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La coordinadora del PRI en el Congreso de Michoacán, Adriana Campos Huirache, hizo un llamado urgente para combatir la violencia escolar tras revelar que 7 de cada 10 estudiantes en el país han enfrentado algún tipo de agresión en sus planteles educativos. La cifra, expuesta en el marco del Día Internacional del Rosa, evidencia la gravedad de un problema que afecta directamente a miles de familias michoacanas.

La diputada advirtió que las consecuencias del acoso escolar van más allá de las aulas, provocando problemas de salud mental en menores e incluso casos de suicidio. ‘Las estadísticas evidencian que hace falta mucho trabajo por realizarse’, señaló Campos, quien exigió coordinación entre autoridades educativas y la sociedad para crear espacios seguros para niños y jóvenes.

Aunque reconoció que Michoacán ha impulsado reformas importantes, incluyendo sanciones para quienes no actúen ante casos de bullying y protocolos obligatorios de intervención, la legisladora enfatizó que el verdadero desafío radica en la correcta aplicación de estas medidas. El estado cuenta con marco legal, pero falta supervisión efectiva en las escuelas.

La declaración se dio en el contexto del Día Internacional del Rosa, fecha que busca visibilizar no solo el acoso tradicional, sino también la homofobia y transfobia en centros educativos. Campos prometió seguir impulsando desde el Congreso acciones legislativas que fortalezcan la prevención y sanción de la violencia escolar, priorizando el bienestar de la niñez y juventud michoacana.

La coordinadora del PRI en el Congreso de Michoacán, Adriana Campos Huirache, hizo un llamado urgente para combatir la violencia escolar tras revelar que 7 de cada 10 estudiantes en el país han enfrentado algún tipo de agresión en sus planteles educativos. La cifra, expuesta en el marco del Día Internacional del Rosa, evidencia la gravedad de un problema que afecta directamente a miles de familias michoacanas.

La diputada advirtió que las consecuencias del acoso escolar van más allá de las aulas, provocando problemas de salud mental en menores e incluso casos de suicidio. ‘Las estadísticas evidencian que hace falta mucho trabajo por realizarse’, señaló Campos, quien exigió coordinación entre autoridades educativas y la sociedad para crear espacios seguros para niños y jóvenes.

Aunque reconoció que Michoacán ha impulsado reformas importantes, incluyendo sanciones para quienes no actúen ante casos de bullying y protocolos obligatorios de intervención, la legisladora enfatizó que el verdadero desafío radica en la correcta aplicación de estas medidas. El estado cuenta con marco legal, pero falta supervisión efectiva en las escuelas.

La declaración se dio en el contexto del Día Internacional del Rosa, fecha que busca visibilizar no solo el acoso tradicional, sino también la homofobia y transfobia en centros educativos. Campos prometió seguir impulsando desde el Congreso acciones legislativas que fortalezcan la prevención y sanción de la violencia escolar, priorizando el bienestar de la niñez y juventud michoacana.

Mientras 405 niños, niñas y adolescentes permanecen bajo resguardo en los nueve centros de asistencia social de Michoacán esperando una familia, las iniciativas legislativas para mejorar los procesos de adopción siguen sin dictaminarse en el Congreso del Estado, denunció la diputada Grecia Aguilar Mercado.

En el marco del Día Nacional de la Adopción, la coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano reveló que aunque el año pasado se concretaron 25 adopciones en la entidad —una cifra superior a años anteriores— y se registraron 13 casos exitosos de acogimiento familiar, estas cifras resultan insuficientes ante la magnitud del problema. A nivel nacional, 30 mil menores permanecen institucionalizados esperando una oportunidad.

La legisladora señaló que los mayores desafíos incluyen fomentar la adopción de menores de edad temprana, grupos de hermanos y niños con discapacidad, además de fortalecer la capacidad de atención en los centros. «También hace falta fomentar más la cultura de adopción, que se faciliten los procesos para todas aquellas parejas que anhelan poder adoptar y no tengan que esperar años para lograrlo», declaró Aguilar Mercado.

Pese a reconocer avances en la implementación de procesos más ágiles y el uso de herramientas digitales, la diputada alertó sobre la existencia de menores no registrados oficialmente y la necesidad de homologar criterios en los procesos adoptivos. Exigió al Congreso estatal dictaminar las iniciativas pendientes y dotar de mayores recursos a las instituciones encargadas del cuidado de menores.

Movimiento Ciudadano reiteró su compromiso de impulsar acciones que eliminen obstáculos y promuevan adopciones sin discriminación, buscando garantizar que cada niño tenga la oportunidad real de crecer en un hogar digno y seguro.

La diputada panista Ana Vanessa Caratachea presentó una iniciativa para modificar la Ley de Protección Civil de Michoacán y garantizar que niños, niñas y adolescentes reciban atención prioritaria durante emergencias.

La propuesta busca que las autoridades de Protección Civil diseñen estrategias específicas para menores de edad, incluyendo comunicación oficial adaptada a su edad para que puedan entender las situaciones de riesgo y protegerse adecuadamente.

Caratachea argumentó que la normativa actual carece de obligaciones claras sobre información accesible, prevención diferenciada y atención psicológica para menores, lo que debilita las políticas públicas de protección civil en el estado.

La iniciativa también establece que se deben crear protocolos especiales de prevención, evacuación y atención en lugares con alta concentración de menores como escuelas y parques. Además, contempla programas de reunificación familiar para casos donde los niños se separen de sus padres durante una emergencia.

Según la legisladora, incorporar este enfoque diferenciado contribuiría a una mejor prevención de riesgos, respuestas más eficientes ante crisis y procesos de recuperación más integrales que consideren las necesidades específicas de la población infantil y adolescente michoacana.

Por primera vez en años recientes, todos los municipios de Michoacán cumplieron con entregar sus cuentas públicas del año pasado, informó Baltazar Gaona García, presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior. Los 113 ayuntamientos, incluyendo Cherán a través de su Consejo Supremo, presentaron en tiempo sus informes financieros correspondientes a 2025.

Sin embargo, el panorama cambia drásticamente cuando se trata de los autogobiernos. De más de 40 consejos comunales que operan bajo esta figura en el estado, apenas cinco entregaron su cuenta pública: Tarecuato, el Consejo Mayor de San Benito Palermo (Sevina), Santa Cruz Tanaco, Quinceo y Arantepacua. Esto significa que 85% de estas comunidades no está cumpliendo con la obligación legal de transparentar el uso de recursos públicos.

La cuenta pública es el documento donde los gobiernos locales reportan cómo gastaron el dinero que recibieron del erario durante el año anterior. Su entrega permite a los ciudadanos y autoridades fiscalizadoras revisar que los recursos se hayan usado correctamente en obras, servicios y programas.

El diputado Gaona García reconoció el avance en los ayuntamientos tradicionales, pero hizo un llamado directo a los autogobiernos restantes para que cumplan con esta responsabilidad. «Es fundamental que todas las formas de gobierno, sin excepción, cumplan con la rendición de cuentas», señaló el legislador, quien advirtió que esto es necesario para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y mantener la confianza ciudadana.

El reciente caso de los sueros vitaminados que causaron muertes en Sonora y los fraudes por venta de autos falsos en Morelia han puesto sobre la mesa un problema creciente: el engaño digital que ya cobra víctimas reales entre las familias mexicanas.

El diputado Juan Carlos Barragán retomó estos casos para impulsar su iniciativa que busca regular la publicidad engañosa en redes sociales. La propuesta obligaría a influencers, creadores de contenido, agencias y empresas a informar de manera transparente cuando reciben pago, patrocinio o tienen algún interés comercial en lo que promocionan.

Según Barragán, muchas publicaciones que los usuarios perciben como recomendaciones personales o experiencias genuinas, en realidad forman parte de estrategias comerciales ocultas. «Una mentira en redes puede costarle a una familia su salud, su patrimonio o sus ahorros», advirtió el legislador.

La iniciativa busca establecer reglas claras en un terreno donde actualmente opera un vacío legal. Miles de michoacanos toman decisiones de compra basándose en contenido de redes sociales, sin saber si quien recomienda un producto lo hace por convicción personal o por un contrato comercial.

Barragán hizo un llamado a sus colegas legisladores para que revisen y enriquezcan la propuesta, con la meta de que Michoacán se convierta en el primer estado del país en regular este fenómeno. La discusión llega en un momento en que la confianza del público en las redes sociales se encuentra bajo escrutinio por casos como los mencionados.

La propuesta ahora deberá pasar por el análisis de las comisiones correspondientes del Congreso estatal, donde se evaluarán tanto su viabilidad jurídica como su impacto en la protección de los consumidores michoacanos.

El diputado Juan Carlos Barragán presentó una iniciativa para regular la publicidad en redes sociales que busca obligar a influencers y creadores de contenido a declarar de forma clara y visible cuando reciben pagos por promocionar productos o servicios. La medida pretende proteger a los consumidores michoacanos de información engañosa en plataformas digitales.

Según el legislador, en México ya se han documentado casos de productos milagro, inversiones fraudulentas y cursos engañosos difundidos en redes sociales que han causado pérdidas económicas y daños a la salud de muchas personas. «Lo que parece una recomendación sincera muchas veces es publicidad pagada, y cuando eso no se informa, se engaña a la gente», explicó Barragán.

La propuesta no busca censurar contenido, sino garantizar transparencia en las colaboraciones comerciales. Los influencers y empresas tendrían que especificar claramente cuando existe una relación comercial detrás de sus recomendaciones, permitiendo que los usuarios tomen decisiones más informadas sobre qué productos o servicios consumir.

Esta iniciativa colocaría a Michoacán en línea con regulaciones federales similares, fortaleciendo la protección al consumidor en el ámbito digital. La medida busca generar mayor confianza en el comercio electrónico y reducir los abusos que se han vuelto comunes en las plataformas digitales, donde la línea entre contenido orgánico y publicitario a menudo se difumina.