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En un contexto marcado por la persistencia de violencias estructurales contra las mujeres, la diputada Fabiola Alanís presentó una iniciativa de reforma constitucional para sancionar la violencia política en razón de género y garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en el Congreso del Estado.

Desde tribuna, Fabiola Alanís advirtió que, aunque México y Michoacán viven un momento histórico con mayor participación de las mujeres en la vida pública —incluyendo la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República con Claudia Sheinbaum Pardo—, estos avances han venido acompañados de nuevas formas de violencia que buscan frenar la igualdad sustantiva.

“Esta violencia no es otra cosa que la resistencia a que las mujeres ejerzamos nuestros derechos en condiciones de igualdad. Es una expresión de un sistema que se resiste a cambiar”, sostuvo.

La legisladora, subrayó que la violencia política de género no es un hecho aislado, sino parte de un entramado más amplio de desigualdades que históricamente han limitado la participación femenina en los espacios de poder.

En ese sentido, denunció que incluso al interior del Congreso se han registrado expresiones que vulneran la dignidad de las legisladoras, utilizando el debate parlamentario como un mecanismo para descalificar y reproducir estereotipos de género.

Ante ello, la iniciativa propone establecer con claridad que ninguna manifestación amparada en la libertad de expresión podrá justificar agresiones que atenten contra los derechos políticos de las mujeres por razones de género.

Asimismo, contempla que estos actos sean investigados y sancionados conforme a la legislación electoral vigente, cerrando así vacíos institucionales que hoy permiten la impunidad.

“Desde esta tribuna debemos enviar un mensaje claro: en Michoacán no hay lugar para la violencia contra las mujeres, y menos aún en los espacios donde se construyen las leyes”, enfatizó.

Fabiola Alanís destacó que esta reforma busca garantizar condiciones de igualdad sustantiva en el ejercicio legislativo, asegurando que mujeres y hombres cuenten con un piso parejo para desempeñar sus funciones sin discriminación ni violencia.

Finalmente, reiteró que la lucha por los derechos de las mujeres no es contra nadie, sino contra las estructuras que reproducen la desigualdad.

“No queremos más derechos, pero tampoco vamos a permitir menos. Queremos vivir libres de violencia y ejercer plenamente nuestra ciudadanía”, concluyó.
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La diputada Nalleli Pedraza Huerta informó que se recibieron más de 90 propuestas para el Parlamento con Perspectiva de Discapacidad, lo que refleja el interés, la participación y el compromiso de las personas con discapacidad y sus colectivos por incidir en la construcción de mejores leyes en el estado.

La legisladora destacó que este ejercicio representa un paso firme hacia una verdadera inclusión, donde las personas con discapacidad no solo son escuchadas, sino que participan activamente en la elaboración de propuestas legislativas.

“Estamos muy contentas y contentos por la gran respuesta de los colectivos. Esto demuestra que cuando se abren espacios reales de participación, la ciudadanía responde con compromiso y propuestas serias”, expresó.

Pedraza Huerta señaló que el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo se encuentra listo para recibir a las y los parlamentarios, quienes participarán en este ejercicio que busca convertir sus planteamientos en iniciativas que fortalezcan el marco legal en favor de este sector.

Asimismo, la vicepresidenta del Congreso de Michoacán, informó que ya se llevó a cabo un proceso previo de acompañamiento y preparación con las personas participantes, con el objetivo de brindarles herramientas para la presentación de sus propuestas y asegurar un desarrollo ordenado y exitoso del Parlamento.

La diputada morenista, reiteró que este esfuerzo forma parte de su compromiso permanente con la inclusión y la defensa de los derechos humanos, al señalar que legislar con perspectiva de discapacidad implica escuchar directamente a quienes viven estas realidades.

No obstante, Nalleli Pedraza subrayó que este Parlamento marcará un precedente en Michoacán al consolidar un espacio donde la voz de las personas con discapacidad se traduzca en acciones concretas desde el Poder Legislativo.

Las niñas y niños tienen derecho a vivir en condiciones dignas, con estabilidad y la certeza de que sus derechos están por encima de cualquier conflicto entre adultos, aseveró Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una iniciativa de reforma al Código Familiar para el Estado de Michoacán.

Herrera Maldonado enfatizó que entre 2021 y 2025, en Michoacán se registraron más de 10 mil deudores alimentarios; además de que tres de cada cuatro hijas e hijos de padres divorciados no reciben pensión alimenticia, cifras que reflejan la urgencia de fortalecer los mecanismos legales para garantizar el cumplimiento de esta obligación.

“Una pensión alimenticia debe garantizar que los hijos e hijas tengan alimentos de calidad, pero también ropa, calzado, atención médica, educación y algo que a veces olvidamos mencionar: momentos de recreación, de alegría, de infancia plena. Este compromiso no puede ni debe terminar cuando una relación de pareja llega a su fin. La separación de los padres no puede significar la desprotección de los hijos”.

La legisladora panista explicó que la propuesta busca establecer medidas más firmes para evitar que los deudores alimentarios evadan su responsabilidad, al tiempo que representa un acto de justicia para las niñas, niños y adolescentes, así como para las madres, quienes en muchos casos asumen la mayor carga en su cuidado.

“Esta propuesta de adición al Código Familiar para el Estado de Michoacán busca cerrar la puerta a la evasión de responsabilidades. Porque ser padre o madre no es un título simbólico, es una responsabilidad permanente que no se disuelve con la firma de un papel”.

Entre las disposiciones contempladas, se establece que, se instruirá al Registro Público de la Propiedad para que realice las anotaciones correspondientes en los bienes inmuebles del deudor. De igual forma, dicha instancia deberá verificar el registro antes de cualquier operación relacionada con la propiedad o posesión de bienes, a fin de informar al juez y evitar la inscripción de actos que pudieran vulnerar el cumplimiento de la obligación alimentaria.

Finalmente, se contempla que el deudor alimentario que haya sido declarado como moroso podrá solicitar la cancelación de su inscripción, siempre que acredite ante la autoridad correspondiente el pago total de los adeudos.

Con esta propuesta, la diputada Tere Herrera busca garantizar el interés superior de la niñez y reforzar la responsabilidad de quienes están obligados a cumplir con la pensión alimenticia, al priorizar el desarrollo integral de las niñas y niños.

La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Congreso del Estado, sostuvo una reunión con el Auditor Especial de Fiscalización Estatal de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Jaime Corona Tinoco, en donde expuso a detalle el Informe Ejecutivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024.

El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior, señaló que este tipo de encuentros fortalecen la información y con ello el trabajo de esta Comisión Inspectora.

En esta reunión, el Auditor Especial de Fiscalización, Jaime Corona, expuso que, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos dieron cumplimiento con la entrega de la información financiera ante la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, sin embargo, en el Sector Paraestatal, no se localizó la información financiera de, la Universidad Virtual del Estado de Michoacán; de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán; del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán; del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora; y del Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán.

En ese sentido, también informó que los resultados de las auditorías de cumplimiento financiero, financiera y obra, practicadas durante la Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, del ejercicio fiscal 2024, se determinó la procedencia de 430 observaciones preliminares y cuatro recomendaciones pendientes de atender y de las observaciones preliminares se eliminaron 129, se ratificaron 216 y se rectificaron 85.

Jaime Corona, detalló que, de las Auditorías de Desempeño, se obtuvieron 85 recomendaciones preliminares, de las cuales se eliminaron 18, se ratificaron 52 y se rectificaron 15, derivando de ello, 67 recomendaciones por atender.

Con toda esta información, las y los legisladores presentes en esta reunión, diputada Eréndira Isauro Hernández y los diputados Juan Antonio Magaña de la Mora y Alejandro Iván Arévalo Vera, además del propio presidente, Baltazar Gaona, realizaron diversos cuestionamientos al expositor e intercambiaron diversos puntos de vista respecto a este tema y en general al trabajo emprendido por la ASM.

De esta forma, se concluyó que se analizará en la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior, toda la información brindada por el Auditor Especial de Fiscalización y se mantendrán en comunicación para resolver cualquier duda que surja.

La diputada local y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Emma Rivera Camacho, fijó postura respecto a las implicaciones del denominado “Plan B” legislativo, al advertir que la reducción de presupuestos en congresos estatales, municipios y organismos electorales representa un reto institucional que debe enfrentarse con responsabilidad, transparencia y apertura democrática.

Rivera Camacho subrayó que, ante un escenario de austeridad, es indispensable fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Señaló que el destino de los recursos debe estar permanentemente vigilado por la sociedad, garantizando que cada peso se traduzca en obras sociales y beneficios colectivos tangibles, evitando cualquier margen de discrecionalidad.

En ese sentido, la legisladora manifestó su coincidencia con la postura de la coordinadora parlamentaria de Morena, Fabiola Alanís, particularmente en la defensa de los derechos de las y los trabajadores del Congreso del Estado y en la necesidad de garantizar su adecuado funcionamiento, al tratarse de derechos adquiridos que deben preservarse aún en un contexto de ajuste presupuestal.

Asimismo, reconoció la trayectoria y solidez política de Alanís, destacando su congruencia con los principios de la transformación y su respaldo firme a un modelo de austeridad con responsabilidad institucional, enfocado en proteger a la base trabajadora sin comprometer la operatividad del Poder Legislativo.

A fin de fortalecer el acceso a la justicia de mujeres indígenas, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, presentó una iniciativa orientada a fortalecer los mecanismos de atención a las michoacana víctimas de violencia, mediante la incorporación de un enfoque intercultural en la atención institucional.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), en Michoacán 154 mil 943 personas hablan alguna lengua originaria, de las cuales 79 mil 92 son mujeres. Este sector enfrenta condiciones de vulnerabilidad agravadas por la discriminación, la marginación social y las barreras lingüísticas, lo que limita su acceso a servicios públicos y a mecanismos de denuncia.

La propuesta legislativa presentada por la integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), establece la obligación de que las instituciones públicas implementen protocolos de atención intercultural dirigidos a mujeres indígenas víctimas de violencia, contemplando servicios de interpretación en lenguas originarias, capacitación especializada para el personal y mecanismos de coordinación interinstitucional.

Asimismo, la iniciativa reconoce la importancia de respetar los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades originarias, garantizando en todo momento la protección de los derechos humanos de las mujeres.

La diputada Espinoza Mercado subrayó que esta reforma tiene como objetivo eliminar barreras estructurales, fortalecer la capacidad institucional y asegurar una atención digna, pertinente y culturalmente adecuada, en favor de una sociedad más justa e igualitaria.

La diputada Belinda Iturbide Díaz, integrante de la Bancada de Morena, presentó ante el Congreso de Michoacán, una iniciativa para reformar la Ley Contra las Adicciones en el Estado, para atender la dependencia a medicamentos sedantes e hipnóticos utilizados para inducir el sueño.

Ello en el marco del Día Mundial del Sueño, para fortalecer las atribuciones de los Centros de Atención Integral en materia de adicciones para detectar, atender y dar seguimiento a los casos de dependencia a estos medicamentos.

Según la diputada Iturbide Díaz, el uso irracional de medicamentos para dormir es un problema creciente que puede generar dependencia, alteraciones cognitivas, accidentes y graves afectaciones a la salud física y mental.

La iniciativa propone agregar una fracción al artículo 38 de la Ley Contra las Adicciones, que establezca la obligación de los Centros de Atención Integral de detectar, evaluar y canalizar los casos de dependencia a medicamentos hipnóticos, sedantes o psicotrópicos utilizados para inducir el sueño.

«Promover la salud del sueño y prevenir el uso indebido de medicamentos para dormir no sólo contribuye a evitar enfermedades y adicciones, sino que también mejora la calidad de vida de las personas y fortalece el bienestar colectivo», afirmó la diputada Iturbide Díaz.

La iniciativa será analizada por la Septuagésima Sexta Legislatura local y buscará promover la salud del sueño, “pues el insomnio no se resuelve únicamente con una pastilla”, se requiere descanso adecuado, y otros factores biológicos, psicológicos y sociales para ser atendido de manera integral.

Con el objetivo de fortalecer los principios de transparencia, la rendición de cuentas y la gobernabilidad, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó las glosas en materia de derechos humanos y justicia en relación al Cuarto Informe del Estado que guarda la Administración Pública Estatal.

En sesión extraordinaria las diputadas y los diputados locales avalaron el dictamen elaborado por la comisión de Derechos Humanos, mediante el cual se exhortó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que implemente acciones en materia de reclutamiento forzado con énfasis en niñas, niños y adolescentes; fortalezca la seguridad pública como garantía del derecho a la vida y a la seguridad personal; y a que tenga una coordinación institucional en atención integral a víctima.

Además de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y sanción a violaciones cometidas por servidores públicos: reforzar protección y políticas específicas para grupos en situación de vulnerabilidad; todo ello, a fin de contribuir de manera sustantiva al fortalecimiento del Estado de Derecho, la paz social y la plena vigencia de los derechos humanos en Michoacán.

Paralelamente, la Comisión de Justicia presentó el dictamen correspondiente del estudio y análisis del rubro denominado “Armonía, Paz y Reconciliación”, del Cuarto Informe de Gobierno del Estado, mismo que fue aprobado por las y los integrantes de la 76 Legislatura.

Finalmente, en dicho asunto se solicitó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia de la Entidad realicen las acciones y programas necesarios a efecto de fortalecer la impartición de justicia en la entidad conforme a lo establecido en la reforma Constitucional del Poder Judicial.

Ante la importancia de construir espacios laborales seguros, bajo un ambiente de libertad y respeto, donde nadie tenga miedo, ni se vulnerado, el Congreso del Estado llevó a cabo la capacitación “Claves para prevenir y erradicar el acoso sexual en el trabajo”, dirigido al personal del Poder Legislativo.

En el Salón de Recepciones, el Presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García señaló que el acoso y el hostigamiento sexual “no deben tener cabida en ninguna institución pública y mucho menos en este Poder legislativo” y, que el respeto a la dignidad y a la integridad de las personas debe ubicarse en el centro del trabajo y de la convivencia diaria.

“El Congreso del Estado no sólo es un espacio donde se crean leyes, es también un lugar donde se deben vivir los valores de esas leyes que se promueven y uno de esos valores fundamentales es el respeto absoluto entre todas y todos”, precisó.

Acompañado del Secretario General del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Rogelio Andrade vargas y de la ponente, Dra. Ericka Cervantes Pacheco, el legislador puntualizó que hablar de acoso y de hostigamiento sexual no siempre es fácil, por tratarse de temas que durante mucho tiempo se han silenciado, minimizado o incluso, normalizado.

“Decidimos enfrentarlos, visibilizarlos y sobre todo erradicarlos completamente. Este curso tiene una finalidad muy clara: informar, sensibilizar, transformar e informar para que todas y todos sepamos identificar las conductas que constituyen el acoso y el hostigamiento sexual”, señaló.

Agregó que erradicar el acoso y el hostigamiento conlleva un proceso que requiere compromiso permanente, voluntad y sensibilidad humana. “Los invito a que sigamos construyendo un Congreso donde prevalezca el respeto, donde la dignidad de las personas sea siempre lo más importante porque cuando cuidamos a las personas fortalecemos a las instituciones y cuando las fortalecemos, construimos un mejor Michoacán”

Durante la ponencia se definió que el acoso y el hostigamiento sexual son dos formas de violencia que conllevan humillación e intimidación, que dañan la salud, la integridad, las oportunidades profesionales y los derechos humanos de quienes la padecen
El hostigamiento se da en una relación jerárquica y de subordinación, que se presenta a través de conductas verbales y/o físicas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

Mientras que el acoso sexual se da entre personas con el mismo nivel jerárquico, a través de un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado indefenso y riesgo para la víctima, independientemente que se de en uno o varios eventos.