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Fortalecer a la familia es apostar por comunidades más cohesionadas, con mayores oportunidades y por un estado más seguro y sano emocionalmente, aseveró Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN).

Herrera Maldonado detalló que con esta iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, se propone incorporar el concepto de entornos familiares protectores, definidos como espacios donde niñas, niños y adolescentes crecen con cuidado, respeto, afecto y estabilidad emocional; con vínculos significativos y redes de apoyo que favorecen su desarrollo integral.

“En México, una proporción importante del cuidado de niñas y niños se realiza dentro del propio entorno familiar, siendo las abuelas, los abuelos y otros familiares, pilares fundamentales en la supervisión, el acompañamiento y la protección de la niñez. Gracias a estas redes de apoyo, millones de familias logran conciliar el trabajo con la crianza”.

A nombre de las y los diputados del PAN, Tere Herrera expresó que la propuesta también reconoce y fortalece la participación de abuelas, abuelos y otros integrantes de la familia en la crianza, así como el papel del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Michoacán como instancia clave para impulsar programas, acciones de orientación y acompañamiento que consoliden estos entornos protectores.

“Garantizar que nuestros pequeños y jóvenes crezcan en entornos seguros, respetuosos, afectivos y estables, es una responsabilidad ética y social. Es la base para construir una sociedad más humana, más empática y más equitativa. Pero para lograrlo, debemos mirar hacia el primer espacio en el que todas las personas aprendemos a vivir, a sentir, a confiar y a relacionarnos: la familia”.

Finalmente, la legisladora panista indicó que, si bien lo ideal es que las niñas y niños cuenten con el acompañamiento de ambos padres, lo verdaderamente indispensable es que crezcan en entornos donde prevalezcan el amor, el cuidado, el respeto y la estabilidad emocional.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alfredo Anaya Orozco, en conjunto con su compañera legisladora Sandra María Arreola Ruíz, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado y al marco de responsabilidad familiar, con el objetivo de sancionar a padres o tutores que, teniendo conocimiento de que sus hijos cometen delitos, omiten actuar para impedirlo.

Desde la máxima tribuna, el legislador subrayó que el incremento de delitos cometidos por menores de edad se ha convertido en uno de los problemas más graves y complejos de la sociedad michoacana. Reconoció que, si bien el marco jurídico actual protege el interés superior de la niñez y privilegia su reinserción social, existe un vacío legal en cuanto a la responsabilidad de los padres cuando su falta de supervisión o tolerancia contribuye al deterioro del tejido social.

“Hoy vemos menores participando en conductas delictivas cada vez más graves. Frente a esto, el Estado no puede actuar solo. La familia debe asumir su parte de responsabilidad”, manifestó Anaya Orozco.

El diputado enfatizó que esta iniciativa no busca criminalizar a los padres por el simple hecho de serlo, sino establecer una sanción justa y necesaria ante la omisión grave o negligente del deber de cuidado, cuando exista conocimiento claro de que un menor está cometiendo ilícitos y no se realiza ninguna acción para evitarlo.

La propuesta se sustenta en experiencias internacionales de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España, donde ya se han establecido responsabilidades legales para los padres que fallan en la supervisión de sus hijos, fortaleciendo así la prevención del delito desde el núcleo familiar.

Entre los puntos clave de la iniciativa destacan sanciones ante omisión comprobable: Se establecen consecuencias legales para quienes, teniendo la patria potestad o tutela, omitan gravemente su deber de cuidado ante la comisión de delitos por parte de menores, así como la posibilidad de imponer multas o reparar el daño cuando exista responsabilidad indirecta comprobable.

“No podemos seguir permitiendo que la falta de control y responsabilidad en el entorno familiar siga generando violencia, inseguridad y daño a terceros. Cada delito cometido por un menor que pudo evitarse es una omisión que como sociedad estamos pagando”, concluyó el diputado.

La iniciativa, que plantea reformas y adiciones al Código Penal del Estado, será turnada a la comisión correspondiente para su análisis y dictaminación. El PVEM refrenda su compromiso con la seguridad, la prevención del delito y el fortalecimiento de la familia como pilar fundamental para la paz en Michoacán.

El diputado Abraham Villa reconoció el interés y compromiso de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para atender las necesidades prioritarias del municipio de Aquila, a través de obras de infraestructura hidráulica que beneficiarán directamente a la población.

El legislador destacó la inversión superior a los dos millones de pesos, destinada a la construcción de un muro de contención y vado en el río Aquila, obra que se ejecuta en la cabecera municipal.

Dicho proyecto se lleva a cabo en coordinación con Roberto Arias, delegado de CONAGUA; el presidente municipal, José María Valencia; el Ayuntamiento de Aquila y la comunidad de San Miguel de Aquila, con el objetivo de prevenir afectaciones derivadas de fenómenos naturales.

“Son muros de protección contra inundaciones, ya que anteriormente el río se desbordaba hacia la cabecera municipal, y con esta obra se evitará esta problemática”, señaló el diputado.

Asimismo, Abraham Villa subrayó que estas acciones representan un avance significativo en materia de prevención de riesgos, protección del patrimonio de las familias y fortalecimiento de la infraestructura en la región.

Finalmente, reiteró la importancia de continuar impulsando proyectos que garanticen la seguridad y el bienestar de las y los habitantes de Aquila, especialmente ante la temporada de lluvias.

El Pleno del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad la glosa del Cuarto Informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal del titular del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al tercer año de ejercicio 2024-2025 en materia de turismo.

En el dictamen presentado por la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, se reconoce las acciones emprendidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y por la Secretaría de Turismo durante el periodo que se informa, mismas que se encuentran alineadas al Eje 3: Prosperidad Económica del Plan Estatal de Desarrollo, particularmente en lo relativo al fortalecimiento de la infraestructura turística, la promoción del estado y la consolidación de destinos estratégicos.

De la misma forma, se manifestó la disposición del Congreso del Estado para acompañar, desde el ámbito legislativo y presupuestal, el fortalecimiento del sector turístico como uno de los motores de desarrollo regional y bienestar social.

En ese mismo sentido, se solicitó al Titular del Poder Ejecutivo para que, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo, se consolide una política turística integral que impulse diversos factores, entre los que destacan: el crecimiento ordenado y sostenible de los destinos emblemáticos de Michoacán; la incorporación gradual de nuevas regiones con potencial turístico; la coordinación con municipios y sectores productivos; y la atracción de inversión para la generación de empleo y derrama económica.

A fin de salvaguardar los intereses de las y los michoacanos, a través de la vigilancia eficiente del manejo de los recursos públicos, la 76 Legislatura, revisó y fiscalizó las Cuentas Públicas de 113 haciendas municipales, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2024, con un resultado de mil 915 observaciones.

Lo anterior, con base en el Informe General Ejecutivo e Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales del mismo ejercicio, realizado por la Auditoria Superior de Michoacán, en el cual se señalaron las irregularidades, deficiencias, omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto público.

En este sentido, el órgano fiscalizador informó que se fiscalizaron un total de 124 Entidades Municipales, 153 auditorías en total, de las cuales, 123 fueron auditorías de Cumplimiento Financiero, 26 auditorías de Obra, una auditoría de Cumplimiento, dos Auditorías Financieras y una auditoría de Desempeño.

Teniendo como resultado mil 915 observaciones; por ello, las y los diputados instruyeron a la Auditoría Superior de Michoacán, para que en los municipios que tienen la mayor incidencia en observaciones lleven a cabo auditorías Financieras, de Cumplimiento, de Desempeño y Auditorías de Obra para el siguiente ejercicio fiscal 2025.

Asimismo, instruyó a la ASM para que en coadyuvancia con los municipios se instauren los mecanismos necesarios, que facilite el Registro y Valoración del Patrimonio, así como también, el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles.

“De igual forma es necesario que adicionalmente con apoyo de las Contralorías Municipales, analicen detalladamente los saldos de los Estados de Situación Financiera, para corregir los saldos contrarios a su naturaleza contable y que se revela en el referido estado financiero, así como corregir cualquier error contable que afecte la situación financiera del municipio”, precisa el dictamen elaborado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Con 32 votos a favor el Pleno del Congreso del Estado exhortó que se instauren los mecanismos necesarios, que facilite generar Balances Presupuestarios Sostenibles, así como un sistema de evaluación que permita tener un Presupuesto Basado en Resultados.

Finalmente establecieron que el órgano fiscalizador del estado con apoyo de las Contralorías Municipales, implementen mecanismos de control interno que coadyuven a la adecuada estructura organizacional de la Administración Pública Municipal.

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El diputado local David Martínez Gowman participó este jueves en el Parlamento Regional organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en la ciudad de Zamora, donde destacó la importancia de construir leyes de la mano con la ciudadanía para garantizar la protección de los derechos fundamentales en el estado.

Durante el encuentro, encabezado por el Presidente de la CEDH, el Mtro. Josué Alfonso Mejía Pineda, Martínez Gowman celebró que, por primera vez en más de 30 años de historia del organismo, se genere un acercamiento de esta magnitud para recoger propuestas e inconformidades que se plasmarán en una nueva ley.

“Como legisladores, nuestra labor es hacer leyes que protejan los derechos humanos de todas las personas; estoy convencido de que para avanzar hacia una sociedad tranquila debemos garantizar la protección de los derechos fundamentales”, afirmó el representante del Distrito 06 de Zamora.

El legislador señaló que el trabajo conjunto entre las visitadurías de la Comisión, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo permitirá dar vida a una normativa que fortalezca la estructura del organismo. Entre los cambios más relevantes, destacó la implementación de nuevos procedimientos para atender quejas de manera más eficiente y, sobre todo, mejorar la atención a las víctimas y grupos vulnerables mediante una institución más sensible y cercana.

Finalmente, David Martínez Gowman reafirmó su compromiso de impulsar este proyecto en el Congreso del Estado. “La protección de los derechos humanos siempre será el eje central de mi agenda legislativa; defenderlos es hacer realidad la paz y la seguridad que tanto anhelamos”, concluyó.

Con el objetivo de eliminar las barreras burocráticas que afectan a miles de niñas, niños y adolescentes ante la ausencia o incumplimiento de uno de los progenitores, el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, en coordinación con la diputada local de Michoacán, Sandra Arreola Ruíz, anunciaron la presentación de la iniciativa conocida como “Ley Cazzu” a nivel nacional.

La propuesta, que será formalmente presentada en la Cámara de Diputados durante la semana de Pascua, busca reformar disposiciones legales para priorizar el interés superior del menor en trámites de movilidad y salud. Con esta ley, la madre o tutor presente podrá obtener documentos como el pasaporte o autorizar cirugías de emergencia sin requerir el consentimiento de un progenitor ausente o que incumpla con sus obligaciones.

La diputada local Sandra Arreola Ruíz, autora original de la iniciativa en el Congreso de Michoacán, explicó que la ley adopta el nombre de la cantante Cazzu, luego de que su caso visibilizara una problemática que enfrentan miles de familias en el país. Actualmente, los procesos judiciales para obtener un permiso de salida del país pueden tardar de seis a ocho meses, tiempo en el que niñas, niños y adolescentes pierden becas, tratamientos médicos, torneos deportivos e incluso oportunidades educativas.

“No es una ley contra los padres, es una ley contra la irresponsabilidad. Quien se ausentó, en los hechos, dejó de ejercer su derecho a la patria potestad”, afirmó Arreola Ruíz.

Por su parte, el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar subrayó que la Ley Cazzu también representa una herramienta fundamental para combatir la violencia vicaria, una modalidad de maltrato en la que un progenitor utiliza a los hijos e hijas como medio para dañar a la expareja.

“Muchos padres, solo por molestar a la expareja, perjudican a los menores negándoles el pasaporte o permisos básicos. Esto es una realidad enorme en estados con alta migración como Michoacán, donde el padre se va, hace una nueva vida y deja a la familia en total indefensión”, señaló Núñez Aguilar.

El legislador destacó que la iniciativa permitirá documentar de manera sencilla, mediante sentencias de pensión alimenticia incumplidas, que el progenitor ausente no debe convertirse en un obstáculo para el desarrollo y bienestar del menor.

Con el objetivo de garantizar una educación verdaderamente inclusiva y reconocer los distintos procesos de aprendizaje, el diputado local Iván Vera presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Educación de Michoacán y reconocer oficialmente las trayectorias educativas de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad, neurodivergencias y enfermedades raras.

Durante su intervención en tribuna, el legislador destacó que la educación inclusiva es un mandato establecido en el Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que la educación debe ser universal e incluyente, eliminando las barreras que impiden el aprendizaje.

La iniciativa propone adicionar un nuevo capítulo a la Ley de Educación del Estado denominado “De la Validación de Estudios y Reconocimiento de Trayectorias Educativas de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad, Neurodivergencias y Enfermedades Raras”, con el propósito de que las personas que reciben formación educativa en casa o mediante acompañamiento familiar puedan validar sus conocimientos y avances académicos.

Iván Vera subrayó que en Michoacán existen muchas familias que, ante las dificultades del sistema educativo tradicional, optan por brindar educación en el hogar a niñas, niños y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista u otras condiciones de neurodivergencia. Sin embargo, actualmente no existe un mecanismo claro para reconocer oficialmente esos aprendizajes.

La propuesta legislativa plantea que se realicen evaluaciones diagnósticas especializadas e individualizadas, con ajustes razonables que permitan reconocer las capacidades académicas de cada estudiante, evitando la discriminación o la repetición de grado por motivos de discapacidad o condiciones de salud.

Asimismo, se contempla la coordinación entre la Secretaría de Educación, especialistas, asociaciones civiles y organizaciones de la sociedad para establecer lineamientos claros que fortalezcan una educación verdaderamente inclusiva en la entidad.

El legislador agradeció el acompañamiento de madres y padres de familia de la FUNDACIÓN CODI, quienes participaron en la construcción de esta iniciativa, destacando que su experiencia ha sido fundamental para visibilizar la necesidad de reformas que garanticen igualdad de oportunidades.

“Hoy podemos brindar una oportunidad de justicia, porque la inclusión es una decisión legislativa. Es reconocer que cada persona aprende a su ritmo y que nuestro deber es cuidar que nadie se quede atrás”, expresó el diputado.

Con esta iniciativa, se busca fortalecer el derecho a la educación para todas y todos, asegurando que el sistema educativo de Michoacán sea más justo, incluyente y sensible a la diversidad de procesos de aprendizaje.

Al participar en el foro consultivo regional sobre el derecho a la salud, la diputada Xóchitl Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura Local, refrendó su compromiso con la construcción de una agenda sólida en materia de derechos humanos.

Este ejercicio se desarrolla en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y forma parte de una serie de encuentros regionales que tienen como objetivo escuchar, dialogar y recoger propuestas de la ciudadanía, especialistas y autoridades para fortalecer el marco normativo vigente.

Durante el desarrollo del foro en Zamora, se generó un espacio plural de participación en el que se abordaron los principales retos relacionados con el acceso, la calidad y la atención en los servicios de salud, destacando la necesidad de consolidar un enfoque centrado en los derechos humanos.

En su intervención, ante el titular de la CEDH, Josué Alfonso Mejía Pineda, diputados, autoridades municipales, educativas, de salud y ciudadanos, la legisladora destacó que este proceso representa una oportunidad para construir una legislación más cercana a la realidad.

“Queremos una ley que responda a las necesidades de la gente, y eso solo se logra escuchando, dialogando y construyendo desde el territorio”, señaló.

Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer el papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, particularmente en su capacidad de supervisión, atención y seguimiento de posibles violaciones vinculadas al derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, y a todo los derechos humanos.

Entre las principales líneas de reflexión destacaron la necesidad de fortalecer la supervisión de los servicios de salud, mejorar los mecanismos de atención a quejas ciudadanas, impulsar diagnósticos sobre problemáticas estructurales, reforzar la capacitación del personal y promover una mayor coordinación entre instituciones.

Finalmente, la diputada Xóchitl Ruiz reiteró que estos foros permiten recoger propuestas concretas desde el territorio y construir soluciones colectivas, fortaleciendo tanto el trabajo legislativo como las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.

Con el objetivo de mejorar la atención, la convivencia escolar y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa impulsada por el diputado Juan Carlos Barragán para regular el uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y otros dispositivos móviles personales en escuelas de nivel básico.

La medida establece que estos dispositivos no podrán utilizarse durante la jornada escolar, salvo en casos de emergencia, necesidades educativas especiales o cuando su uso tenga fines pedagógicos bajo supervisión de las instituciones educativas.

Barragán destacó que esta reforma no representa un rechazo a la tecnología, sino una regulación responsable para evitar distracciones, mejorar el rendimiento académico y fortalecer la convivencia dentro de las aulas.

“Lo que buscamos es algo muy sencillo que nuestras niñas y niños tengan mejores condiciones para aprender, convivir y desarrollarse en un entorno más sano. Menos pantallas en el aula también significa más atención, más diálogo y más bienestar”, señaló.

El legislador subrayó que la tecnología seguirá presente en el ámbito escolar cuando tenga un propósito educativo claro, pero siempre bajo reglas que prioricen el aprendizaje y el desarrollo emocional de las y los estudiantes.

Finalmente, Juan Carlos Barragán afirmó que esta aprobación representa un paso importante para construir una educación más ordenada, más humana y centrada en el bienestar de la niñez michoacana.