En un estado donde la conversación pública sobre seguridad suele reducirse a operativos, despliegues militares y conteos de homicidios, hay un puñado —literal— de funcionarias y legisladoras que sostienen otro punto de partida: la violencia difícilmente se desactivará si no se atiende de fondo a las niñas, niños y adolescentes.
En ese grupo pequeño destaca Daniela de los Santos Torres, hoy al frente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y que desde cargos legislativos impulsó la agenda de adopción y de institucionalidad de protección. En el Congreso local, Ana Vanhessa Caratachea Sánchez y Grecia Jennifer Aguilar Mercado han colocado la participación infantil y reformas de derechos en el centro de su trabajo, mientras que voces como la de Carlos Bautista Tafolla empujan el péndulo hacia respuestas más punitivas, avivadas por casos que estremecen a la opinión pública.
El argumento que hoy parece “incómodo” para la política de corto plazo —que la violencia no se romperá sin garantizar derechos de infancia— no es una consigna moral aislada: es una hipótesis de seguridad pública respaldada por evidencia sobre prevención de violencia, reclutamiento criminal y desarrollo infantil. Donde la niñez crece sin escuela, salud, alimentación suficiente, protección contra violencias (incluida la digital) y sin adultos con herramientas para cuidar, el crimen organizado encuentra cantera: menores que empiezan como “halcones”, mensajeros o distribuidores; y que, con el tiempo, escalan a tareas de mayor riesgo. Ese tránsito reproduce un ciclo de delitos, trauma, impunidad y miedo comunitario.
El eslabón olvidado: derechos vulnerados y condiciones de riesgo
La legislación nacional reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos (vida, desarrollo, educación, salud, seguridad social, vida libre de violencia, participación, entre otros) y obliga a autoridades de todos los órdenes a garantizarlos.
La pregunta de fondo es qué ocurre cuando esos derechos se incumplen de manera persistente. Una respuesta empírica es que se incrementan factores de riesgo: necesidad económica, búsqueda de pertenencia, exposición cotidiana a violencia, ausencia de oportunidades y normalización del poder armado como “modelo de éxito”. En entornos así, el reclutamiento deja de ser un evento excepcional y se vuelve dinámica de reemplazo generacional.
Los esfuerzos institucionales que miran a las causas
En Michoacán, el viraje hacia una narrativa preventiva no es mayoritario, pero existe. En febrero de 2025, el gobierno estatal formalizó el nombramiento de Daniela de los Santos Torres como titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que implica coordinar acciones interinstitucionales de garantía de derechos en un contexto de violencia persistente. El propio anuncio enfatiza que su gestión se enfocaría en políticas públicas para protección integral de menores.
En su primer tramo al frente del sistema, la agenda pública que ha empujado se ha concentrado en dos frentes que conectan derechos con prevención: fortalecer entornos protectores (familia–escuela–comunidad) y reconocer el nuevo mapa de riesgos digitales. En entrevista, advirtió sobre grooming y sexting, mencionó plataformas de juegos en línea y subrayó la importancia de capacitación preventiva en escuelas desde edades tempranas; también se reportó un registro de denuncias por violencia digital contra menores en 2024 y la oferta institucional de pláticas en planteles.
Su trayectoria legislativa previa muestra continuidad temática. Desde la Cámara federal, promovió iniciativas relacionadas con adopción y el derecho a vivir en familia, como la propuesta de expedir una Ley General de Adopción (documentada en el sistema legislativo con exposición de motivos y articulado), y en 2017 se difundió también el impulso de reformas constitucionales para habilitar legislación general en la materia.
En lo local, distintos comunicados y coberturas periodísticas han documentado que promovió la creación de una comisión legislativa especializada en niñez y adolescencia, con el argumento explícito de atender causas de fondo (pobreza, marginación, ausencia de servicios) y prevenir riesgos como delitos sexuales y reclutamiento por crimen organizado.
En paralelo a la ruta institucional, se han reportado visitas escolares y programas comunitarios orientados a valores, convivencia y herramientas parentales. Por ejemplo, el programa “Conectando” fue presentado como una estrategia de acercamiento a escuelas en Morelia, con énfasis en fortalecer lazos entre padres e hijos y rescate de valores, alcanzando hitos de cobertura escolar en la capital.
En el Congreso estatal actual, el liderazgo visible del tema en esta legislatura ha recaído en dicha comisión especializada. Ana Vanhessa Caratachea Sánchez ha sido identificada como presidenta de la Comisión de Protección a la Niñez y la Adolescencia y ha encabezado ejercicios de participación infantil: en abril de 2025, junto con Grecia Jennifer Aguilar Mercado, presentó convocatoria y jurado del Mérito Infantil y del Parlamento Infantil Incluyente, subrayando que la voz de niñas y niños debe escucharse en el Poder Legislativo. Más recientemente, se reportó un esfuerzo técnico para “rescatar” iniciativas del parlamento infantil y adaptarlas al formato legislativo, conservando su esencia.
Caratachea también anunció foros regionales con participación de menores, especialistas, sociedad civil y autoridades para revisar y renovar la ley estatal de protección a la niñez, una señal de enfoque preventivo: escuchar primero, legislar después.
Por su parte, Grecia Aguilar ha enmarcado parte de su agenda legislativa en igualdad sustantiva y protección de infancias, reportando reformas e iniciativas en diferentes materias; además, en cobertura local se describió una propuesta de reforma constitucional para garantizar derechos de infancias (alimentación escolar, salud, vacunación, atención a primera infancia), buscando que sean exigibles y no dependan del “modelo” en turno.
La existencia de este bloque de trabajo contrasta con otra corriente que ha ganado micrófono en coyunturas críticas: la mano dura. Tras un caso reciente de homicidio cometido por un adolescente que reabrió el debate nacional sobre justicia para menores, se difundieron propuestas abiertamente punitivas desde actores locales, incluyendo la pena de muerte, lo cual polariza el debate entre castigo ejemplar e intervención preventiva.
La tensión es, en realidad, el corazón del dilema: ¿queremos “resolver” la violencia castigando a quienes ya fueron capturados por ella, o reducirla evitando que la siguiente generación entre al ciclo? La evidencia internacional, los pronunciamientos de expertos y la agenda de organismos especializados apuntan a lo segundo: tipificar, perseguir a reclutadores; sí, pero al mismo tiempo prevenir con escuela, salud, entorno seguro, apoyo familiar y protección digital.
Conclusión: una pacificación que se construye antes del delito
En el balance duro de la estadística, la violencia en Michoacán mantiene niveles altos de percepción de inseguridad, impunidad cotidiana (“cifra negra”) y dinámicas criminales como extorsión y desplazamiento.
Si el crimen organizado se sostiene reclutando y utilizando adolescentes —y si lo hace en territorios donde los derechos básicos se incumplen—, entonces la política de seguridad que omite la infancia se queda sin futuro. Una estrategia realista para minimizar la violencia requiere, al menos, tres capas simultáneas: 1.- Contención penal y territorial contra grupos violentos; 2.- Tipificación, registro y ruta de desvinculación/reparación para menores reclutados; y 3.- Garantía de derechos sociales que reduzcan la “oferta” de reclutas: educación y permanencia escolar, salud y salud mental, alimentación, seguridad social, protección frente a violencias (incluida la digital), y acompañamiento a familias para ejercer crianza con herramientas, no sólo con culpa.
En ese marco, los esfuerzos encabezados por figuras como Daniela De Los Santos —ahora desde el sistema estatal de protección y con una historia legislativa centrada en institucionalidad de cuidado— y el trabajo legislativo de Caratachea y Grecia Aguilar en participación infantil y reformas de derechos no son “agenda paralela”: son una apuesta preventiva que, aunque no promete resultados instantáneos, sí apunta a resultados más durables. En un estado donde sobran diagnósticos de violencia, lo que falta —y ahí está la noticia— es constancia política para sostener durante años la parte menos rentable electoralmente: la niñez.
