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El PRD Michoacán celebró la aprobación de la iniciativa presentada por el diputado Octavio Ocampo, mediante la cual los partidos políticos deberán destinar al menos el 5% de su financiamiento público a programas de empoderamiento y formación política de la comunidad LGBTTTIQ+.

«Con esta reforma, Michoacán se convierte en un referente nacional en materia de inclusión, equidad y derechos políticos de la diversidad sexual”, remarcó el legislador perredista.

Durante la sesión del Pleno, Octavio Ocampo defendió la propuesta subrayando que “la democracia solo es plena cuando nadie queda fuera de la toma de decisiones”. El legislador destacó que este avance legislativo representa un paso firme hacia la igualdad sustantiva y la participación activa de todas las identidades en la vida pública del estado.

El diputado local reconoció la relevancia histórica de esta aprobación, al consolidar una política de inclusión que rompe paradigmas y garantiza espacios de representación política para la comunidad LGBTTTIQ+. Así mismo destacó que la igualdad y la diversidad no son consignas, sino principios que fortalecen la democracia y el tejido social.

Es importante mencionar que el diputado del PRD presentó la iniciativa promovida de la mano con integrantes del PRIDE Michoacán, misma que fue dictaminada y sometida a discusión ante el pleno de la 76 legislatura logrando el respaldo de las y los legisladores.

El diputado local por el Partido del Trabajo, Hugo Rangel Vargas, señaló que la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, que preside y en la que también participa el diputado Juan Carlos Barragán, se ha consolidado, en poco más de un año, como una de las más productivas del Congreso del Estado.

“Recibimos la Comisión con un rezago considerable heredado de la legislatura anterior, pero nos enfocamos a darle celeridad y a poner al corriente los trabajos; hoy podemos decir que no tenemos ningún rezago”, puntualizó Rangel.

A la fecha, la Comisión de Movilidad y Comunicaciones ha presentado 34 dictámenes ante la Mesa Directiva, de los cuales 14 son con proyecto de decreto, 18 con proyecto de acuerdo y 2 iniciativas con carácter de dictamen. Cada uno de estos documentos ha sido avalado por el Pleno, lo que refleja un trabajo legislativo constante y orientado al bienestar y la calidad de vida de las y los michoacanos.

En este periodo, la Comisión ha impulsado temas de alto impacto para la transformación del sistema de transporte en Michoacán, como la descarbonización del transporte público y el planteamiento de incentivos fiscales para unidades eléctricas de producción nacional; la revisión técnica y anual de tarifas; la obligatoriedad de seguros para brindar certeza jurídica a usuarios; así como la regulación y mejora del transporte escolar.

También se han promovido medidas para prevenir la trata de menores en el transporte público, la regulación de vehículos de micromovilidad y acciones para garantizar la transparencia de tarifas en grúas y depósitos vehiculares, protegiendo así a las y los usuarios.

El trabajo encabezado por la Comisión no solo ha permitido ordenar un sector históricamente relegado, sino que ha comenzado a modificar la manera en que el Estado piensa, regula y evalúa la movilidad. Cada dictamen aprobado ha ido construyendo un andamiaje normativo que impacta directamente en la vida cotidiana: desde cómo se protegen a las infancias en el transporte público, hasta cómo se introducen criterios de innovación, justicia tarifaria y responsabilidad operativa.

La Comisión de Movilidad y Comunicaciones está impulsando una agenda que coloca a la movilidad como un derecho y como un componente estratégico del desarrollo de Michoacán.

Que ninguna niña o niño crezca sin el cobijo de un hogar, con este enfoque, el diputado local Alfonso Chávez presentó una propuesta de reforma a la Constitución del Estado de Michoacán para reconocer de manera expresa el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser adoptados cuando no exista una familia capaz de brindarles cuidado, amor, seguridad y oportunidades.

El legislador destacó que la infancia es una etapa irrepetible y que el Estado tiene la obligación jurídica y humana de colocar el interés superior de la niñez en el centro de sus decisiones.

Recordó que en Michoacán cientos de menores permanecen institucionalizados debido a abandono, violencia, negligencia o la falta de condiciones básicas de protección, y que aunque las instituciones hacen su mayor esfuerzo, nunca podrán sustituir completamente la estabilidad emocional y el arraigo que ofrece un hogar.

Chávez subrayó que los datos nacionales confirman la urgencia de actuar: más de 64 mil niñas, niños y adolescentes viven en instituciones en México, mientras que solo una pequeña fracción de los procesos de adopción concluye exitosamente. En Michoacán, durante 2024 apenas se realizaron 15 adopciones, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el marco jurídico para agilizar y dignificar estos procesos.

Finalmente, afirmó que esta reforma representa un paso decisivo para construir un estado más justo y más humano, donde cada menor tenga asegurado su derecho a crecer con amor, protección e identidad, dejando claro que legislar por la niñez es legislar por el futuro de Michoacán.

Para contribuir al cuidado y protección del medio ambiente, el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez, presentó dos iniciativas que, sumadas a la que propuso recientemente, buscan regular los residuos electrónicos.

Las iniciativas están encaminadas a la promoción, implementación y supervisión de programas permanentes de reciclaje, reutilización y disposición responsable de impresoras, copiadoras o cualquier componente o equipo de cómputo o residuos electrónicos caducos o en desuso.

La primera iniciativa es para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, para que se implementen medidas de gestión integral de los residuos sólidos en todas las oficinas del Poder Legislativo.

La segunda, es para adicionar una fracción al artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, para dotar a los ayuntamientos de las atribuciones necesarias para regular los residuos electrónicos.

Durante su participación en tribuna, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dijo que como ambientalista de corazón seguirá impulsando acciones legislativas para la protección y el cuidado del medio ambiente; y, a su vez, prevenir los efectos nocivos a la salud de la población.

En días recientes, el Congreso del Estado aprobó la reforma impulsada por la diputada Giulianna Bugarini Torres, con la cual el ciberacoso ya es delito en Michoacán.

Esta decisión, que calificó como histórica, brinda protección a miles de personas que sufren violencia digital todos los días, especialmente mujeres, jóvenes y niñas.

Bugarini subrayó que las redes sociales y plataformas digitales dejaron de ser espacios donde la violencia se escondía detrás del anonimato:

“Ya no vamos a permitir que se hostigue, intimide, vigile, amenace o humille a nadie desde una pantalla. En Michoacán, el ciberacoso se castiga. No tienes por qué callarte.”

La diputada recordó que, antes de esta reforma, las víctimas se enfrentaban solas, sin herramientas legales para defenderse. Ahora, esta violencia será investigada y sancionada por la ley, garantizando un entorno digital más seguro para todas y todos.

“La violencia es violencia, ocurra donde ocurra. Internet no es tierra de nadie, y tampoco puede ser un lugar donde las mujeres vivan con miedo. Esta reforma llega para cambiar esa historia”, enfatizó.

Giulianna Bugarini destacó que esta medida es fruto de escuchar a quienes han sido señaladas o revictimizadas por denunciar agresiones en línea:

“Si te pasa algo, si te están acosando, si te hacen daño en redes… denuncia. Hoy la ley está de tu lado.”

Finalmente, la legisladora reafirmó que el Congreso de Michoacán seguirá impulsando acciones firmes para erradicar todas las violencias, cerrando brechas de impunidad y protegiendo la dignidad de las personas también en el mundo digital.

Con la implementación de un Control Interno Legislativo, en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, busca que se responda con eficacia a las demandas ciudadanas y primordialmente que se vigile la productividad y el trabajo de cada diputada y diputado.

Así lo planteó ante el pleno del poder legislativo del estado el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo durante la sesión de este miércoles, al presentar un proyecto de Reforma para modificar la fracción I, II y III del artículo 109 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Michoacán de Ocampo, con la modificación de la fracción I a los artículos 10 y 11 del reglamento interior de la Secretaría de Servicios Parlamentarios.

“Los controles internos constituyen la columna vertebral de toda institución, pues garantizan la eficiencia administrativa, la transparencia en los procesos y una mejor toma de decisiones. En la actualidad, el fortalecimiento de estos mecanismos no solo implica una obligación de gestión responsable, sino también una adaptación necesaria a la era tecnológica que caracteriza a los gobiernos modernos”, expuso el congresista.

Refirió que en México, las instituciones gubernamentales que sirven a la ciudadanía requieren contar con controles internos sólidos y eficientes que les permitan cumplir con los fines para los cuales fueron creadas. En este sentido, el Congreso del Estado de Michoacán, necesita fortalecer sus mecanismos de control interno, particularmente en la gestión documental de iniciativas y asuntos que se generan dentro de este Poder Legislativo y que son turnadas para su análisis y valoración.

“Una herramienta útil para lograr esto; es el método de semaforización, un sistema visual basado en colores (rojo, amarillo y verde) que permite identificar y evaluar el grado de avance de los proyectos. Aplicado al ámbito legislativo, este método serviría como sistema de alerta sobre las iniciativas que están próximas a concluir según lo dispuesto por la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, permitiendo así una actuación oportuna y eficiente”, argumentó Reyes Galindo.

Por último, explicó que para implementar este control, se propone el desarrollo de un software institucional denominado Programa de Control Interno Legislativo (CIL) que automatice el seguimiento de las iniciativas y/o asuntos que sean turnados a las. Comisiones y/o Comités que integran este Congreso y al contar esta instancia con personal afín a tecnología informática, no representaría un gasto adicional al presupuesto, fortaleciendo así los controles internos con recursos propios.

Con la finalidad de promover una mayor cercanía con la ciudadanía en la atención de conflictos comunitarios e impulsar una cultura de legalidad y resolución pacífica en los municipios, el Pleno de la 76 Legislatura votó a favor de reformar el artículo 67 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

La Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales puso a consideración de las y los legisladores el Dictamen de la iniciativa del diputado Alejandro Iván Arévalo Vera mediante el cual se refuerza el marco institucional ya existente.

En Sesión Ordinaria, el Congreso del Estado aprobó incorporar las fracciones XVIII y XIX al artículo 67 para señalar que son facultades y obligaciones la Síndica o el Síndico Municipal el atender y asesorar a la ciudadanía sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos y canalizar, en su caso, a instancias competentes.

De igual forma, promover campañas de difusión sobre cultura de paz, legalidad y mecanismos de conciliación municipal.

En la Exposición de Motivos de la iniciativa del legislador Arévalo Vera se puntualizó la necesidad de que las administraciones de gobierno municipal se involucren a ampliar las vías de acceso a la solución de conflictos estudiando y desarrollando nuevos métodos para la solución de controversias que puedan alternar con la vía jurisdiccional.

“En la mediación se privilegia inicialmente la libre decisión de las partes, la cooperación y el compromiso mutuo, facilitando con esto, la continuidad de las relaciones pacíficas reduciendo la posibilidad de futuros litigios al comprometerse con los principios de legalidad, voluntariedad, responsabilidad y deber entre los actores involucrados en el conflicto para resolverlo y poder continuar conviviendo armónicamente”, detalló.

También estableció que este tipo de instrumentos de justicia alternativa, son mucho más rápidos y menos costosos a la población; procedimientos que dan seguridad, pueden ser aplicados a muchas materias, permiten un alivio o desahogo de los órganos de impartición de justicia comunes y permiten que se mantengan las relaciones humanas, en este caso de tipo vecinal.

“La mediación y conciliación se rigen a partir de principios tales como la voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad”, recalcó.

Las niñas y niños “deben desarrollarse en condiciones de igualdad, dignidad, y con garantía de sus derechos”, aseveró Antonio Salas Valencia, diputado por el distrito 9 con cabecera en Los Reyes.

Al presentar la iniciativa que busca incorporar la figura de las Centros Integradores de Cuidado Infantil (CICI), con la finalidad de garantizar una formación especializada y la supervisión constante, Toño Salas detalló que de esta manera las niñas y niños tendrán cuidados sin que ninguno sea excluido por su condición o capacidad.

“Crear Centros Integradores de Cuidado Infantil en Michoacán no es un gasto, es una inversión en justicia y desarrollo humano. Significa apostar por un modelo de sociedad que cuida, incluye y crece unida”.

El diputado panista recalcó que en el estado de Michoacán solo existe una guardería integradora, ubicada en el municipio de Morelia; centro que brinda atención integral, con programas de estimulación, acompañamiento psicológico, infraestructura accesible y personal especializado en educación inclusiva y un trato humano y afectuoso a los pequeños en condiciones de discapacidad. Por lo que es necesario implementar este tipo de centros en cada municipio.

“La Guardería Integradora, ubicada en Morelia, no cubre la demanda estatal, además de estar accesible solo para aquellas madres o padres derechohabientes del IMSS; lo que deja a cientos de familias sin alternativas adecuadas para el cuidado de sus hijas e hijos con discapacidad. Con los CICI tendrán la función de brindar atención integral, adaptada y especializada a niñas y niños con discapacidad o condiciones de neurodivergencia, garantizando su inclusión, seguridad y desarrollo”.

Con la Creación de los Centros Integradores de Cuidado Infantil (CICI) en todos los municipios se promueve la inclusión social y educativa desde la primera infancia; brinda a las madres y padres cuidadores primarios, espacios de respiro y la posibilidad de incorporarse a la vida laboral.

Además, garantiza el interés superior de la niñez, asegurando igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas, sin importar su condición.

La tipificación actual de hostigamiento y acoso sexual “se han vuelto un escudo para el agresor y un grave desgaste para la víctima”, afirmó la Diputada, Nalleli Pedraza Huerta, quien presentó ante el Congreso de Michoacán, una iniciativa con la que se busca aumentar las penas contra este delito.

Durante su exposición de motivos, la Legisladora, señaló que el mayor obstáculo para el acceso real a la justicia en este delito, es la exigencia de la persecución por querella, donde se exige que la víctima dé el paso inicial de la denuncia, mientras que el estado está negándose a cumplir su obligación.

Mencionó que es lamentable que mujeres y niñas continúen siendo agredidas en sus trabajos, sus escuelas y sus hogares, mientras que el sistema penal no está ofreciendo la protección que merecen.

“Más allá de las jerarquías instituidas, es claro que la violencia se ejerce desde cualquier posición de poder o confianza, y la ley no puede ser ciega ante ello, nuestro código, obliga a la víctima a esperar al menos una segunda agresión para que el delito se configure y sea sancionable”.

Pedraza Huerta añadió, que para hacer frente al hostigamiento se propone:
•⁠ ⁠Eliminar la reiteración y que un solo acto sea suficiente para buscar que sea sancionable.
•⁠ ⁠Ampliar el marco de protección sustituyendo la restrictiva «posición jerárquica» por “cualquier relación de poder, subordinación, fáctica o de confianza”, con esto, cerramos las lagunas que permiten la impunidad en los ámbitos familiar, comunitario y social.
•Incluir de forma explícita la comisión a través de cualquier medio digital o tecnológico, reconociendo que la violencia ya no conoce límites físicos. Además, aumentamos la pena.

Finalmente, la Diputada Nalleli Pedraza Huerta, añadió que en lo que refiere al acoso sexual se propone: se persiga de oficio en todos los casos, se libere a la víctima de la carga de dar inicio a un proceso penal y se aumente de manera sustancial de la pena, haciendo que la sanción sea proporcional a la gravedad del daño.

El Pleno de la 76 Legislatura aprobó una adición al Código Electoral de Michoacán, con la finalidad de que se destine al menos el 5% del financiamiento público anual que reciben los partidos políticos, de manera obligatoria a programas específicos de capacitación, formación política y empoderamiento dirigidos a personas de la diversidad sexual y de género.

Según lo establecido en el dictamen votado, “este recurso servirá para promover el empoderamiento político y la formación electoral de la militancia partidista sexo diversa, para que sean estas militancias quienes demanden y exijan a sus dirigencias el respeto a sus derechos político-electorales, el fin de la simulación y sanciones a la usurpación de las acciones afirmativas”.

De esta forma, la adición quedó de la siguiente manera “Deberán destinar al menos el dos por ciento (5%) del rubro de actividades específicas del financiamiento público anual ordinario que reciban, para la capacitación, formación política y empoderamiento de personas pertenecientes a las comunidades LGBTTTIQ+, incluyendo acciones afirmativas para su participación efectiva en procesos electorales y de toma de decisiones”.

También quedó establecido que, estas actividades deberán registrarse ante la autoridad electoral competente, quien será responsable de verificar el cumplimiento de esta disposición y se deberá garantizar su impacto en diversas regiones del estado, así como realizarse en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas o con personas expertas en derechos humanos y diversidad sexual.