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A fin de asegurar a la población de Michoacán un resarcimiento del entorno natural, el Pleno de la 76 Legislatura aprobó, con 31 votos a favor, diversas reformas Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán.

De esta forma se estableció, según el artículo 4º que “El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, tenderá a mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural, mediante: La forestación y reforestación de zonas urbanas y rurales del Estado, con árboles nativos de la región, los cuales se colocarán de acuerdo con las condiciones correspondientes para garantizar su conservación y crecimiento”.

Además también se agregó como atribución de los ayuntamientos, el garantizar la forestación y reforestación con árboles nativos de la región, y asegurar la gestión, protección, conservación y manejo de las áreas verdes y las zonas de conservación y protección ecológica ubicadas en el municipio.

El dictamen aprobado señala que “estas refromas son con el fin de garantizar el derecho humano a un medio ambiente, mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas y contribuir en la conservación de los ecosistemas y además reducir el riesgo de desastres naturales en las poblaciones”.

En ese sentido, las y los legisladores locales coincidieron en la importancia que tienen los árboles para la supervivencia de los seres vivos que habitan en la tierra, gracias a las diversas funciones que tienen los árboles, por lo que la intervención del hombre debe estar enfocada únicamente a su protección, cuidado para su preservación.

La 76 Legislatura fortalece el marco jurídico municipal, al consolidar al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) como un instrumento clave de planeación estratégica, estableciendo que su conformación podrá darse como organismo descentralizado o bien como órgano centralizado dentro de la administración municipal.

El dictamen presentado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, y avalado en sesión ordinaria por el Pleno del Poder Legislativo, reforma los artículos 192, 193 y se adiciona el artículo 192 Bis. de la Ley Orgánica Municipal del Estado, para dotar a los municipios de mayor flexibilidad organizativa.

De igual forma, se aprobó que cuando el IMPLAN sea creado como un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, de lo contrario, éste dependerá administrativamente del Ayuntamiento, bajo las reglas presupuestarias y de organización interna.

Es así que con 34 votos se aprobó la reforma a dicha ley que también abre mejores condiciones para que quienes encabecen estos institutos cuenten con los elementos necesarios para cumplir con su responsabilidad, es decir, se estableció el requisito de ser ciudadana o ciudadano Michoacano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

Finalmente las y los legisladores manifestaron que con estas reformas, se abona a reducir las brechas existentes entre municipios y asegurar que la planeación sea una herramienta accesible, equitativa y útil para impulsar el desarrollo local en cada uno de los contextos de los municipios.

Como parte del compromiso por mejorar las condiciones de salud en la entidad, y en cumplimiento con los lineamientos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, presentó la iniciativa de reforma al artículo 121 de la Ley de Salud del Estado de Michoacán.

Esta propuesta, busca dar cumplimiento a los lineamientos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos, en los Centros de Readaptación Social, donde quienes cumplen alguna condena, no cuentan con acceso a servicios de salud dignos.

«Este planteamiento, solo busca cumplir con el respeto al derecho a la salud para todas y todos los michoacanos», mencionó la diputada del Partido del Trabajo (PT).

Resaltó que el Estado tiene la responsabilidad indeclinable de proteger la integridad, salud y las posibilidades de reinserción social, «por lo que dar atención a esta necesidad es urgente e inaplazable».

«Hablo de falta de medicamentos, carencia de personal especializado, atención psiquiátrica insuficiente, poca cobertura en salud mental, infraestructura médica limitada y ausencia de servicios esenciales para mujeres y personas con adicciones. Estas condiciones no solo violan derechos humanos; también obstaculizan la reinserción social, uno de los fines constitucionales del sistema penitenciario», agregó.

En la exposición de motivos, la diputada de la bancada del PT indicó que está reforma busca dotar de servicios médicos en áreas colo nutrición, ginecología, salud mental, odontología, salud sexual y reproductiva, abasto de medicamentos e insumos, entre otros.

La propuesta fue turnada a las Comisiones correspondientes, a fin de que sea analizada y, posteriormente, aprobada por la 76 Legislatura.

El diputado Juan Carlos Barragán presentó una iniciativa de reforma para garantizar que las familias de trabajadores del Estado no pierdan el derecho a pensiones, indemnizaciones o recursos derivados de la muerte de un ser querido por el simple hecho de que transcurrió el plazo legal.

Actualmente, la ley establece que estos derechos prescriben a los dos años del fallecimiento del trabajador, lo que deja en indefensión a viudas, hijos y adultos mayores que enfrentan procesos largos, trámites complejos y situaciones de duelo.

“No puede haber reloj que limite la justicia. No es justo que el Estado se ampare en el tiempo para evadir su responsabilidad moral y legal con las familias de quienes le sirvieron toda su vida”, afirmó Barragán.

El diputado explicó que su propuesta busca que los derechos laborales no desaparezcan con el tiempo, pues la Constitución y los tratados internacionales establecen que las prestaciones deben proteger a las personas que dependían del trabajador, aun después de su muerte.

”La muerte no puede ser una barrera para el derecho, sino una razón más para fortalecerlo. El esfuerzo de una vida debe traducirse en protección, no en abandono”, añadió.

Barragán recordó que maestras, médicos, policías, trabajadores administrativos, personal operativo y todas las personas que sostienen al Estado con su trabajo merecen que sus familias sean tratadas con dignidad. La reforma, destacó, no crea privilegios, sino que corrige una injusticia que ha afectado por años a miles de familias.

“Esta iniciativa coloca a Michoacán a la altura de los principios constitucionales y de los tratados de derechos humanos. Sobre todo, envía un mensaje claro, en este Congreso creemos en una justicia que no caduca y que acompaña”, subrayó.

Finalmente, el legislador puntualizó que seguirá promoviendo reformas que pongan a las personas al centro de la ley y que dignifiquen el servicio público.

El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó una reforma al artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo con la finalidad de establecer la obligación de la Comisión de Salud de vigilar que los rastros municipales funcionen conforme a las normas y disposiciones zoosanitarias aplicables.

A propuesta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, sobre la iniciativa presentada por el Diputado J. Reyes Galindo Pedraza, se determinó que, con la modificación, se mantiene el objetivo central de reforzar la seguridad alimentaria y la salud pública.

Al mismo tiempo, se dota a los ayuntamientos de un marco más claro, preciso y aplicable, que asegura la observancia de los estándares zoosanitarios.

En las consideraciones del Dictamen, se definió que los rastros municipales juegan un papel fundamental en la cadena de suministro alimentario, al ser el principal centro de distribución de los alimentos de origen animal de los productos cárnicos y sus derivados.

El Legislador Reyes Galindo, en su Exposición de Motivos explicó que, en muchos municipios de Michoacán, las condiciones actuales de los rastros municipales presentan serias deficiencias.

“El manejo de estas instalaciones, en ocasiones, carece del rigor técnico y profesional exigido por la legislación vigente y las necesidades crecientes de nuestras comunidades”, precisó.

Agregó que esta falta de supervisión especializada ha derivado en prácticas inadecuadas que comprometen la inocuidad de los alimentos, ponen en riesgo el cumplimiento normativo y, en casos graves, la seguridad sanitaria de la población.

Para generar mayores oportunidades de empleo para quienes viven con alguna discapacidad, la diputada de Morena, Belinda Iturbide Díaz presentó una iniciativa de decreto al Congreso de Michoacán, para que se contrate al menos al 5% de personas con capacidades distintas en la plantilla laboral.

La propuesta busca modificar varias leyes estatales para garantizar que las personas con discapacidad, tengan acceso a oportunidades laborales en igualdad de condiciones y establecer la obligación de contratar, al menos el 5% de personas con discapacidad en la administración pública, estatal y municipal.

Para ello se modificarían diversas leyes estatales, incluyendo la Ley Orgánica Municipal, la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso de Michoacán, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y la Ley para la Inclusión de las con Discapacidad.

Esta iniciativa busca además la implementación de medidas para prevenir y evitar la discriminación y el acoso laboral hacia personas con discapacidad y garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral para quienes cuentan con habilidades diferentes.

Esta iniciativa fue presentada en el marco del Día Internacional para las Personas con Discapacidad “porque la inclusión laboral de personas con discapacidad es un derecho humano fundamental y una tarea impostergable”.

La diputada local de extracción Morenista, Belinda Iturbide Díaz, respaldó la aprobación que hiciera el Congreso de Michoacán, a la Ley de Ingresos 2026 de los municipios del Distrito 02 con cabecera en Puruándiro, “pues este presupuesto será fundamental para que los ayuntamientos planifiquen y ejecuten proyectos de beneficio social, además que refleja el compromiso del Gobierno Estatal con la transparencia y la responsabilidad fiscal”.

La diputada de la 76 Legislatura Local del Congreso de Michoacán, informó que como representante del Distrito 02, respaldó las propuestas de los presidentes municipales de Angamacutiro, Copándaro, Chucándiro, Huandacareo, Huaniqueo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Morelos, Panindícuaro, Penjamillo y Puruándiro y que como integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se aprobaron las leyes de ingresos correspondientes con responsabilidad.

Estas leyes de ingresos establecen las contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos y demás conceptos mediante los cuales cada municipio podrá recaudar los recursos que le permitirán ejercer su presupuesto durante el año 2026 y asegurar que los municipios cuenten con los recursos necesarios para cubrir servicios públicos, obras, inversiones sociales, infraestructura y demás responsabilidades municipales.

Es un paso crucial para el desarrollo de los municipios del estado, destacó Belinda Iturbide, quien señaló que el año entrante mejorará la calidad de vida de los habitantes, se fortalecerán los servicios públicos, la educación y la salud, para beneficio de la población y se impulsarán programas para fomentar el desarrollo económico y generar empleos en la región.

Desde los partidos políticos se debe atender, fortalecer y capacitar a las mujeres y comunidad sexo diversa militante, señaló la Diputada Diana Mariel Espinoza Mercado.

Tras la aprobación del incremento en el presupuesto destinado a partidos políticos para estos sectores en específico, la legisladora del PT indicó que está decisión del pleno, construye un Michoacán más justo, incluyente y democrático.

En las reservas presentadas por la Comisión de Asuntos Electorales, la cual preside, Espinoza Mercado solicitó destinar más recursos al liderazgo de las mujeres, con una partida del 8 por ciento del total del financiamiento otorgado a los partidos, mientras que el 5 por ciento deberá ir destinado a la capacitación de la comunidad LGBTTIQ+.

«Con esto se refrenda el compromiso del Poder Legislativo por visibilizar a ambos sectores poblacionales, empoderarlos y garantizar su participación política», insistió.

Diana Espinoza refrendó su compromiso para seguir legislando en pro de una sociedad donde todas las voces cuenten y tengan oportunidades», resaltó.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó 50 Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2026 a igual número de municipios y con ello dotó a los ayuntamientos el marco jurídico que les permitirá recaudar los recursos para hacer frente a las necesidades de sus pueblos y sus habitantes, con incrementos que fueron del 2.30 al 8.8 por ciento.

En Sesión Ordinaria, las y los legisladores michoacanos votaron a favor de los dictámenes elaborados por las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y, de Hacienda y Deuda Pública de los municipios de Arteaga, Chinicuila, Huiramba, Juárez, Nocupétaro y Tumbiscatío, Michoacán, sin incrementos respecto de la actual.

El Pleno aprobó la Ley de Ingresos de diversos municipios con incrementos del 2.3 al 8.8 por ciento en Cuotas y Tarifas, mientras que en el Servicio de Agua Potable, del 2.3 al 6 por ciento.

De tal forma que Aquila, Acuitzio, Angamacutiro, Áporo, Briseñas, Carácuaro, Charapan, Chavinda, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Coeneo, Cojumatlán, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Ecuandureo, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Huandacareo, Huetamo, Ixtlán, Jiménez, Jiquilpan, Jungapeo, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Urecho, Ocampo, Pajacuarán y Parácuaro, Michoacán ya cuentan con el marco jurídico que les permitirá recaudar recursos.

Las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura también aprobaron las leyes de ingresos de los municipios de Peribán, Purépero, Puruándiro, San Lucas, Senguio, Susupuato, Tingambato, Tiquicheo, Tlazazalca, Tuzantla, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro, Michoacán.

Conforme a los dictámenes, se estableció que las adecuaciones que se propusieron en cada iniciativa no repercuten de manera significativa a la generalidad de la población, en donde se respetaron y preservaron los principios fundamentales de proporcionalidad y equidad tributaria, con el propósito de brindar certeza jurídica a los contribuyentes.

En cada Ley de Ingresos se precisaron las cuotas y tarifas, así como los conceptos de ingreso que la Hacienda Pública Municipal tiene derecho a percibir; asimismo, proporciona certidumbre al ciudadano en cuanto a las contribuciones y permite a la Autoridad Fiscal Municipal, ampliar la base de contribuyentes.

En cuando a la tarifa que corresponde al derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se fijó a partir del valor que representa para el municipio prestar ese servicio.

Finalmente, en cada una de las 50 leyes aprobadas, quedó de manifiesto la prohibición de la realización, promoción, organización o participación en espectáculos públicos o privados en los que se cause derramamiento de sangre, sufrimiento físico o muerte de animales como parte del entretenimiento o atracción principal, por lo que ante ello, determinó la improcedencia de la propuesta de cobro por el concepto de Corridas de Toros, en los rubros de Impuestos y de Otros Derechos en espectáculos públicos, respectivamente.