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Con el firme compromiso de construir una sociedad más justa, segura y con mayores oportunidades para todas y todos, la Diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel presentó una iniciativa que reconoce al deporte como una herramienta fundamental para la prevención de la violencia y la delincuencia.

En este contexto, la legisladora expresó su solidaridad con las familias afectadas por los lamentables hechos ocurridos en Lázaro Cárdenas, donde perdieron la vida dos maestras, subrayando que este tipo de situaciones reflejan la urgente necesidad de fortalecer acciones que prevengan la violencia y protejan a la ciudadanía.

Por ello, la diputada Sandra Garibay, en su exposición de motivos, destacó que la cultura física y el deporte no solo fortalecen la salud, sino que también contribuyen a la reconstrucción del tejido social, fomentan la educación y generan entornos de paz, especialmente en comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad.

La legisladora de Morena, subrayó que, ante el incremento del sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, así como el riesgo de que niñas, niños y jóvenes sean captados por la delincuencia, es indispensable impulsar políticas públicas integrales que garanticen el acceso a espacios deportivos y actividades físicas.

La propuesta contempla la creación de programas deportivos comunitarios, inclusivos y sostenibles, con enfoque de género y de derechos humanos, dirigidos principalmente a la niñez y juventud en contextos de riesgo. Asimismo, plantea la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para fortalecer su implementación.

Como parte de esta iniciativa, se propone también la figura de la Persona Activadora Deportiva Profesional, con el objetivo de fortalecer la cultura física en las comunidades y asegurar un impacto positivo y duradero.

La Diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel señaló que esta propuesta responde a la necesidad urgente de generar alternativas reales para las nuevas generaciones, recordando que el acceso al deporte, la educación y espacios seguros es clave para alejar a la juventud de contextos de violencia.

Con la finalidad de fortalecer el rendimiento académico y mejorar la convivencia escolar, la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó reformar la Ley de Educación del Estado para que instituciones de educación básica regulen el ingreso y uso de Dispositivos Móviles durante el horario escolar.

A través de la reforma a los artículos 4, 29 y 67 de dicha ley es como las y los legisladores locales establecieron que las autoridades educativas deberán propiciar acciones de información y difusión de medidas orientadas a prevenir y concientizar sobre el riesgo de la adicción a los videojuegos, y al uso de dispositivos móviles.

Por ello, incorporaron en la Ley de Educación de Michoacán la definición de dispositivos móviles, con el propósito de dotar de mayor claridad y certeza a la disposición normativa propuesta, precisando que son equipos electrónicos portátiles diseñados para la comunicación, el procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos.

Asimismo, la reforma que conjunta las iniciativas presentadas por la diputada María Itzé Camacho Zapiain y el diputado Juan Carlos Barragán Vélez; así como, la del diputado Reyes Galindo Pedraza, determinó que los educandos podrán hacer uso de Dispositivos Móviles de acuerdo a la reglamentación implementada por cada institución escolar.

El dictamen elaborado por la Comisión de Educación señala que los permisos para el uso de dispositivos móviles dentro de las instituciones escolares se otorguen de conformidad con la reglamentación interna de cada institución educativa; y, la Secretaría de Educación en el Estado armonizará su normatividad en los 60 días siguientes de la entrada en vigor del Decreto.

Incluyen legisladores a la Ley de Educación el concepto de Guía Sombra y contempla que la autoridad educativa garantice la provisión de uno idóneo a los menores que requieran de su acompañamiento.

Al reformar la Ley de Educación, las y los legisladores adicionaron la fracción XVI Bis al artículo 4, para determinar que la guía sombra es el profesional capacitado que brinda acompañamiento individualizado a niñas, niños y adolescentes que requieran asistencia constante para su inclusión, participación y aprendizaje en el entorno escolar regular, promoviendo su autonomía y complementando la labor docente.

De igual forma, votaron a favor de incluir un párrafo segundo al artículo 59 para determinar que en los casos en que, previa valoración multidisciplinaria, se determine que una niña, niño o adolescente con necesidad específica de apoyo educativo requiere un acompañamiento individualizado en el aula regular para su integración y desarrollo pleno, la autoridad educativa estatal deberá garantizar la provisión de un Guía Sombra idóneo.

Ambas modificaciones se dieron una vez que la Comisión de Educación emitió el Dictamen tras el análisis de la iniciativa de la Nalleli Julieta Pedraza Huerta en la que planteó que en las aulas michoacanas aún existen desafíos para garantizar un acompañamiento idóneo y personalizado a niñas, niños y jóvenes que, por diversas circunstancias, requieren asistencia constante para su pleno desenvolvimiento académico y social.

En las Consideraciones del Dictamen quedó establecido que era imperativo introducir en la Ley de Educación del Estado, dentro del glosario, el término de “Guía Sombra”, para facultar a aquel profesional capacitado a que brinde acompañamiento individualizado a niñas, niños y adolescentes que requieran asistencia constante para su inclusión, participación y aprendizaje en el entorno escolar regular, promoviendo su autonomía y complementando la labor docente.

“Para que esto suceda debe existir previamente una valoración emitida al respecto, que determine que una niña, niño o adolescente con necesidad específica de apoyo educativo requiere un acompañamiento individualizado en el aula regular, sin que sea segregado de los demás estudiantes y pueda continuar con sus estudios en un entorno escolar”, se detalló.

Las y el integrante de la Comisión de Educación precisaron que la educación en Michoacán debe contemplarse desde una legislación amplia, que contemple todas las posibilidades de brindar a los estudiantes las más amplias posibilidades de continuar sus estudios, para no truncar ninguna ilusión, ningún sueño y ninguna posibilidad de crecimiento y desarrollo de cada persona.

Con la finalidad de fomentar el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana, en todos los niveles y modalidades educativas, así como en los procesos de formación docente, el Congreso del Estado aprobó con 23 votos a favor, una reforma al artículo 22 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán.

En el dictamen presentado por la Comisión de Educación y aprobado por las y los diputados de la 76 Legislatura, se estableció que “la Secretaría de Educación adecuará su reglamentación conforme a este decreto en un término de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto”.

Con esta reforma, se promueve la inclusión en el Estado, lo cual fomenta la empatía en los ciudadanos, garantizando una sociedad inclusiva y con ello, un Michoacán más inclusivo, toda vez que, la implementación de esta propuesta no trae más que beneficios, tanto personales como sociales ya que en algún momento se pretende que ya no se hable de Inclusión si no de convivencia social.

Es importante señalar que, si bien no es obligatorio hablar Lengua de Señas, no hablarlo puede tener diversas consecuencias, que como ya se mencionó anteriormente, podría tener repercusión para su integración e incluso discriminación social.

En el marco de la sesión ordinaria, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Abraham Espinoza Villa, presentó una iniciativa para reformar el Código Familiar, la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley de Mejora Regulatoria del Estado, con el objetivo de establecer que las copias certificadas de las actas del estado civil, en particular las actas de nacimiento, tengan vigencia permanente y no puedan ser rechazadas por autoridades bajo el argumento de su antigüedad.

Desde la máxima tribuna, el legislador explicó que la propuesta nace de una realidad cotidiana que viven miles de familias michoacanas: el absurdo requisito de tener que tramitar una nueva copia del acta de nacimiento, pese a que el original certificado se encuentra en perfectas condiciones, solo por haber sido expedido hace más de cierto tiempo.

“El nacimiento es un hecho histórico e irreversible. El acta que lo certifica no caduca porque la vida de esa persona no caduca. Y sin embargo, hoy en Michoacán, miles de ciudadanos enfrentan una barrera absurda: la fecha de expedición de su documento”, señaló Espinoza Villa.

El diputado denunció que actualmente existe una discrecionalidad inaceptable, pues mientras algunos funcionarios rechazan actas con más de unos meses de antigüedad, en la ventanilla de al lado las aceptan sin problema. Esta situación, destacó, afecta con mayor dureza a las familias de comunidades rurales que deben viajar horas hasta una oficialía, a los adultos mayores que dependen de terceros para realizar trámites y a los jóvenes que pierden oportunidades laborales por no contar con un “acta reciente”.

“El Estado debe servir al ciudadano, no al revés. No podemos seguir condicionando el acceso a servicios públicos a la compra periódica de un papel que el ciudadano ya tiene en su mano”, enfatizó.

La iniciativa se suma a una tendencia nacional que busca garantizar el derecho a la identidad sin plazos arbitrarios. El diputado recordó que Oaxaca reformó su Código Civil en 2019 para establecer expresamente que las actas de nacimiento no están sujetas a caducidad, mientras que Guerrero aprobó por unanimidad en enero de 2024 que sus actas certificadas tienen vigencia indeterminada.

“Michoacán no puede quedarse atrás. El derecho a la identidad no tiene fecha de vencimiento”, subrayó.

La propuesta presentada por el legislador del PVEM plantea, de manera explícita y sin lugar a interpretaciones, que ninguna autoridad podrá rechazar las copias certificadas de las actas del estado civil mientras sean legibles y no presenten alteraciones. Asimismo, se establece que el acceso a los servicios públicos no podrá condicionarse a la obtención de un nuevo documento si el ciudadano ya cuenta con una copia certificada vigente.

“Queremos que quienes lleguen al Congreso hayan pedido el voto y hayan dado la cara a la ciudadanía”, señaló Octavio Ocampo al presentar ante el Pleno de la 76 Legislatura una iniciativa para modificar la forma en que se asignan las diputaciones plurinominales en Michoacán.

El legislador del PRD explicó que su propuesta busca que estos espacios sean ocupados por candidatas y candidatos que participaron en la elección, aunque no hayan ganado, pero que obtuvieron más votos dentro de su partido.

Actualmente, algunas diputaciones se asignan mediante listas registradas por los partidos políticos. Con la iniciativa presentada, esas posiciones se otorgarían a quienes compitieron directamente en los distritos electorales y lograron respaldo ciudadano. Para ello, la propuesta plantea reformar la Constitución local y el Código Electoral del Estado para que las curules plurinominales se definan con base en los resultados de la votación.

“Esta reforma busca que el Congreso esté integrado por personas que hayan recorrido el territorio y escuchado a la ciudadanía”, explicó Ocampo durante su intervención. El legislador señaló que el objetivo es que quienes ocupen estos espacios hayan participado en campaña y tengan votos comprobables, manteniendo la representación de los distintos partidos políticos.

“Cuando alguien participa en la elección, también asume el compromiso de responder a la gente”, agregó. De aprobarse la iniciativa, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ordenaría a las candidaturas que no ganaron según el porcentaje de votos obtenidos, y con base en esa lista se asignarían las diputaciones plurinominales, fortaleciendo el vínculo entre representantes y ciudadanía.

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El diputado local Alfonso “Poncho” Chávez presentó una iniciativa para reformar el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de que los procesos de entrega–recepción entre administraciones se realicen con reglas claras, preparación oportuna y mayor orden, evitando afectaciones a la continuidad del servicio público.

El legislador expuso que el cambio de administración municipal es uno de los momentos más delicados para los gobiernos locales, porque implica transferir responsabilidades, recursos, bienes, información administrativa y compromisos legales; cuando esto no se realiza de manera ordenada y transparente, se generan problemas de gobernabilidad como expedientes desorganizados, información incompleta, retrasos y observaciones en fiscalización. 

Chávez señaló que, en la práctica, la capacitación sobre entrega–recepción suele darse muy cerca del cierre de la administración, justo cuando los ayuntamientos enfrentan simultáneamente otras obligaciones institucionales como fiscalización, informes de gobierno y cierre administrativo-presupuestal, lo que provoca sobrecarga en áreas clave y pone en riesgo la correcta integración del expediente. 

Por ello, la propuesta establece momentos específicos y anticipados: que la Auditoría Superior de Michoacán emita lineamientos a más tardar en enero del año de renovación de ayuntamientos y que la capacitación se realice en marzo y abril, para que las administraciones cuenten con tiempo suficiente para organizar, integrar y validar la información, reduciendo omisiones e inconsistencias. 

Finalmente, el diputado subrayó que fortalecer la entrega–recepción es fortalecer la confianza ciudadana y llamó a analizar y respaldar esta reforma, orientada a mejorar la planeación administrativa y garantizar que las autoridades salientes entreguen de manera ordenada y que las entrantes reciban información completa, verificable y útil para iniciar su gestión.

El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura especificó en la Ley de Salud que los cargos administrativos de primer nivel dentro del sector salud deberán ser ocupados por profesionistas con título y cédula profesional, con experiencia y con la capacidad técnica para desempeñarlo.

En Sesión extraordinaria, las y los legisladores michoacanos votaron a favor del Dictamen presentado por la Comisión de Salud y Asistencia Social sobre la iniciativa de Alejandro Iván Arévalo Vera, mediante la cual se adiciona el artículo 14 Bis de la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo cuya premisa parte de que el sistema de salud no se sostiene únicamente en la labor médica, sino en la participación articulada de diversos perfiles profesionales.

Así mismo, que la gestión pública sanitaria requiere un enfoque interdisciplinario que reconozca el mérito, la formación y la experiencia de otros profesionistas del sector salud, particularmente en funciones directivas, de coordinación y administración.

Conforme al Dictamen, Ley de Salud ahora señala que los cargos administrativos de primer nivel dentro del sector salud estatal, incluyendo direcciones, subdirecciones, coordinaciones y jefaturas de área en hospitales, jurisdicciones sanitarias y unidades administrativas, podrán ser desempeñados por profesionistas con título y cédula profesional en alguna rama de las ciencias de la salud, siempre que cumplan con el perfil, la experiencia, la capacidad técnica y los demás requisitos establecidos en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

En las Consideraciones del mismo, la Comisión de Salud y Asistencia Social planteó que la concentración histórica de cargos directivos o administrativos de primer nivel se ha dado en un solo perfil profesional, particularmente el médico, aun cuando la función administrativa y de gestión pública requiere también competencias en planeación, liderazgo organizacional, administración de recursos, operación institucional y coordinación intersectorial.

“En ese sentido, esta Comisión estima jurídicamente válido fortalecer un modelo de acceso basado en mérito, perfil, experiencia y competencia, sin exclusiones injustificadas por razón de disciplina profesional, siempre que se trate de profesionistas del ámbito de las ciencias de la salud”, precisó.

Así mismo, señalaron que con la adición del artículo, se busca ampliar el marco de elegibilidad para cargos administrativos de primer nivel en instituciones del sector salud, sin desplazar a ningún gremio, sino evitando restricciones de acceso que no deriven de criterios objetivos de capacidad, formación o idoneidad.

De igual forma, dicha Comisión señaló que la redacción reconoce la elegibilidad de profesionistas de las ciencias de la salud para ocupar cargos administrativos de primer nivel, pero que al mismo tiempo preserva la rectoría institucional, la exigencia de idoneidad y la observancia del marco normativo correspondiente.

Ahora por ley, las instituciones educativas de nivel superior deberán garantizar el acceso a los servicios educativos a por lo menos un diez por ciento de su matrícula escolar a personas en situación de vulnerabilidad en Michoacán.

Lo anterior, luego que el Pleno de la 76 Legislatura aprobara el dictamen presentado por la Comisión de Educación mediante el cual de reforma el artículo 74 de la Ley de Educación del Estado.

Asimismo, se estableció que la educación superior en Michoacán debe garantizar la igualdad de oportunidades para toda la población, sin segregar a nadie por ningún motivo; con ello, cumplir con el compromiso que se tiene en la educación de generar las condiciones para que todas y todos puedan cursar el nivel superior.

Es así como, las diputadas y los diputados del Congreso de Michoacán, abonan a eliminar las barreras que persisten para algunos grupos en situación de vulnerabilidad, para estudiar una carrera profesional y prepararse mediante estudios de universitarios.

Con la aprobación de la reforma, el Poder Legislativo cierra brechas de desigualdades, al generar campo parejo y brindar las mayores oportunidades para que los jóvenes que así lo deseen, puedan encausar sus deseos de continuar sus estudios profesionales, en cualquier institución de nivel superior que tenga la oferta educativa de su interés.

Finalmente, las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura establecieron que las institucionales educativas de nivel superior del Estado y la autoridad educativa estatal tendrán que implementar dicho porcentaje en un máximo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto y establecerlo en su reglamentación correspondiente para su aplicación en el ciclo escolar 2026-2027.

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El diputado local de Morena y presidente del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, Juan Pablo Celis, hizo un llamado a la calma ante la propuesta de ajuste presupuestal en el Poder Legislativo, al asegurar que el proceso será responsable, gradual y sin afectar a la base trabajadora.

El legislador dejó en claro que la ruta es firme: eliminar privilegios y canonjías, sin poner en riesgo los derechos de quienes hacen posible el funcionamiento diario del Congreso.

“Que haya tranquilidad. No vamos contra las y los trabajadores, ni contra los medios de comunicación. Vamos contra las canonjías y los privilegios que durante años se permitieron. Y sí, eso se va a terminar, aunque a algunos no les guste”, afirmó.

Juan Pablo Celis subrayó que Michoacán vive un momento distinto, en el que la austeridad y la congruencia son una exigencia social.

“Estamos en otro momento histórico, distinto; se acabaron esos tiempos donde solo se veían los beneficios de los diputados. Hoy el compromiso es con la gente y con el uso responsable del dinero público”, expresó.

El diputado puntualizó que el ajuste presupuestal no puede posponerse para futuras legislaturas y debe comenzar en la actual, con una implementación ordenada.

“El ajuste debe iniciar en esta Legislatura. Será gradual, transparente y siempre garantizando los derechos laborales. No se trata de afectar, sino de corregir excesos”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que la bancada de Morena impulsará esta transformación con convicción y responsabilidad.

“Vamos sí o sí por el Plan B y por la reducción presupuestal. Es una convicción de nuestro movimiento y la vamos a llevar a cabo con orden, sin improvisaciones y con respeto a la ley”, señaló.

Finalmente, Juan Pablo Celis enfatizó que hacer más eficiente al Congreso no implica gastar más, sino administrar mejor los recursos públicos.

“Hacer más eficiente al Congreso no necesariamente es más gasto. Es poner orden, eliminar privilegios y responderle a la gente. Ese es el camino y lo vamos a seguir con firmeza y responsabilidad”, concluyó.

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