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Con el objetivo de establecer las bases de colaboración para brindar el servicio de defensoría jurídica gratuita en procedimientos de responsabilidades administrativas, así como fortalecer la coordinación institucional, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Tribunal en materia Anticorrupción del Estado de Michoacán (TAAM) firmaron un convenio específico, suscrito por la Dra. Lizett Puebla Solórzano, Magistrada Presidenta del Tribunal y el Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, Consejero Presidente del IEM.

El convenio, impulsado por el Órgano Interno de Control del IEM, a cargo del Mtro. Abraham Ali Cruz Melchor, busca garantizar que las personas sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa, cuenten con acceso a una defensa garantizando el debido proceso, además de fortalecer los mecanismos de integridad institucional.

Durante su intervención, la Magistrada Presidenta del TAAM destacó que este acuerdo representa la suma de esfuerzos entre dos órganos autónomos con impacto en la vida democrática y en la lucha contra la corrupción en Michoacán, al tiempo que, subrayó la importancia de garantizar a las personas que laboran en el IEM una defensa jurídica oportuna, así como el reconocimiento al trabajo que ha venido realizando el Instituto en el fortalecimiento de la vida pública.

Por su parte, el Consejero Presidente del IEM señaló que los temas democráticos no se limitan a la organización de elecciones, sino que implican una visión integral que abarca distintos ámbitos de la vida pública, como el combate a la corrupción.

En ese sentido, destacó que el convenio abre la puerta para ampliar la colaboración institucional mediante el desarrollo de acciones conjuntas, como programas de capacitación y la implementación de estrategias coordinadas entre ambas instituciones.

Al evento asistieron las Consejeras Electorales Carol Berenice Arellano Rangel, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y Claudia Marcela Carreño Mendoza, así como el Consejero Electoral Juan Adolfo Montiel Hernández y la Secretaria Ejecutiva del IEM, María de Lourdes Becerra Pérez.

Por parte del Tribunal Anticorrupción estuvieron presentes las Magistraturas: Mtro. Sergio Alberto Martínez Ocampo, Mtra. Azucena Marín Correa, Mtra. Swany Peña Reyes y Mtro. Carlos Enrique Verduzco Hurtado y personal del Tribunal.

Legislar con mayor sensibilidad y diseñar leyes que no solo se queden en papel, si no que, transformen realidades para impulsar políticas que fortalezcan la salud, es el compromiso de la 76 Legislatura, así quedó de manifiesto en la presentación del libro «La Salud Pública y las Instituciones Conscientes», que se llevó a cabo en el Congreso de Michoacán.

La presentación de esta obra, se dio a iniciativa de la diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado, quien acompañó a la autora de este material, María de la Paz Castillo Madrigal y a la coautora María Paz Madrigal Chávez.

En su intervención, el presidente del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, manifestó que esta presentación, es también un acto de consciencia que invita a un ejercicio de reflexión profunda sobre lo que significa cuidar la vida, proteger la dignidad humana y construir un futuro más justo desde la salud pública.

El diputado Baltazar Gaona, refirió que «hablar de instituciones conscientes es hablar de gobiernos sensibles, de políticas públicas responsable y servidores públicos que no olvidan que detrás de cada decisión que tomen, hay personas y esperanzas», aseveró.

Por su parte, la diputada Teresita Herrera Maldonado, destacó que el objetivo de esta presentación es visibilizar el trabajo que realizan las mujeres autoras, quienes han ido más allá en la investigación en un tema tan importante como es la salud, desde una perspectiva humana y desde los retos que tiene la salud en México y Michoacán.

«Necesitamos instituciones más conscientes, no basta con tener instituciones eficientes, debemos de humanizar la atención y sensibilizar nuestro sistema para poner a la persona en el centro de atención», finalizó.

Que luego de un divorcio o separación, las niñas, niños y adolescentes puedan seguir en contacto con miembros de su familia externa o personas con quienes mantengan lazos afectivos, propone la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez.

En tribuna, la legisladora del PAN explicó que cuando existe una separación de los padres, las niñas, niños y adolescentes suelen dejar de ver a ciertos miembros de su vínculo social como tíos, primos o abuelos como consecuencia de los conflictos entre adultos, pero no de su bienestar.

Expuso que es por ello que propone una reforma al Código Familiar del Estado de Michoacán para que se reconozca el derecho de los menores de edad a «mantener relaciones personales, contacto regular y convivencia con sus familiares y con aquellas personas con quienes mantengan vínculos afectivos significativos».

De acuerdo con la diputada de La Piedad, esta medida responde al interés superior del menor y a lo estipulado en la Convención de los Derechos del Niño, además de consistir en una visión moderna del derecho familiar, ya que se observa a los menores como sujetos de derecho y no como una propiedad de los adultos.

Vanhe Caratachea aclaró que esta iniciativa no propone convivencias forzadas con personas que no ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, sino mantener los vínculos sólo cuando un juez considere que se está preservando el interés superior del menor.

Para ello, agregó, se tomaría en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes, así como su edad, grado de madurez y circunstancias particulares.

«En las primeras etapas de la vida, la estabilidad emocional y la continuidad de las relaciones afectivas resultan determinantes para el desarrollo integral de la personalidad, la identidad y el sentido de pertenencia», argumentó en tribuna.

El Poder Legislativo de Michoacán se convirtió en un foro de análisis sobre la realidad de las comunidades indígenas del estado, con un coloquio que buscó generar propuestas concretas desde una perspectiva de género. El evento ‘Las Comunidades Indígenas y la Visión de las Mujeres Dialogando con una nueva visión’ reunió a funcionarias de los tres niveles de gobierno para evaluar los retos que enfrentan los pueblos originarios michoacanos.

La diputada Giulianna Bugarini Torres, representante de la 76 Legislatura, explicó que la iniciativa pretende conectar el trabajo académico con la práctica legislativa. ‘Los diagnósticos y estudios que aquí se generen no pueden quedarse solo en lo teórico, sino traducirse en herramientas útiles para atender problemáticas concretas’, señaló la legisladora durante su participación.

El coloquio contó con la participación de Amelí Gissel Navarro Lepe, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, y la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega. Las tres funcionarias coincidieron en la necesidad de impulsar políticas públicas que reconozcan la diversidad cultural como una fortaleza del estado.

Bugarini Torres destacó que este tipo de espacios buscan construir ‘una visión más integral del desarrollo’ que incorpore múltiples perspectivas para generar soluciones efectivas. La legisladora enfatizó que el objetivo es avanzar hacia ‘un Michoacán más justo, más incluyente y más consciente de su diversidad’.

Michoacán cuenta con cuatro pueblos indígenas reconocidos: purépecha, nahua, otomí y mazahua, que representan aproximadamente el 11% de la población total del estado. Este coloquio forma parte de los esfuerzos institucionales por generar políticas públicas más inclusivas y pertinentes para estas comunidades.

Uruapan estrenó su nuevo sistema de teleférico, una obra que promete transformar la movilidad urbana en la segunda ciudad más importante de Michoacán. El proyecto fue inaugurado con la presencia de autoridades estatales y federales, incluyendo a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Jesús Esteva Medina, representante de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, destacó que la obra se concretó sin generar deuda pública adicional para el estado. Según el legislador, el teleférico representa una alternativa de transporte eficiente, segura y ecológica que beneficiará a miles de usuarios diarios, especialmente estudiantes, trabajadores y familias.

La nueva infraestructura busca reducir los tiempos de traslado entre diferentes zonas de Uruapan y mejorar la conectividad urbana. Además de sus beneficios en movilidad, se espera que el sistema genere derrama económica y fortalezca el turismo local en una ciudad conocida por sus atractivos naturales y culturales.

Gaona García reconoció el trabajo de la alcaldesa Gladyz Butanda Macías en la concreción del proyecto y subrayó que la presencia de autoridades federales confirma la relevancia que tiene Michoacán en materia de infraestructura moderna. El diputado consideró que este tipo de obras demuestran que es posible impulsar el desarrollo con responsabilidad financiera y pensando en el bienestar ciudadano.

El Congreso de Michoacán aprobó una reforma al Código Penal que permitirá perseguir el delito de abuso sexual sin necesidad de que la víctima presente una denuncia. La iniciativa, impulsada por la diputada Fabiola Alanís, busca eliminar las barreras que históricamente han impedido el acceso a la justicia en estos casos.

La modificación legal establece que las autoridades deberán investigar de oficio cualquier caso de abuso sexual, además de garantizar la reparación integral del daño a las víctimas. Esta medida cobra especial relevancia en un estado donde se registran más de 600 casos anuales de abuso sexual, afectando principalmente a mujeres, niñas y adolescentes.

Según los datos presentados por la legisladora, muchos de estos delitos ocurren dentro del entorno familiar de las víctimas, lo que tradicionalmente ha dificultado las denuncias. Con la nueva legislación, el Ministerio Público tendrá la obligación de iniciar investigaciones aun cuando no exista denuncia formal.

La reforma también incluye la obligación de establecer garantías de no repetición, buscando prevenir que las víctimas vuelvan a sufrir agresiones. La diputada Alanís destacó que esta medida responde a las exigencias del movimiento de mujeres y representa un avance hacia un sistema de justicia con perspectiva de género.

La minuta será enviada al Ejecutivo estatal para su publicación oficial. Una vez promulgada, Michoacán se sumará a las entidades que han fortalecido su marco legal para combatir la violencia sexual y proteger a los grupos más vulnerables.

Una iniciativa presentada en el Congreso de Michoacán busca que el gobierno estatal asuma los costos de rectificar actas de nacimiento cuando los errores sean responsabilidad del Registro Civil, no de los ciudadanos.

La propuesta, presentada por la diputada panista Ana Vanessa Caratachea Sánchez, plantea reformar el Código Familiar para obligar al estado a pagar estos trámites cuando un juez determine que hubo omisiones o errores administrativos en la elaboración del documento.

La legisladora de La Piedad argumenta que actualmente los michoacanos deben pagar de su bolsillo costosos juicios de rectificación por errores que no cometieron. Según expuso, es común encontrar actas con datos incorrectos en nombres, apellidos, fechas, lugares de nacimiento o información de los padres, lo que genera problemas para realizar trámites de salud, educación y otros servicios básicos.

Esta situación afecta especialmente a familias de escasos recursos, quienes muchas veces prefieren mantener sus actas con errores antes que enfrentar los altos costos de un juicio de rectificación. La diputada considera que obligar a los ciudadanos a absorber estos gastos por fallas del Estado viola los artículos 1° y 17 de la Constitución Mexicana.

La propuesta busca garantizar que el derecho a la identidad no se vea limitado por la capacidad económica de las personas, reconociendo que la correcta elaboración de las actas del estado civil es una obligación constitucional del gobierno, no una concesión administrativa.