que el servicio social ahora contará oficialmente como experiencia laboral. Esto significa que cuando los recién egresados busquen empleo, podrán incluir estas actividades en su currículum como experiencia profesional válida, algo que muchas empresas ahora exigen pero que antes no se reconocía formalmente.

El cambio también aplica para estudiantes de preparatoria que realicen servicio social, ampliando las oportunidades para jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral o acceder a programas de primer empleo. La medida busca cerrar la brecha entre la formación académica y las demandas del sector productivo.

Esta modificación legal representa un paso importante para modernizar el sistema educativo michoacano y alinearlo con las necesidades reales de los estudiantes, quienes frecuentemente enfrentan dificultades para cumplir con requisitos académicos mientras sostienen empleos para financiar sus estudios.

El Congreso de Michoacán aprobó una reforma a la Ley de Salud que declara al cáncer infantil y de adolescentes como enfermedad prioritaria en la entidad. La medida, respaldada con 27 votos en sesión extraordinaria, busca fortalecer la atención médica especializada para menores de edad que padecen esta enfermedad.

La reforma establece la creación del Registro de Casos de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia de Michoacán, una herramienta que permitirá recopilar, analizar y sistematizar información sobre diagnósticos, tratamientos y evolución clínica de los pacientes pediátricos. Este registro se integrará al sistema nacional para garantizar un seguimiento integral de los casos.

La iniciativa surgió de propuestas presentadas por los diputados Belinda Iturbide Díaz y Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa, y fue analizada por las Comisiones de Salud y Asistencia Social, y la de Protección a la Niñez y Adolescencia. El objetivo es contar con datos precisos que permitan diseñar mejores políticas públicas de prevención y tratamiento.

La Secretaría de Salud del Estado tendrá la responsabilidad de implementar este registro y deberá emitir los lineamientos operativos en un plazo máximo de 180 días hábiles. Esta medida representa un paso importante para mejorar la atención oncológica pediátrica en Michoacán, donde las familias enfrentan grandes desafíos para acceder a tratamientos especializados.

El cáncer infantil requiere atención médica altamente especializada y costosa, por lo que contar con un marco legal que lo reconozca como prioritario puede facilitar el acceso a servicios de salud y la asignación de recursos específicos para su atención en el estado.

El Congreso de Michoacán aprobó reformas al Código Penal que endurecen las sanciones por abuso sexual y amplían significativamente la definición de este delito. Los cambios a los artículos 166 y 168 buscan adaptar la legislación estatal a los nuevos tipos de violencia sexual que incluyen el uso de tecnologías digitales y formas de manipulación psicológica.

La reforma más significativa reconoce que el abuso sexual no se limita al contacto físico, sino que incluye violencia ejercida «a través del poder, la manipulación, la coacción, el hostigamiento y el uso de tecnologías digitales». Esto significa que conductas como acoso en redes sociales, chantaje con imágenes íntimas o manipulación emocional ahora podrán ser castigadas con mayor severidad.

En términos de sanciones, además de la pena de prisión existente, los agresores deberán pagar multas de 200 a 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre 21 mil y 53 mil pesos aproximadamente. También se establece como obligatorio el tratamiento psicológico para los agresores y se garantiza la rehabilitación física y mental de las víctimas.

La nueva legislación aclara conceptos cruciales que antes generaban vacíos legales. Establece que «el silencio y la falta de resistencia no deben interpretarse como consentimiento» y detalla que hay falta de consentimiento cuando la voluntad se ve afectada por «violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad».

Estos cambios colocan a Michoacán en línea con las reformas que se impulsan a nivel federal y en otras entidades, buscando cerrar los espacios de impunidad que tradicionalmente han existido en casos de violencia sexual. La reforma también especifica que el delito se perseguirá de oficio, eliminando la necesidad de que la víctima presente denuncia formal.